Inseguridad alimentaria: más de 4,3 millones de niños y adolescentes sufren hambre en ArgentinaPor Daniel Cassola
La crisis alimentaria en Argentina afecta de manera alarmante a la población infantil, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El relevamiento presentado en los últimos días revela que más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes sufren inseguridad alimentaria, es decir, no acceden de forma regular y suficiente a los alimentos necesarios para su desarrollo físico y mental.
El informe, titulado "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", fue elaborado por especialistas como Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, con la participación de referentes en el tema como Sergio Britos, Catalina Hornos y María Eugenia Herrera Vegas. Los datos reflejan un deterioro profundo y acelerado de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, en particular de la infancia.
El documento detalla que la pobreza, el empleo informal y los bajos ingresos son los principales factores que condicionan la seguridad alimentaria en los hogares argentinos. Las familias monoparentales, numerosas o sin acceso a empleos estables son las más afectadas, y la situación se torna aún más crítica en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra un importante porcentaje de la población afectada. Allí, muchos niños dependen de los comedores escolares o comunitarios para acceder a su única comida del día. Sin embargo, la disminución de recursos y la interrupción en la entrega de alimentos a estas instituciones han incrementado el nivel de desprotección.
Ajuste y hambre
Los datos de la UCA coinciden con los arrojados por otros estudios recientes. La octava ronda del relevamiento de Unicef en Argentina alertó que un millón de niños y niñas se acuestan sin cenar, y más de 10 millones han tenido que reducir el consumo de carne y lácteos por falta de dinero. La situación se agrava debido a la inflación y al aumento desproporcionado de los precios de los alimentos, que crecieron más del 300% en el último año, mientras que los ingresos de las familias pobres no acompañaron ese ritmo. Como resultado, el 16,5% de la población infantil padece inseguridad alimentaria severa, un dato preocupante que evidencia la magnitud de la emergencia.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación por la suspensión de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios y escolares. También se denunciaron recortes presupuestarios en áreas esenciales, como la reducción del 29% en términos reales de los recursos destinados a políticas alimentarias en 2024, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El impacto de estas medidas va más allá del acceso a la alimentación: vulneran derechos fundamentales y profundizan la desigualdad.
Frente a esta situación, el Observatorio de la Deuda Social Argentina propone una serie de acciones urgentes. Entre ellas, se destacan la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión laboral, la ampliación de los programas de transferencias de ingresos y una coordinación intersectorial que permita un enfoque territorial más efectivo. El informe también subraya la importancia de fortalecer el rol de la escuela, no solo como espacio educativo, sino como un lugar de contención nutricional y emocional.
Sin embargo, más allá de los diagnósticos y las recomendaciones, el dato central sigue siendo la presencia cotidiana del hambre en millones de hogares. La inseguridad alimentaria infantil se convierte, así, en el síntoma más doloroso de una crisis estructural.
Fuente: www.curarconopinion.com
Por Daniel Cassola
La crisis alimentaria en Argentina afecta de manera alarmante a la población infantil, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El relevamiento presentado en los últimos días revela que más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes sufren inseguridad alimentaria, es decir, no acceden de forma regular y suficiente a los alimentos necesarios para su desarrollo físico y mental.
El informe, titulado "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", fue elaborado por especialistas como Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, con la participación de referentes en el tema como Sergio Britos, Catalina Hornos y María Eugenia Herrera Vegas. Los datos reflejan un deterioro profundo y acelerado de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, en particular de la infancia.
El documento detalla que la pobreza, el empleo informal y los bajos ingresos son los principales factores que condicionan la seguridad alimentaria en los hogares argentinos. Las familias monoparentales, numerosas o sin acceso a empleos estables son las más afectadas, y la situación se torna aún más crítica en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra un importante porcentaje de la población afectada. Allí, muchos niños dependen de los comedores escolares o comunitarios para acceder a su única comida del día. Sin embargo, la disminución de recursos y la interrupción en la entrega de alimentos a estas instituciones han incrementado el nivel de desprotección.
Ajuste y hambre
Los datos de la UCA coinciden con los arrojados por otros estudios recientes. La octava ronda del relevamiento de Unicef en Argentina alertó que un millón de niños y niñas se acuestan sin cenar, y más de 10 millones han tenido que reducir el consumo de carne y lácteos por falta de dinero. La situación se agrava debido a la inflación y al aumento desproporcionado de los precios de los alimentos, que crecieron más del 300% en el último año, mientras que los ingresos de las familias pobres no acompañaron ese ritmo. Como resultado, el 16,5% de la población infantil padece inseguridad alimentaria severa, un dato preocupante que evidencia la magnitud de la emergencia.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación por la suspensión de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios y escolares. También se denunciaron recortes presupuestarios en áreas esenciales, como la reducción del 29% en términos reales de los recursos destinados a políticas alimentarias en 2024, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El impacto de estas medidas va más allá del acceso a la alimentación: vulneran derechos fundamentales y profundizan la desigualdad.
Frente a esta situación, el Observatorio de la Deuda Social Argentina propone una serie de acciones urgentes. Entre ellas, se destacan la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión laboral, la ampliación de los programas de transferencias de ingresos y una coordinación intersectorial que permita un enfoque territorial más efectivo. El informe también subraya la importancia de fortalecer el rol de la escuela, no solo como espacio educativo, sino como un lugar de contención nutricional y emocional.
Sin embargo, más allá de los diagnósticos y las recomendaciones, el dato central sigue siendo la presencia cotidiana del hambre en millones de hogares. La inseguridad alimentaria infantil se convierte, así, en el síntoma más doloroso de una crisis estructural.
Fuente: www.curarconopinion.com
