En medio de un panorama crítico, la comunidad universitaria debate cómo iniciará el segundo cuatrimestre. La referente de ADU, Fabiana Marino, habló de un presupuesto que se gasta "a cuentagotas", que afecta tanto los salarios docentes como la infraestructura universitaria y el bienestar estudiantil. Los datos duros muestran que la inversión por estudiante es la más baja en décadas, y el presupuesto destinado a las casas de estudio registra fuertes caídas en los últimos años. El escenario es visible en los pasillos de la Universidad local, donde cada vez se ven menos estudiantes: "Muchos están cursando menos materias o vienen menos días a la Universidad porque está costándoles poder cursar normalmente".
En diciembre del 2024 la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que el presupuesto universitario 2025 sería de 4 billones de pesos, que incluye un aumento del 270% de gastos de funcionamiento. Desde la cartera nacional afirman que el incremento "garantiza mayor calidad académica, infraestructura renovada y mejores condiciones para estudiantes y docentes". La realidad de las universidades, sin embargo, está muy lejos de este escenario. El presupuesto actual es una prórroga del presupuesto 2023 y es apenas la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió el año pasado: 7,2 billones de pesos para hacer frente a la inflación acumulada y garantizar la continuidad de los proyectos educativos, bienestar estudiantil, infraestructura e investigación.
Desde diciembre del 2023, la comunidad universitaria se moviliza en pos de una mejora presupuestaria. El año pasado estuvo signado por movilizaciones, clases públicas y paros para denunciar el continuo desfinanciamiento del sistema universitario y científico. La primera Marcha Federal Universitaria, el 23 de abril, tuvo asistencia masiva en todo el país y logró un aumento de las partidas que permitió asegurar el funcionamiento mínimo hasta fin de año. No obstante, la situación es crítica y el ajuste se profundiza.
Al respecto, la referente de ADU, Fabiana Marino, precisó: "Estamos con un presupuesto reconducido del 2023 y subejecutado, porque no solo estamos desfinanciándonos porque no tenemos presupuesto para el 2025, sino que también ese presupuesto se va gastando a cuentagotas y la universidad está llegando al límite".
Expresó que el pasado viernes se realizó una reunión interclaustro en la Sede Comodoro de la UNPSJB para discutir la situación que atraviesa la institución: "La pregunta es: ¿vamos a poder arrancar el segundo cuatrimestre?".
"La situación es muy comprometida con respecto a cómo nos vamos a financiar Más allá que los salarios han perdido una gran parte de su poder adquisitivo, más de 40% con lo que viene del gobierno de Milei, estamos en una situación bastante compleja, la cual estamos tratando de empujar para que se trate la Ley de financiamiento en el Congreso", detalló. La nueva Ley plantea la recomposición salarial, el aumento de los valores de las becas y los programas de bienestar estudiantil, la reactivación de la obra pública universitaria y el aumento gradual de la inversión en Educación.
"Pasó a comisión, así que veremos si se trata en comisión, que lo vemos bastante complicado, por eso estamos juntando firmas para empujar ese tratamiento", sostiene Marino.
El análisis de la inversión por Universidades del grupo EPC del CIICTI muestra que las transferencias descendieron, en promedio, un 18,8% real en el acumulado a mayor frente al mismo período de 2023, con caídas de hasta casi un 60% real en algunas universidades.
En la zona patagónica, las casas de estudio registran una variación de la inversión respecto a 2023 de entre 15% y 20%. La mayor caída se registra en la Universidad de la Patagonia Austral (-20%), seguida de la Universidad del Comahue (-19%), la UNPSJB (-18,7%), La Universidad de Tierra del Fuego (-18,6%) y la Universidad de Río Negro (-15%).
A nivel general, la inversión universitaria registra una fuerte caída en los últimos años: pasó del 0,72% del PBI en 2023 a un estimado de 0,43% para este año. En este sentido, el proyecto de Financiamiento Universitario plantea una inversión mínima del 1,5% en los próximos cinco años.
Según advierte la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la baja en el presupuesto asignado a las universidades es cada vez más bajo, y perfora mínimos históricos: la inversión por estudiante es la más baja desde 2005.
Golpe a los estudiantes
Más allá de la cuestión salarial, que ha sido un reclamo central, Marino precisa que "están congeladas las obras de los edificios desde hace dos años. No tenemos financiamiento para el mantenimiento de las becas para los estudiantes, para sostener el comedor universitario. Estamos bastante complicados también con las necesidades de los estudiantes".
El ajuste impacta de lleno en el bienestar estudiantil. En el comedor de la UNPSJB de Comodoro, por ejemplo, tiene problemas para ampliar el número de viandas que entrega por día, a pesar de la amplia demanda. Los montos de las becas permanecen congelados a valores del 2023 y muchos estudiantes deben abandonar o postergar sus estudios por salir a trabajar.
"Si ves los pasillos, normalmente estaban abarrotados de chicos estudiando y ahora no se ven casi estudiantes porque están cursando menos materias, vienen menos días a la Universidad porque está contándoles llegar a poder cursar normalmente. Muchos postergan, dejan de cursar alguna materia y capaz van una sola vez a la semana a la Universidad", relata la referente gremial.
"Eso implica que tu carrera también se va alargando porque a veces nos critican porque los estudiantes tardan en recibirse, pero bueno, hay un montón de circunstancias que hacen que un estudiante pueda tener una trayectoria normal o una trayectoria con diferentes alternativas", agrega.
Vivir con un salario de pobreza
Al igual que otros trabajadores estatales, los universitarios vienen sufriendo una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Según indica Marino, el 92% de los docentes sin antigüedad están debajo de la línea de pobreza. Y el 87% de los docentes con 10 años de antigüedad cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.
Un profesor titular con dedicación semiexclusiva (40 horas semanales), por ejemplo, cobra un salario básico de unos 600 mil pesos. Para la dedicación simple (20 horas semanales), inician con un piso de 200 mil pesos. Los cargos titulares con más años de antigüedad apenas superan el millón de pesos.
"Nosotros tenemos diferentes dedicaciones, tenemos nuestros salarios divididos de varias formas, pero la mayoría de los docentes que no pueden sostener en muchas universidades ya están dejando de dar clase, dedicándose a otras cosas", expresa Marino.
Y subraya que esto "va complicando la situación; nosotros perdemos un docente que se va del sistema, es muy difícil reemplazarlo. Porque eso repercute en nuestra oferta académica, repercute en cómo volver a formar otro profesional para las tareas en las que estaba preparado el que se fue".
El éxodo de docentes e investigadores es un fenómeno cada vez más visible en algunas instituciones. Algunas universidades registran importantes cifras de renuncias a cargos titulares, en su mayoría por motivos económicos.
Consultada sobre este escenario en la UNPSJB, Marino destacó que la situación es diferente "porque la mayoría de los docentes de nuestra universidad tienen más de un trabajo. A veces el cargo de la universidad no es el cargo principal o del sueldo principal de esa persona, entonces hace que no sea la situación límite para renunciar", pero advierte que "los que vivimos de nuestro sueldo universitario sí estamos en una situación bastante complicada".
Por otro lado, remarca que hay "una cadena de situaciones que van desencadenando y que hace que sea muy complicado". Desde el año pasado el Gobierno nacional decidió dejar de pagar el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que implicaba la distribución de fondos para que las provincias pudieran mejorar los sueldos de los docentes preuniversitarios.
"También estamos en una emergencia con las obras sociales", agrega la referente, a lo cual se suma el reclamo por la actualización de las jubilaciones y en defensa de la movilidad. "Nosotros hacemos aportes mayores que las otras las cajas jubilatorias y necesitamos que se actualicen los salarios de nuestros jubilados. O sea, es una serie de situaciones que están haciendo que esté muy complicado el sistema universitario", precisó.
Los gremios denuncian que desde mediados del año pasado no hay convocatoria a reuniones paritarias por parte del Gobierno. Los últimos aumentos otorgados a principios de año -que no superan el 4%- fueron anunciados por decreto. Los salarios docentes registran una pérdida del poder adquisitivo del 34% y una diferencia de -114% respecto de la inflación acumulada.
Sostener la educación pública
Más allá del ajuste presupuestario, el conflicto universitario de los últimos dos años se caracteriza por un fuerte componente discursivo, en el que tanto Milei como su círculo han esgrimido argumentos para justificar el recorte.
La idea de que las instituciones educativas inventan estudiantes para conseguir mayor presupuesto o que los pobres no llegan a la universidad ha sido desmentida en distintas oportunidades.
"Es bastante triste porque si vos hacés una encuesta en nuestra universidad, en cualquiera de las sedes, vas a ver que todos los estudiantes que tenemos son primera generación en la universidad. Te diría que el 90% y la mayoría de los profesores somos primera generación también. Entonces, a veces cuando livianamente se construyen esos discursos no piensan todo el sacrificio que hace la comunidad para sostener entre todos las instituciones de educación pública, las organizaciones de salud, la inversión social que implica y a veces no lo valoramos porque es una inversión que hacemos entre todos", indica Marino.
"Y parece que ninguno fuéramos dueños, pero somos todos parte. Por eso siempre compartimos con toda la comunidad todas las medidas o las situaciones que se plantean dentro de la universidad, porque sentimos que nuestra comunidad es parte de la universidad", sintetiza.
Durante las últimas semanas del cuatrimestre se convocó a paros y se volvió a visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades. No hay certezas sobre lo qué pasará en la segunda parte del año si el ajuste se profundiza. Será clave el debate de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque hay temor de un nuevo veto presidencial. Lo que es seguro es que la comunidad volverá a organizarse para darle continuidad a la lucha colectiva en defensa de la educación pública.
