El fuego no viene solo, el verano sí: ajuste, desidia estatal y la caza de brujas que se esconden tras los incendios en la Patagonia Este 18 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una problemática que no para de crecer. Más del 95% de los incendios en el mundo son provocados por la acción humana. La preocupación mundial crece frente al cambio climático y la urgencia de adoptar medidas sólidas en materia de prevención. Aunque el fuego es un elemento natural de los ecosistemas, la huella humana y la ausencia de políticas estatales han agravado la frecuencia y la intensidad de los incidentes. En la Patagonia el panorama de los últimos años es desafiante: de cara al próximo verano, lo que prima es la incertidumbre sobre cómo se destinarán los recursos materiales y humanos para afrontar una nueva temporada de incendios.
Un sistema saturado
El desfinanciamiento continuo en las distintas áreas destinadas al ambiente y la prevención del fuego hicieron mella a finales del 2024, cuando múltiples incendios afectaron varias localidades de la Patagonia. El incendio más grande se desató en el Parque Nahuel Huapi el 25 de diciembre de 2024: se necesitaron unas 120 personas, entre brigadistas, guardaparques y pobladores, para combatirlo, y tomó meses apagarlo por completo. En total, se quemaron cerca de 14 mil hectáreas. La magnitud de los incidentes pronto puso de nuevo en escena el reclamo por mejoras presupuestarias para la prevención y manejo del fuego.
A comienzos del 2025 hubo otros incendios de grandes proporciones en la región: dos en Chubut, uno en el lago y el pueblo de Epuyén, que abarcó 3530 hectáreas; y otro en la comuna rural Atilio Viglione, que consumió 4917 hectáreas de pastizales y bosque nativo. El tercero se produjo en la zona de interfase en El Bolsón y Mallín Ahogado, en Río Negro, junto al Area Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, donde el saldo fue de 3825 hectáreas afectadas. También se combatieron focos en Villa Magdalena, dentro del Parque Nacional Lanín en San Martín de Los Andes, consumiendo más de 15 mil hectáreas.
En los distintos focos trabajó personal de Parques Nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales), bomberos voluntarios y se utilizaron aviones hidrantes y helicópteros. A pesar del despliegue, el sistema estaba al borde del colapso, y en algunos casos debieron solicitar la presencia de brigadistas de otras provincias.
Durante el incendio en Nahuel Huapi, el brigadista del Parque Los Alerces, Hernán Mondino, explicaba a El Extremo Sur la fragilidad de la situación en relación al recurso humano disponible: "Si hoy tenemos un incendio de magnitud como el de Bariloche, los recursos estarían a la mitad, eso termina siendo escaso, y a eso le sumas que te falta gente, después surgen otras situaciones como movilizar gente del norte o de otras provincia pero a lo mejor no están acostumbrados a la Patagonia entonces terminan por no ser eficientes, si bien incorporás gente, en términos de eficiencia del ataque, te van a faltar personas preparadas".
El escenario fue muy similar al que se vivió en la región el 9 de marzo del 2021, cuando se generaron varios focos en la Comarca Andina del Paralelo 42, al noroeste de Chubut. Los siete focos que se propagaron afectaron a distintos sectores: Lago Puelo, Las Golondrinas, El Hoyo, Epuyén, Cerro Radal, El Maitén y Cholila. El saldo fue catastrófico: se perdieron tres vidas humanas, más de 500 viviendas, bosque nativo e implantado, animales de cría y de compañía e infraestructura productiva, sumado a unas 13.000 hectáreas destruidas.
A pesar de las promesas políticas y la esperanza de la recuperación, a cuatro años de ese 9 de marzo la situación no ha cambiado mucho. Vecinos de los barrios afectados como Ecoaldea, Bosques al Sur y El Pinar siguen reclamando soluciones definitivas a la falta de servicios básicos y la precariedad de las viviendas, problemáticas que en algunos casos eran previas al 2021 pero se profundizaron con los incendios.
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La ausencia estatal se prolongó los años posteriores, afectando la prestación de servicios, la reconstrucción de viviendas y la recuperación de herramientas de trabajo. A pesar de las promesas nacionales, provinciales y municipales, el acompañamiento fue escaso. La necesidad de robustecer las políticas de prevención, lejos de atenderse, ha quedado marginada.
Caza de brujas
Sobre cada incendio que se ha registrado en la Patagonia en los últimos años subyace la sospecha de ser intencionado, sobre todo en aquellos que se producen en terrenos de interés para proyectos inmobiliarios o donde se disputan conflictos por la propiedad de las tierras. En este sentido, un amplio sector del arco político viene endilgando los incendios a las comunidades mapuches que sostienen un reclamo histórico por el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales.
El señalamiento no tardó en hacerse visible en la escena pública en 2021, durante los primeros días de los incidentes y aún sin información concreta sobre el origen de los incendios. Sectores vinculados a la derecha política reactivaron la retórica del mapuche incendiario en los episodios que se registraron los años siguientes, e irrumpieron con fuerza nuevamente a finales del 2024, ante una nueva ola de incendios.
Durante los eventos del 2021, distintas figuras del arco político provincial y nacional aludieron a la responsabilidad del Pueblo Mapuche en crisis ígnea. Personajes como el dirigente Miguel Angel Pichetto, el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente de la Asociación de Bomberos de El Bolsón, Juan Caros Martínez; y la diputada Florencia Arietto (ex funcionaria del Ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich) apoyaron una afirmación que, aun sin pruebas, hasta la fecha sigue siendo moneda corriente en los discursos de ciertos sectores políticos.
"La irresponsabilidad política de estas denuncias de odio son canallescas y asesinas. Se olvidan que en la provincia hay una población mayoritariamente mapuche. Esta situación que se pretende instalar con discursos cuando el incendio todavía no está controlado es una incitación a la violencia racial y merecen ser investigadas y condenadas por la clase política, la sociedad, pero fundamentalmente por el Poder Judicial", expresó el Parlamento Mapuche a través de un comunicado.
La situación no era nueva: en enero del 2024 se quemaron cerca de 7000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces. A horas de su inicio, se responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako. Un año más tarde, se llevó adelante el desalojo de la Lof, aunque nunca hubo pruebas de su presunta participación en los incendios.
En el medio, se han producido decenas de causas por usurpación contra comunidades mapuche. Muchos han denunciado, precisamente, incendios intencionales en sus territorios como modalidad de expulsión para dar lugar a proyectos inmobiliarios y turísticos.
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El discurso de odio contra los mapuches se agudizó con la asunción de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, una figura reconocida por orquestar la criminalización al Pueblo Mapuche con expresiones racistas, acusaciones infundadas y violentos desalojos. El 15 de enero de este año, cuando comenzaron los incendios en Epuyén, Bullrich viajaba a la zona pero para participar del desalojo de la Lof Paillako. En el medio, efectivos de la Policía provincial encabezaron allanamientos a comunidades y detuvieron a una integrante de la comunidad Pillan Mahuiza.
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Bullrich adelantó que enviaría al Congreso una reforma al Código Penal para crear un agravante por "intimidación al gobierno" para perseguir a los "pseudomapuches". "Lo que están haciendo es ocultar su incapacidad sospechosa para controlar los fuegos que están arrasando con gran parte de la Cordillera y quieren adjudicárselo al Pueblo Mapuche", expresó Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillan Mahuiza.
La caza de brujas continuó mientras la Patagonia ardía: en la búsqueda de culpables, a principios de febrero se detuvo a seis personas sospechosas de haber iniciado los focos que desencadenaron el incendio forestal de El Bolsón. Sin embargo, fueron liberados rápidamente por ausencia de pruebas en su contra. El juez de Garantías, Ricardo Calcagno, criticó a los funcionarios a cargo de la investigación.
Durante las primeras horas de la detención, activistas y ciudadanos convocaron a una manifestación en la puerta de la Comisaría 12 de El Bolsón para exigir la inmediata liberación de los sospechosos, pero fueron reprimidos por una patota montada a caballos que responderían al magnate británico Joe Lewis, dueño de una estancia en Lago Escondido.
"Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria', ‘mátenlos'. Fue una situación muy violenta", relató a La Vaca Iván González, vecino de Lago Puelo.
"Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad", agregó.
Discurso negacionista y ajuste
La magnitud de los incendios no se explica sólo por motivos naturales: el progresivo desfinanciamiento en las políticas ambientales sumado a las condiciones climáticas cada vez más adversas, hacen encender todas las alarmas cada vez que la región atraviesa la temporada de verano, en la que aumenta considerablemente el riesgo de incendios.
Una de las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei fue desarticular los principales Ministerios, lo que derivó en importantes recortes presupuestarios y un reordenamiento de las prioridades de la gestión, entre las cuales la prevención ambiental ocupa un lugar marginal.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se desjerarquizó y fue absorbido por el Ministerio del Interior. De esta manera, la cartera pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
En un escenario político global que no ignora la urgencia de robustecer las políticas ambientales, el Gobierno argentino descree de los argumentos científicos que explican el cambio climático y colabora con la fragilidad de los sistemas de prevención del fuego. La postura negacionista del Ejecutivo quedó muy clara cuando la gestión de Milei retiró a la delegación argentina de la Conferencia de Naciones sobre Cambio Climático (COP29) y expresó su oposición al Pacto para el Futuro, que se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El discurso negacionista no tardó en convertirse en políticas de recorte: en Parques Nacionales se agravó la situación de trabajadores y se impulsaron cientos de despidos, mientras que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió profundas modificaciones.
Un análisis detallado de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sobre las partidas nacionales para las políticas ambientales muestra que esta ejecución resulta muy baja comparada con la de otros años: 45%, 70% y 78% ejecutado en la primera mitad del año de 2021, 2022 y 2023. La Administración de Parques Nacionales, por su parte, el año pasado sufrió una caída que supera el 40%.
En la misma línea, el Programa Nacional de Manejo del Fuego sufrió una reducción del 43%, y de ese total sólo se ejecutó el 27%. A principios de 2024, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contaba con un presupuesto aproximado de 12.000 millones de pesos, que fueron ampliados en 21.000 millones de pesos cuando se produjeron los incendios en Córdoba. Sin embargo, a fin de año las cuentas muestran que de esa cifra sólo se gastaron 7.700 millones de pesos, una cantidad incluso menor al presupuesto original.
Por otro lado, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N°26.331) establece que el 0,3% del Presupuesto Nacional debe estar destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. De acuerdo a los datos recogidos FARN, en los primeros 8 meses del 2024 este fondo era 18 veces menos a lo que debería.
El Gobierno impulsó, además, cambios en las funciones y jerarquías de las áreas. El 27 de diciembre del 2024, a dos días de iniciarse el incendio en Nahuel Huapi, decidió traspasar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego desde la subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. La ministra, quien prometió luchar la "guerra" contra el fuego, anunció en los meses siguientes la creación de la Agencia Federal de Emergencias "para dar una respuesta centralizada y más eficiente ante catástrofes naturales en todo el país", aunque nada dijo sobre los fondos que se destinarían al combate del fuego. En enero, se ejecutaron cero pesos, y recién en la primera semana de febrero se distribuyeron los primeros 75 millones de pesos.
El 13 de febrero se produjo la renuncia de Ana Lamas, subsecretaria de Ambiente, quien dejaba su puesto por "agotamiento" en plena crisis ambiental. Su sucesor, Fernando Brom, admitió en sus primeras declaraciones que "el tema de los bosques y los fuegos tiene prioridad cero. Hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y evidentemente no lo hemos hecho bien".
No fue el único escándalo en medio de los incendios que arrasaban con buena parte de la Patagonia: en enero el director de Parques Nacionales, Cristian Larssen, protagonizaba un viaje relámpago de 24 horas para atender la situación. Sin embargo, se hizo un lugar en la agenda para comer en el exclusivo establecimiento Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel, donde gastó cerca de 400 mil pesos (casi un sueldo básico de un brigadista patagónico) incluidos en los gastos de viáticos del Estado.
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Tras un verano insostenible en términos de recurso humano y técnico para afrontar los incendios en la Patagonia, el Gobierno anunció la disolución del Fideicomiso de la Ley de Manejo del Fuego. El brigadista Hernán Mondino explicó recientemente a El Extremo Sur que si bien esta decisión no implica que los fondos desaparezcan, sí existe una gran incertidumbre sobre cómo serán utilizados.
El fondo había sido creado en 2021 bajo la Ley 26.815 para financiar la logística, equipamiento y recursos humanos destinados al combate de incendios forestales en todo el país. El Gobierno decidió eliminarlo a la par de otros fondos fiduciarios tras los resultados de las auditorías de la SIGEN que revelaron inconsistencias en el manejo de las partidas.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego, creado por la misma ley, continuará vigente, pero ahora el Ministerio de Seguridad será el encargado de recaudar y administrar los fondos.
Recurso humano precarizado
A la par del desfinanciamiento general de las distintas áreas que aseguran la prevención y el combate del fuego, desde principios de la gestión de Milei los trabajadores de Parques Nacionales denuncian una situación de incertidumbre y precarización.
Desde las delegaciones de ATE en Parques Nacionales han denunciado la delicada situación laboral de los 2000 trabajadores de las distintas áreas. Al recorte de personal se suman despidos injustificados, en algunos casos motivados por cuestiones ideológicas, y sueldos congelados que imposibilitan la proyección a largo plazo.
A la fecha, se perdieron más de 150 puestos de trabajo entre administrativos, personal científico-técnico, guardaparques y brigadistas, y el Gobierno no descarta profundizar los despidos para "racionalizar el gasto".
Los brigadistas, que constituyen el primer eslabón en el combate contra los incendios, hoy atraviesan un panorama de despidos, renuncias por los bajos sueldos y contratos efímeros. A finales de 2023 se contabilizaban unos 440 brigadistas en todo el país, número que ya se revelaba insuficiente para el aumento en la cantidad y la magnitud de los incendios de los últimos años: actualmente quedan unos 390.
"Como ejemplo, acá en Alerces, en la temporada pasada, se fueron cuatro compañeros brigadistas en plena temporada de incendios, me parece que es como un símbolo, por un lado la necesidad de trabajadores y por el otro, la cuestión objetiva de lo que les pasa a esos laburantes, que el sueldo no es bueno y que es todo inestable todo momento", expresó Mondino.
La precariedad se agudizó tras el cambio de autoridades. A principios de junio se anunció la designación del nuevo director, el arquitecto Sergio Alvarez, tras la salida de Cristian Larsen.
Mondino señala que "en el cambio de autoridades nos llegaron los contratos de un mes, que eso fue como detonante, todavía más extremo todo. Surgieron asambleas en varios parques, un poco de denuncias públicas, un poco de medios y eso se revirtió. Pero así es el clima general".
La situación previa tampoco era ideal: antes del cambio de autoridades los brigadistas eran empleados con contratos de tres meses, lo que abona al cansancio y la dificultad de proyectar acciones de prevención para la temporada.
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"Lo que más labura es la posibilidad de que te pueden echar, no es que está el contrato y no pasa nada y hay una normalidad en ese contrato, y continúa, sino que hay una posibilidad real de que se termine, que lo terminen de cualquier manera. Todo eso genera un desgano, se hace difícil laburar con cuestiones en las que hay que entregar mucho, la difusión, la prevención, todo eso es un laburo más de dedicación, más de proyección, tanto de los propios sistemas como del trabajador. Porque cuando cayó el contrato de un mes, uno se pregunta ¿para qué? ¿Para qué te vas a romper la cabeza? ¿Para qué te vas a matar? Si en cualquier momento te echan, a nadie le importa", cuestionó Mondino.
Mientras el Estado se desentiende, la situación ambiental requiere medidas urgentes: el 2023 fue el año más cálido a nivel mundial desde que se tienen registros en 1850, y marca una tendencia que podría agravarse en la medida en que no se concreten políticas ambientales. Según datos del Ministerio del Interior, durante el 2023 se produjeron alrededor de 2 mil incendios en toda la Argentina que afectaron a unas 500 mil hectáreas. En 2024 los incendios de Córdoba y de la Patagonia fueron la postal de un escenario crítico.
Cerca de 50 mil hectáreas en ocho puntos diferentes de la Cordillera Andina (incluyendo dos parques nacionales y un área natural protegida) fueron afectadas entre el año pasado y principios de este año. En la medida en que el cambio climático y la acción humana afectan el equilibrio de los ecosistemas, la planificación a largo plazo es cada vez más urgente. En la Patagonia, la caza de brujas que esconde intereses económicos se suma al brutal desfinanciamiento del Gobierno nacional y deja un horizonte de total incertidumbre para la temporada que se viene.
Este 18 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una problemática que no para de crecer. Más del 95% de los incendios en el mundo son provocados por la acción humana. La preocupación mundial crece frente al cambio climático y la urgencia de adoptar medidas sólidas en materia de prevención. Aunque el fuego es un elemento natural de los ecosistemas, la huella humana y la ausencia de políticas estatales han agravado la frecuencia y la intensidad de los incidentes. En la Patagonia el panorama de los últimos años es desafiante: de cara al próximo verano, lo que prima es la incertidumbre sobre cómo se destinarán los recursos materiales y humanos para afrontar una nueva temporada de incendios.
Un sistema saturado
El desfinanciamiento continuo en las distintas áreas destinadas al ambiente y la prevención del fuego hicieron mella a finales del 2024, cuando múltiples incendios afectaron varias localidades de la Patagonia. El incendio más grande se desató en el Parque Nahuel Huapi el 25 de diciembre de 2024: se necesitaron unas 120 personas, entre brigadistas, guardaparques y pobladores, para combatirlo, y tomó meses apagarlo por completo. En total, se quemaron cerca de 14 mil hectáreas. La magnitud de los incidentes pronto puso de nuevo en escena el reclamo por mejoras presupuestarias para la prevención y manejo del fuego.
A comienzos del 2025 hubo otros incendios de grandes proporciones en la región: dos en Chubut, uno en el lago y el pueblo de Epuyén, que abarcó 3530 hectáreas; y otro en la comuna rural Atilio Viglione, que consumió 4917 hectáreas de pastizales y bosque nativo. El tercero se produjo en la zona de interfase en El Bolsón y Mallín Ahogado, en Río Negro, junto al Area Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, donde el saldo fue de 3825 hectáreas afectadas. También se combatieron focos en Villa Magdalena, dentro del Parque Nacional Lanín en San Martín de Los Andes, consumiendo más de 15 mil hectáreas.
En los distintos focos trabajó personal de Parques Nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales), bomberos voluntarios y se utilizaron aviones hidrantes y helicópteros. A pesar del despliegue, el sistema estaba al borde del colapso, y en algunos casos debieron solicitar la presencia de brigadistas de otras provincias.
Durante el incendio en Nahuel Huapi, el brigadista del Parque Los Alerces, Hernán Mondino, explicaba a El Extremo Sur la fragilidad de la situación en relación al recurso humano disponible: "Si hoy tenemos un incendio de magnitud como el de Bariloche, los recursos estarían a la mitad, eso termina siendo escaso, y a eso le sumas que te falta gente, después surgen otras situaciones como movilizar gente del norte o de otras provincia pero a lo mejor no están acostumbrados a la Patagonia entonces terminan por no ser eficientes, si bien incorporás gente, en términos de eficiencia del ataque, te van a faltar personas preparadas".
El escenario fue muy similar al que se vivió en la región el 9 de marzo del 2021, cuando se generaron varios focos en la Comarca Andina del Paralelo 42, al noroeste de Chubut. Los siete focos que se propagaron afectaron a distintos sectores: Lago Puelo, Las Golondrinas, El Hoyo, Epuyén, Cerro Radal, El Maitén y Cholila. El saldo fue catastrófico: se perdieron tres vidas humanas, más de 500 viviendas, bosque nativo e implantado, animales de cría y de compañía e infraestructura productiva, sumado a unas 13.000 hectáreas destruidas.
A pesar de las promesas políticas y la esperanza de la recuperación, a cuatro años de ese 9 de marzo la situación no ha cambiado mucho. Vecinos de los barrios afectados como Ecoaldea, Bosques al Sur y El Pinar siguen reclamando soluciones definitivas a la falta de servicios básicos y la precariedad de las viviendas, problemáticas que en algunos casos eran previas al 2021 pero se profundizaron con los incendios.
Nota relacionada: Volvió el fuego a la Comarca: la gente padece el abandono del Estado desde el incendio de 2021
La ausencia estatal se prolongó los años posteriores, afectando la prestación de servicios, la reconstrucción de viviendas y la recuperación de herramientas de trabajo. A pesar de las promesas nacionales, provinciales y municipales, el acompañamiento fue escaso. La necesidad de robustecer las políticas de prevención, lejos de atenderse, ha quedado marginada.
Caza de brujas
Sobre cada incendio que se ha registrado en la Patagonia en los últimos años subyace la sospecha de ser intencionado, sobre todo en aquellos que se producen en terrenos de interés para proyectos inmobiliarios o donde se disputan conflictos por la propiedad de las tierras. En este sentido, un amplio sector del arco político viene endilgando los incendios a las comunidades mapuches que sostienen un reclamo histórico por el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales.
El señalamiento no tardó en hacerse visible en la escena pública en 2021, durante los primeros días de los incidentes y aún sin información concreta sobre el origen de los incendios. Sectores vinculados a la derecha política reactivaron la retórica del mapuche incendiario en los episodios que se registraron los años siguientes, e irrumpieron con fuerza nuevamente a finales del 2024, ante una nueva ola de incendios.
Durante los eventos del 2021, distintas figuras del arco político provincial y nacional aludieron a la responsabilidad del Pueblo Mapuche en crisis ígnea. Personajes como el dirigente Miguel Angel Pichetto, el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente de la Asociación de Bomberos de El Bolsón, Juan Caros Martínez; y la diputada Florencia Arietto (ex funcionaria del Ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich) apoyaron una afirmación que, aun sin pruebas, hasta la fecha sigue siendo moneda corriente en los discursos de ciertos sectores políticos.
"La irresponsabilidad política de estas denuncias de odio son canallescas y asesinas. Se olvidan que en la provincia hay una población mayoritariamente mapuche. Esta situación que se pretende instalar con discursos cuando el incendio todavía no está controlado es una incitación a la violencia racial y merecen ser investigadas y condenadas por la clase política, la sociedad, pero fundamentalmente por el Poder Judicial", expresó el Parlamento Mapuche a través de un comunicado.
La situación no era nueva: en enero del 2024 se quemaron cerca de 7000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces. A horas de su inicio, se responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako. Un año más tarde, se llevó adelante el desalojo de la Lof, aunque nunca hubo pruebas de su presunta participación en los incendios.
En el medio, se han producido decenas de causas por usurpación contra comunidades mapuche. Muchos han denunciado, precisamente, incendios intencionales en sus territorios como modalidad de expulsión para dar lugar a proyectos inmobiliarios y turísticos.
Nota relacionada: Moira Millán: "Me gustaría que el pueblo argentino salga a decir algo, que una vez más no se silencie"
El discurso de odio contra los mapuches se agudizó con la asunción de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, una figura reconocida por orquestar la criminalización al Pueblo Mapuche con expresiones racistas, acusaciones infundadas y violentos desalojos. El 15 de enero de este año, cuando comenzaron los incendios en Epuyén, Bullrich viajaba a la zona pero para participar del desalojo de la Lof Paillako. En el medio, efectivos de la Policía provincial encabezaron allanamientos a comunidades y detuvieron a una integrante de la comunidad Pillan Mahuiza.
Nota relacionada: Mauro Millán: "Detrás del incendio hay intereses económicos; claramente son enemigos de la vida"
Bullrich adelantó que enviaría al Congreso una reforma al Código Penal para crear un agravante por "intimidación al gobierno" para perseguir a los "pseudomapuches". "Lo que están haciendo es ocultar su incapacidad sospechosa para controlar los fuegos que están arrasando con gran parte de la Cordillera y quieren adjudicárselo al Pueblo Mapuche", expresó Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillan Mahuiza.
La caza de brujas continuó mientras la Patagonia ardía: en la búsqueda de culpables, a principios de febrero se detuvo a seis personas sospechosas de haber iniciado los focos que desencadenaron el incendio forestal de El Bolsón. Sin embargo, fueron liberados rápidamente por ausencia de pruebas en su contra. El juez de Garantías, Ricardo Calcagno, criticó a los funcionarios a cargo de la investigación.
Durante las primeras horas de la detención, activistas y ciudadanos convocaron a una manifestación en la puerta de la Comisaría 12 de El Bolsón para exigir la inmediata liberación de los sospechosos, pero fueron reprimidos por una patota montada a caballos que responderían al magnate británico Joe Lewis, dueño de una estancia en Lago Escondido.
"Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria', ‘mátenlos'. Fue una situación muy violenta", relató a La Vaca Iván González, vecino de Lago Puelo.
"Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad", agregó.
Discurso negacionista y ajuste
La magnitud de los incendios no se explica sólo por motivos naturales: el progresivo desfinanciamiento en las políticas ambientales sumado a las condiciones climáticas cada vez más adversas, hacen encender todas las alarmas cada vez que la región atraviesa la temporada de verano, en la que aumenta considerablemente el riesgo de incendios.
Una de las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei fue desarticular los principales Ministerios, lo que derivó en importantes recortes presupuestarios y un reordenamiento de las prioridades de la gestión, entre las cuales la prevención ambiental ocupa un lugar marginal.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se desjerarquizó y fue absorbido por el Ministerio del Interior. De esta manera, la cartera pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
En un escenario político global que no ignora la urgencia de robustecer las políticas ambientales, el Gobierno argentino descree de los argumentos científicos que explican el cambio climático y colabora con la fragilidad de los sistemas de prevención del fuego. La postura negacionista del Ejecutivo quedó muy clara cuando la gestión de Milei retiró a la delegación argentina de la Conferencia de Naciones sobre Cambio Climático (COP29) y expresó su oposición al Pacto para el Futuro, que se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El discurso negacionista no tardó en convertirse en políticas de recorte: en Parques Nacionales se agravó la situación de trabajadores y se impulsaron cientos de despidos, mientras que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió profundas modificaciones.
Un análisis detallado de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sobre las partidas nacionales para las políticas ambientales muestra que esta ejecución resulta muy baja comparada con la de otros años: 45%, 70% y 78% ejecutado en la primera mitad del año de 2021, 2022 y 2023. La Administración de Parques Nacionales, por su parte, el año pasado sufrió una caída que supera el 40%.
En la misma línea, el Programa Nacional de Manejo del Fuego sufrió una reducción del 43%, y de ese total sólo se ejecutó el 27%. A principios de 2024, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contaba con un presupuesto aproximado de 12.000 millones de pesos, que fueron ampliados en 21.000 millones de pesos cuando se produjeron los incendios en Córdoba. Sin embargo, a fin de año las cuentas muestran que de esa cifra sólo se gastaron 7.700 millones de pesos, una cantidad incluso menor al presupuesto original.
Por otro lado, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N°26.331) establece que el 0,3% del Presupuesto Nacional debe estar destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. De acuerdo a los datos recogidos FARN, en los primeros 8 meses del 2024 este fondo era 18 veces menos a lo que debería.
El Gobierno impulsó, además, cambios en las funciones y jerarquías de las áreas. El 27 de diciembre del 2024, a dos días de iniciarse el incendio en Nahuel Huapi, decidió traspasar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego desde la subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. La ministra, quien prometió luchar la "guerra" contra el fuego, anunció en los meses siguientes la creación de la Agencia Federal de Emergencias "para dar una respuesta centralizada y más eficiente ante catástrofes naturales en todo el país", aunque nada dijo sobre los fondos que se destinarían al combate del fuego. En enero, se ejecutaron cero pesos, y recién en la primera semana de febrero se distribuyeron los primeros 75 millones de pesos.
El 13 de febrero se produjo la renuncia de Ana Lamas, subsecretaria de Ambiente, quien dejaba su puesto por "agotamiento" en plena crisis ambiental. Su sucesor, Fernando Brom, admitió en sus primeras declaraciones que "el tema de los bosques y los fuegos tiene prioridad cero. Hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y evidentemente no lo hemos hecho bien".
No fue el único escándalo en medio de los incendios que arrasaban con buena parte de la Patagonia: en enero el director de Parques Nacionales, Cristian Larssen, protagonizaba un viaje relámpago de 24 horas para atender la situación. Sin embargo, se hizo un lugar en la agenda para comer en el exclusivo establecimiento Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel, donde gastó cerca de 400 mil pesos (casi un sueldo básico de un brigadista patagónico) incluidos en los gastos de viáticos del Estado.
Nota relacionada: Mientras arde el Nahuel Huapi, el director de Parques Nacionales quemó la tarjeta en almuerzos de 400 mil pesos
Tras un verano insostenible en términos de recurso humano y técnico para afrontar los incendios en la Patagonia, el Gobierno anunció la disolución del Fideicomiso de la Ley de Manejo del Fuego. El brigadista Hernán Mondino explicó recientemente a El Extremo Sur que si bien esta decisión no implica que los fondos desaparezcan, sí existe una gran incertidumbre sobre cómo serán utilizados.
El fondo había sido creado en 2021 bajo la Ley 26.815 para financiar la logística, equipamiento y recursos humanos destinados al combate de incendios forestales en todo el país. El Gobierno decidió eliminarlo a la par de otros fondos fiduciarios tras los resultados de las auditorías de la SIGEN que revelaron inconsistencias en el manejo de las partidas.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego, creado por la misma ley, continuará vigente, pero ahora el Ministerio de Seguridad será el encargado de recaudar y administrar los fondos.
Recurso humano precarizado
A la par del desfinanciamiento general de las distintas áreas que aseguran la prevención y el combate del fuego, desde principios de la gestión de Milei los trabajadores de Parques Nacionales denuncian una situación de incertidumbre y precarización.
Desde las delegaciones de ATE en Parques Nacionales han denunciado la delicada situación laboral de los 2000 trabajadores de las distintas áreas. Al recorte de personal se suman despidos injustificados, en algunos casos motivados por cuestiones ideológicas, y sueldos congelados que imposibilitan la proyección a largo plazo.
A la fecha, se perdieron más de 150 puestos de trabajo entre administrativos, personal científico-técnico, guardaparques y brigadistas, y el Gobierno no descarta profundizar los despidos para "racionalizar el gasto".
Los brigadistas, que constituyen el primer eslabón en el combate contra los incendios, hoy atraviesan un panorama de despidos, renuncias por los bajos sueldos y contratos efímeros. A finales de 2023 se contabilizaban unos 440 brigadistas en todo el país, número que ya se revelaba insuficiente para el aumento en la cantidad y la magnitud de los incendios de los últimos años: actualmente quedan unos 390.
"Como ejemplo, acá en Alerces, en la temporada pasada, se fueron cuatro compañeros brigadistas en plena temporada de incendios, me parece que es como un símbolo, por un lado la necesidad de trabajadores y por el otro, la cuestión objetiva de lo que les pasa a esos laburantes, que el sueldo no es bueno y que es todo inestable todo momento", expresó Mondino.
La precariedad se agudizó tras el cambio de autoridades. A principios de junio se anunció la designación del nuevo director, el arquitecto Sergio Alvarez, tras la salida de Cristian Larsen.
Mondino señala que "en el cambio de autoridades nos llegaron los contratos de un mes, que eso fue como detonante, todavía más extremo todo. Surgieron asambleas en varios parques, un poco de denuncias públicas, un poco de medios y eso se revirtió. Pero así es el clima general".
La situación previa tampoco era ideal: antes del cambio de autoridades los brigadistas eran empleados con contratos de tres meses, lo que abona al cansancio y la dificultad de proyectar acciones de prevención para la temporada.
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"Lo que más labura es la posibilidad de que te pueden echar, no es que está el contrato y no pasa nada y hay una normalidad en ese contrato, y continúa, sino que hay una posibilidad real de que se termine, que lo terminen de cualquier manera. Todo eso genera un desgano, se hace difícil laburar con cuestiones en las que hay que entregar mucho, la difusión, la prevención, todo eso es un laburo más de dedicación, más de proyección, tanto de los propios sistemas como del trabajador. Porque cuando cayó el contrato de un mes, uno se pregunta ¿para qué? ¿Para qué te vas a romper la cabeza? ¿Para qué te vas a matar? Si en cualquier momento te echan, a nadie le importa", cuestionó Mondino.
Mientras el Estado se desentiende, la situación ambiental requiere medidas urgentes: el 2023 fue el año más cálido a nivel mundial desde que se tienen registros en 1850, y marca una tendencia que podría agravarse en la medida en que no se concreten políticas ambientales. Según datos del Ministerio del Interior, durante el 2023 se produjeron alrededor de 2 mil incendios en toda la Argentina que afectaron a unas 500 mil hectáreas. En 2024 los incendios de Córdoba y de la Patagonia fueron la postal de un escenario crítico.
Cerca de 50 mil hectáreas en ocho puntos diferentes de la Cordillera Andina (incluyendo dos parques nacionales y un área natural protegida) fueron afectadas entre el año pasado y principios de este año. En la medida en que el cambio climático y la acción humana afectan el equilibrio de los ecosistemas, la planificación a largo plazo es cada vez más urgente. En la Patagonia, la caza de brujas que esconde intereses económicos se suma al brutal desfinanciamiento del Gobierno nacional y deja un horizonte de total incertidumbre para la temporada que se viene.
