Mirta Silveira y Edita Rubilar, junto a otras 21 víctimas del genocidio de Estado, protagonizan el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia en tiempos de la dictadura militar producidos en el año 1976 en el Regimiento de Infantería Mecanizada 8 (RI8), en denominada la zona de "Las Casitas". Un total de 16 imputados entre militares, prefectos y efectivos policiales fueron acusados originalmente de secuestros, torturas, violaciones y la desaparición del comodorense Guillermo David "Pocho" Silveira, pero finalmente serán juzgados solamente 7. Mirta y Edita son las únicas dos mujeres secuestradas en Comodoro y sus declaraciones serán una pieza clave para armar, 49 años más tarde, el rompecabezas de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. Ambas hablaron con El Extremo Sur y recordaron la crueldad de aquellos días y la posterior lucha para lograr justicia.
La Justicia Federal inició esta semana el juicio oral y público por la Causa 12008008/2008 denominada "Chanfreau, Jorge Alberto y otros" -comúnmente conocida como "Causa 8008"-, en la que además se unificaron y acumularon otras dos causas por delitos similares como las de LLamazares Hugo S. S/ Denuncia (art. 10 de la Ley 23.049)" y "Quinteros, Eloiso S/Denuncia ex Causa 7847", quienes también habrían permanecido detenidos en las instalaciones del RI8.
El tribunal de jueces federal está conformado por su presidenta Ana María D'Alessio (Tierra del Fuego), Enrique Baronetto (Comodoro Rivadavia) y Alejandro Cabral (Neuquén); en tanto que las audiencias se extenderán hasta el mes de noviembre de este año, por donde transitarán 54 testigos y entre las que se encuentra las dos mujeres víctimas mencionadas que declararán a finales del mes de septiembre.
El Ministerio Público Fiscal está a cargo de Teodoro Nürnberg y la mayoría de las defensas están en manos de la Defensoría Pública Oficial; exceptuando los casos de Pedernera y Pérez que cuentan con particulares.
La información recabada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación determinó que en la zona sur de la provincia de Chubut existieron durante la última dictadura militar un total de tres centros clandestinos de detención. Entre ellos señaló al Regimiento de Infantería Mecanizado 8 "General O'Higgins", la Brigada de Infantería IX y la Comisaría Primera; aunque varios de los denunciantes aseguraron haber sido torturados también en las instalaciones de la sede la Policía Federal localizada en avenida Rivadavia al 1.100.
Las víctimas del terrorismo de Estado
Un total de 23 personas aparecen como víctimas de detenciones ilegales, torturas e inclusive desaparición como en el caso de "Pocho" Silveira. Algunos de ellos han fallecido desde el inicio de la causa en el año 2008, tal el caso de Luis Porciel que fue detenido en la provincia de Córdoba y luego trasladado a Comodoro Rivadavia; o el de Guido Adrián Ñancupel Uribe quien murió antes del inicio del juicio oral y público.
Las 23 víctimas son: Guillermo David Silveira (desaparecido); Edita del Carmen Rubilar; María Dolly Silveira; Adolfo Edgardo Silveira; Alberto Enrique Maruco; César Roberto Vivar; Eloíso Quinteros; Francisco Alberto Ledesma; Guido Adrián Ñancupel Uribe; Héctor Bautista Quintero; Héctor Gustavo López; Hugo Llamazares; Hugo Luis Lorenzi; Jorge Alberto Morgavi; Jorge Armando Demetrio; Luis Antonio Porciel; Luis Noya; Miguel Angel Anchordoqui; Osvaldo Pablo Stoyanof; Ramón Horacio Torres Molina; Raúl Oreste Gallardo; Valentín Casas y Víctor Benamo.
Guillermo David "Pocho" Silveira
Más allá de la lista mencionada, en varios de los testimonios y las declaraciones que hicieron a El Extremo Sur, se supone que además hubo otras personas que fueron detenidas ilegalmente a mediados del año 1976 en Comodoro Rivadavia.
Los 16 uniformados acusados
Cuando se produjo el requerimiento de elevación a juicio de la causa en cuestión, en abril del 2014 -situación que finalmente terminó concretándose en julio del año 2017- el Ministerio Público Fiscal detalló a los 16 acusados por los delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia, incluyendo a miembros del Ejército Argentino, de la Prefectura Naval Argentina y oficiales de la Policía de Santa Cruz.
La lista de los acusados estaba conformada por: Álvarez, Eduardo Andrés: Bartolomé, René; Blumetti, Roberto Francisco; Chanfreau, Jorge Alberto; Cruz, Raúl Pantaleón; Gómez Coll, Carlos María; Lisseri, Alfredo Pablo; Manuelides, Rafael Augusto; Moreno, Carlos Daniel; Muñoz, José Mercedes; Pasquini, Italo César; Pedernera, Fernando Julio; Pérez, Mario Enrique; Rodríguez, Eduardo Alberto; Seguel, Carlos Alberto y Sevilla, Francisco Olegario.
La Causa 8008 está caratulada con el nombre de Jorge Alberto Chanfreau, quien se desempeñó como jefe del RI8 entre octubre del '75 y diciembre del '76 en Comodoro Rivadavia. Tanto Chanfreau como Pasquini fallecieron mientras se desarrollaba el proceso de una Justicia que demoró 17 años para concretar el juicio oral.
Finalmente, serán solamente los 7 imputados que terminarán siendo juzgados por esta causa. Ello son: Eduardo Alberto Rodríguez (Ejército); Fernando Julio Pedernera (Ejército); Alfredo Pablo Lisseri (Prefectura Naval); Carlos Daniel Moreno (Policía Federal); Mario Enrique Pérez (Policía de Santa Cruz); Francisco Olegario Sevilla (Policía de Santa Cruz); y Rafael Augusto Manuelides (Policía de Santa Cruz).
La aparición de efectivos policiales santacruceños se debe a casos de detención en diferentes ciudades de Santa Cruz y su posterior traslado a las instalaciones del RI8 en Comodoro Rivadavia.
La causa estableció que se llevó a cabo un plan sistemático de persecución y vejámenes contra militantes políticos, sociales y sindicales, y que el mismo se concretó en la zona denominada "Las Casitas" dentro del RI8 detallados como los edificios 39 y 40 donde se desarrollaban las detenciones y las largas sesiones de tortura cotidianas.
La acusación de la Fiscalía, con el aval de la jueza federal Eva Parcio, sostiene que "se ha probado que cada uno de los imputados efectuó un aporte concreto para la comisión de los delitos señalados, ya que esta práctica ilegal de torturas, cautiverio y desaparición física de personas requería, a las claras, la coordinación de un número significativo de personas y tareas que se tradujo en la individualización, persecución, aprehensión, cautiverio, interrogatorio bajo tormentos, análisis de información y hasta eliminación física de las víctimas".
Los edificios en cuestión fueron demolidos y en el lugar se levantó, en el año 2022, la señalización como sitio histórico de la memoria por los crímenes de la dictadura cívico militar.
