"No hay mentiras, hay violencia": en medio del desfinanciamiento, impulsan una ley en contra de las denuncias falsas Tras no lograr dar el debate en el recinto el año pasado, este año volvió a presentarse en el Congreso el proyecto de ley que endurece las penas para las denuncias falsas, especialmente aquellas vinculadas con la violencia de género. El proyecto, que tiene el aval del Ministro de Justicia, genera un debate sin datos consistentes en medio del desmantelamiento de las políticas de género. El Gobierno libertario tiene puesta la mirada en las denuncias falsas, que representan menos del 3%, pero sigue ignorando la amplia mayoría de denuncias reales por violencia de género y abuso sexual, que cada vez cuentan con menos herramientas.
Doble vara
El proyecto fue presentado en noviembre del año pasado por la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) y forma parte de un conjunto de reformas al Código Penal. Busca imponer penas de 1 a 3 años a quien denuncie falsamente un delito y de 3 a 6 años a quien denuncie falsamente delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.
"Hemos vivido como sociedad la difusión de denuncias a través de medios periodísticos o redes sociales que condenaron de antemano al acusado, dejando de lado la presunción de inocencia que condice nuestra Constitución Nacional, en su artículo 18", explica el fundamento del proyecto, que no presenta cifras sobre el impacto de este fenómeno sino algunos casos que han tenido amplia cobertura mediática.
"Esto lleva a la exclusión, el rechazo y en muchos casos al escrache público de forma totalmente injusta y por un hecho falso y que hoy no posee una sanción penal adecuada debido a la exigua pena con la cual se encuentran conminadas estas conductas", prosigue el texto.
El proyecto tiene el aval del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor del exgobernador de Tucuman, José Alperovich, quien fue condenado por abuso sexual.
"Una denuncia de género falsa destruye una persona", expresó el ministro y dijo que "se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de ‘hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así. Gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles".
"Este abuso de la mentira, que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género, que se ha suicidado; destrucción de la familia; impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia; de prestigio familiar, social; pérdida laboral entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales", agregó, en declaraciones que brindó el día después de las movilizaciones por el 25N.
La propuesta generó repudio entre organizaciones que luchan contra las violencias, puesto que vuelve a instalar la idea de que son numerosos los casos en los que las mujeres y los niños mienten al expresar situaciones de violencia, lo que dificulta que puedan animarse a denunciar.
El año pasado se organizó una jornada en el Senado para impulsar el proyecto que penaliza las falsas denuncias por motivos de género. Ese día, Anet Jazmín Carro, de 18 años, brindó su testimonio y leyó un texto de retractación hacia su padre, quien fue condenado en 2023 por abuso sexual. La joven expresó haberlo acusado falsamente.
Sin embargo, pocos días después Cúneo Libarona y Losada fueron denunciados ante el Juzgado Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires por la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS). "La senadora Losada, en connivencia con el ministro Cúneo Libarona, llevaron a la joven a que leyera -como si fueran dichos propios-, un texto ficcional, ajeno a su voluntad acreditada en el juicio, que le entregaron ya confeccionado los sindicados por esta denuncia y valiéndose de sus cargos institucionales", dice la denuncia firmada por Carlos Alberto Rozanski, Bettina Calvi y Natalia Amatiello, directivos de la organización.
"Losada y Cúneo Libarona utilizaron el ámbito institucional del Senado de la Nación para favorecer a un condenado por graves delitos de pedofilia. Para esa finalidad, además de mentir, expusieron a graves riesgos en su integridad psicofísica a la joven XX de dieciocho años de edad", expresa la denuncia.
Y argumenta que "Losada y Cúneo Libarona representan lo peor del patriarcado, la discriminación y la misoginia. Ambos generaron un escenario de agresión hacia las víctimas de abusos y de defensa de los acusados y condenados por pedofilia. Si bien en lo particular del caso su objetivo fue incidir en una decisión específica de un tribunal judicial, lo que en sí mismo es gravísimo para la institucionalidad, su mensaje es aún más amplio y peligroso".
El padre de la joven, Julio César Carro, fue juzgado y condenado en la provincia de Córdoba en 2023 como "autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado por el grave daño en salud mental de la víctima, el vínculo y la situación de convivencia preexistente".
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos se expresó al respecto y sostuvo: "Hemos dedicado largos años de lucha para visibilizar estas temáticas, para crear conciencia de la necesidad de efectuar las denuncias, tratando de que el Poder Judicial atienda a las personas denunciantes con la debida diligencia que imponen las normas constitucionales. En vez de alentar y facilitar la rápida tramitación de las denuncias, en vez de fortalecer los equipos de asistencia y patrocinio, el oficialismo ha optado por negar la existencia de estos delitos, y culpabilizar a las propias personas denunciantes amenazando con duplicar la condena penal hasta 6 años para quienes incurran en ‘falsas denuncias'".
En este sentido hablan de una "doble vara", ya que "solamente se incrementa el castigo en los temas de género y abusos en las infancias. Es decir, la carga punitiva y persecutoria se cierne sobre las mujeres. Otra estrategia jurídica para disciplinar y acallar las voces que demandan justicia", y concluyen: "No hay mentiras, hay violencia".
La iniciativa de Losada logró dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en noviembre del año pasado, sin embargo, con la finalización del año parlamentario, no llegó al recinto y perdió validez. Este año volvió a presentarse y logró dictamen en el Senado, pero aún no fue tratada. Mientras algunas figuras políticas apuestan al proyecto como un avance en la Justicia, las organizaciones de mujeres y diversidades advierten que implica un fuerte retroceso para las víctimas de violencia.
Las cifras de la violencia
En la actualidad, no hay estudios en Argentina que indiquen con precisión cuál es el porcentaje de las falsas denuncias, aunque no es una problemática generalizada en la Justicia como argumenta el proyecto de Losada. Las únicas estadísticas disponibles muestran que las falsas denuncias por cualquier tipo de delito no superan el 5%.
En el proyecto de la senadora radical, se hace referencia al Plan Acompañar, creado en 2020 por DNU para facilitar la ayuda económica a las víctimas de violencia que dependían económicamente de su agresor.
"¿Pero qué fue lo que pasó ante esta ayuda social y las falsas denuncias estimuladas para cobrar un ingreso? Al no existir una investigación para el otorgamiento de dicho beneficio y no exigirse pruebas ni peritajes forenses a las víctimas, se pasó de 5.000 denuncias a 30.000 por mes. No estamos queriendo re victimizarlas sino defenderlas de los abusos", se cuestiona en los fundamentos.
El aumento de denuncias por violencia de género durante la pandemia es un hecho. Sin embargo, se explica por la reclusión de las familias en los hogares durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Las sistematizaciones sobre femicidios muestran datos consistentes en los últimos años en relación al lugar donde se produce la violencia: casi la mitad de los femicidios se producen en la vivienda de la víctima, y el agresor tiende a ser la pareja o ex pareja. Es por ello que la pandemia derivó en un notable aumento de las violencias al obligar a las mujeres a quedarse en su hogar.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, expresó su apoyo mediante un tuit publicado el año pasado el 9 de septiembre, Día Mundial de las Falsas Denuncias, "un día que sirve para reflexionar sobre el daño que hizo el feminismo radical en nuestra sociedad".
Aunque afirmó que "el 7% de las denuncias son falsas", esta cifra no ha sido verificada por ningún estudio u organismo oficial.
En la mayoría de los países, las denuncias falsas por violencia de género o abuso no superan el 5%. Aunque existen casos, no representan un porcentaje significativo ni una problemática ampliamente extendida como argumentan los defensores del proyecto.
Según un informe de ONU Mujeres publicado en 2024, a nivel mundial las denuncias falsas de género representan menos del 1%. En Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las denuncias penales se catalogan como falsas, y la mayoría no se relacionan con violencia de género. En otros países, como España, este porcentaje es de apenas el 0,03%.
Las cifras de violencia de género muestran que, al contrario, hay una notable problemática en relación a la presentación y avance de las denuncias: sólo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia buscó ayuda o pudo denunciar (según datos de la Iniciativa Spotlight correspondientes al 2023). Según el Informe de la Oficina de la Mujer de la CSJN del 2023, de 250 víctimas de femicidio, solo el 25% había denunciado al victimario.
De acuerdo al informe El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género del INECIP, "entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la Justicia nacional. Más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones. No se produce información sistemática sobre ingresos y salidas de casos ni su resolución".
Los últimos datos muestran un panorama preocupante ante el aumento de las violencias y la desarticulación de programas de abordaje y prevención. Según cifras del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven en lo que va del año se registran 149 femicidios, es decir, un femicidio cada 34 horas. Y remarcan que sólo el 15% de las víctimas había realizado una denuncia.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que existe el riesgo de equiparar "falta de prueba" con "falsa denuncia", lo que genera temor a denunciar y reforzar estereotipos sobre las mujeres, además de aumentar el riesgo de persecución penal contra las víctimas.
Los abusos contra las infancias, bajo sospecha
El proyecto de Losada impone penas más duras para casos de violencia de género o abuso sexual. En este sentido, los abusos contra las infancias han ganado un espacio más amplio en las agendas en los últimos años, aunque todavía representan una problemática central en la Justicia.
Si bien los defensores del proyecto hacen alusión a la idea de que los niños mienten o son "manipulados" para denunciar abusos inexistentes, lo cierto es que se trata de un delito difícil de denunciar y frecuentemente impune.
En Argentina, se estima que cada 1.000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Entre dos y tres son denuncias falsas, según las cifras del 2018 del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, las últimas disponibles.
Las cifras del MPF indican además que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba, es decir, no se investigan. Y la incidencia es del 60% si la víctima tiene menos de cinco años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según información de Unicef.
Lejos del estereotipo de la madre manipuladora, el panorama que hoy se vislumbra en el país está caracterizado por las madres protectoras, quienes buscan garantizar los derechos de sus hijos e hijas frente a casos de violencia y abuso en un sistema que no siempre los escucha.
Nota relacionada: Almada: "No hay espacios de recuperación para los niños que padecen violencias"
En la última década ha crecido el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) como estrategia judicial para desprestigiar los relatos de abuso de niños, niñas y adolescente y criminalizar, en su lugar, a la madre denunciante. Se trata de un término controversial acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985 que describe una situación en la que un niño, influenciado por uno de los padres, menosprecia y denigra al otro, generalmente en contextos de disputas entre los progenitores.
Frecuentemente se utiliza contra las madres protectoras, a pesar de que no tiene validez psicológica ni judicial. En una entrevista con este medio, el psiquiatra Enrique Stola explicó que el SAP "tiene muchísimo peso, porque las mujeres cuando entran al poder judicial buscando justicia ingenuamente, entran en un campo de sospecha. La misma sospecha del campo de lo social está en la mirada de gran parte de la justicia".
"Se utilizan diferentes estrategias como el mecanismo de contaminación, el SAP, implantación de recuerdos, otras idioteces del estilo pero que son muy efectivas para castigar a la mujer. Ese famoso síndrome -que no existe en el campo de la medicina ni de la psicología pero sí como cuestión ideológica dentro de algunas instituciones- surgió como respuesta a la lucha de las mujeres norteamericanas en la década del ‘60. El SAP se utiliza fuertemente en toda América Latina y en países de Occidente, para sacarle recursos a la madre protectora y poner a los niños en manos de violentos", detalló.
Nota relacionada: Stola: "La sociedad prepara a los próximos femicidas; hay un ataque fuertísimo contra derechos de mujeres, trans y disidencias"
Por otro lado, se estima que el 1% de los imputados en este tipo de caso son condenados, según un artículo publicado por el doctor Carlos Rozanski -ex Juez de Cámara Federal y presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS)- en una revista de divulgación científica de la Universidad de Limoges.
Hay debates pendientes sobre la ética periodística a la hora de señalar culpables o el accionar de la Justicia en los procesos de investigación. Y el proyecto de ley argumenta, precisamente, que busca fortalecer el sistema judicial. Sin embargo, la inversión estatal en herramientas para las víctimas es cada vez menor. Organizaciones como ELA han denunciado las deficiencias del sistema, al tiempo que exigen robustecer la sistematización de datos.
Y en esta línea, afirman que el proyecto que se debatirá no tiene rigor científico porque no se apoya en estadísticas oficiales. "Sin datos, se legisla sobre prejuicios", advierten desde ELA, en un momento crítico de desmantelamiento de las políticas de género que hoy, además, promete mirar con sospecha a quienes denuncien la violencia.
Tras no lograr dar el debate en el recinto el año pasado, este año volvió a presentarse en el Congreso el proyecto de ley que endurece las penas para las denuncias falsas, especialmente aquellas vinculadas con la violencia de género. El proyecto, que tiene el aval del Ministro de Justicia, genera un debate sin datos consistentes en medio del desmantelamiento de las políticas de género. El Gobierno libertario tiene puesta la mirada en las denuncias falsas, que representan menos del 3%, pero sigue ignorando la amplia mayoría de denuncias reales por violencia de género y abuso sexual, que cada vez cuentan con menos herramientas.
Doble vara
El proyecto fue presentado en noviembre del año pasado por la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) y forma parte de un conjunto de reformas al Código Penal. Busca imponer penas de 1 a 3 años a quien denuncie falsamente un delito y de 3 a 6 años a quien denuncie falsamente delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.
"Hemos vivido como sociedad la difusión de denuncias a través de medios periodísticos o redes sociales que condenaron de antemano al acusado, dejando de lado la presunción de inocencia que condice nuestra Constitución Nacional, en su artículo 18", explica el fundamento del proyecto, que no presenta cifras sobre el impacto de este fenómeno sino algunos casos que han tenido amplia cobertura mediática.
"Esto lleva a la exclusión, el rechazo y en muchos casos al escrache público de forma totalmente injusta y por un hecho falso y que hoy no posee una sanción penal adecuada debido a la exigua pena con la cual se encuentran conminadas estas conductas", prosigue el texto.
El proyecto tiene el aval del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor del exgobernador de Tucuman, José Alperovich, quien fue condenado por abuso sexual.
"Una denuncia de género falsa destruye una persona", expresó el ministro y dijo que "se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de ‘hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así. Gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles".
"Este abuso de la mentira, que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género, que se ha suicidado; destrucción de la familia; impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia; de prestigio familiar, social; pérdida laboral entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales", agregó, en declaraciones que brindó el día después de las movilizaciones por el 25N.
La propuesta generó repudio entre organizaciones que luchan contra las violencias, puesto que vuelve a instalar la idea de que son numerosos los casos en los que las mujeres y los niños mienten al expresar situaciones de violencia, lo que dificulta que puedan animarse a denunciar.
El año pasado se organizó una jornada en el Senado para impulsar el proyecto que penaliza las falsas denuncias por motivos de género. Ese día, Anet Jazmín Carro, de 18 años, brindó su testimonio y leyó un texto de retractación hacia su padre, quien fue condenado en 2023 por abuso sexual. La joven expresó haberlo acusado falsamente.
Sin embargo, pocos días después Cúneo Libarona y Losada fueron denunciados ante el Juzgado Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires por la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS). "La senadora Losada, en connivencia con el ministro Cúneo Libarona, llevaron a la joven a que leyera -como si fueran dichos propios-, un texto ficcional, ajeno a su voluntad acreditada en el juicio, que le entregaron ya confeccionado los sindicados por esta denuncia y valiéndose de sus cargos institucionales", dice la denuncia firmada por Carlos Alberto Rozanski, Bettina Calvi y Natalia Amatiello, directivos de la organización.
"Losada y Cúneo Libarona utilizaron el ámbito institucional del Senado de la Nación para favorecer a un condenado por graves delitos de pedofilia. Para esa finalidad, además de mentir, expusieron a graves riesgos en su integridad psicofísica a la joven XX de dieciocho años de edad", expresa la denuncia.
Y argumenta que "Losada y Cúneo Libarona representan lo peor del patriarcado, la discriminación y la misoginia. Ambos generaron un escenario de agresión hacia las víctimas de abusos y de defensa de los acusados y condenados por pedofilia. Si bien en lo particular del caso su objetivo fue incidir en una decisión específica de un tribunal judicial, lo que en sí mismo es gravísimo para la institucionalidad, su mensaje es aún más amplio y peligroso".
El padre de la joven, Julio César Carro, fue juzgado y condenado en la provincia de Córdoba en 2023 como "autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado por el grave daño en salud mental de la víctima, el vínculo y la situación de convivencia preexistente".
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos se expresó al respecto y sostuvo: "Hemos dedicado largos años de lucha para visibilizar estas temáticas, para crear conciencia de la necesidad de efectuar las denuncias, tratando de que el Poder Judicial atienda a las personas denunciantes con la debida diligencia que imponen las normas constitucionales. En vez de alentar y facilitar la rápida tramitación de las denuncias, en vez de fortalecer los equipos de asistencia y patrocinio, el oficialismo ha optado por negar la existencia de estos delitos, y culpabilizar a las propias personas denunciantes amenazando con duplicar la condena penal hasta 6 años para quienes incurran en ‘falsas denuncias'".
En este sentido hablan de una "doble vara", ya que "solamente se incrementa el castigo en los temas de género y abusos en las infancias. Es decir, la carga punitiva y persecutoria se cierne sobre las mujeres. Otra estrategia jurídica para disciplinar y acallar las voces que demandan justicia", y concluyen: "No hay mentiras, hay violencia".
La iniciativa de Losada logró dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en noviembre del año pasado, sin embargo, con la finalización del año parlamentario, no llegó al recinto y perdió validez. Este año volvió a presentarse y logró dictamen en el Senado, pero aún no fue tratada. Mientras algunas figuras políticas apuestan al proyecto como un avance en la Justicia, las organizaciones de mujeres y diversidades advierten que implica un fuerte retroceso para las víctimas de violencia.
Las cifras de la violencia
En la actualidad, no hay estudios en Argentina que indiquen con precisión cuál es el porcentaje de las falsas denuncias, aunque no es una problemática generalizada en la Justicia como argumenta el proyecto de Losada. Las únicas estadísticas disponibles muestran que las falsas denuncias por cualquier tipo de delito no superan el 5%.
En el proyecto de la senadora radical, se hace referencia al Plan Acompañar, creado en 2020 por DNU para facilitar la ayuda económica a las víctimas de violencia que dependían económicamente de su agresor.
"¿Pero qué fue lo que pasó ante esta ayuda social y las falsas denuncias estimuladas para cobrar un ingreso? Al no existir una investigación para el otorgamiento de dicho beneficio y no exigirse pruebas ni peritajes forenses a las víctimas, se pasó de 5.000 denuncias a 30.000 por mes. No estamos queriendo re victimizarlas sino defenderlas de los abusos", se cuestiona en los fundamentos.
El aumento de denuncias por violencia de género durante la pandemia es un hecho. Sin embargo, se explica por la reclusión de las familias en los hogares durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Las sistematizaciones sobre femicidios muestran datos consistentes en los últimos años en relación al lugar donde se produce la violencia: casi la mitad de los femicidios se producen en la vivienda de la víctima, y el agresor tiende a ser la pareja o ex pareja. Es por ello que la pandemia derivó en un notable aumento de las violencias al obligar a las mujeres a quedarse en su hogar.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, expresó su apoyo mediante un tuit publicado el año pasado el 9 de septiembre, Día Mundial de las Falsas Denuncias, "un día que sirve para reflexionar sobre el daño que hizo el feminismo radical en nuestra sociedad".
Aunque afirmó que "el 7% de las denuncias son falsas", esta cifra no ha sido verificada por ningún estudio u organismo oficial.
En la mayoría de los países, las denuncias falsas por violencia de género o abuso no superan el 5%. Aunque existen casos, no representan un porcentaje significativo ni una problemática ampliamente extendida como argumentan los defensores del proyecto.
Según un informe de ONU Mujeres publicado en 2024, a nivel mundial las denuncias falsas de género representan menos del 1%. En Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las denuncias penales se catalogan como falsas, y la mayoría no se relacionan con violencia de género. En otros países, como España, este porcentaje es de apenas el 0,03%.
Las cifras de violencia de género muestran que, al contrario, hay una notable problemática en relación a la presentación y avance de las denuncias: sólo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia buscó ayuda o pudo denunciar (según datos de la Iniciativa Spotlight correspondientes al 2023). Según el Informe de la Oficina de la Mujer de la CSJN del 2023, de 250 víctimas de femicidio, solo el 25% había denunciado al victimario.
De acuerdo al informe El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género del INECIP, "entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la Justicia nacional. Más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones. No se produce información sistemática sobre ingresos y salidas de casos ni su resolución".
Los últimos datos muestran un panorama preocupante ante el aumento de las violencias y la desarticulación de programas de abordaje y prevención. Según cifras del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven en lo que va del año se registran 149 femicidios, es decir, un femicidio cada 34 horas. Y remarcan que sólo el 15% de las víctimas había realizado una denuncia.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que existe el riesgo de equiparar "falta de prueba" con "falsa denuncia", lo que genera temor a denunciar y reforzar estereotipos sobre las mujeres, además de aumentar el riesgo de persecución penal contra las víctimas.
Los abusos contra las infancias, bajo sospecha
El proyecto de Losada impone penas más duras para casos de violencia de género o abuso sexual. En este sentido, los abusos contra las infancias han ganado un espacio más amplio en las agendas en los últimos años, aunque todavía representan una problemática central en la Justicia.
Si bien los defensores del proyecto hacen alusión a la idea de que los niños mienten o son "manipulados" para denunciar abusos inexistentes, lo cierto es que se trata de un delito difícil de denunciar y frecuentemente impune.
En Argentina, se estima que cada 1.000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Entre dos y tres son denuncias falsas, según las cifras del 2018 del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, las últimas disponibles.
Las cifras del MPF indican además que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba, es decir, no se investigan. Y la incidencia es del 60% si la víctima tiene menos de cinco años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según información de Unicef.
Lejos del estereotipo de la madre manipuladora, el panorama que hoy se vislumbra en el país está caracterizado por las madres protectoras, quienes buscan garantizar los derechos de sus hijos e hijas frente a casos de violencia y abuso en un sistema que no siempre los escucha.
Nota relacionada: Almada: "No hay espacios de recuperación para los niños que padecen violencias"
En la última década ha crecido el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) como estrategia judicial para desprestigiar los relatos de abuso de niños, niñas y adolescente y criminalizar, en su lugar, a la madre denunciante. Se trata de un término controversial acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985 que describe una situación en la que un niño, influenciado por uno de los padres, menosprecia y denigra al otro, generalmente en contextos de disputas entre los progenitores.
Frecuentemente se utiliza contra las madres protectoras, a pesar de que no tiene validez psicológica ni judicial. En una entrevista con este medio, el psiquiatra Enrique Stola explicó que el SAP "tiene muchísimo peso, porque las mujeres cuando entran al poder judicial buscando justicia ingenuamente, entran en un campo de sospecha. La misma sospecha del campo de lo social está en la mirada de gran parte de la justicia".
"Se utilizan diferentes estrategias como el mecanismo de contaminación, el SAP, implantación de recuerdos, otras idioteces del estilo pero que son muy efectivas para castigar a la mujer. Ese famoso síndrome -que no existe en el campo de la medicina ni de la psicología pero sí como cuestión ideológica dentro de algunas instituciones- surgió como respuesta a la lucha de las mujeres norteamericanas en la década del ‘60. El SAP se utiliza fuertemente en toda América Latina y en países de Occidente, para sacarle recursos a la madre protectora y poner a los niños en manos de violentos", detalló.
Nota relacionada: Stola: "La sociedad prepara a los próximos femicidas; hay un ataque fuertísimo contra derechos de mujeres, trans y disidencias"
Por otro lado, se estima que el 1% de los imputados en este tipo de caso son condenados, según un artículo publicado por el doctor Carlos Rozanski -ex Juez de Cámara Federal y presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS)- en una revista de divulgación científica de la Universidad de Limoges.
Hay debates pendientes sobre la ética periodística a la hora de señalar culpables o el accionar de la Justicia en los procesos de investigación. Y el proyecto de ley argumenta, precisamente, que busca fortalecer el sistema judicial. Sin embargo, la inversión estatal en herramientas para las víctimas es cada vez menor. Organizaciones como ELA han denunciado las deficiencias del sistema, al tiempo que exigen robustecer la sistematización de datos.
Y en esta línea, afirman que el proyecto que se debatirá no tiene rigor científico porque no se apoya en estadísticas oficiales. "Sin datos, se legisla sobre prejuicios", advierten desde ELA, en un momento crítico de desmantelamiento de las políticas de género que hoy, además, promete mirar con sospecha a quienes denuncien la violencia.
