Milei cerró Vialidad Nacional: Trabajadores irían al paro y denunciaron "rutas de la muerte"La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables -este lunes- al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar "rutas nacionales de la muerte", tras el anuncio del Gobierno del cierre "definitivo" de ese organismo.
"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas", denunció Aleñá.
Para la sindicalista, "la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira".
En ese sentido, hizo "un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte".
"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas", cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, "más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura".
"Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme", sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y "su secuaz" Sturzenegger "son los responsables del genocidio en las rutas".
Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que "valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras", lamentó.
La referente de STVyARA explicó que "esto no es una simple reorganización administrativa" como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones".
Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.
También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple "desmalezamiento de las rutas", y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.
"No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia", enfatizó.
Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.
"Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial", dijo y agregó: "El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable".
En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV".
"La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente", advirtió.
Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal".
El Gobierno dispuso el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Adorni sostuvo que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente", en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.
"Si se decide parar, pararemos"
Los 169 empleados de Chubut perteneciente al distrito Chubut de Vialidad Nacional decidirán este martes cuando a partir de las 10 se lleve a cabo una asamblea general para definir los pasos a seguir luego de la disolución de ese organismo anunciado en la tarde de este lunes desde la Casa Rosada.
Así lo informó la secretaria general del sindicato que nuclea a esos trabajadores, Soledad García al programa "La Lintern" de Jornada Radio en dondese mostróconsternada ante la decisión de la administración de Javier Milei y que ya lo había alertado días atrás.
"Estamos todos preocupados y viendo que medidas tomaremos; tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Seguramente unificaremos fuerzas en todo el país", aseveró García al precisar que pasos seguirán, aunque afirmó que este martes "a las 10 se llevará a cabo una asamblea; incluso con la gente que está en los campamentos. Si se decide parar, pararemos", porque "no tenemos nada que perder. Este es un organismo con 92 años de historia que hizo caminos, mantuvo rutas y que a partir de ahora no sabemos quién lo hará", sostuvo.
Finalmente, dijo que "se nos acusó de corruptos, de ñoquis. No somos nada de esos. Somos 169 trabajadores que cubren 2.200 kilómetros de ruta, que trabajan hasta en doble función, que tienen sus salarios congelados, sin paritarias y sin aducionales de los últimos tres meses y que estamos en un mar de incertidumbre".
Fuente: Jornada
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables -este lunes- al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar "rutas nacionales de la muerte", tras el anuncio del Gobierno del cierre "definitivo" de ese organismo.
"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas", denunció Aleñá.
Para la sindicalista, "la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira".
En ese sentido, hizo "un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte".
"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas", cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, "más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura".
"Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme", sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y "su secuaz" Sturzenegger "son los responsables del genocidio en las rutas".
Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que "valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras", lamentó.
La referente de STVyARA explicó que "esto no es una simple reorganización administrativa" como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones".
Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.
También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple "desmalezamiento de las rutas", y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.
"No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia", enfatizó.
Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.
"Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial", dijo y agregó: "El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable".
En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV".
"La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente", advirtió.
Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal".
El Gobierno dispuso el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Adorni sostuvo que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente", en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.
"Si se decide parar, pararemos"
Los 169 empleados de Chubut perteneciente al distrito Chubut de Vialidad Nacional decidirán este martes cuando a partir de las 10 se lleve a cabo una asamblea general para definir los pasos a seguir luego de la disolución de ese organismo anunciado en la tarde de este lunes desde la Casa Rosada.
Así lo informó la secretaria general del sindicato que nuclea a esos trabajadores, Soledad García al programa "La Lintern" de Jornada Radio en dondese mostróconsternada ante la decisión de la administración de Javier Milei y que ya lo había alertado días atrás.
"Estamos todos preocupados y viendo que medidas tomaremos; tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Seguramente unificaremos fuerzas en todo el país", aseveró García al precisar que pasos seguirán, aunque afirmó que este martes "a las 10 se llevará a cabo una asamblea; incluso con la gente que está en los campamentos. Si se decide parar, pararemos", porque "no tenemos nada que perder. Este es un organismo con 92 años de historia que hizo caminos, mantuvo rutas y que a partir de ahora no sabemos quién lo hará", sostuvo.
Finalmente, dijo que "se nos acusó de corruptos, de ñoquis. No somos nada de esos. Somos 169 trabajadores que cubren 2.200 kilómetros de ruta, que trabajan hasta en doble función, que tienen sus salarios congelados, sin paritarias y sin aducionales de los últimos tres meses y que estamos en un mar de incertidumbre".
Fuente: Jornada
