Una semana de definiciones en el coimasgate del gobierno de MileiPor Ariel Stemphelet
La semana que arranca traerá definiciones en la causa de los audios de las coimas. Este lunes 8 de septiembre vence el plazo que tienen las partes para opinar respecto del planteo de nulidad del expediente que elevó la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. Una vez que eso pase, el juez federal Sebastián Casanello estará en condiciones de decidir si convalida o no el pedido para cerrar la causa.
Hasta ahora, la defensa de estos empresarios fue la única que desplegó su ofensiva en la causa iniciada tras la difusión de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Diego Spagnuolo. A pesar de que la causa está en secreto de sumario, el abogado Martín Magram pidió que las actuaciones se declaren nulas por entender, en términos generales, que la investigación se sustancia «como una caza de brujas» y al criticar el origen de las grabaciones.
Emmanuel, Jonathan y su padre Eduardo Kovalivker son los dueños de la droguería mencionada en los audios atribuidos a Spagnuolo, donde se relata un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados. Medicamentos que el Estado le compraba a esa droguería, aparentemente con sobreprecios, de los cuales un porcentaje supuestamente terminaba en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En un momento en el cual la causa permanece en secreto de sumario y ninguno de los involucrados pudo acceder a la prueba incorporada al expediente, la estrategia de los Kovalivker parece extrema. Más aún, si se tiene en cuenta que tanto la defensa de Spagnuolo como la del otrora funcionario de la ANDIS, Daniel Garbellini, permanecen inmóviles a la espera de ver qué hay en el expediente.
Evalúan alternativas
Sin embargo, el planteo de nulidad los obligará a emitir un primer pronunciamiento a pedido del juez.
Al cierre de esta nota, ni del lado de Spagnuolo ni del de Garbellini se animaban a decir que acompañarían el planteo de nulidad pretendido por los empresarios. Más bien, en ambos casos preferían ser cautelosos ante las consultas de este medio, más que nada frente a la imposibilidad de ver y analizar la información del expediente.
Como se sabe, hay una fuerte expectativa en torno a los movimientos del ex titular de ANDIS que supo ser bien cercano al presidente Javier Milei, a quien representó en varias causas judiciales. En la causa de las coimas, que está delegada en el fiscal Franco Picardi, es defendido por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Stchulze, quienes sobre el comienzo del fin de semana no tenían decidido qué responder frente al planteo de nulidad.
Del lado de Garbellini, sus defensores Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte estaban en la misma, aunque -supo este medio- creen que el planteo de nulidad es «jurídicamente correcto».
Sin embargo, en esta instancia, una de las alternativas que evaluaban ambas defensas, a priori, iría en contra de los intereses manifestados por los Kovalivker. Como posible salida ponderaban pedirle a Casanello que les corra traslado del planteo una vez que se levante el secreto de sumario y puedan ver la causa. Si optan por eso, podría leerse como una jugada en contra de los intereses de la defensa de los dueños de la Suizo Argentina, principalmente porque estiraría más los tiempos: el secreto de sumario se prorrogó y vence el 17 de septiembre, con posibilidades de otra prórroga.
Mientras tanto, Picardi avanza en el análisis de la prueba con fuerte hermetismo. En la semana que termina la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) hizo la extracción forense de varios de los celulares secuestrados al tiempo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanzó en el análisis de una gran cantidad de cajas repletas de documentación vinculada a los contratos de medicamentos.
De Vicentis, a San Isidro
Paralelamente, una causa nacida a la par de la de los audios de las coimas saldrá de Comodoro Py y pasará a la Justicia Federal de San Isidro. Se trata del expediente que tiene procesado al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de acto funcional y encubrimiento.
De Vicentis es quien habría ayudado a Jonathan Kovalivker a escapar del barrio cerrado en el que vive cuando lo fueron a allanar.
Al procesarlo, Casanello se declaró incompetente en razón de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos y es por eso que ahora la Cámara Federal de San Martín deberá sortear qué Juzgado se queda con la causa: hay una posibilidad de que salga quede la jueza Sandra Arroyo Salgado.
En ese expediente, la defensa de De Vicentis, a cargo del abogado Guillermo Soares Gache, apeló el procesamiento al considerar que está "repleto de suposiciones" y no tiene pruebas que acrediten que el jefe de seguridad haya avisado a Kovalivker del procedimiento sorpresa que intentaba la Policía de la Ciudad. Sin embargo, al procesarlo, Casanello ponderó una serie de mensajes que el imputado le mandó a los encargados de garita que recibieron a los efectivos policiales.
"Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos", fue uno de los chats que envió post allanamiento. Para el juez, eso revela "una suerte de protocolo no escrito" sobre cómo operar con las fuerzas. "Como si se tratara de un exhorto interjurisdiccional", interpretó el magistrado.
En otro de los mensajes, De Vicentis les dijo a sus subordinados: «Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno" de los policías.
Más allá de lo que se resuelva en torno a la apelación, el nuevo juez o jueza que intervenga deberá decidir cómo continuar la investigación iniciada por Casanello y si se avanza, por ejemplo, en determinar si tuvo alguna responsabilidad el gerente de seguridad de Nordelta, quien, de acuerdo al procesamiento, estaba al tanto de los movimientos que hizo De Vicentis.
Fuente: Tiempo Argentino
Por Ariel Stemphelet
La semana que arranca traerá definiciones en la causa de los audios de las coimas. Este lunes 8 de septiembre vence el plazo que tienen las partes para opinar respecto del planteo de nulidad del expediente que elevó la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. Una vez que eso pase, el juez federal Sebastián Casanello estará en condiciones de decidir si convalida o no el pedido para cerrar la causa.
Hasta ahora, la defensa de estos empresarios fue la única que desplegó su ofensiva en la causa iniciada tras la difusión de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Diego Spagnuolo. A pesar de que la causa está en secreto de sumario, el abogado Martín Magram pidió que las actuaciones se declaren nulas por entender, en términos generales, que la investigación se sustancia «como una caza de brujas» y al criticar el origen de las grabaciones.
Emmanuel, Jonathan y su padre Eduardo Kovalivker son los dueños de la droguería mencionada en los audios atribuidos a Spagnuolo, donde se relata un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados. Medicamentos que el Estado le compraba a esa droguería, aparentemente con sobreprecios, de los cuales un porcentaje supuestamente terminaba en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En un momento en el cual la causa permanece en secreto de sumario y ninguno de los involucrados pudo acceder a la prueba incorporada al expediente, la estrategia de los Kovalivker parece extrema. Más aún, si se tiene en cuenta que tanto la defensa de Spagnuolo como la del otrora funcionario de la ANDIS, Daniel Garbellini, permanecen inmóviles a la espera de ver qué hay en el expediente.
Evalúan alternativas
Sin embargo, el planteo de nulidad los obligará a emitir un primer pronunciamiento a pedido del juez.
Al cierre de esta nota, ni del lado de Spagnuolo ni del de Garbellini se animaban a decir que acompañarían el planteo de nulidad pretendido por los empresarios. Más bien, en ambos casos preferían ser cautelosos ante las consultas de este medio, más que nada frente a la imposibilidad de ver y analizar la información del expediente.
Como se sabe, hay una fuerte expectativa en torno a los movimientos del ex titular de ANDIS que supo ser bien cercano al presidente Javier Milei, a quien representó en varias causas judiciales. En la causa de las coimas, que está delegada en el fiscal Franco Picardi, es defendido por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Stchulze, quienes sobre el comienzo del fin de semana no tenían decidido qué responder frente al planteo de nulidad.
Del lado de Garbellini, sus defensores Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte estaban en la misma, aunque -supo este medio- creen que el planteo de nulidad es «jurídicamente correcto».
Sin embargo, en esta instancia, una de las alternativas que evaluaban ambas defensas, a priori, iría en contra de los intereses manifestados por los Kovalivker. Como posible salida ponderaban pedirle a Casanello que les corra traslado del planteo una vez que se levante el secreto de sumario y puedan ver la causa. Si optan por eso, podría leerse como una jugada en contra de los intereses de la defensa de los dueños de la Suizo Argentina, principalmente porque estiraría más los tiempos: el secreto de sumario se prorrogó y vence el 17 de septiembre, con posibilidades de otra prórroga.
Mientras tanto, Picardi avanza en el análisis de la prueba con fuerte hermetismo. En la semana que termina la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) hizo la extracción forense de varios de los celulares secuestrados al tiempo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanzó en el análisis de una gran cantidad de cajas repletas de documentación vinculada a los contratos de medicamentos.
De Vicentis, a San Isidro
Paralelamente, una causa nacida a la par de la de los audios de las coimas saldrá de Comodoro Py y pasará a la Justicia Federal de San Isidro. Se trata del expediente que tiene procesado al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de acto funcional y encubrimiento.
De Vicentis es quien habría ayudado a Jonathan Kovalivker a escapar del barrio cerrado en el que vive cuando lo fueron a allanar.
Al procesarlo, Casanello se declaró incompetente en razón de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos y es por eso que ahora la Cámara Federal de San Martín deberá sortear qué Juzgado se queda con la causa: hay una posibilidad de que salga quede la jueza Sandra Arroyo Salgado.
En ese expediente, la defensa de De Vicentis, a cargo del abogado Guillermo Soares Gache, apeló el procesamiento al considerar que está "repleto de suposiciones" y no tiene pruebas que acrediten que el jefe de seguridad haya avisado a Kovalivker del procedimiento sorpresa que intentaba la Policía de la Ciudad. Sin embargo, al procesarlo, Casanello ponderó una serie de mensajes que el imputado le mandó a los encargados de garita que recibieron a los efectivos policiales.
"Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos", fue uno de los chats que envió post allanamiento. Para el juez, eso revela "una suerte de protocolo no escrito" sobre cómo operar con las fuerzas. "Como si se tratara de un exhorto interjurisdiccional", interpretó el magistrado.
En otro de los mensajes, De Vicentis les dijo a sus subordinados: «Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno" de los policías.
Más allá de lo que se resuelva en torno a la apelación, el nuevo juez o jueza que intervenga deberá decidir cómo continuar la investigación iniciada por Casanello y si se avanza, por ejemplo, en determinar si tuvo alguna responsabilidad el gerente de seguridad de Nordelta, quien, de acuerdo al procesamiento, estaba al tanto de los movimientos que hizo De Vicentis.
Fuente: Tiempo Argentino
