Desmantelamiento sin precedentes de programas hacia los más vulnerables Por Carlos Fidel * Flavio Gaitán **
En su campaña electoral, la naciente corriente política denominada la Libertad Avanza (LLA) propuso, entre otros temas, que si ganaba iba a realizar un enérgico ajuste sobre los gastos de lo que denominaba la "casta política". El 10 de diciembre Javier Milei asume la presidencia emprendiendo, desde el primer minuto, un desmantelamiento sin precedentes de las intervenciones sociales gubernamentales.
A pesar de presentarse como "lo nuevo", la administración de Milei reprodujo las proclamas y prácticas de las experiencias neoliberales anteriores (la dictadura cívica/militar 1976-83; 1999-2001; 2015-2019), pero con una intensidad, amplitud y un nivel de crueldad nunca vistos en democracia. El ajuste prometido en su campaña se orientó a reemplazar la justicia social y los derechos sociales existentes por la primacía del funcionamiento del "mercado". De modo que las acciones del gobierno se dispusieron por una lógica de destrucción constante de los beneficios y compensaciones que recibía los segmentos de la población más desposeída.
Gasto social
La destrucción comenzó cuando el presidente firmó su primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que realizó una reorganización administrativa de la Ley de Ministerios. La cartera de Desarrollo Social fue eliminada del organigrama del Estado. Sencillamente dejó de existir y parte de las funciones -no todas- fueron asumidas por el Ministerio de Capital Humano.
Se trató de un cambio que excedió la modificación de una nomenclatura. En primer lugar, áreas enteras dejaron de existir o perdieron jerarquía, en particular las que promovían las diversas mediaciones entre el Estado y las representaciones sociales de diversos espacios territoriales.
En segundo lugar, en la transición se destruyeron capacidades estatales en materia de intervención social, eran destrezas que se fueron acumulado por el Estado Nacional durante décadas de aprendizaje institucional. Se despidió masivamente a trabajadoras y trabajadores de programas sociales y se sigue deteriorando las relaciones laborales con contratos que se renuevan por cortos períodos de tiempo (3 a 6 meses).
En tercer lugar, hasta el día de hoy la intervención del Ministerio se orientó por la lógica del ajuste (reducción) permanente y arbitrario; nos referimos a las tristemente famosas palabras de "motosierra" y "licuadora".
En efecto, el desmantelamiento de programas sociales fue y es una constante del gobierno de LLA. Desde el inicio de la gestión, las resoluciones y decretos del Ministerio de Capital Humano se reducen, básicamente, a designaciones transitorias y eliminación de programas. La lista de programas suprimidos, paralizados o desfinanciados es extensa y no cabría en una nota de opinión.
Fueron desarticuladas las políticas de género (Generar, Acompañar, Prevención del embarazo adolescente, entre muchos otros), los programas de economía social y comunitaria (Banco de Herramientas, el Fondo de Integración Socio Urbana y un amplio conjunto de proyectos comunitarios de mejora de infraestructura popular), las políticas de agricultura familiar, campesina e indígena, las políticas de seguridad alimentaria (asistencia a comedores y merenderos, entrega de alimentos), las políticas de educación (el programa Progresar, apoyo a bibliotecas populares, entre otros) y las políticas de salud.
Con el objeto de contener la protesta social y atenuar los efectos del tremendo ajuste, el gobierno nacional mantuvo activo el Programa Alimentar y la llamada Asignación Universal por Hijo (AUH). Son prestaciones mensuales destinadas a los padres o tutores de niños menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad. A lo que se le suma las contribuciones que realizan algunos comedores escolares y populares, distintos circuitos de albergues y ayudas solidarias que todavía se despliegan a lo largo y ancho del país.
Política social libertaria
El desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el desmonte de políticas y programas de protección social no son simples medidas de ahorro fiscal. Se trata de una decisión política que refleja una concepción ideológica profundamente reaccionaria sobre las funciones del Estado y su vinculación con la sociedad, expresando un conjunto de ideas sustentadas en una matriz de pensamiento de posiciones de extrema derecha. Una "copia" de las experiencias neoliberales previas pero que busca, deliberadamente, la desprotección, la reducción de las personas y familias a la figura de agentes individuales que operan en el mercado, desprovistos de toda institucionalidad de protección estatal que fomente el desarrollo de una existencia en un entorno socialmente democrático y participativo.
Desde el Gobierno se promueve una narrativa que recupera las ideas de "mérito" e "inclusión" por los instrumentos del mercado (música para los oídos de cualquier conservador), pero con un desprecio por toda y cualquier forma de intervención social protectora.
En esa visión de la realidad, la crueldad no es un efecto secundario, sino un objetivo central. El diccionario de la Academia Española define la palabra crueldad como una "acción cruel e inhumana" y denomina cruel a quien "se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos". Solo así se entiende la hostilidad hacia los sectores populares y la glorificación del sufrimiento.
Porque es eso lo que genera el desmonte de la acción gubernamental: sufrimiento de mujeres que dejan de estar protegidas ante casos de violencia; personas que padecen enfermedades y que incrementan su sufrimiento porque dejan de recibir medicación y atención a tiempo; jubilados y adultos mayores que sufren porque empeoran sus condiciones de vida y dejan de comer incluso alimentos básicos; empleados del Estado que sufren porque han sido despedidos de manera insensible, a través de correos enviados a la medianoche de un viernes en las vísperas de un fin de semana; personas con sexualidades no hegemónicas que sufren violencia simbólica. Podríamos seguir porque la lista es extensa, compuesta por millones de personas que no solo sufren ante la pérdida de derechos sino ante la insensibilidad de los funcionarios de turno.
Frente a este escenario actual, es urgente reconstruir un amplio y participativo acuerdo programático que enfocando el futuro defienda la dignidad humana y componga los lazos comunitarios, los derechos sociales, culturales, económicos y la justicia social.
Afortunadamente, la realidad de nuestra región muestra caminos de superación. Brasil manifestó que es posible la reconstrucción después del desmonte de Bolsonaro. Uruguay comienza a desarmar la herencia conservadora de Lacalle Pou. Colombia y México, dos países que por décadas tuvieron gobiernos ortodoxos, muestran que el neoliberalismo puede ser superado. Hoy estamos a contramano del acontecer de buena parte del mundo, porque el gobierno de LLA no solo es cruel sino también anacrónico.
* UNQ
** UNILA
Fuente: Página 12
Por Carlos Fidel * Flavio Gaitán **
En su campaña electoral, la naciente corriente política denominada la Libertad Avanza (LLA) propuso, entre otros temas, que si ganaba iba a realizar un enérgico ajuste sobre los gastos de lo que denominaba la "casta política". El 10 de diciembre Javier Milei asume la presidencia emprendiendo, desde el primer minuto, un desmantelamiento sin precedentes de las intervenciones sociales gubernamentales.
A pesar de presentarse como "lo nuevo", la administración de Milei reprodujo las proclamas y prácticas de las experiencias neoliberales anteriores (la dictadura cívica/militar 1976-83; 1999-2001; 2015-2019), pero con una intensidad, amplitud y un nivel de crueldad nunca vistos en democracia. El ajuste prometido en su campaña se orientó a reemplazar la justicia social y los derechos sociales existentes por la primacía del funcionamiento del "mercado". De modo que las acciones del gobierno se dispusieron por una lógica de destrucción constante de los beneficios y compensaciones que recibía los segmentos de la población más desposeída.
Gasto social
La destrucción comenzó cuando el presidente firmó su primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que realizó una reorganización administrativa de la Ley de Ministerios. La cartera de Desarrollo Social fue eliminada del organigrama del Estado. Sencillamente dejó de existir y parte de las funciones -no todas- fueron asumidas por el Ministerio de Capital Humano.
Se trató de un cambio que excedió la modificación de una nomenclatura. En primer lugar, áreas enteras dejaron de existir o perdieron jerarquía, en particular las que promovían las diversas mediaciones entre el Estado y las representaciones sociales de diversos espacios territoriales.
En segundo lugar, en la transición se destruyeron capacidades estatales en materia de intervención social, eran destrezas que se fueron acumulado por el Estado Nacional durante décadas de aprendizaje institucional. Se despidió masivamente a trabajadoras y trabajadores de programas sociales y se sigue deteriorando las relaciones laborales con contratos que se renuevan por cortos períodos de tiempo (3 a 6 meses).
En tercer lugar, hasta el día de hoy la intervención del Ministerio se orientó por la lógica del ajuste (reducción) permanente y arbitrario; nos referimos a las tristemente famosas palabras de "motosierra" y "licuadora".
En efecto, el desmantelamiento de programas sociales fue y es una constante del gobierno de LLA. Desde el inicio de la gestión, las resoluciones y decretos del Ministerio de Capital Humano se reducen, básicamente, a designaciones transitorias y eliminación de programas. La lista de programas suprimidos, paralizados o desfinanciados es extensa y no cabría en una nota de opinión.
Fueron desarticuladas las políticas de género (Generar, Acompañar, Prevención del embarazo adolescente, entre muchos otros), los programas de economía social y comunitaria (Banco de Herramientas, el Fondo de Integración Socio Urbana y un amplio conjunto de proyectos comunitarios de mejora de infraestructura popular), las políticas de agricultura familiar, campesina e indígena, las políticas de seguridad alimentaria (asistencia a comedores y merenderos, entrega de alimentos), las políticas de educación (el programa Progresar, apoyo a bibliotecas populares, entre otros) y las políticas de salud.
Con el objeto de contener la protesta social y atenuar los efectos del tremendo ajuste, el gobierno nacional mantuvo activo el Programa Alimentar y la llamada Asignación Universal por Hijo (AUH). Son prestaciones mensuales destinadas a los padres o tutores de niños menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad. A lo que se le suma las contribuciones que realizan algunos comedores escolares y populares, distintos circuitos de albergues y ayudas solidarias que todavía se despliegan a lo largo y ancho del país.
Política social libertaria
El desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el desmonte de políticas y programas de protección social no son simples medidas de ahorro fiscal. Se trata de una decisión política que refleja una concepción ideológica profundamente reaccionaria sobre las funciones del Estado y su vinculación con la sociedad, expresando un conjunto de ideas sustentadas en una matriz de pensamiento de posiciones de extrema derecha. Una "copia" de las experiencias neoliberales previas pero que busca, deliberadamente, la desprotección, la reducción de las personas y familias a la figura de agentes individuales que operan en el mercado, desprovistos de toda institucionalidad de protección estatal que fomente el desarrollo de una existencia en un entorno socialmente democrático y participativo.
Desde el Gobierno se promueve una narrativa que recupera las ideas de "mérito" e "inclusión" por los instrumentos del mercado (música para los oídos de cualquier conservador), pero con un desprecio por toda y cualquier forma de intervención social protectora.
En esa visión de la realidad, la crueldad no es un efecto secundario, sino un objetivo central. El diccionario de la Academia Española define la palabra crueldad como una "acción cruel e inhumana" y denomina cruel a quien "se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos". Solo así se entiende la hostilidad hacia los sectores populares y la glorificación del sufrimiento.
Porque es eso lo que genera el desmonte de la acción gubernamental: sufrimiento de mujeres que dejan de estar protegidas ante casos de violencia; personas que padecen enfermedades y que incrementan su sufrimiento porque dejan de recibir medicación y atención a tiempo; jubilados y adultos mayores que sufren porque empeoran sus condiciones de vida y dejan de comer incluso alimentos básicos; empleados del Estado que sufren porque han sido despedidos de manera insensible, a través de correos enviados a la medianoche de un viernes en las vísperas de un fin de semana; personas con sexualidades no hegemónicas que sufren violencia simbólica. Podríamos seguir porque la lista es extensa, compuesta por millones de personas que no solo sufren ante la pérdida de derechos sino ante la insensibilidad de los funcionarios de turno.
Frente a este escenario actual, es urgente reconstruir un amplio y participativo acuerdo programático que enfocando el futuro defienda la dignidad humana y componga los lazos comunitarios, los derechos sociales, culturales, económicos y la justicia social.
Afortunadamente, la realidad de nuestra región muestra caminos de superación. Brasil manifestó que es posible la reconstrucción después del desmonte de Bolsonaro. Uruguay comienza a desarmar la herencia conservadora de Lacalle Pou. Colombia y México, dos países que por décadas tuvieron gobiernos ortodoxos, muestran que el neoliberalismo puede ser superado. Hoy estamos a contramano del acontecer de buena parte del mundo, porque el gobierno de LLA no solo es cruel sino también anacrónico.
* UNQ
** UNILA
Fuente: Página 12
