Patagonia

La defensa de los policías logró otra dilación por el caso Tino John: cambian de ciudad el juicio y eligen nuevo jurado popular

Los abogados defensores de los policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto, acusados del fusilamiento de Alejando "Tino" John en un operativo el 21 de mayo de 2021 en Lago Puelo, lograron una nueva dilación en la realización del juicio que se iniciaría la semana próxima: el Superior Tribunal de Justicia aceptó el pedido de las defensas. El cambio de jurisdicción no solo implica un cambio de fecha, sino que obliga a reiniciar el sorteo de jurados, ahora con el padrón de Esquel y movilizar a todos los implicados.

A pesar de que el juicio estaba previsto para la próxima semana fue suspendido por una decisión del Superior Tribunal de Justicia a partir de un pedido de las defensas de los imputados. El STJ determinó que el juicio deberá desarrollarse en Esquel, por no poder asegurar la imparcialidad del jurado en Lago Puelo. Esto supone un nuevo revés en el caso, que en cuatro años no ha estado exento de dilaciones. Las querellas pedirán que se ponga una nueva fecha lo antes posible, para finalmente dar lugar al debate sobre la actuación de los tres efectivos policiales durante el operativo del 21 de mayo del 2021 que culminó con la muerte de Alejandro "Tino" John.

El argumento de las defensas

El caso ha sufrido múltiples dilaciones en los últimos años. El primer fiscal a cargo de la causa, Carlos Díaz Mayer, tardó más de un año en abrir la investigación, y la proximidad al vencimiento de los plazos hizo que el caso estuviese muy cerca de cerrarse sin definiciones. El fiscal actual, Martin Robertson, reconoció en la cronología del operativo las posibilidades que los efectivos tuvieron a la mano para calmar el estado de John sin necesidad de recurrir a la violencia o tener que efectuar un disparo mortal, lo que hubiese preservado su vida.

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Los acusados son Luis Américo Moggiano, efectivo del GEOP y autor material del disparo, imputado por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial; Omar Martínez, comisario de El Hoyo; y Cristian Soto, jefe del Grupo Especial de Operaciones, ambos imputados por homicidio culposo por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos. Moggiano podría enfrentar una pena de prisión perpetua. Martínez y Soto, por otro lado, podrían recibir hasta cinco años de prisión.

Desde el día uno la viuda de John, Claudia Costa Basso, relató los múltiples episodios que fueron dilatando el proceso, desde problemas técnicos y planteos fuera de lugar de las defensas hasta una aparición sorpresa de Carlos Díaz Mayer en una de las audiencias.

Las últimas audiencias preliminares y de preparación del jurado tomaron más jornadas de las esperadas precisamente por estos motivos. Sin embargo, hasta hace pocos días estaba firme el inicio del esperado juicio, que tendría lugar del 16 al 23 de septiembre en Lago Puelo.

Para aplazarlo, el argumento de las defensas es que, debido a la mediatización del caso, no está garantizada la imparcialidad del jurado popular. Ya habían solicitado el cambio de jurisdicción en la audiencia de sorteo de jurados, pedido que fue rechazado por el juez José Luis Ennis.

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Las querellas (integradas por Marcos Ponce y Alfredo Pérez Galimberti) coincidieron con el fiscal en que el planteo no correspondía a esta etapa y debería haberse realizado durante las audiencias preliminares, sobre todo porque la visibilidad mediática del caso no es nueva.

Pérez Galimberti precisó en diálogo con Patagonia Andina que la imparcialidad de los jurados se garantiza gracias a "el voir dire", que es la fase de selección donde el juez y las partes evalúan a los jurados y descartan a aquellos que presentan algún tipo de sesgo. Con esta herramienta judicial y las preguntas de selección adecuadas "se puede determinar que la persona se va a sujetar a su rol y basar su decisión exclusivamente no en prejuicios sino en las pruebas".

Después de esta decisión, se llevó a cabo el sorteo de jurados, un total de 200 personas (mitad varones y mitad mujeres) entre los cuales se haría la selección de los 14 que integrarían el jurado popular. Este último sorteo estaba previsto para el 15 de septiembre, y el 16 se daría inicio al debate entre las partes.

En diálogo con este medio, Claudia expresó que a pesar de estos argumentos el caso no tuvo la mediatización que debía haber tenido, e incluso ocupó un lugar marginal, casi nulo, en la agenda nacional.

Recomenzar el proceso judicial

Consultado por la suspensión del juicio, Alfredo Pérez Galimberti precisó a El Extremo Sur que la decisión los sorprendió, y que van a instar a que se ponga una nueva fecha lo antes posible. Sostuvo que "hay ribetes muy criticables" pero la decisión está firme.

El cambio de jurisdicción no solo implica un cambio de fecha, sino que obliga a reiniciar el sorteo de jurados, ahora con el padrón de Esquel, y movilizar a todos los implicados: "Había pasajes aéreos sacados, reservas, la agenda de los operadores comprometida por más de diez días, testigos citados que había que movilizar".

"El pueblo de la Comarca sufrirá el impacto de que se considere que en Lago Puelo no pueden encontrarse 14 personas imparciales", afirmó el abogado.

La resolución del STJ, fechada el 9 de septiembre, resuelve hacer lugar al planteo de los defensores y trasladar el juicio a Esquel, aludiendo a "la posibilidad de que la trascendencia del juicio afecte a la paz social de Lago Puelo o el equilibrio de ánimo del jurado, del juez y otros interesados en el caso".

Los acusados permanecen en libertad con medidas de coerción previamente impuestas por el juez, que les prohíben salir del país y los obliga a presentarse periódicamente en la Oficina Judicial. Resta esperar que se decida una nueva fecha para el juicio y que finalmente se pueda debatir el grado de responsabilidad de los tres imputados en la muerte del vecino de la Comarca.