El anuncio de la privatización de AySA despertó rumores de compra por parte de la empresa estatal israelí, denunciada por limitar el acceso al agua en la Franja de Gaza. La compra fue desmentida, pero Mekorot tiene una extensa relación con el Estado nacional y los gobiernos provinciales, con planes de manejo de agua que no se hicieron públicos, y ya asesora a AySA.
Por Ana Chayle
"Administración eficiente, transparente y soberana del agua", se leía en la pantalla que, a modo de cortinado, aguardaba la transmisión en vivo de la firma del acuerdo de cooperación técnica entre cinco provincias argentinas con la Compañía Nacional de Agua de Israel, Mekorot, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esas firmas -estampadas en febrero de 2023- tuvieron como protagonistas a los gobiernos de Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, que delegaron en manos de la empresa estatal israelí la elaboración de planes maestros hídricos -las tres primeras- y contratos de consultorías para asesoramiento en materia hídrica -las dos últimas-. Antes habían firmado Mendoza y San Juan. Y luego se sumaron Jujuy, Chubut y Neuquén.
Más allá de la pompa del acto público, desde la campaña Fuera Mekorot, que nuclea asambleas socioambientales y organizaciones gremiales, de derechos humanos y políticas, afirman que a través de estos acuerdos "la empresa se queda con la propiedad intelectual de información hídrica clave". Además, las asambleas denuncian que los gobiernos ocultan la información de los acuerdos, privilegian los intereses extractivistas y delegan el agua de las comunidades en manos de una empresa extranjera señalada por violación de derechos humanos contra el pueblo palestino. Acusaciones que echan por tierra los adjetivos de "eficiente", "transparente" y "soberana" con que el Gobierno adornó la firma pública de los acuerdos.
¿Qué hace Mekorot en las provincias? Turbiedad y falta de información en los convenios
Aunque en todas las provincias se presentaron solicitudes de acceso a la información pública, solamente se consiguió acceder a seis convenios -de los diez que se firmaron- y a un solo contrato (el de Río Negro), que es donde "figura la letra chica", expone Silvia Ferreyra, integrante de la campaña Fuera Mekorot. Entre la información recibida llamó la atención una noticia caduca: el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) -organismo disuelto por el gobierno de Javier Milei- también había firmado un convenio marco de colaboración con Mekorot, que había concluido en 2021.
Otro ejemplo, el gobierno de Mendoza publicó los informes realizados por la empresa israelí en su jurisdicción, pero mantiene bajo llave los términos del contrato. Igual silencio pesa sobre el contrato firmado en Catamarca, pese a que el Ejecutivo, a cargo de Raúl Jalil, inauguró el año con un decreto que confirma "en todas sus partes el contrato de consultoría" con la estatal israelí. Mientras, en Formosa, Mekorot trabaja en el proyecto Acueducto Norte; y en Santa Cruz "no tenemos idea de lo que está haciendo", expresa Ferreyra en diálogo con Tierra Viva.
Menos clara está la relación de Mekorot con Santiago del Estero y Santa Fe, provincias que -hasta donde se sabe- firmaron acuerdos con el CFI para la elaboración de los lineamientos técnicos y términos de referencia (la antesala para el desarrollo de un plan maestro hídrico), pero sin mención explícita a la compañía extranjera.
Otro caso es el de Chubut. En junio, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados habían presentado petitorios para la anulación de los convenios en ocho provincias, entre ellas Chubut. Pero el gobierno anuló sorpresivamente el contrato con Mekorot. En diálogo con una la radio FM del Lago de Esquel, el administrador general de Recursos Hídricos de la provincia y titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra, sin dar muchas precisiones, anunció que el convenio "se dio de baja" y que no hubo acuerdo en "algunas cuestiones". Sin más información.
Mekorot ya estaba en AySA
Luego de que el gobierno nacional decidiera, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) -empresa pública que administra la red de agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano-, el nombre de Mekorot comenzó a sonar con fuerza como posible comprador. El rumor se hizo más estridente cuando el subsecretario de Prensa nacional, Juan Lanari, lo celebró públicamente, hasta que desde la propia empresa israelí salieron a desmentirlo.
Fue Diego Berger, el argentino que es coordinador de Proyectos Especiales Internacionales de Mekorot, quien, en una entrevista para El Destape, negó la posibilidad de que la empresa israelí intente comprar AySA, ya que, según afirmó, el estatuto de la compañía lo prohíbe por su carácter estatal. Lejos de calmar las aguas, sus declaraciones las agitaron, ya que la desmentida de la compra vino acompañada de una revelación: "Nosotros ahora estamos trabajando en AySA como asesores (...) y podríamos hacer también eso con la compañía o el consorcio que gane la licitación", blanqueó Berger.
Fue una sorpresa porque las operaciones de Mekorot en AySA no se mencionaron en el documento que la Dirección de Acceso a la Información Pública entregó al colectivo Fuera Mekorot, ante una solicitud realizada a inicios de 2023. La omisión resulta aún más llamativa porque el pedido de información explicitaba la consulta sobre AySA. "Habíamos visto noticias de reuniones que había tenido Malena Galmarini (ex presidenta de AySA) con funcionarios de Mekorot, pero en términos de charlas, no en el marco de convenios", recordó Ferreyra.
A raíz de esta noticia, desde la campaña presentaron un nuevo pedido de informes para que el Estado rinda cuentas: "¿Desde cuándo Mekorot brinda servicios a la empresa estatal? En qué consiste, si existe contrato a tal fin, su duración, cuánto cobra, entre otros puntos".
Los gobiernos pasan, Mekorot sigue
Mekorot ha logrado sortear los vaivenes de la política partidaria y su presencia ha sido celebrada por los gobiernos que se sucedieron desde, al menos, 2007, cuando el gobierno de Chubut firmó un primer convenio con la compañía israelí. En 2011, Mekorot hizo pie en Buenos Aires, donde intentó instalar dos plantas: una en Ensenada y otra en Bahía Blanca. "Todo eso sucedió durante la gestión de Daniel Scioli (ex gobernador de Buenos Aires por el peronismo), que está actualmente en el gobierno nacional (como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte)", señala Ferreyra.
No es la única conexión. En aquel momento, explica Ferreyra, Mekorot conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto con la empresa 5 de Septiembre, que tiene como accionista a la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos) y construyó una planta de reúso de efluentes cloacales en Bahía Blanca, que fue inaugurada durante el gobierno de María Eugenia Vidal (Pro).
En todo ese proceso, explica Ferreyra, jugó un papel importante el sindicalista José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) y con un lugar en el directorio de AySA. La Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo firmó un acuerdo de cooperación académica con Mekorot. Al anunciar el plan de privatización de la empresa estatal, el Gobierno confirmó que mantendría el diez por ciento de las acciones en manos de los trabajadores, que les otorga su lugar en el directorio. "Las conexiones son muchas", afirma Ferreyra, y permiten trazar una continuidad de la empresa israelí a lo largo de los distintos gobiernos.
Otra de esas conexiones fue la realizada por Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del Interior durante el mandato de Alberto Fernández (Frente de Todos). Fue él quien encabezó el viaje de funcionarios a Israel en 2022 y la firma de los convenios de Mekorot en 2023. "Hay un vínculo muy estrecho entre el CFI, que está presidido por una persona muy cercana a Wado De Pedro y muy cercana al titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), Mario Montoto", señala Ferreyra y añade: "Hay un tándem político que banca muy fuerte a esta empresa".
Luego de que Mekorot se despegara de la posible compra de AySA, De Pedro, ahora como senador, presentó dos iniciativas legislativas para frenar la privatización. "Estas propuestas buscan garantizar que el agua siga siendo un derecho y no un negocio", expresó De Pedro en sus redes sociales. Algo contradictorio con su rol en la gestión al frente del Ministerio del Interior.
El negocio del agua, un interés geopolítico
"Somos la compañía nacional de aguas de Israel", se presenta Mekorot en su sitio web oficial. Registrada en 1937 con el nombre de Mekorot -"fuentes", en hebreo-, la compañía antecede en poco más de una década a la creación de ese Estado emplazado en Oriente Medio, en 1948. Para Ferreyra, la constitución de la empresa precede la conformación del Estado de Israel porque surge con "una idea bien clara, planificada, de ocupar el territorio. Sin agua es imposible, es inviable la ocupación".
El memorándum de asociación que dio origen a la sociedad limitada fue firmado por representantes de la Agencia Judía, el Fondo Nacional Judío, la central sindical Histadrut y el Centro de Agricultura. En este documento, el objetivo de la flamante compañía se explicitó como "ejecutar y hacer todo lo necesario o apropiado para obtener agua, recogerla, venderla, entregarla, distribuirla o crearla", según cita la organización Stop The Wall. En menos palabras, la propia empresa lo resume: "Water is our business" (El agua es nuestro negocio).
La empresa estatal israelí ha hecho pie en diversos países de África, Europa y Asia y en Estados de Latinoamérica como México, Uruguay y República Dominicana. Esta expansión mundial se explica por "un interés más político que económico", opina Ferreyra. Aunque el secreto pesa sobre casi todos los acuerdos firmados por las provincias, el acceso al contrato con Río Negro confirma el pago de un millón y medio de dólares a la empresa, mientras que Chubut había acordado una cifra que no alcanzaría -al valor actual- la suma de 230 mil dólares, según una publicación de la CCAI. "No es cuestión de plata", sostiene Ferreyra.
"La empresa necesita ampliar su marco de acción porque es una empresa que, como todas las empresas imperialistas trasnacionales, necesita expandirse", opina Ferreyra y señala que una forma de lograrlo es a través de las consultorías que ofrece. Así, más que comercial, el vínculo que establece con otros países "es político, porque necesitan legitimar al Estado de Israel", apunta Ferreyra. Esa legitimación se realiza "con todo un andamiaje económico, político, cultural y académico", en el que Mekorot juega un rol importante, al intentar instalar al Estado israelí como "líder en gestión del agua", afirma.
La propia empresa señala, en su página oficial, que "los logros de Mekorot, a lo largo de los años, la han posicionado como una de las principales compañías de agua del mundo y han contribuido a la consolidación de Israel como una potencia del agua, al igual que es una potencia de alta tecnología, una potencia de defensa y una potencia económica y miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)".
El rol de Mekorot en Palestina
En julio de 2024, la organización internacional Oxfam publicó el documento "Los crímenes de la guerra del agua" en el que afirma que el asedio total impuesto por Israel a la Franja de Gaza, en Palestina, puede "ser una prueba del uso por parte del gobierno de Israel de la privación de agua como arma de guerra" y agrega: "Los expertos que han analizado las pruebas disponibles consideran que los ataques sistemáticos a la infraestructura de agua y saneamiento, incluido el corte de las tuberías de agua de Mekorot, y la destrucción de instalaciones críticas, sugieren un esfuerzo coordinado para paralizar el suministro de agua a Gaza". Un año después de ese informe, las marcas del hambre y la sed son evidentes en los cuerpos de niños y niñas, primeras víctimas de este asedio.
"Las prácticas de Mekorot han creado las condiciones para que Israel pueda aislar completamente a la población palestina de Gaza del agua potable", explica Maren Mantovani, del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y la Campaña Stop The Wall. Por su parte, Ferreyra explica que la mayoría de los pozos de agua se encuentran en zona militar israelí y que el agua potable de Gaza es provista, en su mayoría, por tuberías bajo control de ese país. Desde el inicio de la ofensiva israelí, luego de la masacre de Hamás en octubre de 2023, esa provisión se ha visto diezmada -decayendo al ocho o diez por ciento- e incluso interrumpida.
"Eso es un delito de lesa humanidad y, además, viola el derecho humanitario internacional, porque aún en conflictos de guerra, y esto no es una guerra, los países que proveen servicios no pueden cortar los servicios esenciales", denuncia Ferreyra.
Aunque agravada, la situación no es nueva. "Mekorot desempeña un papel central en la asignación discriminatoria de los recursos hídricos, contribuyendo significativamente a lo que se ha descrito como ‘apartheid hídrico' contra los palestinos", afirma Mantovani y explica que "el desarrollo de infraestructura de Mekorot forma parte de la estrategia de asentamientos ilegales de Israel, con tuberías avanzadas de gran diámetro y depósitos de almacenamiento de alta capacidad para los colonos. Mientras, las zonas palestinas, si es que reciben agua, lo hacen a través de tuberías más pequeñas e insuficientes, lo que agrava la escasez".
Al otro lado del globo, como denuncian las asambleas socioambientales, la presencia de Mekorot permite albergar también sospechas de una distribución discriminatoria del agua, que en este caso desplazaría su uso para actividades extractivistas y la mercantilización de un bien esencial y un derecho humano. "El modelo de gestión que fueron a buscar los gobiernos provinciales es un modelo de exclusión", opina Ferreyra y señala una conexión entre las luchas que se libran en Palestina y nuestro país, porque ambas, expresa, son luchas contra el colonialismo, contra la ocupación de los territorios.
