La historia de la estatización de YPF en el 2012 a partir de la expropiación de las acciones de Repsol trajo en el transcurso de esta semana un nuevo coletazo para Chubut en base a la disputa del 2,10% de las acciones con las que se quedó la provincia. El gobernador Ignacio Torres adelantó que hará una presentación en los tribunales de Nueva York para bloquear la venta del porcentaje chubutense que impulsa la jueza estadounidense Loretta Preska y cuestionó el reparto efectuado hace 13 años en tiempos del kirchnerismo y la gestión de Martín Buzzi. Desde el peronismo salieron al cruce defendiendo el accionar en el 2012. La investigación de El Extremo Sur reveló que la distribución estuvo ajustada a los niveles de producción y reservas de aquellos tiempos, perdiendo Chubut apenas un 0,6% en función de las acciones recibidas.
Lo curioso fue la desprolijidad que envolvió la firma del acuerdo entre Buzzi y Nación en un reparto que no fue convalidado por una Ley provincial y tampoco aparece un decreto que valide el tema, tal como sucedió en algunas otras provincias involucradas. Al mismo tiempo surge la duda si con la venta de los yacimientos maduros de YPF, Chubut no corre riesgo de perder su silla en el directorio y por consiguiente quedarse sin las acciones que en la actualidad tendrían un valor cercano a los 250 millones de dólares.
La expropiación y nacionalización de YPF tiene como protagonista principal a la provincia de Chubut y ahora nuevamente está en el centro del debate provincial, pero para comprender lo que está sucediendo hay que remontarse al inicio del proceso en el año 2012.
Después de la fracasada "argentinización" del 2008 que facilitó el desembarco sin plata del Grupo Petersen de la familia Eskenazi para quedarse el 25% de las acciones de Repsol en YPF, a principios de marzo del 2012 se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley 26.741 que posibilitó la expropiación del 51% de las acciones que tenía la petrolera española.
Del total de las acciones expropiadas y por las que se le pagó a Repsol 5.000 millones de dólares, el 51% quedó en manos del Estado nacional y el 49% restante fue para las provincias.
El artículo octavo de dicha ley estableció que "las acciones sujetas a expropiación de las empresas YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS SA, en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y un por ciento (51%) pertenecerá al Estado nacional y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos".
Asimismo, en otro párrafo aclaró que "la reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas".
Tras ser sancionada la normativa de expropiación debieron esperarse cinco meses hasta que se firmara el acuerdo con las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
El 9 de agosto los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional firmaron el Acuerdo Federal para la implementación de la Ley nacional 26.741. Allí se estableció el porcentaje de acciones que le correspondería a cada Estado provincial y cómo se integraría el Directorio de YPF.
El mismo fue firmado por Julio Miguel De Vido como ministro de Planificación Federal y por las provincias lo hicieron Martín Buzzi (Chubut); Jorge Oscar Ibáñez (Formosa); Eduardo Alfredo Fellner (Jujuy); Oscar Mario Jorge (La Pampa); Francisco Humberto Pérez (Mendoza); Jorge Augusto Sapag (Neuquén); Alberto Edgardo Weretilneck (Río Negro); Juan Manuel Urtubey (Salta); Ariel Ivovich (Santa Cruz); Roberto Luis Crocianelli (Tierra del Fuego). Curiosamente y a pesar de integrar la OFEPHI la provincia de Jujuy no recibió ninguna acción de YPF.
Allí se estableció, en función de lo delimitado por la Ley 26.741, la forma en que se repartirían las acciones correspondientes a las provincias de la OFEPHI. Del 51% expropiado la Nación se quedaría con el 51% de ese total y el 49% restante sería para los Estados provinciales que desde la reforma constitucional de 1994 se transformaron en propietarios de los recursos naturales.
En el segundo ítem estableció: "Transferencia Equitativa de Acciones. Las Provincias aceptarán que la transferencia del cuarenta y nueve por ciento (49%) de las acciones a expropiar se realice en función de los niveles de producción actual y las reservas de interés que YPF S.A. posea en cada uno de sus territorios por su ubicación geográfica y consideran equitativa y satisfactoria para cada una los porcentajes expresados conforme el cuadro anexo número 1 que se adjunta".
En tanto que en el Anexo 1 se establecieron los porcentajes correspondientes a cada provincia:
PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS RESPECTO DE SU 49%
Provincia de Neuquén: Cuarenta y uno con ocho por ciento (41.8%).
Provincia de Santa Cruz: Veinte con nueve por ciento (20.9%).
Provincia de Mendoza: Veinte con seis por ciento (20.6%).
Provincia de Chubut: Ocho con cuatro por ciento (8.4%).
Provincia de Río Negro: Tres con dos por ciento (3.2%).
Provincia de Tierra del Fuego: Dos con cinco por ciento (2.5%).
Provincia de Salta: Dos por ciento (2.0%).
Provincia de La Pampa: Cero con cinco por ciento (0.5%).
Provincia de Formosa: Cero con dos por ciento (0.2%).
Es válido tener en cuenta que los porcentajes antes mencionados corresponden al 49% del 51% de las acciones expropiadas, lo que debe traducirse como que a las provincias le correspondieron los siguientes porcentajes del total del capital accionario de YPF: Neuquén con el 10,45%; Santa Cruz con el 5,23%; Mendoza con el 5,15%; Chubut con el 2,10%; Río Negro con el 0,8%; Tierra del Fuego con el 0,63%; Salta con el 0,5%; La Pampa con el 0,13% y Formosa con el 0,05%.
En tanto que el cuarto ítem estableció el mecanismo en que se conformaría el Directorio de YPF fijando el Estado nacional seis directores. Uno sería en nombre de los trabajadores de la compañía; cuatro estables para las provincias de Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y Chubut; y un quinto cargo rotativo a ser ocupado entre las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, Formosa y Jujuy.
"El Estado Nacional nominará al resto de los Directores que correspondiere nominar hasta alcanzar el número máximo de Directores que deban designarse de acuerdo al Estatuto y la Asamblea", se estableció.
El rol de Chubut en YPF durante el 2012
Aunque en el imaginario colectivo Chubut siempre fue una pieza clave en el entramado productivo, en los años 2011 y 2012 la provincia había perdido el protagonismo.
En base a los datos oficiales de la Secretaría de Energía de Nación en el año 2011 Chubut solamente producía el 17,1% del crudo de YPF a nivel nacional y en los primeros siete meses del 2012 -entre enero y julio antes de la firma del acuerdo por las acciones- llegó tan sólo al 16,4%. Mientras que en la producción de gas apenas acumuló en el 2011 el 1,7% y en 2012 el 1,8%.
En lo que respecta a las reservas de petróleo la provincia acumulaba el 16,2% de los reservorios petroleros y el 1,4% de los gasíferos.
En todos los casos era superada por Neuquén, Mendoza y Santa Cruz de ahí que haya tenido un correlato bastante ajustado a la realidad de aquellos años la distribución de las acciones.
Sintetizando el rol de cada una de las provincias en materia productiva y de reservas en YPF Neuquén acumulaba el 46,7% en promedio; seguida por Mendoza con el 23,5%; Santa Cruz con el 17,8%; Chubut con el 9% y Río Negro con el 3,1%. El resto de las provincias (Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, Formosa y Jujuy) no alcanzaban niveles registrados de extracción y reservorios.
En base a esos porcentajes y a los distribuidos en acciones Neuquén recibió un 4,9% menos; Mendoza un 2,9% menos y Chubut un 0,6% menos de acciones. Mientras que Santa Cruz se vio beneficiada con un 3,1% más de acciones y Río Negro con apenas el 0,1%.
Las demás provincias recibieron acciones por encima de los niveles inexistentes de producción y reservas, encabezando la lista Tierra del Fuego con el 2,5%; Salta con el 2%; La Pampa con el 0,5% y Formosa con el 0,2%.
La polémica por las acciones de cada provincia
El criterio para concretar el reparto fue el de los niveles de producción de petróleo y gas junto a las reservas que tenía cada una de las provincias involucradas.
Este fue uno de los puntos cuestionados por el gobernador Ignacio Torres en el transcurso de esta semana aduciendo que "los pésimos resultados de la negociación llevada adelante en aquel año, donde Mendoza se llevó el 20% y a Chubut, que desde hacía varios años era la primera productora de petróleo del país, le dieron solamente el 8%".
Mientras que el vicegobernador Gustavo Menna agregó en una entrevista con Jornada que "aunque parezca increíble, ese acuerdo nunca se envió a aprobación a la Legislatura por ley, ni siquiera se protocolizó en escribanía de gobierno, como si hubiese habido un ocultamiento de este convenio. Pero lo cierto es que tuvo principio de ejecución, porque desde entonces y hasta acá, Chubut ejerció los derechos políticos societarios que le da su calidad de accionista".
CON CHUBUT, NO SE JODE
Mientras otros se borran, nosotros damos la cara y defendemos lo que es nuestro, hasta las últimas consecuencias.
Por eso, vamos a ir a la Corte de Apelaciones de Nueva York, para exigir que se levante el embargo que dispuso la jueza Loretta Preska sobre... pic.twitter.com/uG2GnpcmlI
Desde el peronismo salió al cruce el ex legislador chubutense Javier Touriñan quien adujo en su cuenta de X: "La facilidad para hablar de cosas que desconocen asombra. La diputada cuestiona la distribución de acciones de YPF en 2012, sin tener idea de qué está hablando. Compara las acciones que recibió Chubut con las que recibió Mendoza y asume que está mal sin explicar por qué".
Luego agregó que "seguramente su argumento se sostiene en lo que afirmó el gobernador en su arenga de campaña disfrazada de defensa del patrimonio chubutense frente a la administración de YPF. Pero el gobernador aportó datos falsos o por lo menos inexactos. 1) En 2012; Chubut no era la mayor productora del país. (Tener presente la toma de Cerro Dragón y su impacto).
2) Lo que se expropió fue YPF y no todas las operadoras del país, esto toma importancia por la producción de YPF en Chubut frente a otras operadoras en ese año".
La facilidad para hablar de cosas que desconocen asombra. La diputada cuestiona la distribución de acciones de YPF en 2012, sin tener idea de que está hablando. Compara las acciones que recibió Chubut con las que recibió Mendoza y asume que está mal sin explicar por qué. 1/5 https://t.co/GFXytGl45f
Retomando la temática del acta acuerdo con Nación, en el caso de Chubut -y posiblemente de otras provincias también- no existe aparentemente registro de la confirmación legal en el ámbito del Ejecutivo o el Legislativo.
Las fuentes consultadas por El Extremo Sur aseguraron que en la Legislatura provincial no se dio tratamiento al acuerdo firmado por el gobernador Buzzi y tampoco pudo encontrarse un decreto provincial que avalara lo rubricado.
"Nunca mandaron a protocolizar ni hicieron aprobar por Ley", aseguró el gobernador Torres en transcurso de esta semana; mientras que Menna agregó que "han hecho consultas, sí, el análisis lo hicimos nosotros durante todos los últimos días, que fue complejo por esta razón que contaba al principio, que no hay antecedentes, porque ese convenio no sólo no se envió a la Legislatura, sino que no se protocolizó en escribanía de gobierno, entonces hay que hacer toda una serie de acciones para consolidar esto desde el plano interno. Llamativamente el único antecedente que había en Legislatura fue por un pedido de informes que hizo en su momento un diputado (Jerónimo García). Porque el convenio del 9 de agosto del 2012 no llegó como hubiese correspondido como un proyecto de ley aprobatorio de ese convenio, sino como respuesta a un pedido de informes que hizo un diputado pidiendo saber qué había pasado, y cuáles eran los términos de ese acuerdo. Pero luego no pasó más nada, no hubo una publicitación de eso o un cuestionamiento a una negociación tan ruinosa para la Provincia".
El ex diputado Jerónimo García por el ChuSoTo (Chubut Somos Todos) confirmó a El Extremo Sur haber encabezado el pedido de informes en el 2012 y aseguró que el mismo "nunca fue respondido" desde el Poder Ejecutivo. "El pedido de informes fue mío, de nuestro bloque, porque todo era una fiesta, un bla bla bla, pero nunca habían enviado a la Provincia la constatación cierta de que teníamos ese porcentaje de acciones y nunca nos respondieron. Todo es muy vidrioso y falta información", expresó.
En base a los datos disponibles de manera pública, sólo cinco provincias ratificaron el acuerdo con normativas propias:
Río Negro LEY 4.817 - 20 de diciembre de 2012.
Santa Cruz LEY 3.296 - 8 de noviembre de 2012.
Jujuy DECRETO 2.411 - 22 de abril de 2013.
Salta DECRETO 3.113 - 16 de octubre de 20.12
Tierra del Fuego - 18 de abril 2013.
¿Acciones en peligro?
En el marco de una situación anómala como la descripta y en medio de la avanzada de la jueza neoyorquina Loretta Preska que busca que se cancele la petición del fondo buitre Burford Capital, las acciones de Chubut en YPF parecen pender de un hilo.
Preska ordenó al Estado nacional que venda su 51% de acciones para pagar parte de los 16.000 millones de dólares que falló a favor de Burford y dentro de ese paquete accionario se encuentra la porción que le corresponde a Chubut.
Hoy YPF tiene una valuación que ronda los 12.000 millones de dólares y si se vendiera en 51% de las acciones representarían 6.000 millones y apenas alcanzaría para saldar un 40% de lo reclamado por el fondo buitre. Si concreta Chubut perdería un capital en acciones que ronda los 250 millones de dólares.
Jueza Loretta Preska
En ese marco, el gobernador Torres afirmó esta semana que "nos vamos a plantar y solicitar que levanten el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada. Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia".
"El 51% era para el Estado nacional y el 49% para las provincias petroleras nucleadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), de acuerdo a una distribución hecha sobre pautas de producción", y aclaró que "en el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut".
En tanto que Menna indicó sobre la posibilidad de revertir el embargo que "en lo que respecta a Chubut, sí, absolutamente. El acreedor y el juez, para asegurar el cobro de un juicio, puede ir sobre el patrimonio del deudor, pero no sobre el patrimonio de terceros, que ni siquiera son parte en el juicio. Y acá lo que hay que demostrar es que esas acciones no son del Estado argentino demandado, sino que son de una persona jurídica distinta que es la provincia de Chubut".
Más allá de lo que por ahora parece ser una declamación incipiente, lo cierto es el capital accionario de Chubut en YPF asoma como difícil de ser defendido en soledad por la provincia y en base a los argumentos mencionados por el gobernador la acción debería ser colectiva con el resto de las provincias poseedoras de acciones en la compañía.
Pero en el caso particular de Chubut la duda sobre viabilidad del reclamo judicial se potencia producto de la ausencia de una normativa que haya avalado legalmente, y aunque se envíe un proyecto para hacerlo en lo inmediato todo asoma como opaco 13 años después de la expropiación.
Además, surge una gran incógnita que por ahora no parece tener claridad en la respuesta y la misma está referida a la salida de YPF de Chubut. La petrolera bajo conducción libertaria ya vendió a PECOM los campos maduros de Escalante-El Trébol y Campamento Central-Restinga Ali; mientras que no más allá del año que viene se desprendería Manantiales Behr, su yacimiento convencional estrella en Chubut.
Inmerso en el oscurantismo normativo existente en la provincia vale preguntarse si esas ventas le siguen otorgando a Chubut potestad sobre el capital accionario recibido tras la expropiación del Repsol. Las respuestas son vagas y dejan un terreno sembrado de dudas.
Sobre el particular, Jerónimo García señaló a EES que "en términos generales todos comparten que si la provincia tiene un porcentaje de la compañía no se vería afectada por la venta de las áreas que viene realizando YPF en Chubut, pero nadie puede asegurarlo a ciencia cierta porque hay una carencia absoluta de papeles respaldatorios de lo que fue todo este proceso de expropiación y nacionalización que transfirió a la provincia el paquete accionario".
Tal como escribió el fundador de El Extremo Sur, Cristian Aliaga, en el año 2013: "La paradoja de la lógica capitalista, la voracidad empresaria y la historia se conjugaron para que luego de 105 años de producción incansable desde Comodoro Rivadavia, las reservas chubutenses de YPF fueran aniquiladas por el desmanejo de Repsol en los últimos años. Por eso, las tierras del descubrimiento del petróleo han visto escurrirse de entre los dedos largas décadas de producción, miles de millones de metros cúbicos de reservas y ahora también gran parte de las acciones que le hubieran correspondido por su rol histórico. Aún después de la expropiación, las garras de Repsol han vuelto a disparar sobre Comodoro Rivadavia y sobre Chubut. La reparación histórica quedará de nuevo como una utopía".
