Del despojo al RIGI: la arquitectura legal del extractivismo en territorio mapuche-tehuelchePor Fiorella Ricagno
"Ya prácticamente teníamos nuestro propio RIGI", afirma Hugo Aranea, werkén (mensajero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro.
La entrevista con Hugo Aranea revela una genealogía clara: antes que el Congreso sancionara el RIGI, la provincia ya había avanzado en la creación de una arquitectura legal orientada a garantizar la seguridad jurídica para las grandes inversiones, sin respetar los derechos de los pueblos originarios ni del conjunto de las poblaciones que habitan esos territorios. Repasamos los antecedentes históricos, políticos y territoriales que desembocan en la adhesión de esta provincia al RIGI. Desde la historia de desplazamiento forzado del pueblo mapuche, pasando por las luchas que dieron origen a la Ley Integral del Indígena (Ley 2287), hasta los nuevos embates extractivistas avalados por el gobierno provincial, la entrevista reconstruye cómo los territorios vienen siendo reorganizados para garantizar las condiciones que hoy consolida el RIGI.
Para las comunidades indígenas, esta adhesión no representa una novedad, sino la confirmación de un proceso de desposesión que lleva décadas.
"Rio Negro de todas maneras es el primero que adhiere al RIGI. Pero de hecho nosotros ya teníamos nuestro propio RIGI porque toda la legislación de la provincia ya le estaba garantizando esa seguridad jurídica a las grandes empresas", explica Hugo.
1984: El origen del Consejo Asesor Indígena y la lucha organizada
El punto de partida de esta cronología puede situarse en 1984, cuando una gran nevada azotó la Línea Sur rionegrina, territorio ancestral del pueblo mapuche, generando una crisis económica y social que actuó como catalizador de una nueva etapa organizativa. En ese contexto nació el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las primeras organizaciones indígenas provinciales, con capacidad de articular demandas colectivas frente al Estado.
"Nace una de las primeras organizaciones que es el Consejo Asesor Indígena-CAI que reunió la gran mayoría del pueblo mapuche en esas formas organizativas y que de alguna manera también irrumpió en la vida social y política de la provincia y logró impulsar la ley 2287, la Ley Integral de los Indígenas, que contempla por primera vez no solamente en la provincia, sino en el país, una primera ley que empieza a marcar desde lo institucional los derechos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Están contemplados ahí reclamos clave porque tiene que ver con la tierra, con el respeto a la cultura y los espacios que deben respetarse. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento en la Argentina ninguna legislación ni la Constitución Nacional contemplaba absolutamente ningún derecho de los pueblos indígenas" nos cuenta Hugo.
El CAI no solo visibilizó la problemática del despojo territorial, sino que también irrumpió en la escena política provincial con fuerza.
Como resultado de su acción, se impulsó y sancionó la Ley Integral del Indígena (Ley N.º 2287), una norma de avanzada que, en 1988, por primera vez en el país, reconocía derechos territoriales, culturales, sociales y políticos del pueblo mapuche tehuelche. La ley fue elaborada a través de grandes asambleas, y permanece vigente hasta el día de hoy, a pesar de los intentos por vaciarla o ignorarla por parte de los sucesivos gobiernos provinciales.
1998: Del CAI al Parlamento Mapuche-Tehuelche
A finales de los años 90, el proceso organizativo se amplió y diversificó. En 1998 se conformó la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, una instancia que retoma el legado del CAI y lo actualiza con nuevas formas de participación, vocerías rotativas y parlamentos anuales.
"Como forma reorganizativa y de seguir abarcando más y de contemplar a todos aquellos que habían quedado en su momento afuera, formamos la coordinadora y que hoy es la organización representativa de todas las comunidades del pueblo mapuche tehuelche en la provincia, que más o menos son 180 comunidades. Lo que tiene esta ley es que es abarcativa no solamente de las comunidades que se reconocen y funcionan como comunidades, sino por todos aquellos pobladores que se reconozcan como parte del pueblo Mapuche"
1955-2017: Una ley de tierras al servicio del modelo agroexportador
Para entender el actual avance del extractivismo, Hugo propone mirar hacia atrás. Por un lado, menciona el proceso de provincialización de territorios nacionales bajo la Ley Nº 14.408 sancionada en 1955. En 1957 se promulga la Constitución Provincial, y en 1961 Río Negro sancionó la primera Ley de Tierras de la provincia.
Esta legislación establecía usos específicos del suelo en relación a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en coherencia con el modelo agroexportador de la época.
"Entonces, todo lo que dice ahí es lo que va a impulsar la provincia y, por supuesto, está enmarcado en los intereses de la sociedad rural. Por eso los grandes terratenientes, todo el saqueo y la apropiación del territorio que se va a producir ya en la provincia, tiene que ver con ese modelo, apropiarse del territorio, agrícola, ganadero, sobre todo mucha ganadería, viene ahí a cumplir ese rol la sociedad rural, de quedarse con las tierras, ser grandes ricos, grandes terratenientes y expulsar a los integrantes del pueblo Mapuche Tehuelche"
2016-2023: La reforma de la Ley de Tierras y el pre-RIGI rionegrino
"Ya hace unos años el mismo sistema capitalista viene cambiando las matrices productivas y va hacia la cuestión extractivista, hacia las grandes falencias que tienen, las falencias energéticas, las crisis que tienen a nivel mundial"
Hugo, recuerda una de las experiencias marcadas de la minería de plomo, plata, vanadio, cinc y otros metales que eran fundidos en una planta situada en San Antonio Oeste conocida como "Mina Gonzalito". Geotécnica SA, quien operaba en la mina, cerró a principios de los 80 y Mina Gonzalito es hoy un pueblo en ruinas.
"Hoy lo estamos pagando porque todo ese pasivo ambiental que era plomo y todo el barro que se fue depositando ahí, que era una gran montaña, fue drenando hacia las zonas de agua y contaminó las aguas de San Antonio. Hace un tiempo se hizo un estudio ahí, donde muchos de los niños hoy tienen plomo en sangre como producto de esa fuerte contaminación que hubo ahí y que ha sido denunciada, y el pasivo ambiental que había quedado ahí lo tuvo que asumir nuevamente el Estado con los altos costos que eso significa"[1]
En 2016, el gobierno provincial presentó un proyecto de reforma de la Ley de Tierras. Esta vez, el cambio no apuntaba a una modernización técnica, sino a un giro radical en el uso del suelo: se incorporan nuevos usos como la minería, la explotación petrolera y "otras tecnologías", sin una definición clara. Es decir, se habilitaba legalmente los territorios para el avance de inversiones extractivas de todo tipo.
Frente a esta amenaza, el Parlamento Mapuche-Tehuelche junto con otras organizaciones encabezaron una gran movilización. En abril de 2017 tuvo lugar la Füta Trekaleiñ ñi inkatufe Pu Mapuchengueiñ (Gran Marcha Mapuche por la Defensa de Nuestro Territorio). Esta marcha se dirigió hacia Viedma desde distintos puntos de la provincia con el fin de visibilizar las consecuencias que podría traer aparejadas la aprobación de la ley y, finalmente, lograron que no se debatiera el proyecto.
Sin embargo, como señala Hugo, "el sistema da marcha atrás hoy, pero espera el momento oportuno". Ese momento llegó en diciembre del 2023, cuando con mayoría legislativa el gobierno provincial volvió a presentar la reforma bajo otro nombre, y esta vez logró su sanción en la Ley provincial Nº 5705.
Una nueva estrategia: "logran sancionar una nueva ley de tierras donde precisamente están todas las garantías jurídicas que le piden los grupos inversores del petróleo, de la minería, de las grandes e inversiones inmobiliarias, o sea que ya se les da las garantías jurídicas para que hagan la megaminería y el petróleo. Así seguimos reclamando inclusive porque en una modificación que hacen, nos meten en una trampa donde ellos reconocen que hay comunidades indígenas, pero está solamente supeditada a aquellas comunidades que tienen personalidad jurídica. Muchísimas de las 180 comunidades que nosotros tenemos, no tienen personalidad jurídica. Porque no la quieren tener, porque no ven que eso sea necesario, ahí quedan muchísimas comunidades que ellos dicen que no son comunidades porque no tienen personería y lo tratan como si fuera tierra fiscal"
Unos meses más tarde, en octubre del 2024, se aprueba un protocolo de consulta previa bajo la Ley provincial N° 5755, dirigido a comunidades con personería jurídica. Este fue cuestionado por su carácter restrictivo y su implementación arbitraria, que contradice los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT.
"El protocolo de consulta es muy tramposo porque se pasa desde las audiencias públicas que no son vinculantes a hacer un protocolo por ejemplo con el vecino más próximo y no como dice el convenio 169 que debe ser en el marco de todo el territorio en el que habitan las comunidades y no una sola comunidad. Entonces han desplegado todo un trabajo de condicionar a las comunidades vecinas, por ejemplo, el proyecto Calcatreu, proyecto de oro y plata que está en la zona de Jacobacci, consultan a una sola comunidad que es la vecina, sin importarle el resto. Pero en realidad están afectando a todas las comunidades de la zona porque lo que están haciendo es dejando sin agua y afectando todo el territorio de todas las comunidades".
2024-2025: La adhesión al RIGI y la consolidación del modelo extractivista
Cuando a nivel nacional se aprobó el RIGI, Río Negro ya tenía las condiciones legales necesarias para recibir grandes inversiones extractivas. La adhesión formal al régimen nacional no hizo más que reforzar ese marco, brindando mayores garantías jurídicas a empresas vinculadas al petróleo, el gas, la minería, los desarrollos inmobiliarios y el hidrógeno verde.
En este contexto, proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el fallido hidrógeno verde de la minera australiana Fortescue, y las experiencias de audiencias públicas sin consulta previa muestran cómo se implementan en la práctica estos nuevos marcos legales. El saldo: territorios fragmentados, comunidades sin reconocimiento jurídico que quedan fuera de cualquier protección, y gobiernos que priorizan el capital extractivo por sobre el consentimiento de los pueblos.
"Otra de las cuestiones que se viene dando, por ejemplo, que lo está haciendo Joe Lewis en Lago Escondido, es la apropiación de los mejores lugares turísticos que están vinculados a las grandes inmobiliarias y se apoderan de las nacientes de agua. En el caso de Lewis tiene una represa que genera energía y esa energía se la vende al interconectado nacional"
Como lo menciona anteriormente, en los proyectos presentados en la provincia nunca se ha cumplido con el Convenio 169 de consulta previa libre e informada.
"Consulta previa no hubo nunca. Nunca se dio eso. Lo que ha habido son las audiencias públicas que es lo que contempla, por ejemplo, los distintos proyectos que se deben hacer que no son vinculantes, es simplemente, un requisito más que nada formal, para informar y que sirve para que a veces la gente descargue las broncas diciendo que no, pero sabemos que vamos a decir que no y ya está tomada la decisión. O sea, ha habido audiencias públicas, inclusive muchas de las audiencias públicas han terminado en una gran represión"
Particularmente, nos comenta sobre la audiencia pública del proyecto de Hidrógeno Verde liderado por la empresa Fortescue en Sierra Grande.
"Han habido distintas audiencias públicas que tuvieron que ver con el hidrógeno verde, por ejemplo, que fue uno de los proyectos que se impulsó con la empresa Fortescue y la audiencia pública fue tremenda porque estuvo toda la patota de lo que es la UOCRA y no dejó entrar a los que iban a exponer en contra. La comunidad, las organizaciones ambientalistas, muchos referentes políticos que están en contra, algunos pudieron exponer, pero en general el resto fue agredido y reprimido por las patotas y por la policía, o sea que no se pudo hablar. Ese es el marco de las audiencias públicas.
Después nosotros estuvimos en el puerto de San Antonio hace un tiempo por el tema del gasoducto y es más o menos lo mismo, todo un aparato montado para que los que vamos a hablar en contra no podamos hablar, en un marco bastante hostil, se introducen las audiencias públicas que teóricamente son abiertas, son participativas pero son participativas si es que esquivamos los palos y llegamos a hablar, pero después lo que es la consulta previa, libre, informada, en el marco del convenio 169, no se llevó a cabo nunca."
El proyecto VMOS que desemboca en Punta Colorada, realiza un trayecto de 600km el cuál atraviesa todo el valle y sigue el declive del Río Negro que desemboca en el mar. Es decir, deberá atravesar el río, aunque aún no está claro por donde, las comunidades y poblaciones están alertas por el riesgo que conlleva.
"La única fuente de agua que nosotros tenemos es este río, o sea que si la contaminan más, ya está contaminada por todo el tema del fracking, pero un derrame de petróleo, alguna cosa de esas, nos mete en un problema muy grave. Y después toda la afectación que va a hacer cruzando esos 600 km que va a por distintas comunidades que hay, afectando precisamente todo el territorio hasta llegar a Punta Colorada, donde se piensa instalar ahí una serie de depósitos y después se traslada 6 km mar adentro donde van a poner una monoboya, donde van a cargar buques petroleros. Las experiencias que hay de esas monoboyas, descarga de petróleo, es la contaminación. Ellos hablan de la seguridad tecnológica que hay hoy. Y es mentira porque hay derrames en todos lados del mundo. Es una gran mentira que están metiendo y siempre con esta cuestión del justificativo, tanta inversión, tantos puestos de trabajo"
Desde el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, pasando por el proyecto fallido del hidrógeno verde y las audiencias públicas sin consulta previa, el panorama que describe es el de un "monstruo que viene por todo", en el que los pueblos originarios y el agua quedan en la mira. Sin embargo, también se destacan estrategias de resistencia, desde alianzas multisectoriales hasta prácticas de cuidado del territorio.
Las comunidades organizadas articulan estrategias de resistencia que no solo buscan frenar el despojo, sino también afirmar otra manera de entender y habitar el territorio. Frente a una lógica que fragmenta la tierra y subordina los bienes comunes al capital, emerge una defensa activa del agua, la vida y los vínculos comunitarios. La articulación entre asambleas, la construcción de espacios multisectoriales y la participación sostenida en acciones como los "atlanticazos" expresan una praxis política territorial que, lejos de resignarse al desalojo o la marginación, se sostiene en una cosmovisión donde todo está interconectado: montañas, ríos, lagunas y pueblos. Esta visión, que denuncia los desequilibrios provocados por el extractivismo como parte de una ofensiva estructural contra los pueblos indígenas, también se proyecta hacia el futuro con una convicción inquebrantable: la lucha colectiva como horizonte de dignidad y reexistencia.
"Las estrategias que nosotros vivimos desarrollando, en primer lugar, es manejar la información. El tema de manejo de información, de la difusión hacia la población en general. La otra cuestión que venimos haciendo es tratando de unir todas las luchas con las distintas asambleas ambientalistas.
En la zona hay formada también una multisectorial en defensa del mar, que está teniendo un funcionamiento conjunto con todas las asambleas costeras. De hecho, viene tomando bastante impulso en ese ámbito. En el ámbito de las asambleas y eso a la cual nosotros nos sumamos, por ejemplo, los atlanticazos que se hacen todos los cuatro de cada mes.
Lo que nos une a todos, que venimos, es la defensa del agua. Nosotros tenemos que defender el agua porque dependemos de una cuenca. Por más alejados que estemos, somos todos una gran cuenca. Nosotros, por ejemplo, el río Negro, cuando nosotros lo analizamos de dónde nace, nace en la cordillera. Nace en Nahuel Huapi, Río Limay, el Río Limay después se encuentra con el Neuquen, Neuquén y Limay en el Rionegro, o sea que venimos atravesando miles de kilómetros, pero es la misma. Y todo lo que se desprende de todas esas de esas cuencas, las subcuencas, eso depende de esas cuencas. De hecho ya hay muchísimos lugares donde muchísimas lagunas históricas, de muchísima agua se han secado, por ejemplo. Acá mismo, nosotros en la meseta tenemos lagunas que incluso en la memoria de nuestros mayores, de los más grandes, jamás la vieron sin agua. Sin embargo, hoy se han secado, significa un riesgo muy grande en el tema de este elemento vital para la vida que es el agua."
Frente al avance simultáneo del RIGI, la reforma de la Ley de Tierras y los múltiples proyectos extractivos en marcha, desde el Parlamento Mapuche-Tehuelche se sostiene una visión radicalmente distinta del territorio.
"La cosmovisión de los pueblos no fracciona los territorios, tenemos una visión de funcionamiento circular y como parte de ese funcionamiento nosotros somos un elemento más de la naturaleza, conjuntamente con los ríos, las montañas, todo lo que hay en los recursos territoriales. Por eso decimos que al afectar alguno de esos elementos, se produce un gran desequilibrio"
Ese desequilibrio no es accidental. Forma parte de una ofensiva estructurada, con múltiples actores y con un objetivo común: "Hoy podemos hablar del oleoducto, del peligro que corren los territorios, el mar, el agua, pero si nos trasladamos un poco más allá, a la cordillera, aparecen otros actores, pero el mismo objetivo: quedarse con la cordillera, con las nacientes de agua, con los espacios territoriales para la explotación. Y en ese esquema, los pueblos indígenas somos descartables".
Ese descarte no es solo material, sino también político y vital. Se expresa en la persecución judicial y policial, en el silenciamiento de las comunidades, y en la violencia ejercida directamente sobre los cuerpos y las vidas: "Van a utilizar absolutamente todos los mecanismos para llevar adelante eso. La muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Elías Garay y la persecución permanente a nuestras mujeres, que siguen presas o judicializadas, forma parte de esas estrategias de corrernos del territorio".
Aun así, no todo es desolación. El horizonte se construye con otrxs, desde la resistencia. "Nos queda eso nomás, que nos ha cruzado históricamente, que es la lucha", afirma Hugo. La salida es juntarnos, conocernos, difundir lo que está pasando. Porque no estamos solos, ni derrotados. "También vemos todo esto con alegría y optimismo. Si no, ¿qué nos queda?".
[1]Informe de la evolución de la contaminación con plomo en la localidad de San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro y análisis de otros casos similares. 2009. Alderete, et.al. https://patagonianatural.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/168_Informe_tecnico_N15.pdf
Fuente: Huella del Sur
Por Fiorella Ricagno
"Ya prácticamente teníamos nuestro propio RIGI", afirma Hugo Aranea, werkén (mensajero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro.
La entrevista con Hugo Aranea revela una genealogía clara: antes que el Congreso sancionara el RIGI, la provincia ya había avanzado en la creación de una arquitectura legal orientada a garantizar la seguridad jurídica para las grandes inversiones, sin respetar los derechos de los pueblos originarios ni del conjunto de las poblaciones que habitan esos territorios. Repasamos los antecedentes históricos, políticos y territoriales que desembocan en la adhesión de esta provincia al RIGI. Desde la historia de desplazamiento forzado del pueblo mapuche, pasando por las luchas que dieron origen a la Ley Integral del Indígena (Ley 2287), hasta los nuevos embates extractivistas avalados por el gobierno provincial, la entrevista reconstruye cómo los territorios vienen siendo reorganizados para garantizar las condiciones que hoy consolida el RIGI.
Para las comunidades indígenas, esta adhesión no representa una novedad, sino la confirmación de un proceso de desposesión que lleva décadas.
"Rio Negro de todas maneras es el primero que adhiere al RIGI. Pero de hecho nosotros ya teníamos nuestro propio RIGI porque toda la legislación de la provincia ya le estaba garantizando esa seguridad jurídica a las grandes empresas", explica Hugo.
1984: El origen del Consejo Asesor Indígena y la lucha organizada
El punto de partida de esta cronología puede situarse en 1984, cuando una gran nevada azotó la Línea Sur rionegrina, territorio ancestral del pueblo mapuche, generando una crisis económica y social que actuó como catalizador de una nueva etapa organizativa. En ese contexto nació el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las primeras organizaciones indígenas provinciales, con capacidad de articular demandas colectivas frente al Estado.
"Nace una de las primeras organizaciones que es el Consejo Asesor Indígena-CAI que reunió la gran mayoría del pueblo mapuche en esas formas organizativas y que de alguna manera también irrumpió en la vida social y política de la provincia y logró impulsar la ley 2287, la Ley Integral de los Indígenas, que contempla por primera vez no solamente en la provincia, sino en el país, una primera ley que empieza a marcar desde lo institucional los derechos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Están contemplados ahí reclamos clave porque tiene que ver con la tierra, con el respeto a la cultura y los espacios que deben respetarse. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento en la Argentina ninguna legislación ni la Constitución Nacional contemplaba absolutamente ningún derecho de los pueblos indígenas" nos cuenta Hugo.
El CAI no solo visibilizó la problemática del despojo territorial, sino que también irrumpió en la escena política provincial con fuerza.
Como resultado de su acción, se impulsó y sancionó la Ley Integral del Indígena (Ley N.º 2287), una norma de avanzada que, en 1988, por primera vez en el país, reconocía derechos territoriales, culturales, sociales y políticos del pueblo mapuche tehuelche. La ley fue elaborada a través de grandes asambleas, y permanece vigente hasta el día de hoy, a pesar de los intentos por vaciarla o ignorarla por parte de los sucesivos gobiernos provinciales.
1998: Del CAI al Parlamento Mapuche-Tehuelche
A finales de los años 90, el proceso organizativo se amplió y diversificó. En 1998 se conformó la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, una instancia que retoma el legado del CAI y lo actualiza con nuevas formas de participación, vocerías rotativas y parlamentos anuales.
"Como forma reorganizativa y de seguir abarcando más y de contemplar a todos aquellos que habían quedado en su momento afuera, formamos la coordinadora y que hoy es la organización representativa de todas las comunidades del pueblo mapuche tehuelche en la provincia, que más o menos son 180 comunidades. Lo que tiene esta ley es que es abarcativa no solamente de las comunidades que se reconocen y funcionan como comunidades, sino por todos aquellos pobladores que se reconozcan como parte del pueblo Mapuche"
1955-2017: Una ley de tierras al servicio del modelo agroexportador
Para entender el actual avance del extractivismo, Hugo propone mirar hacia atrás. Por un lado, menciona el proceso de provincialización de territorios nacionales bajo la Ley Nº 14.408 sancionada en 1955. En 1957 se promulga la Constitución Provincial, y en 1961 Río Negro sancionó la primera Ley de Tierras de la provincia.
Esta legislación establecía usos específicos del suelo en relación a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en coherencia con el modelo agroexportador de la época.
"Entonces, todo lo que dice ahí es lo que va a impulsar la provincia y, por supuesto, está enmarcado en los intereses de la sociedad rural. Por eso los grandes terratenientes, todo el saqueo y la apropiación del territorio que se va a producir ya en la provincia, tiene que ver con ese modelo, apropiarse del territorio, agrícola, ganadero, sobre todo mucha ganadería, viene ahí a cumplir ese rol la sociedad rural, de quedarse con las tierras, ser grandes ricos, grandes terratenientes y expulsar a los integrantes del pueblo Mapuche Tehuelche"
2016-2023: La reforma de la Ley de Tierras y el pre-RIGI rionegrino
"Ya hace unos años el mismo sistema capitalista viene cambiando las matrices productivas y va hacia la cuestión extractivista, hacia las grandes falencias que tienen, las falencias energéticas, las crisis que tienen a nivel mundial"
Hugo, recuerda una de las experiencias marcadas de la minería de plomo, plata, vanadio, cinc y otros metales que eran fundidos en una planta situada en San Antonio Oeste conocida como "Mina Gonzalito". Geotécnica SA, quien operaba en la mina, cerró a principios de los 80 y Mina Gonzalito es hoy un pueblo en ruinas.
"Hoy lo estamos pagando porque todo ese pasivo ambiental que era plomo y todo el barro que se fue depositando ahí, que era una gran montaña, fue drenando hacia las zonas de agua y contaminó las aguas de San Antonio. Hace un tiempo se hizo un estudio ahí, donde muchos de los niños hoy tienen plomo en sangre como producto de esa fuerte contaminación que hubo ahí y que ha sido denunciada, y el pasivo ambiental que había quedado ahí lo tuvo que asumir nuevamente el Estado con los altos costos que eso significa"[1]
En 2016, el gobierno provincial presentó un proyecto de reforma de la Ley de Tierras. Esta vez, el cambio no apuntaba a una modernización técnica, sino a un giro radical en el uso del suelo: se incorporan nuevos usos como la minería, la explotación petrolera y "otras tecnologías", sin una definición clara. Es decir, se habilitaba legalmente los territorios para el avance de inversiones extractivas de todo tipo.
Frente a esta amenaza, el Parlamento Mapuche-Tehuelche junto con otras organizaciones encabezaron una gran movilización. En abril de 2017 tuvo lugar la Füta Trekaleiñ ñi inkatufe Pu Mapuchengueiñ (Gran Marcha Mapuche por la Defensa de Nuestro Territorio). Esta marcha se dirigió hacia Viedma desde distintos puntos de la provincia con el fin de visibilizar las consecuencias que podría traer aparejadas la aprobación de la ley y, finalmente, lograron que no se debatiera el proyecto.
Sin embargo, como señala Hugo, "el sistema da marcha atrás hoy, pero espera el momento oportuno". Ese momento llegó en diciembre del 2023, cuando con mayoría legislativa el gobierno provincial volvió a presentar la reforma bajo otro nombre, y esta vez logró su sanción en la Ley provincial Nº 5705.
Una nueva estrategia: "logran sancionar una nueva ley de tierras donde precisamente están todas las garantías jurídicas que le piden los grupos inversores del petróleo, de la minería, de las grandes e inversiones inmobiliarias, o sea que ya se les da las garantías jurídicas para que hagan la megaminería y el petróleo. Así seguimos reclamando inclusive porque en una modificación que hacen, nos meten en una trampa donde ellos reconocen que hay comunidades indígenas, pero está solamente supeditada a aquellas comunidades que tienen personalidad jurídica. Muchísimas de las 180 comunidades que nosotros tenemos, no tienen personalidad jurídica. Porque no la quieren tener, porque no ven que eso sea necesario, ahí quedan muchísimas comunidades que ellos dicen que no son comunidades porque no tienen personería y lo tratan como si fuera tierra fiscal"
Unos meses más tarde, en octubre del 2024, se aprueba un protocolo de consulta previa bajo la Ley provincial N° 5755, dirigido a comunidades con personería jurídica. Este fue cuestionado por su carácter restrictivo y su implementación arbitraria, que contradice los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT.
"El protocolo de consulta es muy tramposo porque se pasa desde las audiencias públicas que no son vinculantes a hacer un protocolo por ejemplo con el vecino más próximo y no como dice el convenio 169 que debe ser en el marco de todo el territorio en el que habitan las comunidades y no una sola comunidad. Entonces han desplegado todo un trabajo de condicionar a las comunidades vecinas, por ejemplo, el proyecto Calcatreu, proyecto de oro y plata que está en la zona de Jacobacci, consultan a una sola comunidad que es la vecina, sin importarle el resto. Pero en realidad están afectando a todas las comunidades de la zona porque lo que están haciendo es dejando sin agua y afectando todo el territorio de todas las comunidades".
2024-2025: La adhesión al RIGI y la consolidación del modelo extractivista
Cuando a nivel nacional se aprobó el RIGI, Río Negro ya tenía las condiciones legales necesarias para recibir grandes inversiones extractivas. La adhesión formal al régimen nacional no hizo más que reforzar ese marco, brindando mayores garantías jurídicas a empresas vinculadas al petróleo, el gas, la minería, los desarrollos inmobiliarios y el hidrógeno verde.
En este contexto, proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el fallido hidrógeno verde de la minera australiana Fortescue, y las experiencias de audiencias públicas sin consulta previa muestran cómo se implementan en la práctica estos nuevos marcos legales. El saldo: territorios fragmentados, comunidades sin reconocimiento jurídico que quedan fuera de cualquier protección, y gobiernos que priorizan el capital extractivo por sobre el consentimiento de los pueblos.
"Otra de las cuestiones que se viene dando, por ejemplo, que lo está haciendo Joe Lewis en Lago Escondido, es la apropiación de los mejores lugares turísticos que están vinculados a las grandes inmobiliarias y se apoderan de las nacientes de agua. En el caso de Lewis tiene una represa que genera energía y esa energía se la vende al interconectado nacional"
Como lo menciona anteriormente, en los proyectos presentados en la provincia nunca se ha cumplido con el Convenio 169 de consulta previa libre e informada.
"Consulta previa no hubo nunca. Nunca se dio eso. Lo que ha habido son las audiencias públicas que es lo que contempla, por ejemplo, los distintos proyectos que se deben hacer que no son vinculantes, es simplemente, un requisito más que nada formal, para informar y que sirve para que a veces la gente descargue las broncas diciendo que no, pero sabemos que vamos a decir que no y ya está tomada la decisión. O sea, ha habido audiencias públicas, inclusive muchas de las audiencias públicas han terminado en una gran represión"
Particularmente, nos comenta sobre la audiencia pública del proyecto de Hidrógeno Verde liderado por la empresa Fortescue en Sierra Grande.
"Han habido distintas audiencias públicas que tuvieron que ver con el hidrógeno verde, por ejemplo, que fue uno de los proyectos que se impulsó con la empresa Fortescue y la audiencia pública fue tremenda porque estuvo toda la patota de lo que es la UOCRA y no dejó entrar a los que iban a exponer en contra. La comunidad, las organizaciones ambientalistas, muchos referentes políticos que están en contra, algunos pudieron exponer, pero en general el resto fue agredido y reprimido por las patotas y por la policía, o sea que no se pudo hablar. Ese es el marco de las audiencias públicas.
Después nosotros estuvimos en el puerto de San Antonio hace un tiempo por el tema del gasoducto y es más o menos lo mismo, todo un aparato montado para que los que vamos a hablar en contra no podamos hablar, en un marco bastante hostil, se introducen las audiencias públicas que teóricamente son abiertas, son participativas pero son participativas si es que esquivamos los palos y llegamos a hablar, pero después lo que es la consulta previa, libre, informada, en el marco del convenio 169, no se llevó a cabo nunca."
El proyecto VMOS que desemboca en Punta Colorada, realiza un trayecto de 600km el cuál atraviesa todo el valle y sigue el declive del Río Negro que desemboca en el mar. Es decir, deberá atravesar el río, aunque aún no está claro por donde, las comunidades y poblaciones están alertas por el riesgo que conlleva.
"La única fuente de agua que nosotros tenemos es este río, o sea que si la contaminan más, ya está contaminada por todo el tema del fracking, pero un derrame de petróleo, alguna cosa de esas, nos mete en un problema muy grave. Y después toda la afectación que va a hacer cruzando esos 600 km que va a por distintas comunidades que hay, afectando precisamente todo el territorio hasta llegar a Punta Colorada, donde se piensa instalar ahí una serie de depósitos y después se traslada 6 km mar adentro donde van a poner una monoboya, donde van a cargar buques petroleros. Las experiencias que hay de esas monoboyas, descarga de petróleo, es la contaminación. Ellos hablan de la seguridad tecnológica que hay hoy. Y es mentira porque hay derrames en todos lados del mundo. Es una gran mentira que están metiendo y siempre con esta cuestión del justificativo, tanta inversión, tantos puestos de trabajo"
Desde el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, pasando por el proyecto fallido del hidrógeno verde y las audiencias públicas sin consulta previa, el panorama que describe es el de un "monstruo que viene por todo", en el que los pueblos originarios y el agua quedan en la mira. Sin embargo, también se destacan estrategias de resistencia, desde alianzas multisectoriales hasta prácticas de cuidado del territorio.
Las comunidades organizadas articulan estrategias de resistencia que no solo buscan frenar el despojo, sino también afirmar otra manera de entender y habitar el territorio. Frente a una lógica que fragmenta la tierra y subordina los bienes comunes al capital, emerge una defensa activa del agua, la vida y los vínculos comunitarios. La articulación entre asambleas, la construcción de espacios multisectoriales y la participación sostenida en acciones como los "atlanticazos" expresan una praxis política territorial que, lejos de resignarse al desalojo o la marginación, se sostiene en una cosmovisión donde todo está interconectado: montañas, ríos, lagunas y pueblos. Esta visión, que denuncia los desequilibrios provocados por el extractivismo como parte de una ofensiva estructural contra los pueblos indígenas, también se proyecta hacia el futuro con una convicción inquebrantable: la lucha colectiva como horizonte de dignidad y reexistencia.
"Las estrategias que nosotros vivimos desarrollando, en primer lugar, es manejar la información. El tema de manejo de información, de la difusión hacia la población en general. La otra cuestión que venimos haciendo es tratando de unir todas las luchas con las distintas asambleas ambientalistas.
En la zona hay formada también una multisectorial en defensa del mar, que está teniendo un funcionamiento conjunto con todas las asambleas costeras. De hecho, viene tomando bastante impulso en ese ámbito. En el ámbito de las asambleas y eso a la cual nosotros nos sumamos, por ejemplo, los atlanticazos que se hacen todos los cuatro de cada mes.
Lo que nos une a todos, que venimos, es la defensa del agua. Nosotros tenemos que defender el agua porque dependemos de una cuenca. Por más alejados que estemos, somos todos una gran cuenca. Nosotros, por ejemplo, el río Negro, cuando nosotros lo analizamos de dónde nace, nace en la cordillera. Nace en Nahuel Huapi, Río Limay, el Río Limay después se encuentra con el Neuquen, Neuquén y Limay en el Rionegro, o sea que venimos atravesando miles de kilómetros, pero es la misma. Y todo lo que se desprende de todas esas de esas cuencas, las subcuencas, eso depende de esas cuencas. De hecho ya hay muchísimos lugares donde muchísimas lagunas históricas, de muchísima agua se han secado, por ejemplo. Acá mismo, nosotros en la meseta tenemos lagunas que incluso en la memoria de nuestros mayores, de los más grandes, jamás la vieron sin agua. Sin embargo, hoy se han secado, significa un riesgo muy grande en el tema de este elemento vital para la vida que es el agua."
Frente al avance simultáneo del RIGI, la reforma de la Ley de Tierras y los múltiples proyectos extractivos en marcha, desde el Parlamento Mapuche-Tehuelche se sostiene una visión radicalmente distinta del territorio.
"La cosmovisión de los pueblos no fracciona los territorios, tenemos una visión de funcionamiento circular y como parte de ese funcionamiento nosotros somos un elemento más de la naturaleza, conjuntamente con los ríos, las montañas, todo lo que hay en los recursos territoriales. Por eso decimos que al afectar alguno de esos elementos, se produce un gran desequilibrio"
Ese desequilibrio no es accidental. Forma parte de una ofensiva estructurada, con múltiples actores y con un objetivo común: "Hoy podemos hablar del oleoducto, del peligro que corren los territorios, el mar, el agua, pero si nos trasladamos un poco más allá, a la cordillera, aparecen otros actores, pero el mismo objetivo: quedarse con la cordillera, con las nacientes de agua, con los espacios territoriales para la explotación. Y en ese esquema, los pueblos indígenas somos descartables".
Ese descarte no es solo material, sino también político y vital. Se expresa en la persecución judicial y policial, en el silenciamiento de las comunidades, y en la violencia ejercida directamente sobre los cuerpos y las vidas: "Van a utilizar absolutamente todos los mecanismos para llevar adelante eso. La muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Elías Garay y la persecución permanente a nuestras mujeres, que siguen presas o judicializadas, forma parte de esas estrategias de corrernos del territorio".
Aun así, no todo es desolación. El horizonte se construye con otrxs, desde la resistencia. "Nos queda eso nomás, que nos ha cruzado históricamente, que es la lucha", afirma Hugo. La salida es juntarnos, conocernos, difundir lo que está pasando. Porque no estamos solos, ni derrotados. "También vemos todo esto con alegría y optimismo. Si no, ¿qué nos queda?".
[1]Informe de la evolución de la contaminación con plomo en la localidad de San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro y análisis de otros casos similares. 2009. Alderete, et.al. https://patagonianatural.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/168_Informe_tecnico_N15.pdf
Fuente: Huella del Sur
