Efecto disciplinador: qué hay detrás de las detenciones por un escrache a EspertLa jueza Sandra Arroyo Salgado imputó delitos federales a los 5 acusados de realizar un escrache al diputado nacional José Luis Espert y ordenó detenciones en una prisión de máxima seguridad. La decisión judicial desproporcionada como mensaje político. Opinan el abogado de Alesia Abaigar, Adrián Albor, los prestigiosos juristas Raúl Zaffaroni y Andrés Gil Domínguez y Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, organismo de DDHH que requirió ser tenido como amicus curiae en la causa.
Por Franco Mizrahi
Un importante sector de la Justicia actúa en sintonía con los intereses del gobierno de Javier Milei y desata detenciones arbitrarias en pos de sembrar temor en quienes reaccionen a la violencia emanada por el Poder Ejecutivo y sus aliados. El caso de los cinco militantes detenidos a instancias de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, acusados de realizar un escrache contra el diputado libertario José Luis Espert luego de que tratara de "putas" a la expresidenta Cristina Kirchner y su hija Florencia en una disertación pública, es un claro y nuevo ejemplo de ello. En un mensaje disciplinador todos fueron imputados por los delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos cuando lo que hicieron a lo sumo es una contravención.
¿De qué se acusa a las cinco personas detenidas? De colocar un pasacalle frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, arrojar estiércol en su casa y dejar panfletos. El hecho ocurrió el 17 de junio pasado, entre las 18 y las 19.30. El escrache contra quien promueve el lema "cárcel o bala" ocurrió pocos días después de que Espert, en una conferencia en la Universidad Católica Argentina, dijera públicamente: "Florencia Kirchner es una hija de puta, es una hija de una gran puta". Por esa declaración tuvo que retirarse de la sala.
Entre los detenidos se encuentra Alesia Abaigar, empleada de la gobernación bonaerense que fue tratada como una criminal de alta peligrosidad. Apenas fue apresada, Arroyo Salgado ordenó que fuera trasladada al penal federal de Ezeiza a pesar de que padece una enfermedad autoinmune. Las detenciones fueron una medida a todas luces exagerada que derivó en que la magistrada fuera denunciada este viernes ante el Consejo de la Magistratura por los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, diputada y senador de Unión por la Patria. Al cierre de este artículo, tras un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF), un pedido de sus abogados defensores y presentaciones de la Procuración Penitenciaria y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que reclamaron ser tenidos como Amicus Curiae en el caso y cuestionaron lo resuelto por la jueza, Arroyo Salgado ordenó la prisión domiciliaria de Abaigar y excarceló a Candelaria Montes, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. Mientras se escriben estas líneas Eva Mieri seguía detenida. No obstante la domiciliaria y las excarcelaciones, la advertencia judicial, a pedido del Ejecutivo, ya fue hecha. El mensaje político es claro.
El abogado Adrián Albor, defensor de Abaigar junto al letrado Daniel Llermanos, afirmó a El Destape: "Como en los tiempos más oscuros de la República Argentina, volvemos a tener presos políticos. Presos por manifestarse, presos por luchar, presos por escrachar ahí donde no hay justicia. La decisión de la jueza Arroyo Salgado se pone en línea con las políticas represivas de Patricia Bullrich y Javier Milei, que en el marco de un programa de miseria planificada que necesariamente provoca protesta social, en lugar de satisfacer las necesidades del pueblo, reprimen la protesta. Lo que se busca con este tipo de decisiones es la de desalentar la protesta social. No hay otra explicación. Tengo para mí que en algún momento todos aquellos jueces que, abusando del magnífico poder que tienen, lo han utilizado para perseguir opositores políticos, un día van a tener el castigo que merecen. Y aunque pasen muchos años, van a terminar muriéndose en una cárcel con el traje a rayas y sentados en un inodoro como murió Videla".
Desde el CELS, que realizaron una presentación ante la Cámara Federal de San Martín, señalaron que "el escrache es una respuesta política, no delictiva". "La acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie", aseguraron desde el organismo de DDHH en un comunicado. Y definieron que la resolución de Arroyo fue "forzada y desproporcionada".
"El expediente de la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, una medida también excepcional que se suele tomar en casos muy graves o muy complejos, porque restringe el derecho a la defensa y de quienes quieran intervenir en el proceso. En este caso es una herramienta injustificada que busca evitar que las defensas puedan saber y controlar qué está haciendo el juzgado", continuaron cuestionando lo resuelto por la jueza desde el CELS. También criticaron los argumentos que utilizó la jueza para encarcelar a los acusados ya que la detención "solo se puede basar en la existencia de riesgos procesales, es decir, pruebas de que van a fugarse o entorpecer la investigación. Si las personas imputadas tienen arraigo y ocupaciones estables, deben atravesar el proceso en libertad. Y en ningún caso este tipo de medidas puede tomarse por una contravención, que es lo que podría constituir este hecho, si se comprobara la participación de lxs acusadxs", indicaron.
Para el CELS no hay dudas: "Este tipo de avance penal contra expresiones políticas disidentes genera un efecto inhibidor. Desalienta la protesta y la participación política. Avanzar en ese sentido implica profundizar el autoritarismo político. Nos encontramos estas últimas semanas con allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache, es decir, por una acción política. El gobierno usa de esta forma el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes, pero un sector del poder judicial está siendo instrumento del gobierno en esa desproporción".
En diálogo con El Destape, Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, profundizó sobre ese punto y consideró que lo resuelto por Arroyo Salgado está en sintonía con "la decisión del gobierno nacional no solo de criminalizar la protesta social sino de usar el aparato punitivo del Estado para desorganizar". Tufró resalta como novedad de este caso que una jueza "haya aceptado y convalidado esto que el gobierno planteó, que en términos jurídicos es un delirio". "Es raro que validara el episodio como un delito federal grave cuando siendo muy reglamentarista podría ser a lo sumo una contravención. Es raro que la justicia federal haya hecho lugar a eso, a la prisión preventiva, que haya trasladado a Alesia a un penal federal, que le haya dado al caso características que tiene una causa compleja en lugar de ejercer un rol de contralor de todos estos desbordes", añadió.
Consultado para esta nota, el abogado penalista y exintegrante de la Corte Suprema de Justicia así como de la Corte Interamericana de DDHH, Raúl Zaffaroni, explicó: "Los tipos penales no pueden forzarse hasta hacer encajar en ellos las acciones que racionalmente no tienen cabida. Aún cuando formalmente tengan cabida con calzador, siempre hay que tener en cuenta el bien jurídico afectado, las ofensas insignificantes pueden llevar a absurdos de los que no podría librarse nadie: no parar el colectivo en la parada y llevar al pasajero dos cuadras más es una falta sancionable administrativamente pero no un secuestro y así otras cosas, como usarle el encendedor o sacarle un fósforo al vecino no es un hurto, ni toda violencia verbal es un delito de rebelión ni mucho menos". "Que haya gente que se reúna para demostrar que no le gusta una persona o sus actos frente a su domicilio, nos ha pasado a muchos y nunca lo entendimos como un delito, pese a insultos e invocaciones de nuestras progenitoras. Son hechos que duran un rato y que todo personaje público en algún momento puede sufrir, como máximo configuraría una contravención", consideró.
El prestigioso Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Pampa, también fue contactado para este artículo. Tras aclarar que está en contra de cualquier escrache, "no es la forma de manejarse democráticamente", dijo, consideró que "la conducta probada bajo ningún punto de vista se puede subsumir en los tipos penales invocados" por Arroyo Salgado. "Acá no se pone en juego el orden público, no se lo está amenazando (a Espert), no se incita a perseguir a un grupo minoritario. Acá hay un exceso de libertad de expresión critica que podría dar a alguna responsabilidad civil, quizás contravencional, pero bajo ningún punto de vista puede subsumirse a estos tipos penales", resaltó. Para Gil Domínguez este tipo de resoluciones judiciales expone que "la justicia como sistema está en un estado de descomposición preocupante. Cada vez que vemos esto es un síntoma del mal funcionamiento sistémico del Poder Judicial en donde la actuación de una jueza puede dar lugar a esto que es injustificable". "Si es irrazonable y arbitrario subsumir estas conductas en estos tipos penales más lo fue mantener la prisión preventiva", agregó.
Domiciliaria de Abaigar
Este viernes la jueza Arroyo Salgado decidió conceder la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar con "vigilancia electrónica", es decir, con pulsera electrónica. Lo resolvió tras recibir un informe del Cuerpo Médico Forense y de la Procuraduría Penitenciaria que dio cuenta del estado de salud de Alesia y de un pedido de los abogados defensores de la joven de 36 años -Adrián Albor y Daniel Llermano- para que se conceda la domiciliaria hasta que la Cámara Federal de San Martín resuelva el reclamo de las excarcelaciones.
Según esgrimió la Procuraduría Penitenciaria en un informe que presentó en la causa: "Elementales razones humanitarias que inspiran el instituto, imponen, en el caso concreto, la pertinencia de concederle a Alesia Abaigar la prisión domiciliaria por padecer linfangioleiomiomatosis, enfermedad que puede agravarse por las condiciones de detención y que de no tratarse podría llevar a consecuencias irreversibles para su salud".
Arroyo Salgado, con poco margen de maniobra, decidió ceder en su ensañamiento y concedió el arresto domiciliario en este caso. Luego ordenó las excarcelaciones de Candelaria Montes, Aldana Muzzio (bajo una caución de 5 millones de pesos) e Iván Díaz Bianchi (bajo una caución de 15 millones de pesos). Eva Mieri seguía detenida al cierre de este artículo.
Denuncia contra Arroyo Salgado por "mal desempeño"
A la par, este viernes, el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley presentaron una denuncia contra Arroyo Salgado por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en el Consejo de la Magistratura. "Es una denuncia que apunta a su destitución", explicó Recalde en diálogo con el programa Palo y Zanahoria que se emite por El Destape AM 1070. "Para nosotros Arroyo Salgado no puede seguir siendo jueza. No tiene imparcialidad, mesura, prudencia y actúa con una desproporción y ensañamiento que no es propio de un magistrado", agregó quien también es consejero. El senador nacional de UxP añadió que "poner un pasacalle y ensuciar la vereda con bosta de caballo no es un delito. Uno puede discutir después si está bien o mal lo que hicieron pero seguro no es un delito", indicó y explicó que "reaccionaron cuando Espert insultó a la hija de Cristina en la UCA". Siley, por su parte, destacó que "Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin violencia ni afectación a los bienes de nadie". Por lo que pidió la inmediata libertad de "los detenidos ilegalmente".
Mientras que parece difícil que pueda prosperar la denuncia contra Arroyo Salgado en un consejo que preside el titular de la Corte Horacio Rosatti, se espera que la Cámara Federal de San Martín revea lo actuado por la jueza de San Isidro.
Fuente: El Destape
La jueza Sandra Arroyo Salgado imputó delitos federales a los 5 acusados de realizar un escrache al diputado nacional José Luis Espert y ordenó detenciones en una prisión de máxima seguridad. La decisión judicial desproporcionada como mensaje político. Opinan el abogado de Alesia Abaigar, Adrián Albor, los prestigiosos juristas Raúl Zaffaroni y Andrés Gil Domínguez y Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, organismo de DDHH que requirió ser tenido como amicus curiae en la causa.
Por Franco Mizrahi
Un importante sector de la Justicia actúa en sintonía con los intereses del gobierno de Javier Milei y desata detenciones arbitrarias en pos de sembrar temor en quienes reaccionen a la violencia emanada por el Poder Ejecutivo y sus aliados. El caso de los cinco militantes detenidos a instancias de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, acusados de realizar un escrache contra el diputado libertario José Luis Espert luego de que tratara de "putas" a la expresidenta Cristina Kirchner y su hija Florencia en una disertación pública, es un claro y nuevo ejemplo de ello. En un mensaje disciplinador todos fueron imputados por los delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos cuando lo que hicieron a lo sumo es una contravención.
¿De qué se acusa a las cinco personas detenidas? De colocar un pasacalle frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, arrojar estiércol en su casa y dejar panfletos. El hecho ocurrió el 17 de junio pasado, entre las 18 y las 19.30. El escrache contra quien promueve el lema "cárcel o bala" ocurrió pocos días después de que Espert, en una conferencia en la Universidad Católica Argentina, dijera públicamente: "Florencia Kirchner es una hija de puta, es una hija de una gran puta". Por esa declaración tuvo que retirarse de la sala.
Entre los detenidos se encuentra Alesia Abaigar, empleada de la gobernación bonaerense que fue tratada como una criminal de alta peligrosidad. Apenas fue apresada, Arroyo Salgado ordenó que fuera trasladada al penal federal de Ezeiza a pesar de que padece una enfermedad autoinmune. Las detenciones fueron una medida a todas luces exagerada que derivó en que la magistrada fuera denunciada este viernes ante el Consejo de la Magistratura por los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, diputada y senador de Unión por la Patria. Al cierre de este artículo, tras un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF), un pedido de sus abogados defensores y presentaciones de la Procuración Penitenciaria y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que reclamaron ser tenidos como Amicus Curiae en el caso y cuestionaron lo resuelto por la jueza, Arroyo Salgado ordenó la prisión domiciliaria de Abaigar y excarceló a Candelaria Montes, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. Mientras se escriben estas líneas Eva Mieri seguía detenida. No obstante la domiciliaria y las excarcelaciones, la advertencia judicial, a pedido del Ejecutivo, ya fue hecha. El mensaje político es claro.
El abogado Adrián Albor, defensor de Abaigar junto al letrado Daniel Llermanos, afirmó a El Destape: "Como en los tiempos más oscuros de la República Argentina, volvemos a tener presos políticos. Presos por manifestarse, presos por luchar, presos por escrachar ahí donde no hay justicia. La decisión de la jueza Arroyo Salgado se pone en línea con las políticas represivas de Patricia Bullrich y Javier Milei, que en el marco de un programa de miseria planificada que necesariamente provoca protesta social, en lugar de satisfacer las necesidades del pueblo, reprimen la protesta. Lo que se busca con este tipo de decisiones es la de desalentar la protesta social. No hay otra explicación. Tengo para mí que en algún momento todos aquellos jueces que, abusando del magnífico poder que tienen, lo han utilizado para perseguir opositores políticos, un día van a tener el castigo que merecen. Y aunque pasen muchos años, van a terminar muriéndose en una cárcel con el traje a rayas y sentados en un inodoro como murió Videla".
Desde el CELS, que realizaron una presentación ante la Cámara Federal de San Martín, señalaron que "el escrache es una respuesta política, no delictiva". "La acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie", aseguraron desde el organismo de DDHH en un comunicado. Y definieron que la resolución de Arroyo fue "forzada y desproporcionada".
"El expediente de la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, una medida también excepcional que se suele tomar en casos muy graves o muy complejos, porque restringe el derecho a la defensa y de quienes quieran intervenir en el proceso. En este caso es una herramienta injustificada que busca evitar que las defensas puedan saber y controlar qué está haciendo el juzgado", continuaron cuestionando lo resuelto por la jueza desde el CELS. También criticaron los argumentos que utilizó la jueza para encarcelar a los acusados ya que la detención "solo se puede basar en la existencia de riesgos procesales, es decir, pruebas de que van a fugarse o entorpecer la investigación. Si las personas imputadas tienen arraigo y ocupaciones estables, deben atravesar el proceso en libertad. Y en ningún caso este tipo de medidas puede tomarse por una contravención, que es lo que podría constituir este hecho, si se comprobara la participación de lxs acusadxs", indicaron.
Para el CELS no hay dudas: "Este tipo de avance penal contra expresiones políticas disidentes genera un efecto inhibidor. Desalienta la protesta y la participación política. Avanzar en ese sentido implica profundizar el autoritarismo político. Nos encontramos estas últimas semanas con allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache, es decir, por una acción política. El gobierno usa de esta forma el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes, pero un sector del poder judicial está siendo instrumento del gobierno en esa desproporción".
En diálogo con El Destape, Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, profundizó sobre ese punto y consideró que lo resuelto por Arroyo Salgado está en sintonía con "la decisión del gobierno nacional no solo de criminalizar la protesta social sino de usar el aparato punitivo del Estado para desorganizar". Tufró resalta como novedad de este caso que una jueza "haya aceptado y convalidado esto que el gobierno planteó, que en términos jurídicos es un delirio". "Es raro que validara el episodio como un delito federal grave cuando siendo muy reglamentarista podría ser a lo sumo una contravención. Es raro que la justicia federal haya hecho lugar a eso, a la prisión preventiva, que haya trasladado a Alesia a un penal federal, que le haya dado al caso características que tiene una causa compleja en lugar de ejercer un rol de contralor de todos estos desbordes", añadió.
Consultado para esta nota, el abogado penalista y exintegrante de la Corte Suprema de Justicia así como de la Corte Interamericana de DDHH, Raúl Zaffaroni, explicó: "Los tipos penales no pueden forzarse hasta hacer encajar en ellos las acciones que racionalmente no tienen cabida. Aún cuando formalmente tengan cabida con calzador, siempre hay que tener en cuenta el bien jurídico afectado, las ofensas insignificantes pueden llevar a absurdos de los que no podría librarse nadie: no parar el colectivo en la parada y llevar al pasajero dos cuadras más es una falta sancionable administrativamente pero no un secuestro y así otras cosas, como usarle el encendedor o sacarle un fósforo al vecino no es un hurto, ni toda violencia verbal es un delito de rebelión ni mucho menos". "Que haya gente que se reúna para demostrar que no le gusta una persona o sus actos frente a su domicilio, nos ha pasado a muchos y nunca lo entendimos como un delito, pese a insultos e invocaciones de nuestras progenitoras. Son hechos que duran un rato y que todo personaje público en algún momento puede sufrir, como máximo configuraría una contravención", consideró.
El prestigioso Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Pampa, también fue contactado para este artículo. Tras aclarar que está en contra de cualquier escrache, "no es la forma de manejarse democráticamente", dijo, consideró que "la conducta probada bajo ningún punto de vista se puede subsumir en los tipos penales invocados" por Arroyo Salgado. "Acá no se pone en juego el orden público, no se lo está amenazando (a Espert), no se incita a perseguir a un grupo minoritario. Acá hay un exceso de libertad de expresión critica que podría dar a alguna responsabilidad civil, quizás contravencional, pero bajo ningún punto de vista puede subsumirse a estos tipos penales", resaltó. Para Gil Domínguez este tipo de resoluciones judiciales expone que "la justicia como sistema está en un estado de descomposición preocupante. Cada vez que vemos esto es un síntoma del mal funcionamiento sistémico del Poder Judicial en donde la actuación de una jueza puede dar lugar a esto que es injustificable". "Si es irrazonable y arbitrario subsumir estas conductas en estos tipos penales más lo fue mantener la prisión preventiva", agregó.
Domiciliaria de Abaigar
Este viernes la jueza Arroyo Salgado decidió conceder la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar con "vigilancia electrónica", es decir, con pulsera electrónica. Lo resolvió tras recibir un informe del Cuerpo Médico Forense y de la Procuraduría Penitenciaria que dio cuenta del estado de salud de Alesia y de un pedido de los abogados defensores de la joven de 36 años -Adrián Albor y Daniel Llermano- para que se conceda la domiciliaria hasta que la Cámara Federal de San Martín resuelva el reclamo de las excarcelaciones.
Según esgrimió la Procuraduría Penitenciaria en un informe que presentó en la causa: "Elementales razones humanitarias que inspiran el instituto, imponen, en el caso concreto, la pertinencia de concederle a Alesia Abaigar la prisión domiciliaria por padecer linfangioleiomiomatosis, enfermedad que puede agravarse por las condiciones de detención y que de no tratarse podría llevar a consecuencias irreversibles para su salud".
Arroyo Salgado, con poco margen de maniobra, decidió ceder en su ensañamiento y concedió el arresto domiciliario en este caso. Luego ordenó las excarcelaciones de Candelaria Montes, Aldana Muzzio (bajo una caución de 5 millones de pesos) e Iván Díaz Bianchi (bajo una caución de 15 millones de pesos). Eva Mieri seguía detenida al cierre de este artículo.
Denuncia contra Arroyo Salgado por "mal desempeño"
A la par, este viernes, el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley presentaron una denuncia contra Arroyo Salgado por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en el Consejo de la Magistratura. "Es una denuncia que apunta a su destitución", explicó Recalde en diálogo con el programa Palo y Zanahoria que se emite por El Destape AM 1070. "Para nosotros Arroyo Salgado no puede seguir siendo jueza. No tiene imparcialidad, mesura, prudencia y actúa con una desproporción y ensañamiento que no es propio de un magistrado", agregó quien también es consejero. El senador nacional de UxP añadió que "poner un pasacalle y ensuciar la vereda con bosta de caballo no es un delito. Uno puede discutir después si está bien o mal lo que hicieron pero seguro no es un delito", indicó y explicó que "reaccionaron cuando Espert insultó a la hija de Cristina en la UCA". Siley, por su parte, destacó que "Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin violencia ni afectación a los bienes de nadie". Por lo que pidió la inmediata libertad de "los detenidos ilegalmente".
Mientras que parece difícil que pueda prosperar la denuncia contra Arroyo Salgado en un consejo que preside el titular de la Corte Horacio Rosatti, se espera que la Cámara Federal de San Martín revea lo actuado por la jueza de San Isidro.
Fuente: El Destape
