En una sala sin público y sin prensa, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia inició el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 23 personas por parte de siete efectivos del Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Santa Cruz, todos bajo la responsabilidad de la jefatura del Regimiento de Infantería 8, que montó durante el terrorismo de Estado un centro clandestino conocido como "Las casitas". La causa se inició en 2008 y se elevó a juicio en 2017. El 27 de agosto último fue la primera jornada del juicio oral y público (sic), que tiene audiencias previstas hasta noviembre inclusive.
La acusación inicial fue contra trece efectivos e incluía a José Alberto Chanfreau, jefe del Regimiento 8 desde octubre de 1974 hasta noviembre de 1976, quien falleció después de la elevación de la causa a juicio. Norberto José Bellver, fiscal federal de Comodoro Rivadavia, hizo la investigación que permite entender la territorialidad del plan sistemático del terrorismo de Estado, incluyendo el papel de la Triple A (en Neuquén y Comodoro) y del juzgado federal de Rawson.
La acusación es por delitos contra 23 personas -entre ellas, tres hermanxs-, que fueron secuestradas en barrios populares de Comodoro, localidades de Santa Cruz (Güer Aike, Pico Truncado, Caleta Olivia) y La Plata; otros fueron trasladados desde los penales de Rawson y Trelew. La IX Brigada Mecanizada con asiento en Comodoro fue el epicentro de los delitos en el caso del conscripto Guillermo Silveira, de 21 años, que permanece desaparecido.
El Tribunal Oral está integrado por Ana María D'Alessio (presidenta, de Tierra del Fuego), Enrique Baronetto (Comodoro Rivadavia) y Alejandro Cabral (Neuquén). Teodoro Nürnberg interviene por el Ministerio Público Fiscal.
La prueba y los testimonios darán cuenta del papel central de Omar Garzonio, juez federal de instrucción en Rawson y pieza clave para el blanqueo de los detenidos-desaparecidos, a quienes dictó condenas y puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta que recuperaron su libertad años después. Esa complicidad ya se había exhibido hace seis años en la llamada Causa 500 por crímenes de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson. Nativo de Chubut, Garzonio jamás enfrentó una acusación formal y falleció sin rendir cuentas sobre su participación activa en la ejecución del plan sistemático.
Sobrevivientes
Edita del Carmen Rubilar y Mirta Silveira eran amigas en Comodoro cuando fueron secuestradas e interrogadas una sobre la otra. Permanecieron detenidas ilegalmente entre 1976 y 1980. Compartieron su testimonio con el periodista Marcelo García días antes de hacerlo ante el Tribunal. Ambas estuvieron cara a cara con Garzonio, que las dejó desvalidas ante el dispositivo militar. Mirta es hermana de Guillermo "Pocho" Silviera, que estudiaba en La Plata, y de Adolfo, que debió exiliarse después de cinco años de prisión ilegal. Su padre pidió la opción para irse del país también para Mirta, pero se la negaron.
Guillermo Silveira, asesinado y desaparecido en el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia.
En el juicio están previstos 54 testimonios, entre ellos el de un grupo de ocho policías provinciales de Santa Cruz acusados de formar una célula terrorista y detenidos en Pico Truncado y Caleta Olivia, en sus puestos de servicio. En ese operativo se materializó la articulación de los destacamentos de Inteligencia 183 y 184 (de Comodoro y de Río Gallegos, respectivamente), así como la cooptación de la policía local por parte del Ejército y la subordinación ideológica y operativa que impusieron.
Enjuiciados
Los acusados que enfrentan cargos de delitos de lesa humanidad e integrantes de una asociación ilícita son Eduardo Alberto Rodríguez y Fernando Julio Pedernera, efectivos del Ejército; Carlos Daniel Moreno, ex subjefe de la delegación Comodoro Rivadavia de la Policía Federal; Mario Enrique Pérez, Francisco Olegario Sevilla y Rafael Augusto Manuelides, ex policías de la provincia de Santa Cruz; y Alfredo Pablo Lisseri, de Prefectura Naval.
Cuando se discute el intento de censura previa en el caso de las grabaciones a Karina Milei, aquí se advierten otras formas más larvadas de silenciamiento, que sofocan las posibilidades de reparar con la verdad y la memoria no sólo los crímenes del Estado terrorista que se juzgan, sino también los que permanecen impunes. El relato sobre el juez de Rawson que pidió a las mujeres que probaran que habían sido violadas en "Las casitas", por ejemplo, o el del médico que daba el visto bueno para continuar con las sesiones de torturas, deberían ser oídos -aun cuando no se juzgan-en una transmisión on line en vivo, como ocurre en tantos otros juicio orales y públicos. El sufrimiento y las pérdidas personales son insustituibles; en cambio, es posible leer colectivamente la inscripción de esos dolores en el territorio, para lo que se necesita que efectivamente se cumpla con la condición de oral y público.
En esa tensión, los sectores sociales intervienen con sus propuestas de memoria. "Pocho" Silveira fue el primer abanderado de la Escuela 26 del barrio Jorge Newbery, de Comodoro; en algún momento se sacó la placa donde estaba su nombre.
