El fanatismo desregulador de SturzeneggerPor Luciana Rosende
Una familia sale de vacaciones por la Patagonia. Toma la Ruta Nacional 152, pero a la altura de Casa de Piedra un bache le juega una mala pasada y se pincha el neumático recauchutado. Para colmo, una crecida del lago amenaza con llegar a la ruta. Mientras intentan cambiar la llanta tratan de entretener a los chicos. El más grande se ofusca porque al robot se le agotan las pilas importadas compradas hace dos días y el más chico llora porque el nuevo pañal importado le da alergia. En la radio escuchan que un incendio se propaga por el Parque Lanín, sin control. Pocos kilómetros antes habían cruzado un campo experimental del INTA con el cartel de «SE VENDE».
La familia en cuestión es ficticia, sí. Pero la desregulación sistemática del gobierno de Javier Milei tiene implicancias reales y concretas en la vida cotidiana y el devenir de la Argentina. Tantas y en tantos ámbitos, que el listado sería inabarcable. Desde menos control sobre la tenencia de armas hasta futuro incierto para las bibliotecas populares; desde el riesgo de tomar un vino adulterado hasta la degradación del instituto que nucleaba las políticas públicas sobre el cáncer. Desde el fin de la seguridad vial hasta la falta de control a los incendios forestales.
Estas acciones políticas tienen un portavoz: Federico Sturzenegger celebró en redes sociales sus 101 medidas desregulatorias, disoluciones y cierres avalados por la Ley Bases que otorgó al Ejecutivo facultades delegadas hasta el pasado 8 de julio. Cada medida fue anunciada día a día en X por el ministro, devenido en fanático casi mesiánico del Dios Desregulador que llegó a «iluminar» y «liberar» a los argentinos. El festejo no fue solo virtual: el presidente encabezó un agasajo para su ministro y 200 asesores el Día de la Independencia.
Mientras la nueva-vieja casta festeja, la sucesión de complicaciones que afectó a esa familia ficticia podría sucederle a una real en cualquier punto del país. Porque la paralización de la obra pública y la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se traducen en falta de mantenimiento y controles en las rutas; porque la importación de neumáticos usados es posible desde la derogación de la Ley 25.626; porque la degradación del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) inciden sobre la previsión de crecidas; porque la nueva regulación sobre la importación de pilas permite la compra de productos de dudosa calidad y corta duración que rápidamente se acumularán como residuos peligrosos, y porque se eliminaron los controles de ANMAT sobre cosméticos y productos de higiene personal importados para consumo (pañales incluidos). Y eso que el viaje de la familia imaginaria recién comenzaba.
Rutas argentinas hasta el fin
"Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal", advirtió la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
"Tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento", explicó. Y alertó: "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas". El jueves, Sturzenegger (ex funcionario de la Alianza y del macrismo) sostuvo que la seguridad vial es un tema individual y que se solucionará el día que «tengamos vehículos que se conduzcan solos«.
En paralelo con el desmantelamiento, el Gobierno anunció que licitará 9120 kilómetros de ruta. Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), dijo al Canal de la Ciudad que esto implica "volver al pasado, que fue un fracaso. En las concesiones anteriores hemos pagado impuesto al tránsito durante 30 años y no se hizo un solo camino nuevo. Lo que se hizo fue con aportes del Estado, no lo hizo el concensionario con recaudación del peaje". Más peajes, en peores caminos. O negocios multimillonarios como en la autopista de Ruta 3 donde quieren colocar cuatro peajes privados entre Azul y Monte, a pesar de que el Estado sigue haciendo la obra, que cuenta con un crédito internacional.
Pilas de problemas
Las múltiples desregulaciones alcanzaron incluso a las pilas. A fines de junio el Ministro Desregulador anunció con alegría el cese de los controles obligatorios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre las pilas que ingresan al país. "Si se permite importar pilas de cualquier calidad y duración lo que puede ingresar son residuos de pilas. Porque muchos países se quieren deshacer de esos residuos (...). El Decreto 70/2023 tiene un antecedente de esto: el Ejecutivo habilita algo que estaba prohibido, como la importación de neumáticos usados. Terminan siendo basura, es una tendencia del gobierno habilitar la importación de residuos encubiertos. Es peligroso", afirmó a Tiempo Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
"Las cuestiones negativas de estas medidas las pagamos todos. Los municipios -por la gestión de residuos-; y la salud pública, porque si hay contaminación -del agua o el suelo- lo paga la población", acotó.
"Ya nos dieron de baja tantos reglamentos que este era uno de los últimos", dijo sobre las pilas la ingeniera Liliana Molina Tirado, de la Subgerencia de Energía y Movilidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue días antes del desguace final del organismo, al que se le quitó autonomía por decreto, igual que al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Como todo desmantelamiento público se hizo bajo las acusaciones de «ineficiencia» y por «sobredimensionados».
La motosierra sobre los controles estatales alcanzó también a los productos cosméticos y de higiene personal importados para consumo, que ya no tienen que pasar por un trámite en la ANMAT para ser adquiridos. Acceso libre, a riesgo de cada quien. "Llega, te ponés el producto y ¡pum! reacción alérgica. No le podés reclamar a nadie -explicó a Clarín la bioquímica especialista en cosmética Antonela Agosto-. Esto es grave, porque no es lo mismo comprarte una pollera online que te queda mal, que comprarte algo que te llevás a la piel o incluso a la vagina, porque también se pueden comprar libremente productos de higiene personal y copas menstruales".
No hay discurso negacionista que alcance para ocultar los efectos concretos del cambio climático. La evidencia científica abunda y anuncia cada vez más fenómenos extremos, como olas de calor y de frío. Por eso, hay desregulaciones y disoluciones cuyo impacto se vuelve doblemente preocupante. "Los últimos eventos meteorológicos de gran impacto, como la inundación de Bahía Blanca o Zárate, ponen de manifiesto que se necesita un Instituto Nacional del Agua (INA) que redoble los esfuerzos", remarcó Leandro Kazimierski, investigador del INA, tras la publicación del Decreto 396/2025 que degradó al organismo. "En contra de lo que dice el ministro, en vez de mejorar la gestión y reducir costos, el cambio elimina las capacidades que tiene para realizar sus trabajos técnicos específicos", criticó.
Algo parecido había pasado unos meses antes con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), que quedó bajo "control tutelar" de la secretaría de Obras Públicas. El cambio no hizo ruido en el centro porteño, pero causó alarma en zonas de Río Negro y Neuquén ubicadas aguas abajo de las represas hidroeléctricas. ¿Qué implicancias puede tener en la vida cotidiana de esas poblaciones un menor control sobre represas y crecidas? Así lo definió la oposición local: "Es sencillamente de vida o muerte".
La familia ficticia por fin llega a destino y sale de excursión a un parque nacional, donde gracias a la ‘simplificación normativa' ya no es obligatorio contratar guías para actividades convencionales. En medio del sendero, perdidos y sin señal, ven el humo y se acuerdan de lo último que leyeron antes de salir: que el Gobierno disolvió el Fondo del Manejo del Fuego.
Riesgo para la salud y sanidad animal
La desregulación a mansalva genera resquemores incluso dentro del sector privado. Así está pasando en el ámbito de la industria veterinaria. Sobre todo a partir del 17 de mayo, cuando se publicó la Resolución 338/2025, promovida por el ministro Federico Sturzenegger, que -en línea con medidas previas- habilitó la importación de vacunas y medicamentos registrados en países considerados «equivalentes», sin pasar por el control local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Según consignó el portal Bichos de Campo, desde la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) hicieron llegar una carta a las autoridades reclamando una revisión de la normativa y exigiendo precisiones técnicas. Preocupa que con el lema de «menos burocracia» se eliminen pasos claves que comprometan el status sanitario del país. La advertencia de los productores locales apunta a que se está poniendo en juego no sólo la sanidad animal, sino también la salud pública.
«No le saca un peso a Doña Rosa»
"¡Faltaba uno! Ahora sí, por último, el Decreto 462/25", exclamó desde su cuenta de X el ministro Federico Sturzenegger, con la euforia de dar por concluida su misión mesiánica en nombre del Dios Desregulador. Se refería a la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Sobre su eliminación, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había dicho que "significa ahorros de unos mil millones de pesos anuales".
Silvana Babbit, presidenta del organismo hasta hace pocos meses, salió a desmentirlo: "El INASE no es como el Ministerio de Salud o el de Desarrollo Social que vive de los impuestos de los ciudadanos. Es un organismo recaudador. Recauda con los aranceles anuales de los operadores, más la venta de estampillas, más las multas, más servicios que presta, por ejemplo, en sus laboratorios. Esos mil millones son los sueldos del personal, pero ¿de dónde salen? De la propia recaudación del Instituto Nacional de Semillas. No le saca un peso al bolsillo de la famosa figura de Doña Rosa".
Fuente: Tiempo Argentina
Por Luciana Rosende
Una familia sale de vacaciones por la Patagonia. Toma la Ruta Nacional 152, pero a la altura de Casa de Piedra un bache le juega una mala pasada y se pincha el neumático recauchutado. Para colmo, una crecida del lago amenaza con llegar a la ruta. Mientras intentan cambiar la llanta tratan de entretener a los chicos. El más grande se ofusca porque al robot se le agotan las pilas importadas compradas hace dos días y el más chico llora porque el nuevo pañal importado le da alergia. En la radio escuchan que un incendio se propaga por el Parque Lanín, sin control. Pocos kilómetros antes habían cruzado un campo experimental del INTA con el cartel de «SE VENDE».
La familia en cuestión es ficticia, sí. Pero la desregulación sistemática del gobierno de Javier Milei tiene implicancias reales y concretas en la vida cotidiana y el devenir de la Argentina. Tantas y en tantos ámbitos, que el listado sería inabarcable. Desde menos control sobre la tenencia de armas hasta futuro incierto para las bibliotecas populares; desde el riesgo de tomar un vino adulterado hasta la degradación del instituto que nucleaba las políticas públicas sobre el cáncer. Desde el fin de la seguridad vial hasta la falta de control a los incendios forestales.
Estas acciones políticas tienen un portavoz: Federico Sturzenegger celebró en redes sociales sus 101 medidas desregulatorias, disoluciones y cierres avalados por la Ley Bases que otorgó al Ejecutivo facultades delegadas hasta el pasado 8 de julio. Cada medida fue anunciada día a día en X por el ministro, devenido en fanático casi mesiánico del Dios Desregulador que llegó a «iluminar» y «liberar» a los argentinos. El festejo no fue solo virtual: el presidente encabezó un agasajo para su ministro y 200 asesores el Día de la Independencia.
Mientras la nueva-vieja casta festeja, la sucesión de complicaciones que afectó a esa familia ficticia podría sucederle a una real en cualquier punto del país. Porque la paralización de la obra pública y la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se traducen en falta de mantenimiento y controles en las rutas; porque la importación de neumáticos usados es posible desde la derogación de la Ley 25.626; porque la degradación del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) inciden sobre la previsión de crecidas; porque la nueva regulación sobre la importación de pilas permite la compra de productos de dudosa calidad y corta duración que rápidamente se acumularán como residuos peligrosos, y porque se eliminaron los controles de ANMAT sobre cosméticos y productos de higiene personal importados para consumo (pañales incluidos). Y eso que el viaje de la familia imaginaria recién comenzaba.
Rutas argentinas hasta el fin
"Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal", advirtió la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
"Tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento", explicó. Y alertó: "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas". El jueves, Sturzenegger (ex funcionario de la Alianza y del macrismo) sostuvo que la seguridad vial es un tema individual y que se solucionará el día que «tengamos vehículos que se conduzcan solos«.
En paralelo con el desmantelamiento, el Gobierno anunció que licitará 9120 kilómetros de ruta. Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), dijo al Canal de la Ciudad que esto implica "volver al pasado, que fue un fracaso. En las concesiones anteriores hemos pagado impuesto al tránsito durante 30 años y no se hizo un solo camino nuevo. Lo que se hizo fue con aportes del Estado, no lo hizo el concensionario con recaudación del peaje". Más peajes, en peores caminos. O negocios multimillonarios como en la autopista de Ruta 3 donde quieren colocar cuatro peajes privados entre Azul y Monte, a pesar de que el Estado sigue haciendo la obra, que cuenta con un crédito internacional.
Pilas de problemas
Las múltiples desregulaciones alcanzaron incluso a las pilas. A fines de junio el Ministro Desregulador anunció con alegría el cese de los controles obligatorios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre las pilas que ingresan al país. "Si se permite importar pilas de cualquier calidad y duración lo que puede ingresar son residuos de pilas. Porque muchos países se quieren deshacer de esos residuos (...). El Decreto 70/2023 tiene un antecedente de esto: el Ejecutivo habilita algo que estaba prohibido, como la importación de neumáticos usados. Terminan siendo basura, es una tendencia del gobierno habilitar la importación de residuos encubiertos. Es peligroso", afirmó a Tiempo Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
"Las cuestiones negativas de estas medidas las pagamos todos. Los municipios -por la gestión de residuos-; y la salud pública, porque si hay contaminación -del agua o el suelo- lo paga la población", acotó.
"Ya nos dieron de baja tantos reglamentos que este era uno de los últimos", dijo sobre las pilas la ingeniera Liliana Molina Tirado, de la Subgerencia de Energía y Movilidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue días antes del desguace final del organismo, al que se le quitó autonomía por decreto, igual que al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Como todo desmantelamiento público se hizo bajo las acusaciones de «ineficiencia» y por «sobredimensionados».
La motosierra sobre los controles estatales alcanzó también a los productos cosméticos y de higiene personal importados para consumo, que ya no tienen que pasar por un trámite en la ANMAT para ser adquiridos. Acceso libre, a riesgo de cada quien. "Llega, te ponés el producto y ¡pum! reacción alérgica. No le podés reclamar a nadie -explicó a Clarín la bioquímica especialista en cosmética Antonela Agosto-. Esto es grave, porque no es lo mismo comprarte una pollera online que te queda mal, que comprarte algo que te llevás a la piel o incluso a la vagina, porque también se pueden comprar libremente productos de higiene personal y copas menstruales".
No hay discurso negacionista que alcance para ocultar los efectos concretos del cambio climático. La evidencia científica abunda y anuncia cada vez más fenómenos extremos, como olas de calor y de frío. Por eso, hay desregulaciones y disoluciones cuyo impacto se vuelve doblemente preocupante. "Los últimos eventos meteorológicos de gran impacto, como la inundación de Bahía Blanca o Zárate, ponen de manifiesto que se necesita un Instituto Nacional del Agua (INA) que redoble los esfuerzos", remarcó Leandro Kazimierski, investigador del INA, tras la publicación del Decreto 396/2025 que degradó al organismo. "En contra de lo que dice el ministro, en vez de mejorar la gestión y reducir costos, el cambio elimina las capacidades que tiene para realizar sus trabajos técnicos específicos", criticó.
Algo parecido había pasado unos meses antes con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), que quedó bajo "control tutelar" de la secretaría de Obras Públicas. El cambio no hizo ruido en el centro porteño, pero causó alarma en zonas de Río Negro y Neuquén ubicadas aguas abajo de las represas hidroeléctricas. ¿Qué implicancias puede tener en la vida cotidiana de esas poblaciones un menor control sobre represas y crecidas? Así lo definió la oposición local: "Es sencillamente de vida o muerte".
La familia ficticia por fin llega a destino y sale de excursión a un parque nacional, donde gracias a la ‘simplificación normativa' ya no es obligatorio contratar guías para actividades convencionales. En medio del sendero, perdidos y sin señal, ven el humo y se acuerdan de lo último que leyeron antes de salir: que el Gobierno disolvió el Fondo del Manejo del Fuego.
Riesgo para la salud y sanidad animal
La desregulación a mansalva genera resquemores incluso dentro del sector privado. Así está pasando en el ámbito de la industria veterinaria. Sobre todo a partir del 17 de mayo, cuando se publicó la Resolución 338/2025, promovida por el ministro Federico Sturzenegger, que -en línea con medidas previas- habilitó la importación de vacunas y medicamentos registrados en países considerados «equivalentes», sin pasar por el control local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Según consignó el portal Bichos de Campo, desde la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) hicieron llegar una carta a las autoridades reclamando una revisión de la normativa y exigiendo precisiones técnicas. Preocupa que con el lema de «menos burocracia» se eliminen pasos claves que comprometan el status sanitario del país. La advertencia de los productores locales apunta a que se está poniendo en juego no sólo la sanidad animal, sino también la salud pública.
«No le saca un peso a Doña Rosa»
"¡Faltaba uno! Ahora sí, por último, el Decreto 462/25", exclamó desde su cuenta de X el ministro Federico Sturzenegger, con la euforia de dar por concluida su misión mesiánica en nombre del Dios Desregulador. Se refería a la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Sobre su eliminación, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había dicho que "significa ahorros de unos mil millones de pesos anuales".
Silvana Babbit, presidenta del organismo hasta hace pocos meses, salió a desmentirlo: "El INASE no es como el Ministerio de Salud o el de Desarrollo Social que vive de los impuestos de los ciudadanos. Es un organismo recaudador. Recauda con los aranceles anuales de los operadores, más la venta de estampillas, más las multas, más servicios que presta, por ejemplo, en sus laboratorios. Esos mil millones son los sueldos del personal, pero ¿de dónde salen? De la propia recaudación del Instituto Nacional de Semillas. No le saca un peso al bolsillo de la famosa figura de Doña Rosa".
Fuente: Tiempo Argentina
