Vetos de Milei: Megasesión y contraofensiva por la emergencia en discapacidadPor María Cafferata
Un tetris de ausencias, votos afirmativos y abstenciones pavimentará la próxima (y más grande) derrota de Javier Milei en el Congreso. En eso trabaja la oposición desde hace más de 24 horas: un intrincado juego de seducción y presiones para con los aliados heridos del Gobierno y los gobernadores que amagan con independizarse para lograr, así, poner contra las cuerdas a un Gobierno que pretende sostener la bandera del déficit cero frente a una multitud de jubilados y familiares de personas con discapacidad, que reclaman respuestas en plena campaña electoral.
El ariete social de la sesión de la Cámara de Diputados, que comenzará al mediodía, será la insistencia en la emergencia en discapacidad, que el presidente de la Nación vetó este mes. La ley tuvo un espaldarazo de la Justicia el lunes, luego de que el juez de Campana, Adrián González Charvay, declarase la inconstitucionalidad del veto. Este dato, sumado a la presencia de las organizaciones de familiares de personas con discapacidad en la calle, servirá de caldo de cultivo para impulsar un operativo presión que permita romper la red de alianzas del Ejecutivo.
La ley actualiza las prestaciones y fortalece el financiamiento de las pensiones por discapacidad, y será el primer tema a discutir en el recinto. En la oposición están confiados en que tendrán el número para el quórum, y buscan dar comienzo a la sesión con el plato fuerte. Es decir: conseguir, por primera vez en la era Milei, los dos tercios para insistir en una ley vetada en la Cámara de Diputados.
De todas los vetos a tratar en la sesión, la emergencia en discapacidad es la ley que tiene más posibilidades de salir, en eso coinciden tanto los jefes opositores como las espadas oficialistas. Los primeros con entusiasmo, los segundos casi con resignación. La Cámara de Diputados ya había logrado alcanzar los dos tercios cuando aprobó la ley en junio: con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la oposición había logrado anotarse el número mágico gracias a las 32 ausencias de algunos aliados oficialistas incómodos. El objetivo, ahora, será sostener los positivos y torcer la mayoría de las ausencias a su favor.
La base de los votos a favor de la ley la garantizarán el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, la izquierda, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. En junio, cuando la ley se aprobó, el radicalismo oficialista que conduce Rodrigo de Loredo votó a favor de la ley y, frente al resultado de los cierres de listas nacionales -que dejaron a varios radicales, como este mismo cordobés- por fuera de la boleta violeta de La Libertad Avanza, la oposición confía en que el resentimiento contra Karina Milei funcionará como insumo para sostener su voto afirmativo.
Entre las abstenciones está la cordobesa Alejandra Torres, que ya prometió que, esta vez, sí acompañará la ley. El gobernador Martín Llaryora, incluso, salió fuerte con un video respaldando la iniciativa: "En Córdoba le decimos no al veto. La ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas", anticipó a través de sus redes sociales.
Sus pares en el nuevo artificio electoral de centro denominado "Provincias Unidas", que incluye a Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), guardaron silencio. Cada uno de ellos competirá con La Libertad Avanza en sus provincias y deberá hacer correr a sus candidatos y candidatas con la votación de discapacidad y jubilaciones sobre la cabeza. En plena campaña electoral, la oposición jugará a la presión y al escrache como mecanismo para conseguir votos a favor de las leyes.
Los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal; Chubut, Ignacio Torres; Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Jujuy Carlos Sadir, anticiparon el miércoles por la noche que competirán "mancomunadamente" en las elecciones legislativas de octubre, y en contra de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. NA
Esta estrategia se hará carne, fundamentalmente, cuando llegue el momento de voltear el veto al aumento del bono y del 7,2% para las jubilaciones. La insistencia de la ley, que se tratará justo después de la de discapacidad, se encuentra en un empate técnico. La oposición necesita torcer más de 10 votos para que jueguen a favor y, en simultáneo, asegurarse de que los que coquetean con abstenerse o votar en contra no lo hagan, sino que se ausenten.
En un escenario de mayorías de 145-150 votos a favor de las leyes, la oposición necesita que quienes no acompañen se ausenten. Una abstención, en este contexto, es un guiño al Gobierno. "Votar afirmativo es defender a los jubilados. Votar en contra o abstenerse es defender al Gobierno", grafica, pedagógico, el pichettista Oscar Agost Carreño, uno de los principales armadores de la oposición junto a diputados como Germán Martínez y Paula Penacca (UxP), Carla Carrizo (DPS), Maximiliano Ferraro (CC) y "Chipi" Castillo (FIT).
El ojo estará puesto, entonces, en 18 diputados y diputadas del PRO y la UCR que se abstuvieron en la última votación. En el caso del PRO son pocos los diputados que están dispuestos a cruzar al Gobierno luego de haber cerrado alianzas en casi todo el territorio nacional. Hay algunas excepciones, como Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal o Sofía Brambilla: todas diputadas que resienten la fusión con LLA y buscan maneras de diferenciarse.
En el caso de la UCR, la mira estará puesta en todas las víctimas de los cierres provinciales. Este es el caso de los cordobeses, como De Loredo, Gabriela Brouwer y Soledad Carrizo, así como de los porteños y bonaerenses, como Karina Banfi o Martín Tetaz. Algunos, como Tetaz, ya anticipan que rechazarán todos los vetos. Otros, como De Loredo, aguardarán hasta último momento para tomar una decisión.
No son los únicos. Los cierres de listas dejaron muchos heridos, incluso entre algunos de los más fieles aliados del Gobierno. Es el caso de los radicales "con peluca" como Mariano Campero o Martín Arjol, que quedaron por fuera de las boletas. O el jefe del MID, Oscar Zago. O todos los gobernadores norteños, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), que dependen de los recursos de la Nación, pero ahora tendrán que competir con LLA en sus distritos.
La oposición tiene una estrategia para estos sectores: la inclusión, más adelante en el temario, de los dos proyectos de los gobernadores destinados a fondear las cuentas públicas. Es decir el que reparte de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que coparticipa parte de lo que se recauda con el impuesto a los combustibles líquidos. De aprobarse, las dos leyes se convertirán ley y es probable que arrastren una mayoría muy cercana a los dos tercios. Es decir, que llegaran bien paradas para un futuro veto presidencial.
La oposición, sin embargo, tomó una decisión estratégica: dejará los proyectos para el final de la sesión, de modo de tener garantizado un gancho que evite que los gobernadores ayuden al oficialismo a dejar sin quórum la sesión. Especialmente cuando llegue uno de los temas más delicados de la jornada: la comisión $LIBRA.
Comisión $LIBRA: la tercera es la vencida
La oposición, este miércoles, volverá a insistir para reactivar la comisión encargada de investigar el criptoescándalo que viene sacudiendo el corazón del gobierno libertario desde que, el 14 de febrero, Milei difundió una criptomoneda que terminó generando pérdidas millonarias.
El objetivo es modificar la resolución que creó la comisión investigadora hace ya cuatro meses y que nunca pudo funcionar debido a un empantanamiento digitado desde la oficina de Martín Menem. El riojano había logrado llevar a la comisión a una situación de empate entre el oficialismo y la oposición que imposibilitó, durante meses, que la comisión pudiera designar a sus autoridades y, así, tener las herramientas para recabar pruebas y citar a testigos.
La oposición busca, ahora, establecer una cláusula que especifique que, ante la imposibilidad de designar las autoridades, la presidencia de la comisión quedará en manos del bloque mayoritario de la oposición. Es decir, UxP.
De conseguir mayoría -y en la oposición están seguros de que la conseguirán- la Cámara de Diputados podría abrirle la puerta a uno de los mayores temores del Gobierno: habilitar el funcionamiento de una comisión que investigue el criptoescándalo en plena campaña electoral.
Fuente: elDiarioAr
Por María Cafferata
Un tetris de ausencias, votos afirmativos y abstenciones pavimentará la próxima (y más grande) derrota de Javier Milei en el Congreso. En eso trabaja la oposición desde hace más de 24 horas: un intrincado juego de seducción y presiones para con los aliados heridos del Gobierno y los gobernadores que amagan con independizarse para lograr, así, poner contra las cuerdas a un Gobierno que pretende sostener la bandera del déficit cero frente a una multitud de jubilados y familiares de personas con discapacidad, que reclaman respuestas en plena campaña electoral.
El ariete social de la sesión de la Cámara de Diputados, que comenzará al mediodía, será la insistencia en la emergencia en discapacidad, que el presidente de la Nación vetó este mes. La ley tuvo un espaldarazo de la Justicia el lunes, luego de que el juez de Campana, Adrián González Charvay, declarase la inconstitucionalidad del veto. Este dato, sumado a la presencia de las organizaciones de familiares de personas con discapacidad en la calle, servirá de caldo de cultivo para impulsar un operativo presión que permita romper la red de alianzas del Ejecutivo.
La ley actualiza las prestaciones y fortalece el financiamiento de las pensiones por discapacidad, y será el primer tema a discutir en el recinto. En la oposición están confiados en que tendrán el número para el quórum, y buscan dar comienzo a la sesión con el plato fuerte. Es decir: conseguir, por primera vez en la era Milei, los dos tercios para insistir en una ley vetada en la Cámara de Diputados.
De todas los vetos a tratar en la sesión, la emergencia en discapacidad es la ley que tiene más posibilidades de salir, en eso coinciden tanto los jefes opositores como las espadas oficialistas. Los primeros con entusiasmo, los segundos casi con resignación. La Cámara de Diputados ya había logrado alcanzar los dos tercios cuando aprobó la ley en junio: con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la oposición había logrado anotarse el número mágico gracias a las 32 ausencias de algunos aliados oficialistas incómodos. El objetivo, ahora, será sostener los positivos y torcer la mayoría de las ausencias a su favor.
La base de los votos a favor de la ley la garantizarán el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, la izquierda, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. En junio, cuando la ley se aprobó, el radicalismo oficialista que conduce Rodrigo de Loredo votó a favor de la ley y, frente al resultado de los cierres de listas nacionales -que dejaron a varios radicales, como este mismo cordobés- por fuera de la boleta violeta de La Libertad Avanza, la oposición confía en que el resentimiento contra Karina Milei funcionará como insumo para sostener su voto afirmativo.
Entre las abstenciones está la cordobesa Alejandra Torres, que ya prometió que, esta vez, sí acompañará la ley. El gobernador Martín Llaryora, incluso, salió fuerte con un video respaldando la iniciativa: "En Córdoba le decimos no al veto. La ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas", anticipó a través de sus redes sociales.
Sus pares en el nuevo artificio electoral de centro denominado "Provincias Unidas", que incluye a Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), guardaron silencio. Cada uno de ellos competirá con La Libertad Avanza en sus provincias y deberá hacer correr a sus candidatos y candidatas con la votación de discapacidad y jubilaciones sobre la cabeza. En plena campaña electoral, la oposición jugará a la presión y al escrache como mecanismo para conseguir votos a favor de las leyes.
Los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal; Chubut, Ignacio Torres; Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Jujuy Carlos Sadir, anticiparon el miércoles por la noche que competirán "mancomunadamente" en las elecciones legislativas de octubre, y en contra de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. NA
Esta estrategia se hará carne, fundamentalmente, cuando llegue el momento de voltear el veto al aumento del bono y del 7,2% para las jubilaciones. La insistencia de la ley, que se tratará justo después de la de discapacidad, se encuentra en un empate técnico. La oposición necesita torcer más de 10 votos para que jueguen a favor y, en simultáneo, asegurarse de que los que coquetean con abstenerse o votar en contra no lo hagan, sino que se ausenten.
En un escenario de mayorías de 145-150 votos a favor de las leyes, la oposición necesita que quienes no acompañen se ausenten. Una abstención, en este contexto, es un guiño al Gobierno. "Votar afirmativo es defender a los jubilados. Votar en contra o abstenerse es defender al Gobierno", grafica, pedagógico, el pichettista Oscar Agost Carreño, uno de los principales armadores de la oposición junto a diputados como Germán Martínez y Paula Penacca (UxP), Carla Carrizo (DPS), Maximiliano Ferraro (CC) y "Chipi" Castillo (FIT).
El ojo estará puesto, entonces, en 18 diputados y diputadas del PRO y la UCR que se abstuvieron en la última votación. En el caso del PRO son pocos los diputados que están dispuestos a cruzar al Gobierno luego de haber cerrado alianzas en casi todo el territorio nacional. Hay algunas excepciones, como Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal o Sofía Brambilla: todas diputadas que resienten la fusión con LLA y buscan maneras de diferenciarse.
En el caso de la UCR, la mira estará puesta en todas las víctimas de los cierres provinciales. Este es el caso de los cordobeses, como De Loredo, Gabriela Brouwer y Soledad Carrizo, así como de los porteños y bonaerenses, como Karina Banfi o Martín Tetaz. Algunos, como Tetaz, ya anticipan que rechazarán todos los vetos. Otros, como De Loredo, aguardarán hasta último momento para tomar una decisión.
No son los únicos. Los cierres de listas dejaron muchos heridos, incluso entre algunos de los más fieles aliados del Gobierno. Es el caso de los radicales "con peluca" como Mariano Campero o Martín Arjol, que quedaron por fuera de las boletas. O el jefe del MID, Oscar Zago. O todos los gobernadores norteños, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), que dependen de los recursos de la Nación, pero ahora tendrán que competir con LLA en sus distritos.
La oposición tiene una estrategia para estos sectores: la inclusión, más adelante en el temario, de los dos proyectos de los gobernadores destinados a fondear las cuentas públicas. Es decir el que reparte de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que coparticipa parte de lo que se recauda con el impuesto a los combustibles líquidos. De aprobarse, las dos leyes se convertirán ley y es probable que arrastren una mayoría muy cercana a los dos tercios. Es decir, que llegaran bien paradas para un futuro veto presidencial.
La oposición, sin embargo, tomó una decisión estratégica: dejará los proyectos para el final de la sesión, de modo de tener garantizado un gancho que evite que los gobernadores ayuden al oficialismo a dejar sin quórum la sesión. Especialmente cuando llegue uno de los temas más delicados de la jornada: la comisión $LIBRA.
Comisión $LIBRA: la tercera es la vencida
La oposición, este miércoles, volverá a insistir para reactivar la comisión encargada de investigar el criptoescándalo que viene sacudiendo el corazón del gobierno libertario desde que, el 14 de febrero, Milei difundió una criptomoneda que terminó generando pérdidas millonarias.
El objetivo es modificar la resolución que creó la comisión investigadora hace ya cuatro meses y que nunca pudo funcionar debido a un empantanamiento digitado desde la oficina de Martín Menem. El riojano había logrado llevar a la comisión a una situación de empate entre el oficialismo y la oposición que imposibilitó, durante meses, que la comisión pudiera designar a sus autoridades y, así, tener las herramientas para recabar pruebas y citar a testigos.
La oposición busca, ahora, establecer una cláusula que especifique que, ante la imposibilidad de designar las autoridades, la presidencia de la comisión quedará en manos del bloque mayoritario de la oposición. Es decir, UxP.
De conseguir mayoría -y en la oposición están seguros de que la conseguirán- la Cámara de Diputados podría abrirle la puerta a uno de los mayores temores del Gobierno: habilitar el funcionamiento de una comisión que investigue el criptoescándalo en plena campaña electoral.
Fuente: elDiarioAr
