Crónica de un ajuste anunciado: en Chubut y la región la motosierra pone en riesgo miles de empleos públicos Los organismos públicos vienen experimentando un fuerte desmantelamiento desde el inicio de la gestión libertaria, en parte por la prórroga del presupuesto y en parte por las propias decisiones del Ejecutivo respecto a cada ente. La lista incluye a Correo Argentino, Radio Nacional, ANSES, Parques Nacionales, a los que se suman INTA y Vialidad Nacional, que fueron intervenidos y modificados en la última semana de facultades delegadas del Gobierno. Algunos ya han denunciado despidos, aunque el grueso de trabajadores a la fecha se mantiene. No obstante, el panorama es de gran incertidumbre y el avance del ajuste pone en jaque a miles de empleos públicos en todo el país. En la región, más de 1500 trabajadores integran las principales instituciones, que en la mayoría de los casos dan respuesta a las problemáticas regionales.
El topo del Estado
La embestida libertaria contra el empleo público fue una de las principales medidas anunciadas en campaña. El vídeo viral en el que Javier Milei prometía eliminar ministerios gritando "¡Fuera!" se hizo realidad apenas asumió la Presidencia, al reestructurar el Gabinete y eliminar 13 ministerios y fusionar múltiples áreas en el Ministerio de Capital Humano.
"Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro", reconoció Milei en una entrevista al sitio estadounidense "The Free Press". "Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado", declaró.
De acuerdo a las mediciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y mayo del 2024, la dotación de personal del Estado se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%. Por otro lado, señalan que la motosierra afectó especialmente a sectores vinculados a obras públicas, presupuesto destinado a provincias, desarrollo y asistencia social, educación y salud pública. El ajuste recayó principalmente en las jubilaciones y pensiones (24% de caída del gasto público), seguidas de la inversión en obra pública (15%), las transferencias a provincias (16%), los subsidios a la energía (10%), programas sociales (11%) y salarios (8%).
En términos de despidos, algunas de las entidades más afectadas son Correo Argentino (4.945 despidos), ARCA (2.996), Aerolíneas Argentinas (1.780), ANSES (1.423) y CONICET (985).
"En conjunto, estos recortes reflejan una política de ajuste que no distingue entre áreas técnicas, científicas, sociales o administrativas. El enfoque parece ser cuantitativo más que estratégico: se reduce personal sin un análisis del impacto institucional ni de las capacidades públicas que se están desarticulando. Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas tienden a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional. Al analizar la reducción de personal en términos proporcionales, surgen casos particularmente alarmantes que evidencian una lógica de ajuste insostenible desde el punto de vista institucional, social y sanitario. Lejos de constituir una estrategia de racionalización administrativa, estas reducciones afectan directamente la capacidad del Estado de brindar servicios esenciales y proteger derechos fundamentales", advierte el informe del CEPA.
Cada decisión sobre los organismos dependientes del Estado afectó directamente a los trabajadores patagónicos y las posibilidades de garantizar políticas públicas de federalismo y conectividad en las provincias. Según estimaciones de la UPCN, en la región ya se habrían perdido unos 150 empleos.
Vaciamiento informativo
Durante su campaña, Milei anunció que buscaría cerrar los medios públicos. A mediados del año pasado anunció la reestructuración de Radio Nacional, a la par de la intervención de otros medios como Télam y la Televisión Pública. De hecho, en uno de los puntos de la fallida Ley Omnibus se contemplaba la privatización de Radio Nacional y la TV Pública.
La noticia fue recibida con preocupación en la zona patagónica, en plena temporada invernal y con localidades rurales que dependen enteramente de Radio Nacional para garantizar la comunicación en casos de emergencia. El recorte de programación y una reestructuración de contenido enfocada en las noticias de Buenos Aires ponía el riesgo el federalismo que había caracterizado al organismo hasta el momento.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que "LRA9, Esquel, LRA 55 Río Senguer, LU4 Comodoro, RLA 11 Comodoro y LRA 58 Río Mayo están cerradas y transmitiendo contenido de Buenos Aires". "En la Meseta es imposible comunicarse y sólo se tienen noticias del temporal por la radio. El temporal seguirá todo el fin de semana y la gente está aislada y con su vida en peligro", expresaron.
Los trabajadores llevaron su reclamo contra la privatización de la radio y el cierre de sus emisoras en Comodoro Rivadavia, Río Senguer, Río Mayo; LU4 Radio Patagonia y la emisora de Esquel a la Legislatura en Rawson con la amenaza de despido para sus 79 trabajadores. Por otro lado, realizaron una junta de firmas y enfatizaron la defensa del derecho a la información.
Durante las nevadas que azotan a la zona patagónica, las autoridades de Radio Nacional dejaron de pagar horas extra. Mientras el temporal de nieve provocaba cortes de ruta, vehículos varados y pueblos aislados, los fines de semana y feriados las emisoras patagónicas retransmitían contenido de Buenos Aires AM 870. Su único medio de comunicación, hasta ese momento, había sido el "Mensaje al Poblador Rural". En casos extremos, los trabajadores se turnaron para garantizar la comunicación, motivados por la solidaridad.
El 23 de junio, tras una fuerte presión social, habilitaron la realización de horas extraordinarias a algunas de las emisoras de la región. "Las autoridades deben tomar nota de la enorme repercusión que tiene en toda la sociedad el desguace que pretenden llevar adelante en las 49 emisoras. Deben reponer de inmediato la programación propia en cada una de ellas", remarcó la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) en un comunicado de prensa.
El ajuste, sin embargo, no se detuvo: a la fecha fueron despedidas sin explicación unas 100 personas en todo el país, la mayoría con contratos mediante la modalidad de monotributo y condiciones precarizadas. Además, el Gobierno resolvió no renovar 500 contratos de periodistas, productores y artistas.
El recorte de programación se profundizó, acortando los horarios de programación local y apostando a una información centralizada. Los salarios, por otro lado, están congelados y no hay plata para solventar horas extra o feriados.
En abril, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno "comenzó una segunda etapa de despidos" y que "ahora son ideológicos". El secretario general, Rodolfo Aguilar, precisó que se produjeron cesantías por discriminación y despidos motivados por la postura crítica de algunos periodistas contra el Gobierno.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres declaró en conferencia de prensa que tanto la Provincia como la Municipalidad de Comodoro Rivadavia estarían dispuestas a absorber a los trabajadores de Radio Nacional y LU4 en caso de ser despedidos. Los trabajadores, sin embargo, se mantienen en alerta ante un panorama que amenaza de lleno al federalismo en la comunicación.
Cierre de sucursales del Correo en Chubut
Correo Argentino tuvo la misma suerte que otros entes cuando el 26 de abril del 2024 las autoridades ordenaron un centenar de despidos en sucursales de todo el país. A la fecha, despidieron a 4860 trabajadores, lo que según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) implica una caída del 14,7% de personal. A esto se suma que al menos 50 sucursales fueron cerradas.
"Correo Argentino lidera el ranking de despidos, lo que tiene implicancias profundas ya que cumple funciones esenciales que van más allá del envío de cartas y paquetes: garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas donde los operadores privados no llegan y actúa como soporte logístico del Estado, incluyendo tareas clave como la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos, y el desarrollo de procesos electorales en todo el país", expresó el CEPA.
En Chubut la situación es crítica en localidades pequeñas, lo que afecta centralmente a la integración y conectividad con otras localidades cercanas. Hasta el momento, se registran 10 despidos en la provincia y el cierre de varias oficinas.
En las sucursales de las ciudades cordilleranas de Trevelin y Corcovado, por ejemplo, fueron despedidos los encargados, trabajadores con antigüedades de 39 y 28 años de servicio. En el caso de Corcovado, el despido del único empleado implicó el cierre de la sucursal. También se produjeron despidos y cierre de oficinas en Comodoro Rivadavia y Trelew. En este marco, advierten que también podrían cerrarse las oficinas de Gualjaina, Cholila y Epuyén.
En todo el país se cerraron 57 sucursales, y el 10% fueron de Chubut, que se perfila como una de las provincias más castigadas por el ajuste a Correo Argentino. En toda la Patagonia el Correo Argentino cerró en total 12 sucursales: 6 en Chubut, 4 en Río Negro y 2 en Santa Cruz.
Nota relacionada: Ajuste despiadado: Chubut es la provincia más afectada por el cierre de sucursales del Correo Argentino
Para finales de abril, cerca de 10 empleados de la provincia habían sido desvinculados -además hay que contabilizar los retiros voluntarios-; algunos advirtieron que la medida se debía a una represalia por juicios laborales iniciados contra el organismo. Un caso de amplia visibilidad fue el de Olga Norambuena, la única empleada mujer de la oficina de Trelew, quien fue reincorporada formalmente tras 10 meses de lucha.
ANSES y AFIP
Otras instituciones que registraron altas cifras de despidos son ANSES y AFIP. En este escenario, el ex titular de Anses en Trelew, Nicolás Fischer, habló de una "retirada del Estado nacional de las provincias".
"ANSES es el organismo más grande, no sobra nadie, falta personal", remarcó y pidió que "los municipios y el Gobierno provincial tomen cartas en el asunto y reclamen el cese del desmantelamiento de los organismos nacionales en nuestra provincia".
El organismo contaba con 406 personas distribuidas en 26 oficinas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El desmantelamiento a nivel nacional produjo 60 despidos en la región y el cierre de oficinas en El Maitén, Gobernador Gregores, Las Heras, Puerto Deseado y Tolhuin.
"Que una oficina de ANSES no abra en un pueblo chico significa menos derechos para sus habitantes. Esas oficinas estaban abiertas y operativas para que las personas no tengan que trasladarse más de 200 kilómetros para poder realizar un trámite", expresó el delegado de la Regional Sur II, Alejandro Caruso, y agregó: "Ahora está muy en boga la cuestión de los trámites online; en estas localidades la conectividad es mala o no hay directamente. Muchas veces es engorroso hacer gestiones online".
ARCA (ex-AFIP) es otro de los organismos más afectados por el recorte. En octubre del año pasado, en el marco de la reestructuración de la institución el Gobierno dispuso el pase a disponibilidad de unos 3.000 empleados en todo el país, lo que generó medidas de fuerza por parte de los gremios, que incluyeron un apagón informático sin brindar atención al público y asambleas en las distintas dependencias.
El secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos Aldenio Ramirez advirtió en diálogo con Cadena Tiempo que el cierre de la AFIP "tendrá un impacto muy importante" en las provincias que cubre su Seccional: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Precisó que la medida los tomó por sorpresa porque desde el Gobierno no la anunciaron, una lógica similar caracterizada por la incertidumbre que estuvo presente en las modificaciones de otros organismos estatales.
En las tres provincias que cubre la seccional trabajan unos 340 empleados, de los cuales la mitad están en Chubut. Hay delegaciones en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Río Gallegos, Calafate y Río Grande.
Respecto a estos dos organismos, la Justicia logró frenar momentáneamente la ola de despidos. En mayo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 6 dictaminó que los despidos masivos realizados en ANSES fueron discriminatorios y violaron la libertad sindical, ya que el 84% de los trabajadores cesanteados eran afiliados al Sindicato de Empleados de la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), lo cual para la Justicia indica una maniobra planificada para debilitar la representación gremial, antes que una reestructuracion técnica, como argumento el Gobierno.
Meses antes, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habia dictado una medida cautelar que impide al Gobierno avanzar con despidos o medidas que atenten contra "estabilidad laboral" en ARCA. No obstante, entre los planes del Ejecutivo figuraria una reducción todavía más drástica de personal.
Desfinanciar la lucha contra los incendios
Parques Nacionales también está en la mira del Gobierno nacional. Si bien no hay amenazas de disolución o reestructuración como en otros organismos estatales, viene sufriendo despidos, precarización extrema de sus trabajadores y desfinanciamiento. La saturación del sistema se hizo evidente durante los incendios que afectaron Córdoba y buena parte de la Patagonia durante 2024, los cuales en total dejaron un saldo de más de 150.000 hectáreas consumidas.
El año pasado el presupuesto ambiental se redujo en un 40%, y tanto Bosques como Combate del Fuego fueron las áreas más afectadas. La situación se agrava a la luz de la nueva prórroga del presupuesto 2023.
Hernán Mondino, brigadista del Parque Los Alerces y delegado de ATE precisó en diálogo con El Extremo Sur que a la fecha se perdieron más de 150 puestos de trabajo en todo el país, entre administrativos, personal científico técnico, guardaparques y brigadistas. Muchos fueron despedidos, pero otros renunciaron a causa de la situación laboral inestable y los bajos sueldos. Actualmente la mayoría cuenta con contratos de tres meses y básicos salariales que no le ganan a la inflación, incluso los brigadistas, que están en la primera línea en el combate de incendios.
Recientemente el Gobierno disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Aunque se mantienen las partidas, ahora pasará a manejarlas el Ministerio de Seguridad, y los trabajadores de Parques no tienen certezas sobre cómo o dónde se invertirá el fondo. A la fecha, no saben si tendrán garantizados los recursos materiales y humanos para hacer frente al aumento de incendios durante el verano.
El plantel de brigadistas estuvo al límite durante los incendios del año pasado, y fue achicando durante los últimos meses. Mondino señaló que de un año a otro el total de brigadistas en Parques Nacionales pasó de 430 a 390. En el medio, crecen los rumores sobre la privatización y la posibilidad de negocios en las áreas de los parques.
En Chubut trabajan 157 personas en esta Area, 112 en el Parque Nacional Los Alerces y 45 en el Parque Nacional Lago Puelo. Respecto a los despidos, Mondino señaló que en Alerces hubo un solo caso de una trabajadora que finalmente decidió no avanzar con la lucha por la reincorporación a causa de la cuestión salarial.
"En la discusión que tenemos lo entendemos como una política clara del Gobierno de vaciamiento, de dejar de hacer y que después entre la discusión como en Vialidad de que bueno, si no arreglan las rutas porque no sirve hay que eliminarlo. No sé si eliminar Parques Nacionales porque tiene su nicho de negocios, pero así para la carrera, para el laburante, es más complicado continuar", sintetiza el brigadista.
Vaciamiento total
En la carrera por el ahorro fiscal, recientemente el Gobierno nacional utilizó los últimos días de facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases para profundizar el vaciamiento de organismos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional.
Desde el Ejecutivo anunciaron la reestructuración de siete organismos estatales a los que calificaron como "ineficientes", entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los cuales dejarán de ser autárquicos y pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía.
"El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla", expresó en X Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y advirtió que esta decisión implicaría cientos de despidos.
En noviembre del 2023, el Gobierno anunció un "plan de modernización" del INTA, que ha provocado despidos, retiros voluntarios y desfinanciamiento de programas. Los trabajadores lograron frenar el avance de la motosierra al evitar algunos despidos. Sin embargo, durante la última semana de facultades delegadas el Ejecutivo publicó el Decreto 462/2025, que incluye una profunda modificación al modelo de gobernanza que la institución mantenía hasta el momento, lo que deriva en la pérdida de autarquía y representación regional.
Los trabajadores estuvieron todo el 2024 en alerta ante la amenaza constante de despidos. En Chubut se logró frenar una primera ola de despidos que garantizó la continuidad de unos 40 trabajadores en todo el territorio. No obstante, la reciente decisión del Gobierno deja muchas dudas sobre qué pasará con los proyectos del INTA y los empleados que los sostienen.
"En lugar de tener ese Consejo Directivo, va a haber un presidente que decide todo. Deja de existir la Dirección Nacional, es decir, la alta gerencia no está más. Hay solamente un presidente definido desde el Ejecutivo que puede proponer nueva estructura, nuevo organigrama, nueva agenda, disponer de personal, es un poder muy centralizado", explicó Eduardo Cittadini, director del Centro Regional Patagonia Sur del INTA, en diálogo reciente con El Extremo Sur.
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Y destacó la labor de los 280 trabajadores de la Patagonia Sur, que cubren 2.200 kilómetros entre Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: "A veces muchas de estas decisiones de que si sobra agencia, que si sobra gente se toman desde una oficina mirando un Excel sin tomar la real dimensión de lo que estamos hablando".
En la misma línea, en la región patagónica resonó en los últimos meses la crisis que atraviesa Vialidad Nacional. Con un presupuesto prorrogado, sueldos congelados y rutas intransitables, los trabajadores no han cesado de pedir respuestas al Gobierno nacional ante el abandono evidente del organismo.
En las provincias del sur preocupan sobre todo algunos tramos de las Rutas N° 3 y N° 40 que implican tanto riesgos para la vida como complicaciones para la conectividad. Si bien la situación ya era crítica, se agravó en las últimas semanas ante la decisión del Gobierno de disolver el organismo, lo cual afecta a 6 mil trabajadores y 40 mil kilómetros de al menos 118 rutas en todo el país. En Chubut, afecta a unos 169 trabajadores que cubren 2.000 kilómetros de ruta.
"El decreto no dice absolutamente nada, no habla de reestructuración ni fusión, habla de disolución, lo cual es gravísimo. Entonces, hoy nosotros no sabemos a qué ente pertenecemos, porque si Vialidad Nacional no existe más, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuál es el organismo que nos dice que vayamos a la ruta? Ninguno", precisó días atrás Soledad García, secretaria general de la Seccional Chubut.
En esta línea denunció que hace un año y medio padecen amenazas de despido, y que, de hecho, echaron a cuatro trabajadores en la provincia. A ello se suma la falta de recursos y materiales para que puedan garantizar el mantenimiento de las trazas.
Respecto al plan de privatización que encararía el Gobierno, García expresó que en la provincia es inviable debido al escaso tránsito, y que una empresa privada podría llegar a cobrar el triple de lo que gasta Vialidad, por lo que tampoco supondría un gasto menor para los conductores.
Ahora, la Justicia logró ponerle un freno al Gobierno con un fallo que suspende por seis meses la disolución de Vialidad Nacional. Tras una demanda del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, la jueza federal Martina Forns concedió una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo "abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto 461/25, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó vía redes sociales que el Gobierno apelará al fallo. En el medio, los trabajadores permanecen en la incertidumbre.
Recientemente el vocero destacó que "los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos", gastos que se han derivado a entidades estatales en áreas de salud, ciencia y cultura, por lo que implica una pérdida en áreas clave de desarrollo, producción, investigación y conectividad, además de una importante pérdida de capital humano especializado. En la región, también implican una pérdida en términos de federalismo, lo que se vio plasmado en el cierre inminente de dependencias en las pequeñas localidades patagónicas, cada vez más aisladas por un Gobierno fuertemente centralizado.
Los organismos públicos vienen experimentando un fuerte desmantelamiento desde el inicio de la gestión libertaria, en parte por la prórroga del presupuesto y en parte por las propias decisiones del Ejecutivo respecto a cada ente. La lista incluye a Correo Argentino, Radio Nacional, ANSES, Parques Nacionales, a los que se suman INTA y Vialidad Nacional, que fueron intervenidos y modificados en la última semana de facultades delegadas del Gobierno. Algunos ya han denunciado despidos, aunque el grueso de trabajadores a la fecha se mantiene. No obstante, el panorama es de gran incertidumbre y el avance del ajuste pone en jaque a miles de empleos públicos en todo el país. En la región, más de 1500 trabajadores integran las principales instituciones, que en la mayoría de los casos dan respuesta a las problemáticas regionales.
El topo del Estado
La embestida libertaria contra el empleo público fue una de las principales medidas anunciadas en campaña. El vídeo viral en el que Javier Milei prometía eliminar ministerios gritando "¡Fuera!" se hizo realidad apenas asumió la Presidencia, al reestructurar el Gabinete y eliminar 13 ministerios y fusionar múltiples áreas en el Ministerio de Capital Humano.
"Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro", reconoció Milei en una entrevista al sitio estadounidense "The Free Press". "Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado", declaró.
De acuerdo a las mediciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y mayo del 2024, la dotación de personal del Estado se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%. Por otro lado, señalan que la motosierra afectó especialmente a sectores vinculados a obras públicas, presupuesto destinado a provincias, desarrollo y asistencia social, educación y salud pública. El ajuste recayó principalmente en las jubilaciones y pensiones (24% de caída del gasto público), seguidas de la inversión en obra pública (15%), las transferencias a provincias (16%), los subsidios a la energía (10%), programas sociales (11%) y salarios (8%).
En términos de despidos, algunas de las entidades más afectadas son Correo Argentino (4.945 despidos), ARCA (2.996), Aerolíneas Argentinas (1.780), ANSES (1.423) y CONICET (985).
"En conjunto, estos recortes reflejan una política de ajuste que no distingue entre áreas técnicas, científicas, sociales o administrativas. El enfoque parece ser cuantitativo más que estratégico: se reduce personal sin un análisis del impacto institucional ni de las capacidades públicas que se están desarticulando. Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas tienden a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional. Al analizar la reducción de personal en términos proporcionales, surgen casos particularmente alarmantes que evidencian una lógica de ajuste insostenible desde el punto de vista institucional, social y sanitario. Lejos de constituir una estrategia de racionalización administrativa, estas reducciones afectan directamente la capacidad del Estado de brindar servicios esenciales y proteger derechos fundamentales", advierte el informe del CEPA.
Cada decisión sobre los organismos dependientes del Estado afectó directamente a los trabajadores patagónicos y las posibilidades de garantizar políticas públicas de federalismo y conectividad en las provincias. Según estimaciones de la UPCN, en la región ya se habrían perdido unos 150 empleos.
Vaciamiento informativo
Durante su campaña, Milei anunció que buscaría cerrar los medios públicos. A mediados del año pasado anunció la reestructuración de Radio Nacional, a la par de la intervención de otros medios como Télam y la Televisión Pública. De hecho, en uno de los puntos de la fallida Ley Omnibus se contemplaba la privatización de Radio Nacional y la TV Pública.
La noticia fue recibida con preocupación en la zona patagónica, en plena temporada invernal y con localidades rurales que dependen enteramente de Radio Nacional para garantizar la comunicación en casos de emergencia. El recorte de programación y una reestructuración de contenido enfocada en las noticias de Buenos Aires ponía el riesgo el federalismo que había caracterizado al organismo hasta el momento.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que "LRA9, Esquel, LRA 55 Río Senguer, LU4 Comodoro, RLA 11 Comodoro y LRA 58 Río Mayo están cerradas y transmitiendo contenido de Buenos Aires". "En la Meseta es imposible comunicarse y sólo se tienen noticias del temporal por la radio. El temporal seguirá todo el fin de semana y la gente está aislada y con su vida en peligro", expresaron.
Los trabajadores llevaron su reclamo contra la privatización de la radio y el cierre de sus emisoras en Comodoro Rivadavia, Río Senguer, Río Mayo; LU4 Radio Patagonia y la emisora de Esquel a la Legislatura en Rawson con la amenaza de despido para sus 79 trabajadores. Por otro lado, realizaron una junta de firmas y enfatizaron la defensa del derecho a la información.
Durante las nevadas que azotan a la zona patagónica, las autoridades de Radio Nacional dejaron de pagar horas extra. Mientras el temporal de nieve provocaba cortes de ruta, vehículos varados y pueblos aislados, los fines de semana y feriados las emisoras patagónicas retransmitían contenido de Buenos Aires AM 870. Su único medio de comunicación, hasta ese momento, había sido el "Mensaje al Poblador Rural". En casos extremos, los trabajadores se turnaron para garantizar la comunicación, motivados por la solidaridad.
El 23 de junio, tras una fuerte presión social, habilitaron la realización de horas extraordinarias a algunas de las emisoras de la región. "Las autoridades deben tomar nota de la enorme repercusión que tiene en toda la sociedad el desguace que pretenden llevar adelante en las 49 emisoras. Deben reponer de inmediato la programación propia en cada una de ellas", remarcó la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) en un comunicado de prensa.
El ajuste, sin embargo, no se detuvo: a la fecha fueron despedidas sin explicación unas 100 personas en todo el país, la mayoría con contratos mediante la modalidad de monotributo y condiciones precarizadas. Además, el Gobierno resolvió no renovar 500 contratos de periodistas, productores y artistas.
El recorte de programación se profundizó, acortando los horarios de programación local y apostando a una información centralizada. Los salarios, por otro lado, están congelados y no hay plata para solventar horas extra o feriados.
En abril, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno "comenzó una segunda etapa de despidos" y que "ahora son ideológicos". El secretario general, Rodolfo Aguilar, precisó que se produjeron cesantías por discriminación y despidos motivados por la postura crítica de algunos periodistas contra el Gobierno.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres declaró en conferencia de prensa que tanto la Provincia como la Municipalidad de Comodoro Rivadavia estarían dispuestas a absorber a los trabajadores de Radio Nacional y LU4 en caso de ser despedidos. Los trabajadores, sin embargo, se mantienen en alerta ante un panorama que amenaza de lleno al federalismo en la comunicación.
Cierre de sucursales del Correo en Chubut
Correo Argentino tuvo la misma suerte que otros entes cuando el 26 de abril del 2024 las autoridades ordenaron un centenar de despidos en sucursales de todo el país. A la fecha, despidieron a 4860 trabajadores, lo que según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) implica una caída del 14,7% de personal. A esto se suma que al menos 50 sucursales fueron cerradas.
"Correo Argentino lidera el ranking de despidos, lo que tiene implicancias profundas ya que cumple funciones esenciales que van más allá del envío de cartas y paquetes: garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas donde los operadores privados no llegan y actúa como soporte logístico del Estado, incluyendo tareas clave como la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos, y el desarrollo de procesos electorales en todo el país", expresó el CEPA.
En Chubut la situación es crítica en localidades pequeñas, lo que afecta centralmente a la integración y conectividad con otras localidades cercanas. Hasta el momento, se registran 10 despidos en la provincia y el cierre de varias oficinas.
En las sucursales de las ciudades cordilleranas de Trevelin y Corcovado, por ejemplo, fueron despedidos los encargados, trabajadores con antigüedades de 39 y 28 años de servicio. En el caso de Corcovado, el despido del único empleado implicó el cierre de la sucursal. También se produjeron despidos y cierre de oficinas en Comodoro Rivadavia y Trelew. En este marco, advierten que también podrían cerrarse las oficinas de Gualjaina, Cholila y Epuyén.
En todo el país se cerraron 57 sucursales, y el 10% fueron de Chubut, que se perfila como una de las provincias más castigadas por el ajuste a Correo Argentino. En toda la Patagonia el Correo Argentino cerró en total 12 sucursales: 6 en Chubut, 4 en Río Negro y 2 en Santa Cruz.
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Para finales de abril, cerca de 10 empleados de la provincia habían sido desvinculados -además hay que contabilizar los retiros voluntarios-; algunos advirtieron que la medida se debía a una represalia por juicios laborales iniciados contra el organismo. Un caso de amplia visibilidad fue el de Olga Norambuena, la única empleada mujer de la oficina de Trelew, quien fue reincorporada formalmente tras 10 meses de lucha.
ANSES y AFIP
Otras instituciones que registraron altas cifras de despidos son ANSES y AFIP. En este escenario, el ex titular de Anses en Trelew, Nicolás Fischer, habló de una "retirada del Estado nacional de las provincias".
"ANSES es el organismo más grande, no sobra nadie, falta personal", remarcó y pidió que "los municipios y el Gobierno provincial tomen cartas en el asunto y reclamen el cese del desmantelamiento de los organismos nacionales en nuestra provincia".
El organismo contaba con 406 personas distribuidas en 26 oficinas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El desmantelamiento a nivel nacional produjo 60 despidos en la región y el cierre de oficinas en El Maitén, Gobernador Gregores, Las Heras, Puerto Deseado y Tolhuin.
"Que una oficina de ANSES no abra en un pueblo chico significa menos derechos para sus habitantes. Esas oficinas estaban abiertas y operativas para que las personas no tengan que trasladarse más de 200 kilómetros para poder realizar un trámite", expresó el delegado de la Regional Sur II, Alejandro Caruso, y agregó: "Ahora está muy en boga la cuestión de los trámites online; en estas localidades la conectividad es mala o no hay directamente. Muchas veces es engorroso hacer gestiones online".
ARCA (ex-AFIP) es otro de los organismos más afectados por el recorte. En octubre del año pasado, en el marco de la reestructuración de la institución el Gobierno dispuso el pase a disponibilidad de unos 3.000 empleados en todo el país, lo que generó medidas de fuerza por parte de los gremios, que incluyeron un apagón informático sin brindar atención al público y asambleas en las distintas dependencias.
El secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos Aldenio Ramirez advirtió en diálogo con Cadena Tiempo que el cierre de la AFIP "tendrá un impacto muy importante" en las provincias que cubre su Seccional: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Precisó que la medida los tomó por sorpresa porque desde el Gobierno no la anunciaron, una lógica similar caracterizada por la incertidumbre que estuvo presente en las modificaciones de otros organismos estatales.
En las tres provincias que cubre la seccional trabajan unos 340 empleados, de los cuales la mitad están en Chubut. Hay delegaciones en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Río Gallegos, Calafate y Río Grande.
Respecto a estos dos organismos, la Justicia logró frenar momentáneamente la ola de despidos. En mayo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 6 dictaminó que los despidos masivos realizados en ANSES fueron discriminatorios y violaron la libertad sindical, ya que el 84% de los trabajadores cesanteados eran afiliados al Sindicato de Empleados de la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), lo cual para la Justicia indica una maniobra planificada para debilitar la representación gremial, antes que una reestructuracion técnica, como argumento el Gobierno.
Meses antes, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habia dictado una medida cautelar que impide al Gobierno avanzar con despidos o medidas que atenten contra "estabilidad laboral" en ARCA. No obstante, entre los planes del Ejecutivo figuraria una reducción todavía más drástica de personal.
Desfinanciar la lucha contra los incendios
Parques Nacionales también está en la mira del Gobierno nacional. Si bien no hay amenazas de disolución o reestructuración como en otros organismos estatales, viene sufriendo despidos, precarización extrema de sus trabajadores y desfinanciamiento. La saturación del sistema se hizo evidente durante los incendios que afectaron Córdoba y buena parte de la Patagonia durante 2024, los cuales en total dejaron un saldo de más de 150.000 hectáreas consumidas.
El año pasado el presupuesto ambiental se redujo en un 40%, y tanto Bosques como Combate del Fuego fueron las áreas más afectadas. La situación se agrava a la luz de la nueva prórroga del presupuesto 2023.
Hernán Mondino, brigadista del Parque Los Alerces y delegado de ATE precisó en diálogo con El Extremo Sur que a la fecha se perdieron más de 150 puestos de trabajo en todo el país, entre administrativos, personal científico técnico, guardaparques y brigadistas. Muchos fueron despedidos, pero otros renunciaron a causa de la situación laboral inestable y los bajos sueldos. Actualmente la mayoría cuenta con contratos de tres meses y básicos salariales que no le ganan a la inflación, incluso los brigadistas, que están en la primera línea en el combate de incendios.
Recientemente el Gobierno disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Aunque se mantienen las partidas, ahora pasará a manejarlas el Ministerio de Seguridad, y los trabajadores de Parques no tienen certezas sobre cómo o dónde se invertirá el fondo. A la fecha, no saben si tendrán garantizados los recursos materiales y humanos para hacer frente al aumento de incendios durante el verano.
El plantel de brigadistas estuvo al límite durante los incendios del año pasado, y fue achicando durante los últimos meses. Mondino señaló que de un año a otro el total de brigadistas en Parques Nacionales pasó de 430 a 390. En el medio, crecen los rumores sobre la privatización y la posibilidad de negocios en las áreas de los parques.
En Chubut trabajan 157 personas en esta Area, 112 en el Parque Nacional Los Alerces y 45 en el Parque Nacional Lago Puelo. Respecto a los despidos, Mondino señaló que en Alerces hubo un solo caso de una trabajadora que finalmente decidió no avanzar con la lucha por la reincorporación a causa de la cuestión salarial.
"En la discusión que tenemos lo entendemos como una política clara del Gobierno de vaciamiento, de dejar de hacer y que después entre la discusión como en Vialidad de que bueno, si no arreglan las rutas porque no sirve hay que eliminarlo. No sé si eliminar Parques Nacionales porque tiene su nicho de negocios, pero así para la carrera, para el laburante, es más complicado continuar", sintetiza el brigadista.
Vaciamiento total
En la carrera por el ahorro fiscal, recientemente el Gobierno nacional utilizó los últimos días de facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases para profundizar el vaciamiento de organismos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional.
Desde el Ejecutivo anunciaron la reestructuración de siete organismos estatales a los que calificaron como "ineficientes", entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los cuales dejarán de ser autárquicos y pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía.
"El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla", expresó en X Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y advirtió que esta decisión implicaría cientos de despidos.
En noviembre del 2023, el Gobierno anunció un "plan de modernización" del INTA, que ha provocado despidos, retiros voluntarios y desfinanciamiento de programas. Los trabajadores lograron frenar el avance de la motosierra al evitar algunos despidos. Sin embargo, durante la última semana de facultades delegadas el Ejecutivo publicó el Decreto 462/2025, que incluye una profunda modificación al modelo de gobernanza que la institución mantenía hasta el momento, lo que deriva en la pérdida de autarquía y representación regional.
Los trabajadores estuvieron todo el 2024 en alerta ante la amenaza constante de despidos. En Chubut se logró frenar una primera ola de despidos que garantizó la continuidad de unos 40 trabajadores en todo el territorio. No obstante, la reciente decisión del Gobierno deja muchas dudas sobre qué pasará con los proyectos del INTA y los empleados que los sostienen.
"En lugar de tener ese Consejo Directivo, va a haber un presidente que decide todo. Deja de existir la Dirección Nacional, es decir, la alta gerencia no está más. Hay solamente un presidente definido desde el Ejecutivo que puede proponer nueva estructura, nuevo organigrama, nueva agenda, disponer de personal, es un poder muy centralizado", explicó Eduardo Cittadini, director del Centro Regional Patagonia Sur del INTA, en diálogo reciente con El Extremo Sur.
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Y destacó la labor de los 280 trabajadores de la Patagonia Sur, que cubren 2.200 kilómetros entre Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: "A veces muchas de estas decisiones de que si sobra agencia, que si sobra gente se toman desde una oficina mirando un Excel sin tomar la real dimensión de lo que estamos hablando".
En la misma línea, en la región patagónica resonó en los últimos meses la crisis que atraviesa Vialidad Nacional. Con un presupuesto prorrogado, sueldos congelados y rutas intransitables, los trabajadores no han cesado de pedir respuestas al Gobierno nacional ante el abandono evidente del organismo.
En las provincias del sur preocupan sobre todo algunos tramos de las Rutas N° 3 y N° 40 que implican tanto riesgos para la vida como complicaciones para la conectividad. Si bien la situación ya era crítica, se agravó en las últimas semanas ante la decisión del Gobierno de disolver el organismo, lo cual afecta a 6 mil trabajadores y 40 mil kilómetros de al menos 118 rutas en todo el país. En Chubut, afecta a unos 169 trabajadores que cubren 2.000 kilómetros de ruta.
"El decreto no dice absolutamente nada, no habla de reestructuración ni fusión, habla de disolución, lo cual es gravísimo. Entonces, hoy nosotros no sabemos a qué ente pertenecemos, porque si Vialidad Nacional no existe más, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuál es el organismo que nos dice que vayamos a la ruta? Ninguno", precisó días atrás Soledad García, secretaria general de la Seccional Chubut.
En esta línea denunció que hace un año y medio padecen amenazas de despido, y que, de hecho, echaron a cuatro trabajadores en la provincia. A ello se suma la falta de recursos y materiales para que puedan garantizar el mantenimiento de las trazas.
Respecto al plan de privatización que encararía el Gobierno, García expresó que en la provincia es inviable debido al escaso tránsito, y que una empresa privada podría llegar a cobrar el triple de lo que gasta Vialidad, por lo que tampoco supondría un gasto menor para los conductores.
Ahora, la Justicia logró ponerle un freno al Gobierno con un fallo que suspende por seis meses la disolución de Vialidad Nacional. Tras una demanda del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, la jueza federal Martina Forns concedió una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo "abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto 461/25, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó vía redes sociales que el Gobierno apelará al fallo. En el medio, los trabajadores permanecen en la incertidumbre.
Recientemente el vocero destacó que "los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos", gastos que se han derivado a entidades estatales en áreas de salud, ciencia y cultura, por lo que implica una pérdida en áreas clave de desarrollo, producción, investigación y conectividad, además de una importante pérdida de capital humano especializado. En la región, también implican una pérdida en términos de federalismo, lo que se vio plasmado en el cierre inminente de dependencias en las pequeñas localidades patagónicas, cada vez más aisladas por un Gobierno fuertemente centralizado.
