Represión en Neuquén: violento desalojo a comunidades mapuche deja heridos y detenidosLa capital neuquina fue escenario de un violento operativo policial que desalojó a comunidades mapuche que desde el 15 de julio mantenían una protesta pacífica frente a la Casa de Gobierno provincial. El despliegue represivo dejó múltiples heridos y al menos catorce personas detenidas, entre ellas menores de edad, comunicadores indígenas y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Las comunidades Fvta Xayen, Newen Kura, Ragilew Cárdenas y Kelv Kura exigían al gobierno de Rolando Figueroa la entrega de sus personerías jurídicas, un derecho garantizado por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de Neuquén. Tras más de un año de espera y promesas incumplidas, la respuesta estatal fue la violencia.
"Fue un operativo absolutamente convulsivo y violento", denunció Jorge Nawel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, quien relató escenas de brutalidad que incluyeron a jóvenes siendo reducidos con la cabeza contra el asfalto. La represión, agregó, se produjo mientras se desarrollaba un proceso de diálogo mediado por el obispo de Neuquén, lo que agrava aún más la responsabilidad institucional.
Nawel comparó el accionar del actual gobierno con el del exgobernador Jorge Sobisch, y advirtió que se está imponiendo "una doctrina de represión que busca votos castigando al pueblo mapuche". "Ya pasó la época en que esto era políticamente incorrecto. Ahora capta votos", afirmó. Ante este panorama, convocó a una urgente organización de las comunidades: "Tenemos que tener el corazón caliente pero la cabeza fría. Estamos frente a una bestia que lo único que sabe es golpear".
También denunció corrupción y complicidad en el Poder Judicial neuquino. Según Nawel, el fiscal que ordenó el desalojo lo hizo pese a un exhorto previo del fiscal general, José Gerés, para que el gobierno cumpla con los compromisos asumidos con las comunidades. "No les importa romper protocolos ni reglas, ni siquiera respetar los procesos de mediación", sostuvo.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén repudiaron enérgicamente el accionar del gobierno provincial. Ambas organizaciones denunciaron que el conflicto no solo tiene una raíz política, sino también territorial y económica: las comunidades afectadas se ubican en zonas cercanas a Vaca Muerta, donde operan empresas petroleras que avanzan sobre tierras indígenas sin consulta ni consentimiento previo.
El CELS, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), partidos de izquierda y una amplia red de organizaciones sociales también sumaron su repudio. Coincidieron en que la represión tuvo como único objetivo silenciar un reclamo legítimo y profundizar la criminalización de los pueblos originarios.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén emitieron un comunicado en el que desmintieron los argumentos del gobierno, que aduce supuestas irregularidades administrativas para no otorgar las personerías jurídicas. "Nos mintieron durante más de un año. Ya estaba todo aprobado, lo único que faltaba era la firma del gobernador", expresaron. Acusan al Ejecutivo de priorizar una falsa paz social que encubre la entrega de los territorios a intereses extractivistas.
En el mismo comunicado, las comunidades reafirmaron su resistencia:
"Aquí estamos, aquí estuvimos, aquí estaremos. No nos fuimos, no nos iremos. Seguimos estando y seguiremos estando".
Los nombres de los detenidos fueron difundidos públicamente. Entre ellos se encuentran lonkos, referentes comunitarios y una adolescente de 15 años. La liberación de todos ellos fue exigida por distintas organizaciones en las últimas horas, al igual que el inmediato reconocimiento legal de las comunidades.
La capital neuquina fue escenario de un violento operativo policial que desalojó a comunidades mapuche que desde el 15 de julio mantenían una protesta pacífica frente a la Casa de Gobierno provincial. El despliegue represivo dejó múltiples heridos y al menos catorce personas detenidas, entre ellas menores de edad, comunicadores indígenas y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Las comunidades Fvta Xayen, Newen Kura, Ragilew Cárdenas y Kelv Kura exigían al gobierno de Rolando Figueroa la entrega de sus personerías jurídicas, un derecho garantizado por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de Neuquén. Tras más de un año de espera y promesas incumplidas, la respuesta estatal fue la violencia.
"Fue un operativo absolutamente convulsivo y violento", denunció Jorge Nawel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, quien relató escenas de brutalidad que incluyeron a jóvenes siendo reducidos con la cabeza contra el asfalto. La represión, agregó, se produjo mientras se desarrollaba un proceso de diálogo mediado por el obispo de Neuquén, lo que agrava aún más la responsabilidad institucional.
Nawel comparó el accionar del actual gobierno con el del exgobernador Jorge Sobisch, y advirtió que se está imponiendo "una doctrina de represión que busca votos castigando al pueblo mapuche". "Ya pasó la época en que esto era políticamente incorrecto. Ahora capta votos", afirmó. Ante este panorama, convocó a una urgente organización de las comunidades: "Tenemos que tener el corazón caliente pero la cabeza fría. Estamos frente a una bestia que lo único que sabe es golpear".
También denunció corrupción y complicidad en el Poder Judicial neuquino. Según Nawel, el fiscal que ordenó el desalojo lo hizo pese a un exhorto previo del fiscal general, José Gerés, para que el gobierno cumpla con los compromisos asumidos con las comunidades. "No les importa romper protocolos ni reglas, ni siquiera respetar los procesos de mediación", sostuvo.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén repudiaron enérgicamente el accionar del gobierno provincial. Ambas organizaciones denunciaron que el conflicto no solo tiene una raíz política, sino también territorial y económica: las comunidades afectadas se ubican en zonas cercanas a Vaca Muerta, donde operan empresas petroleras que avanzan sobre tierras indígenas sin consulta ni consentimiento previo.
El CELS, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), partidos de izquierda y una amplia red de organizaciones sociales también sumaron su repudio. Coincidieron en que la represión tuvo como único objetivo silenciar un reclamo legítimo y profundizar la criminalización de los pueblos originarios.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén emitieron un comunicado en el que desmintieron los argumentos del gobierno, que aduce supuestas irregularidades administrativas para no otorgar las personerías jurídicas. "Nos mintieron durante más de un año. Ya estaba todo aprobado, lo único que faltaba era la firma del gobernador", expresaron. Acusan al Ejecutivo de priorizar una falsa paz social que encubre la entrega de los territorios a intereses extractivistas.
En el mismo comunicado, las comunidades reafirmaron su resistencia:
"Aquí estamos, aquí estuvimos, aquí estaremos. No nos fuimos, no nos iremos. Seguimos estando y seguiremos estando".
Los nombres de los detenidos fueron difundidos públicamente. Entre ellos se encuentran lonkos, referentes comunitarios y una adolescente de 15 años. La liberación de todos ellos fue exigida por distintas organizaciones en las últimas horas, al igual que el inmediato reconocimiento legal de las comunidades.
