Territorios, despojo y una denuncia colectiva en JujuyPor Laura Quispe
Representantes de más de 30 comunidades indígenas de toda la provincia de Jujuy llegaron este viernes 11 de julio a la capital provincial para presentar una denuncia penal ante el fuero federal. El escrito -entregado en la sede del Ministerio Público Fiscal- va dirigido contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas y al gobierno provincial. Los acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y avasallamiento de derechos constitucionales, ante la falta sistemática de entrega de personerías jurídicas, relevamientos territoriales y títulos comunitarios.
El escrito, entregado en la sede del Ministerio Público Fiscal, apunta a la consecuente exposición a desalojos, amenazas y violencia institucional. Casos que evidencian esta situación son los de las comunidades de Cochinoca, Miraflores, Yavi, El Cóndor, Potrero, Lumara, Azul Pampa, Rinconada, Coranzuli, Angosto Moreno, El Guerrero, El Pongo, Cueva del Inca, Coquena, Chalala, Hornaditas, Rodero, entre muchas otras de las más de 500 comunidades que existen en la provincia.
Una semana marcada por la violencia territorial
La denuncia se intensificó tras una ola de desalojos violentos registrados en apenas cinco días. El fin de semana pasado fue amenazada la comunidad de Cieneguillas. El lunes 8, sin orden judicial y de noche, fue desalojada la comunidad Cueva del Inca, en Tilcara. Y el martes 9, en Finca El Pongo, llegaron más de 50 policías acompañados por funcionarios para intentar tomar posesión de tierras productivas que son ocupadas ancestralmente por familias del Pueblo Kolla.
"Nos dejan solo 2 hectáreas para más de 100 animales", denunció Griselda Ibáñez, de Finca El Pongo. Y agregó: "Nadie en la comisaría me quiso tomar la denuncia. Todos estaban participando del operativo en mi casa. Es un hostigamiento directo del gobierno".
En Cueva del Inca, según los testimonios, la policía actuó sin orden judicial y quemó las pertenencias que quedaron en el terreno luego del desalojo. La comunidad denunció también golpes a mujeres y adultos mayores y acusó al comisario Rafael Cabana de Maimará de participar directamente del operativo y realizar amenazas. "Esto no tendría que haber pasado. La orden era contra una persona y la ejecutaron contra toda la comunidad. Ya no hablamos solo de usurpación: hablamos de vejámenes, violencia institucional y mafia judicial", expresó la abogada Silvana Llanes, quien representa a varias comunidades.
"Somos pueblos preexistentes, no delincuentes"
Las comunidades remarcan que los hechos no son aislados, sino parte de una política sistemática de exclusión, represión y avance del extractivismo, amparada en la falta de títulos comunitarios. "Mientras muchas comunidades no acceden al reconocimiento legal, el Estado usa eso como excusa para considerar sus tierras como fiscales y entregarlas a empresas. Así avanza el litio en la Puna y las plantaciones en El Pongo", explicó David González, del pueblo atacama.
Incluso quienes sí tienen relevamientos o personerías sufren desprotección. En muchos casos, los títulos son parciales o están frenados hace años. "Esto es una forma de impedirnos ejercer nuestros derechos. Nos tratan como delincuentes por organizarnos", dijo Carlos Chuchuy, de la comunidad de Lumara.
La denuncia se presentó en el fuero federal porque involucra a organismos nacionales como el INAI y su Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), encargado de certificar la existencia de comunidades. Para las organizaciones, la falta de inscripción y documentación no es un problema administrativo, sino un mecanismo de control político. "Desde la Ley 26.160 presentamos todos los papeles. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución nos ampara. Pero el INAI solo reconoce a unas pocas comunidades y deja al resto libradas al despojo. Y mientras tanto, la Secretaría de Pueblos actúa como intermediaria de intereses inmobiliarios y extractivos", sostuvo la Dra. Llanes.
Una deuda histórica: sin títulos ni reconocimiento
Las comunidades exigen el cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, las cifras oficiales revelan un abandono institucional alarmante: de más de 500 comunidades en Jujuy, solo unas 290 están registradas, 190 tienen relevamiento territorial (RETECI) y apenas 63 poseen títulos comunitarios.
"Ver para creer": una reunión con promesas
Tras la denuncia, las comunidades fueron recibidas en la Secretaría de Pueblos Indígenas por el secretario Carlos Toconas y la funcionaria Analia Ruiz. Allí, el gobierno pidió disculpas y propuso crear una mesa de diálogo y un plan multidisciplinario para avanzar en la regularización de personerías, relevamientos y títulos. "Lo escuchamos, pero también dijimos que ya lo intentamos muchas veces. Hubo muchas promesas. Las comunidades están descreídas. Ver para creer", señaló Llanes al salir del encuentro.
También exigieron que se termine con la narrativa oficial que reduce todo a conflictos entre particulares, como ocurrió en Cueva del Inca, donde el gobierno provincial publicó versiones que omitían su propia responsabilidad institucional.
Fuente: TELESISA
Por Laura Quispe
Representantes de más de 30 comunidades indígenas de toda la provincia de Jujuy llegaron este viernes 11 de julio a la capital provincial para presentar una denuncia penal ante el fuero federal. El escrito -entregado en la sede del Ministerio Público Fiscal- va dirigido contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas y al gobierno provincial. Los acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y avasallamiento de derechos constitucionales, ante la falta sistemática de entrega de personerías jurídicas, relevamientos territoriales y títulos comunitarios.
El escrito, entregado en la sede del Ministerio Público Fiscal, apunta a la consecuente exposición a desalojos, amenazas y violencia institucional. Casos que evidencian esta situación son los de las comunidades de Cochinoca, Miraflores, Yavi, El Cóndor, Potrero, Lumara, Azul Pampa, Rinconada, Coranzuli, Angosto Moreno, El Guerrero, El Pongo, Cueva del Inca, Coquena, Chalala, Hornaditas, Rodero, entre muchas otras de las más de 500 comunidades que existen en la provincia.
Una semana marcada por la violencia territorial
La denuncia se intensificó tras una ola de desalojos violentos registrados en apenas cinco días. El fin de semana pasado fue amenazada la comunidad de Cieneguillas. El lunes 8, sin orden judicial y de noche, fue desalojada la comunidad Cueva del Inca, en Tilcara. Y el martes 9, en Finca El Pongo, llegaron más de 50 policías acompañados por funcionarios para intentar tomar posesión de tierras productivas que son ocupadas ancestralmente por familias del Pueblo Kolla.
"Nos dejan solo 2 hectáreas para más de 100 animales", denunció Griselda Ibáñez, de Finca El Pongo. Y agregó: "Nadie en la comisaría me quiso tomar la denuncia. Todos estaban participando del operativo en mi casa. Es un hostigamiento directo del gobierno".
En Cueva del Inca, según los testimonios, la policía actuó sin orden judicial y quemó las pertenencias que quedaron en el terreno luego del desalojo. La comunidad denunció también golpes a mujeres y adultos mayores y acusó al comisario Rafael Cabana de Maimará de participar directamente del operativo y realizar amenazas. "Esto no tendría que haber pasado. La orden era contra una persona y la ejecutaron contra toda la comunidad. Ya no hablamos solo de usurpación: hablamos de vejámenes, violencia institucional y mafia judicial", expresó la abogada Silvana Llanes, quien representa a varias comunidades.
"Somos pueblos preexistentes, no delincuentes"
Las comunidades remarcan que los hechos no son aislados, sino parte de una política sistemática de exclusión, represión y avance del extractivismo, amparada en la falta de títulos comunitarios. "Mientras muchas comunidades no acceden al reconocimiento legal, el Estado usa eso como excusa para considerar sus tierras como fiscales y entregarlas a empresas. Así avanza el litio en la Puna y las plantaciones en El Pongo", explicó David González, del pueblo atacama.
Incluso quienes sí tienen relevamientos o personerías sufren desprotección. En muchos casos, los títulos son parciales o están frenados hace años. "Esto es una forma de impedirnos ejercer nuestros derechos. Nos tratan como delincuentes por organizarnos", dijo Carlos Chuchuy, de la comunidad de Lumara.
La denuncia se presentó en el fuero federal porque involucra a organismos nacionales como el INAI y su Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), encargado de certificar la existencia de comunidades. Para las organizaciones, la falta de inscripción y documentación no es un problema administrativo, sino un mecanismo de control político. "Desde la Ley 26.160 presentamos todos los papeles. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución nos ampara. Pero el INAI solo reconoce a unas pocas comunidades y deja al resto libradas al despojo. Y mientras tanto, la Secretaría de Pueblos actúa como intermediaria de intereses inmobiliarios y extractivos", sostuvo la Dra. Llanes.
Una deuda histórica: sin títulos ni reconocimiento
Las comunidades exigen el cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, las cifras oficiales revelan un abandono institucional alarmante: de más de 500 comunidades en Jujuy, solo unas 290 están registradas, 190 tienen relevamiento territorial (RETECI) y apenas 63 poseen títulos comunitarios.
"Ver para creer": una reunión con promesas
Tras la denuncia, las comunidades fueron recibidas en la Secretaría de Pueblos Indígenas por el secretario Carlos Toconas y la funcionaria Analia Ruiz. Allí, el gobierno pidió disculpas y propuso crear una mesa de diálogo y un plan multidisciplinario para avanzar en la regularización de personerías, relevamientos y títulos. "Lo escuchamos, pero también dijimos que ya lo intentamos muchas veces. Hubo muchas promesas. Las comunidades están descreídas. Ver para creer", señaló Llanes al salir del encuentro.
También exigieron que se termine con la narrativa oficial que reduce todo a conflictos entre particulares, como ocurrió en Cueva del Inca, donde el gobierno provincial publicó versiones que omitían su propia responsabilidad institucional.
Fuente: TELESISA
