Comunidades Mapuche-Tehuelche denunciaron ante la Comisión Interamericana el impacto del extractivismoLa presentación colectiva expuso un preocupante panorama de despojo territorial sistemático, represión y judicialización impulsados por el Estado argentino en favor de megaproyectos extractivos.
Emergencia territorial, desalojos y desmantelamiento institucional
El pasado 22 de julio, durante la sesión n.º 193 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), autoridades del pueblo Mapuche y Mapuche-Tehuelche denunciaron el avance del modelo extractivo sobre los territorios indígenas y el desmantelamiento de las garantías legales que protegían a sus comunidades. La audiencia fue encabezada por representantes del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y la organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza, y contó con el respaldo de diversos organismos de derechos humanos.
Extractivismo y violaciones sistemáticas
La primera intervención estuvo a cargo de Mirta Ñancunao, en representación del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro. Resumió la situación de emergencia territorial en Mendoza, Neuquén y Río Negro, generada por un "patrón sistemático de violaciones" perpetrado por el Estado argentino para favorecer proyectos extractivos.
"Tanto el Estado nacional como los Estados provinciales pretenden concretar planes de explotación de bienes naturales sin tener en cuenta los daños culturales, espirituales y ambientales que afectan de manera directa a las comunidades mapuche", enfatizó.
Ñancunao advirtió que estas políticas vienen acompañadas de desalojos forzosos, campañas de odio y negación de derechos básicos como el acceso a la justicia y la consulta previa, libre e informada.
Retrocesos graves en protección institucional
A continuación, Hugo Aranea -también del Parlamento Mapuche Tehuelche- profundizó sobre los desalojos forzosos, la desprotección territorial y la falta de reconocimiento de las personerías jurídicas.
Señaló como punto de quiebre el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente argentino en diciembre de 2024, que derogó la Ley 26.160, norma que suspendía los desalojos en territorios indígenas. "Aún las comunidades con los relevamientos territoriales concluidos están en riesgo de desalojos.", sostuvo Aranea.
Falta de reconocimiento y relevamiento territorial
Aranea relató que decenas de comunidades mapuche llevan entre 15 y 20 años esperando la inscripción de su personería jurídica, dejando en evidencia el incumplimiento histórico que atraviesa a las distintas gestiones gubernamentales. Además, destacó que cuatro comunidades -Lof Buenuleo, en Río Negro y El Sosneado, Limay Kurruf y Lof Suyai Levfv, en Mendoza- quedaron sin protección tras resoluciones del INAI que anularon relevamientos y reconocimientos de la ocupación tradicional, actual y pública previos.
También denunció que en Río Negro, comunidades como Lof Gallardo Calfú, Lof Buenuleo, Lof Lafken Winkul Mapu y Lof Quemquemtrew han sufrido desalojos violentos, incluidos los asesinatos de Rafael Nahuel, en 2017 y Elías Garay Cayicol, en 2021. Advirtió que en Mendoza, la comunidad del Lof El Sosneado enfrenta una orden de desalojo inminente. Por último, lamentó que las medidas cautelares solicitadas a la CIDH para frenar los desalojos fueron rechazadas en junio pasado.
Vaca Muerta: extractivismo e impactos ambientales
Lorena Bravo, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén, denunció las graves consecuencias del avance hidrocarburífero y minero. Se refirió al megaproyecto Vaca Muerta y su ampliación hacia el Golfo San Matías -"Vaca Muerta Sur"-, que superpone su trazado con áreas naturales protegidas poniendo en riesgo ecosistemas marinos y modos de vida comunitarios como la pesca de subsistencia.
Fracking, sismos y residuos tóxicos
Bravo explicó que el uso intensivo del fracking en la Cuenca Neuquina -empleado por empresas como YPF, Shell, Pampa Energía, Chevron y Total Energy- disparó la actividad sísmica y generó residuos peligrosos. "Se proyectan perforaciones en lagos como Mari Menuco y Los Barreales, en Neuquén, .con la mira puesta en duplicar su producción en Vaca Muerta. YPF recibió cuatro concesiones para perforar 700 pozos horizontales en los próximos años. El proyecto ya aprobado atraviesa territorios de comunidades mapuches y cuerpos de agua estratégico sin consulta previa", advirtió.
Militarización del territorio
Uno de los puntos más alarmantes señalados por Bravo, es la creciente presencia de fuerzas represivas en la región. En este sentido, destacó "La autorización de intervención del Ejército en asuntos internos bajo la excusa de defensa de recursos estratégicos, especialmente en Vaca Muerta".
Además, señaló que la resolución 893/2024, que crea el "Comando Unificado de Seguridad Productiva", restringe el libre tránsito en espacios comunitarios, en abierta violación de principios constitucionales e internacionales.
Minería sin consulta y crisis hídrica
Bravo también informó sobre 34 proyectos mineros ya autorizados y otros 29 en evaluación de impacto ambiental para exploración. "No se ha informado ni consultado a las comunidades cuyos territorios serán afectados. Por su parte, en la provincia de Rionegro, la Secretaría de Energía tiene otorgado 53 permisos de proyectos metalíferos y energéticos en distintas etapas exploratorias, entre ellos el proyecto minero de oro y plata denominado Calcatreu", alertó.
Además, remarcó que "la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas implica un alto grado de contaminación en las napas de agua, en una zona que enfrenta una crisis hídrica sin precedentes" y afecta la salud humana, destruye ecosistemas productivos y provoca el desplazamiento forzado de familias.
Bravo concluyó que los proyectos asociados a la transición energética se desarrollan sin garantizar derechos básicos. "Nunca incluyen la provisión de luz, agua o gas para nuestras comunidades.
Represión e impacto en la vida comunitaria
Finalmente, Gabriel Jofré, de la organización Identidad Territorial Malalweche, denunció que la resolución 53/2024 del Gobierno Nacional suspendió todas las inscripciones en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. A esto se suman suspensiones provinciales de facto, dejando a cientos de comunidades sin reconocimiento jurídico.
"El 20 de julio, cuatro comunidades se encadenaron frente a la Casa de Gobierno de Neuquén exigiendo su registro. Fueron reprimidas con violencia: mujeres y niños golpeados, personas detenidas", relató ante la CIDH.
Jofré explicó que los desalojos no solo implican pérdida territorial, sino también la interrupción de prácticas esenciales. "Los desalojos tienen por consecuencia directa el impedimento del uso de las tierras y territorios, el acceso a los sitios ceremoniales, la afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud, al uso del lawen, de las plantas medicinales y sobre todo también la afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción. Con este accionar los Estados empeoran las condiciones de vida y de permanencia de las comunidades provocando la desvinculación de los niños y niñas a largo plazo que impediría nuestra supervivencia y nuestra cultura", advirtió.
Consultas vacías y exclusión jurídica
El referente cuestionó los protocolos de consulta establecidos por gobiernos provinciales, por no respetar las formas organizativas del pueblo mapuche y excluir a comunidades no reconocidas jurídicamente. Un ejemplo de esto fue la audiencia pública no vinculante por el proyecto Calcatreu, en agosto de 2024.
"Tanto para la explotación petrolera de Vaca Muerta como para el proyecto de estos mineros de Mendoza y Río Negro no se han realizado ningún proceso de consulta previa con comunidades o autoridades del pueblo mapuche. El avance del extractivismo no es posible sin integrar el discurso racista, discriminatorio como así también la negación de la presidencia del pueblo mapuche", enfatizó.
Reclamo a la CIDH
Jofré instó a la Comisión a emitir un comunicado urgente que exija al Estado argentino respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. A su vez, a, cumplir con la sentencia del caso Lhaka Honhat y restaurar los marcos normativos que han sido desmantelados.
También solicitó la reconsideración de medidas cautelares recientemente rechazadas, enfatizando que los requisitos formales invocados por el sistema internacional no pueden desoír el estado de emergencia territorial.
La organización que vale
Los referentes mapuche expusieron el accionar de un Estado que legisla, reprime y desmantela garantías con el fin de facilitar el avance de empresas petroleras y mineras sobre territorios indígenas. El rechazo de medidas cautelares por parte de la CIDH plantea una inquietud de fondo: ¿corremos el riesgo de que esta omisión se vuelva sistemática? ¿Es la CIDH un "espacios de escucha y catarsis institucional"? ¿Es la CIDH una vitrina de corrección política donde se recogen demandas legítimas... pero nada se transforma?
En paralelo, las denuncias realizadas por Mirta Ñancunao, Hugo Aranea, Lorena Bravo y Gabriel Jofré revelan el fortalecimiento de la organización y la articulación entre las distintas comunidades y organizaciones indígenas. Un ejemplo claro de esta dinámica son las amplias asambleas multisectoriales que se vienen desarrollando en respuesta a la represión de las comunidades mapuche en Neuquén.
Fuente: Infoterritorial
La presentación colectiva expuso un preocupante panorama de despojo territorial sistemático, represión y judicialización impulsados por el Estado argentino en favor de megaproyectos extractivos.
Emergencia territorial, desalojos y desmantelamiento institucional
El pasado 22 de julio, durante la sesión n.º 193 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), autoridades del pueblo Mapuche y Mapuche-Tehuelche denunciaron el avance del modelo extractivo sobre los territorios indígenas y el desmantelamiento de las garantías legales que protegían a sus comunidades. La audiencia fue encabezada por representantes del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y la organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza, y contó con el respaldo de diversos organismos de derechos humanos.
Extractivismo y violaciones sistemáticas
La primera intervención estuvo a cargo de Mirta Ñancunao, en representación del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro. Resumió la situación de emergencia territorial en Mendoza, Neuquén y Río Negro, generada por un "patrón sistemático de violaciones" perpetrado por el Estado argentino para favorecer proyectos extractivos.
"Tanto el Estado nacional como los Estados provinciales pretenden concretar planes de explotación de bienes naturales sin tener en cuenta los daños culturales, espirituales y ambientales que afectan de manera directa a las comunidades mapuche", enfatizó.
Ñancunao advirtió que estas políticas vienen acompañadas de desalojos forzosos, campañas de odio y negación de derechos básicos como el acceso a la justicia y la consulta previa, libre e informada.
Retrocesos graves en protección institucional
A continuación, Hugo Aranea -también del Parlamento Mapuche Tehuelche- profundizó sobre los desalojos forzosos, la desprotección territorial y la falta de reconocimiento de las personerías jurídicas.
Señaló como punto de quiebre el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente argentino en diciembre de 2024, que derogó la Ley 26.160, norma que suspendía los desalojos en territorios indígenas. "Aún las comunidades con los relevamientos territoriales concluidos están en riesgo de desalojos.", sostuvo Aranea.
Falta de reconocimiento y relevamiento territorial
Aranea relató que decenas de comunidades mapuche llevan entre 15 y 20 años esperando la inscripción de su personería jurídica, dejando en evidencia el incumplimiento histórico que atraviesa a las distintas gestiones gubernamentales. Además, destacó que cuatro comunidades -Lof Buenuleo, en Río Negro y El Sosneado, Limay Kurruf y Lof Suyai Levfv, en Mendoza- quedaron sin protección tras resoluciones del INAI que anularon relevamientos y reconocimientos de la ocupación tradicional, actual y pública previos.
También denunció que en Río Negro, comunidades como Lof Gallardo Calfú, Lof Buenuleo, Lof Lafken Winkul Mapu y Lof Quemquemtrew han sufrido desalojos violentos, incluidos los asesinatos de Rafael Nahuel, en 2017 y Elías Garay Cayicol, en 2021. Advirtió que en Mendoza, la comunidad del Lof El Sosneado enfrenta una orden de desalojo inminente. Por último, lamentó que las medidas cautelares solicitadas a la CIDH para frenar los desalojos fueron rechazadas en junio pasado.
Vaca Muerta: extractivismo e impactos ambientales
Lorena Bravo, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén, denunció las graves consecuencias del avance hidrocarburífero y minero. Se refirió al megaproyecto Vaca Muerta y su ampliación hacia el Golfo San Matías -"Vaca Muerta Sur"-, que superpone su trazado con áreas naturales protegidas poniendo en riesgo ecosistemas marinos y modos de vida comunitarios como la pesca de subsistencia.
Fracking, sismos y residuos tóxicos
Bravo explicó que el uso intensivo del fracking en la Cuenca Neuquina -empleado por empresas como YPF, Shell, Pampa Energía, Chevron y Total Energy- disparó la actividad sísmica y generó residuos peligrosos. "Se proyectan perforaciones en lagos como Mari Menuco y Los Barreales, en Neuquén, .con la mira puesta en duplicar su producción en Vaca Muerta. YPF recibió cuatro concesiones para perforar 700 pozos horizontales en los próximos años. El proyecto ya aprobado atraviesa territorios de comunidades mapuches y cuerpos de agua estratégico sin consulta previa", advirtió.
Militarización del territorio
Uno de los puntos más alarmantes señalados por Bravo, es la creciente presencia de fuerzas represivas en la región. En este sentido, destacó "La autorización de intervención del Ejército en asuntos internos bajo la excusa de defensa de recursos estratégicos, especialmente en Vaca Muerta".
Además, señaló que la resolución 893/2024, que crea el "Comando Unificado de Seguridad Productiva", restringe el libre tránsito en espacios comunitarios, en abierta violación de principios constitucionales e internacionales.
Minería sin consulta y crisis hídrica
Bravo también informó sobre 34 proyectos mineros ya autorizados y otros 29 en evaluación de impacto ambiental para exploración. "No se ha informado ni consultado a las comunidades cuyos territorios serán afectados. Por su parte, en la provincia de Rionegro, la Secretaría de Energía tiene otorgado 53 permisos de proyectos metalíferos y energéticos en distintas etapas exploratorias, entre ellos el proyecto minero de oro y plata denominado Calcatreu", alertó.
Además, remarcó que "la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas implica un alto grado de contaminación en las napas de agua, en una zona que enfrenta una crisis hídrica sin precedentes" y afecta la salud humana, destruye ecosistemas productivos y provoca el desplazamiento forzado de familias.
Bravo concluyó que los proyectos asociados a la transición energética se desarrollan sin garantizar derechos básicos. "Nunca incluyen la provisión de luz, agua o gas para nuestras comunidades.
Represión e impacto en la vida comunitaria
Finalmente, Gabriel Jofré, de la organización Identidad Territorial Malalweche, denunció que la resolución 53/2024 del Gobierno Nacional suspendió todas las inscripciones en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. A esto se suman suspensiones provinciales de facto, dejando a cientos de comunidades sin reconocimiento jurídico.
"El 20 de julio, cuatro comunidades se encadenaron frente a la Casa de Gobierno de Neuquén exigiendo su registro. Fueron reprimidas con violencia: mujeres y niños golpeados, personas detenidas", relató ante la CIDH.
Jofré explicó que los desalojos no solo implican pérdida territorial, sino también la interrupción de prácticas esenciales. "Los desalojos tienen por consecuencia directa el impedimento del uso de las tierras y territorios, el acceso a los sitios ceremoniales, la afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud, al uso del lawen, de las plantas medicinales y sobre todo también la afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción. Con este accionar los Estados empeoran las condiciones de vida y de permanencia de las comunidades provocando la desvinculación de los niños y niñas a largo plazo que impediría nuestra supervivencia y nuestra cultura", advirtió.
Consultas vacías y exclusión jurídica
El referente cuestionó los protocolos de consulta establecidos por gobiernos provinciales, por no respetar las formas organizativas del pueblo mapuche y excluir a comunidades no reconocidas jurídicamente. Un ejemplo de esto fue la audiencia pública no vinculante por el proyecto Calcatreu, en agosto de 2024.
"Tanto para la explotación petrolera de Vaca Muerta como para el proyecto de estos mineros de Mendoza y Río Negro no se han realizado ningún proceso de consulta previa con comunidades o autoridades del pueblo mapuche. El avance del extractivismo no es posible sin integrar el discurso racista, discriminatorio como así también la negación de la presidencia del pueblo mapuche", enfatizó.
Reclamo a la CIDH
Jofré instó a la Comisión a emitir un comunicado urgente que exija al Estado argentino respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. A su vez, a, cumplir con la sentencia del caso Lhaka Honhat y restaurar los marcos normativos que han sido desmantelados.
También solicitó la reconsideración de medidas cautelares recientemente rechazadas, enfatizando que los requisitos formales invocados por el sistema internacional no pueden desoír el estado de emergencia territorial.
La organización que vale
Los referentes mapuche expusieron el accionar de un Estado que legisla, reprime y desmantela garantías con el fin de facilitar el avance de empresas petroleras y mineras sobre territorios indígenas. El rechazo de medidas cautelares por parte de la CIDH plantea una inquietud de fondo: ¿corremos el riesgo de que esta omisión se vuelva sistemática? ¿Es la CIDH un "espacios de escucha y catarsis institucional"? ¿Es la CIDH una vitrina de corrección política donde se recogen demandas legítimas... pero nada se transforma?
En paralelo, las denuncias realizadas por Mirta Ñancunao, Hugo Aranea, Lorena Bravo y Gabriel Jofré revelan el fortalecimiento de la organización y la articulación entre las distintas comunidades y organizaciones indígenas. Un ejemplo claro de esta dinámica son las amplias asambleas multisectoriales que se vienen desarrollando en respuesta a la represión de las comunidades mapuche en Neuquén.
Fuente: Infoterritorial
