Por la causa Emergencia Climática II allanaron a ex funcionarios municipalesEl fiscal general Cristian Olazábal junto al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindaron una conferencia de prensa para confirmar tres allanamientos en la investigación por la causa Emergencia Climática II, derivada de los episodios ocurridos en 2017 en Comodoro Rivadavia. Además reclamaron una pronta definición del Superior Tribunal de Justicia respecto de las condenas ya dictadas.
"Hubo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales y registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos útiles para la investigación. Fueron todos consistentes en equipos informáticos", señaló Olazabal. Uno de los allanados fue el exsecretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.
Por el deber de reserva que establece el Código Procesal Penal, evitó precisar nombres, aunque reconoció que los procedimientos alcanzaron a personas vinculadas a exfuncionarios municipales de la gestión de entonces.
El fiscal recordó que el juicio oral comenzó el 9 de mayo de 2024 y culminó el 29 de agosto de ese año, con la declaración de más de 120 testigos en apenas cuatro meses. El fallo de primera instancia fue confirmado por la Cámara Penal el 4 de diciembre de 2024, momento en el cual el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los condenados a penas de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, el 24 de diciembre se les otorgó arresto domiciliario, y días después el propio fiscal pidió revisar esa medida: "Si aquel 30 de diciembre no hubiera solicitado la libertad de esas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión. Ésas no eran las condiciones que habíamos requerido, porque las penas de cumplimiento efectivo deben cumplirse en un establecimiento penitenciario, no en un domicilio".
El expediente se encuentra a estudio del STJ tras la impugnación extraordinaria presentada por las defensas, y la fiscalía aguarda la resolución para ejecutar las penas.
El fiscal explicó que los allanamientos recientes surgieron de observaciones realizadas por el tribunal durante el debate oral, donde se detectaron conductas atribuibles a personas no enjuiciadas en la primera etapa.
Consultado por la posibilidad de nuevas detenciones, fue categórico: "No le puedo solicitar la detención a alguien que está en Comodoro y que veo todos los días. Para eso debe existir peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación o presión sobre testigos". Negando eventuales lecturas políticas, Olazábal se limitó a remarcar: "A mí me corresponden las lecturas técnico jurídicas, nada más".
Por su parte el ministro Iturrioz confirmó las nuevas medidas en el marco de la causa por corrupción: allanamientos, registros vehiculares y requisas personales, que tuvieron como objetivo el secuestro de equipos informáticos que son útiles para la investigación. "Son personas vinculadas, en aquel entonces, a los exfuncionarios que integraron la Municipalidad de Comodoro", confirmó.
El exfiscal de la Causa Revelación advirtió que los acusados de corrupción intentan instalar un sesgo partidario en su contra: "Yo vine desde Rawson a investigar la corrupción en la emergencia climática. Siempre quienes se encuentran sospechados de un ilícito, sobre todo de corrupción, tratan de darle un tinte político a sus delitos. Usan la política como herramienta para delinquir".
"Lo que se investiga ahora es una orden directa del tribunal de juicio, y apunta a determinar responsabilidades en presuntas exacciones ilegales, bajo la modalidad de contusión se pedían dinero a empresas", concluyó.
Fuente: Jornada
El fiscal general Cristian Olazábal junto al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindaron una conferencia de prensa para confirmar tres allanamientos en la investigación por la causa Emergencia Climática II, derivada de los episodios ocurridos en 2017 en Comodoro Rivadavia. Además reclamaron una pronta definición del Superior Tribunal de Justicia respecto de las condenas ya dictadas.
"Hubo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales y registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos útiles para la investigación. Fueron todos consistentes en equipos informáticos", señaló Olazabal. Uno de los allanados fue el exsecretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.
Por el deber de reserva que establece el Código Procesal Penal, evitó precisar nombres, aunque reconoció que los procedimientos alcanzaron a personas vinculadas a exfuncionarios municipales de la gestión de entonces.
El fiscal recordó que el juicio oral comenzó el 9 de mayo de 2024 y culminó el 29 de agosto de ese año, con la declaración de más de 120 testigos en apenas cuatro meses. El fallo de primera instancia fue confirmado por la Cámara Penal el 4 de diciembre de 2024, momento en el cual el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los condenados a penas de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, el 24 de diciembre se les otorgó arresto domiciliario, y días después el propio fiscal pidió revisar esa medida: "Si aquel 30 de diciembre no hubiera solicitado la libertad de esas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión. Ésas no eran las condiciones que habíamos requerido, porque las penas de cumplimiento efectivo deben cumplirse en un establecimiento penitenciario, no en un domicilio".
El expediente se encuentra a estudio del STJ tras la impugnación extraordinaria presentada por las defensas, y la fiscalía aguarda la resolución para ejecutar las penas.
El fiscal explicó que los allanamientos recientes surgieron de observaciones realizadas por el tribunal durante el debate oral, donde se detectaron conductas atribuibles a personas no enjuiciadas en la primera etapa.
Consultado por la posibilidad de nuevas detenciones, fue categórico: "No le puedo solicitar la detención a alguien que está en Comodoro y que veo todos los días. Para eso debe existir peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación o presión sobre testigos". Negando eventuales lecturas políticas, Olazábal se limitó a remarcar: "A mí me corresponden las lecturas técnico jurídicas, nada más".
Por su parte el ministro Iturrioz confirmó las nuevas medidas en el marco de la causa por corrupción: allanamientos, registros vehiculares y requisas personales, que tuvieron como objetivo el secuestro de equipos informáticos que son útiles para la investigación. "Son personas vinculadas, en aquel entonces, a los exfuncionarios que integraron la Municipalidad de Comodoro", confirmó.
El exfiscal de la Causa Revelación advirtió que los acusados de corrupción intentan instalar un sesgo partidario en su contra: "Yo vine desde Rawson a investigar la corrupción en la emergencia climática. Siempre quienes se encuentran sospechados de un ilícito, sobre todo de corrupción, tratan de darle un tinte político a sus delitos. Usan la política como herramienta para delinquir".
"Lo que se investiga ahora es una orden directa del tribunal de juicio, y apunta a determinar responsabilidades en presuntas exacciones ilegales, bajo la modalidad de contusión se pedían dinero a empresas", concluyó.
Fuente: Jornada
