El lunes comienza el juicio contra la pesquera Conarpesa por contaminación en Puerto MadrynEl lunes 11 de agosto a las 8:30 horas comenzará en Puerto Madryn el juicio oral contra dos responsables jerárquicos de la empresa Conarpesa, imputados por daño ambiental. La causa se remonta a una grave denuncia originada en 2020, cuando se registró un vertido de efluentes al mar desde el Parque Industrial Pesquero.
Los acusados son Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la empresa. Ambos deberán responder ante la jueza Patricia Reyes por su presunta implicancia en hechos que habrían puesto en riesgo la salud pública y generado contaminación en el ecosistema marino.
Por parte del Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, integrantes de la agencia especializada en Delitos Ambientales, quienes impulsaron la acusación tras una investigación iniciada de oficio.
Todo comenzó tras la difusión de un video que mostraba un líquido rosado y con fuerte olor siendo arrojado directamente al mar. Las imágenes circularon ampliamente en redes y medios, provocando alarma en la población y derivando en una inspección urgente por parte de las autoridades.
Los peritajes técnicos realizados por personal de criminalística, Medio Ambiente del municipio y científicos del CENPAT-CONICET confirmaron lo que el video insinuaba. En la planta se halló un bypass clandestino, desde el cual se vertían líquidos sin el tratamiento obligatorio, violando normativas ambientales vigentes.
Los análisis de laboratorio revelaron niveles extremos de contaminación, con presencia de Escherichia coli en cantidades hasta 2.000 veces superiores al límite legal. Estos valores encendieron todas las alertas sanitarias, al tratarse de una bacteria asociada a enfermedades gastrointestinales graves.
Desde la Fiscalía se indicó que "el delito se configura cuando el vertido es potencialmente perjudicial para la salud humana y produce contaminación ambiental", razón por la cual se avanzó con la imputación penal. El proceso buscará establecer si hubo responsabilidad directa de Parry y Vargas en el funcionamiento irregular.
Las audiencias orales comenzarán el lunes y se desarrollarán a lo largo de varias jornadas, donde se presentarán pruebas técnicas, testimonios y documentos que podrían definir la situación judicial de los imputados.
El caso se convirtió en un emblema de los delitos ambientales vinculados a la industria pesquera en la región, donde las denuncias por vertidos ilegales no suelen llegar a esta instancia. La apertura del juicio marca un antecedente importante para el control de efluentes industriales.
El impacto mediático del video, sumado a la evidencia científica recolectada, llevó a la Fiscalía a impulsar un expediente que ahora desemboca en un juicio oral con atención pública garantizada. La comunidad espera respuestas.
El proceso pone sobre la mesa una discusión mayor sobre el modelo productivo, el control ambiental y la necesidad de garantizar un equilibrio entre actividad económica y respeto por los recursos naturales.
Fuente: MPF Chubut
El lunes 11 de agosto a las 8:30 horas comenzará en Puerto Madryn el juicio oral contra dos responsables jerárquicos de la empresa Conarpesa, imputados por daño ambiental. La causa se remonta a una grave denuncia originada en 2020, cuando se registró un vertido de efluentes al mar desde el Parque Industrial Pesquero.
Los acusados son Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la empresa. Ambos deberán responder ante la jueza Patricia Reyes por su presunta implicancia en hechos que habrían puesto en riesgo la salud pública y generado contaminación en el ecosistema marino.
Por parte del Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, integrantes de la agencia especializada en Delitos Ambientales, quienes impulsaron la acusación tras una investigación iniciada de oficio.
Todo comenzó tras la difusión de un video que mostraba un líquido rosado y con fuerte olor siendo arrojado directamente al mar. Las imágenes circularon ampliamente en redes y medios, provocando alarma en la población y derivando en una inspección urgente por parte de las autoridades.
Los peritajes técnicos realizados por personal de criminalística, Medio Ambiente del municipio y científicos del CENPAT-CONICET confirmaron lo que el video insinuaba. En la planta se halló un bypass clandestino, desde el cual se vertían líquidos sin el tratamiento obligatorio, violando normativas ambientales vigentes.
Los análisis de laboratorio revelaron niveles extremos de contaminación, con presencia de Escherichia coli en cantidades hasta 2.000 veces superiores al límite legal. Estos valores encendieron todas las alertas sanitarias, al tratarse de una bacteria asociada a enfermedades gastrointestinales graves.
Desde la Fiscalía se indicó que "el delito se configura cuando el vertido es potencialmente perjudicial para la salud humana y produce contaminación ambiental", razón por la cual se avanzó con la imputación penal. El proceso buscará establecer si hubo responsabilidad directa de Parry y Vargas en el funcionamiento irregular.
Las audiencias orales comenzarán el lunes y se desarrollarán a lo largo de varias jornadas, donde se presentarán pruebas técnicas, testimonios y documentos que podrían definir la situación judicial de los imputados.
El caso se convirtió en un emblema de los delitos ambientales vinculados a la industria pesquera en la región, donde las denuncias por vertidos ilegales no suelen llegar a esta instancia. La apertura del juicio marca un antecedente importante para el control de efluentes industriales.
El impacto mediático del video, sumado a la evidencia científica recolectada, llevó a la Fiscalía a impulsar un expediente que ahora desemboca en un juicio oral con atención pública garantizada. La comunidad espera respuestas.
El proceso pone sobre la mesa una discusión mayor sobre el modelo productivo, el control ambiental y la necesidad de garantizar un equilibrio entre actividad económica y respeto por los recursos naturales.
Fuente: MPF Chubut
