Desde hace casi cuatro décadas, cada 28 de septiembre América Latina conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una fecha clave para revindicar las demandas por un acceso pleno a los derechos de salud sexual y reproductiva. Argentina cuenta con aborto legal desde 2020, sin embargo, hoy prima un escenario de desfinanciamiento que impacta de lleno en la posibilidad de garantizar este derecho. El Extremo Sur dialogó con una socorrista de la Patagonia, quien habló de un contexto regional caracterizado por la creciente desinformación sobre los derechos vigentes y las barreras para acceder a una IVE, profundizadas por la precarización del sistema público de salud.
Bajo el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", el 28 de mayo de 2005 se creó en Argentina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, una organización que visibilizó una situación rodeada por el tabú y la desinformación que años después lograría insertarse en el debate público. Trece años más tarde, en 2018, se logró la primera discusión parlamentaria en torno al proyecto de aborto legal, acompañada de movilizaciones masivas en las calles y alianzas políticas con distintos sectores de la sociedad. El proyecto no alcanzó los votos en el Senado y volvió a discutirse a finales del 2020, cuando finalmente fue aprobada. En 2021 fue promulgada.
De la conquista a la agenda anti-derechos
La Ley 27.610, conquista de la lucha feminista, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive. Hasta ese momento, el aborto sólo estaba permitido por causales como violación o riesgo de vida. Esta limitación, sumado a las barreras en el sistema de salud y los discursos de grupos religiosos y conservadores pro-vida había creado un contexto de clandestinidad que exponía a quienes querían abortar a escenarios de vulneración de derechos y riesgo de muerte.
El 28 de septiembre se conoce como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una fecha que en Argentina ha convocado movilizaciones, campañas y una oportunidad para reforzar el derecho conquistado y abogar por su correcta implementación. La fecha fue propuesta en el V Encuentro Feminista Latinoamericano realizado en 1990 en la ciudad argentina de San Bernardo, conmemorando la promulgación de la Ley de Vientres en Brasil, el 28 de septiembre de 1871, día a partir del cual se consideraron libres a todos los hijos de las mujeres esclavas.
A cuatro años de su sanción, los efectos de la ley son visibles en el sistema de Salud. Según recopiló Amnistía en una investigación reciente, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros. El acceso temprano a información, insumos y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad contribuyó a que el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) sean durante el primer trimestre de gestación. Por otro lado, se incrementó en un 118 % la cantidad de efectores de salud que garantizan IVE-ILE desde 2020. Además, el acceso seguro a la práctica que permitió la ley contribuyó a la reducción de la mortalidad materna por aborto.
No obstante, la vigencia de la normativa no implica que sea garantizada en su totalidad. Aunque el panorama es ciertamente distinto al que se vivía antes de la ley, después del 2020 siguieron reportándose barreras al acceso al aborto, que incluyen demoras en los procesos institucionales, falta de información, maltrato en el sistema de salud y en algunos casos un desconocimiento deliberado por parte de personal médico o agentes estatales en relación a los puntos que garantiza la 27.610.
Desde la asunción del libertario Javier Milei, el panorama se ha complejizado, ya que se suma el desmantelamiento del sistema público de salud (que implica la disminución de médicos garantistas y la falta de insumos para realizar IVE/ILE) y la circulación constante de discursos anti-derechos amparados en la lucha contra la "ideología de género", que "ha dejado de ser solo una consigna para convertirse en una estrategia política que actores de derecha y grupos religiosos utilizan para construir alianzas, fortalecer su base de apoyo y revertir conquistas en materia de igualdad y derechos humanos", señala Amnistía.
En su investigación "También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas", la organización mapeó las distintas barreras que se profundizaron en los últimos dos años. Este año se registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023. Advierten que entre enero y abril (inclusive) del año 2025, la organización ha recibido 160 casos, lo cual representa el 133% del total recibidos durante el 2024.
Entre los principales obstáculos, se destacan la falta de insumos médicos para el acceso al aborto, falta de información, existencia de consejerías que desinforman y pretender disuadir de las mujeres de abortar, dilaciones o retardos injustificados y malos tratos por parte del personal de salud.
Ajuste en salud sexual
El telón de fondo de este escenario es el ajuste llevado adelante por el Gobierno nacional, que ha impactado sobre todo en la distribución de insumos y los programas de salud sexual y reproductiva. En un contexto crítico, se combina la agenda anti-derechos del Gobierno libertario -que ha atacado y eliminado partidas, programas y áreas institucionales vinculadas al género- con un desmantelamiento de la salud pública que afecta la posibilidad de garantizar el acceso al aborto.
En el marco del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud de la Nación y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27.610, el Estado debe distribuir los medicamentos necesarios para la interrupción legal del embarazo, como el misoprostol y la mifepristona.
Según el Centro de Datos de Chequeado a partir de la ejecución del presupuesto nacional, entre 2022 y 2023 la distribución se incrementó en un 52%, pasando de 70.293 a 106.737 tratamientos distribuidos. Sin embargo, la distribución cayó a cero para el tercer trimestre de 2024. El Gobierno había proyectado la entrega de 100.400 tratamientos de interrupción voluntaria para los primeros 9 meses del año, pero no entregó ninguno.
En la medida de lo posible, las provincias debieron garantizar la provisión de medicamentos, aunque muchas denunciaron una notable falta de stock de misoprostol y casi la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack.
De acuerdo al informe "Insistir y persistir: el panorama del aborto en Argentina", publicado por el CEDES y la ONG Ibis Reproductive Health, las provincias han trabajado para sostener la agenda de salud sexual y reproductiva realizando compras de insumos con sus presupuestos. Sin embargo, "en muchas de ellas se observó una débil capacidad de respuesta derivada del hecho de que no dispusieron de un presupuesto planificado (a lo cual se sumaron las restricciones presupuestarias derivadas del recorte de transferencias de Nación a provincias), no tuvieron aceitados las estimaciones y los mecanismos de compras de estos insumos, y el mercado local de oferentes reaccionó con poca flexibilidad para la negociación de precios".
Amnistía advierte que esto deriva en una violación a los derechos de salud y autonomía, además de vulnerar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes quienes "no pueden acceder en forma igualitaria a los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado Nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales suscriptos".
La organización denuncia, además, la drástica reducción en la provisión de métodos anticonceptivos de corta y larga duración (MAC), anticonceptivos hormonales de emergencia (AHE), preservativos y test de embarazo; falta de información accesible; y el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), que había logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49% entre 2018 y 2022.
En el medio, han circulado discursos que apuntaban a la posible derogación de la Ley 27.610. En febrero de 2024, la diputada nacional por La Libertad avanza, Rocío Bonacci, presentó un proyecto de ley para derogar la norma y tipificar el aborto como un delito, aunque fuentes presidenciales expresaron que no se trataba de una iniciativa del Ejecutivo sino de un proyecto propio de la diputada. Sin embargo, no está lejos de la postura de Javier Milei, quien prometió en campaña que llevaría la ley a un plebiscito.
Desinformación, la principal barrera
Para conocer el escenario regional, El Extremo Sur dialogó con Sol Cañumil, activista y miembro de Socorro Rosa Rabiosa, una colectiva que forma parte de Socorristas en Red y acompaña interrupciones del embarazo en el sur de Chubut y Santa Cruz.
En un contexto plagado de desinformación, Cañumil enfatizó que "la ley está vigente, es algo que tenemos que continuar informando y difundiendo porque la primera barrera que estamos encontrando en relación a esto es la falta de buena información, debido al ataque general que están sufriendo todos los derechos así como el ataque misógino que estamos sufriendo las mujeres, las disidencias, las diversidades".
"Hay quienes piensan que estos derechos fueron dados de baja. Hay personas que están llegando a determinados lugares como mesas de entrada o las recepciones en donde son rebotadas bajo el argumento, por ejemplo, de que la ley de IVE no está vigente. Y eso es una mentira", explica. Esta situación va en línea con lo que denuncia Amnistía en su informe, donde señala que durante 2024, el 33,67% de quienes se contactaron para denunciar obstáculos, señalaron no saber cómo o dónde acceder a una IVE, identificando la falta de información como el impedimento más frecuente para ejercer este derecho.
Cañumil advierte que "de la ley que tenemos escrita a lo que efectivamente está sucediendo, implementándose, está habiendo una distancia grande, no se está garantizando como se tiene que garantizar", a lo que se suma "una falta de políticas en relación a todos los derechos vinculados a salud que se nota cada vez más en la falta de equipos profesionales vinculados a este derecho". Señala que a raíz del hostigamiento y la precarización del sistema de salud, "se han dado de baja equipos completos en el sistema público, muchos médicos y médicas que garantizaban este derecho".
"Y esto va de la mano con una falta de aprovisionamiento de todas las políticas, con lo cual están faltando insumos, con insumos me refiero a todo el material que se necesita, por ejemplo, para garantizar estudios, pero también medicaciones como el misoprostol que comienzan a faltar, preservativos que es algo que no se está proveyendo de manera eficaz, inyectables como anticonceptivos tampoco, y entonces nos vamos encontrando con que no solo la ley no se garantiza como se debe, sino que también muchos derechos vinculados a la sexualidad tampoco se están garantizando. Entonces se vuelve como una cadena de abandono y de violencia porque son todos derechos que van de la mano", detalla.
La vulneración de derechos de salud reproductiva y sexual va más allá de la interrupción legal del embarazo: "De pronto no es solo la ley de IVE sino tampoco el acceso a la anticoncepción, tampoco el acceso a la educación sexual integral y entonces las mujeres, las disidencias se encuentran cada vez más abandonadas, desprovistas de herramientas y de recursos".
La falta de medicamentos como el misoprostol se vuelve una barrera que además pone en evidencia las desigualdades en el acceso a la salud. Cañumil explica que una opción es recurrir a la atención privada, lo cual demanda una gran suma de dinero: detalla que una consulta, por ejemplo, puede oscilar entre 30 mil a 70 mil pesos, una ecografía hasta 60 mil pesos, y la medicación para una interrupción del embarazo, si debe costearse, puede ascender a los 200 mil pesos.
"Entonces podría accederse a través del sector privado, pero se vuelve inaccesible para algunas personas que no pueden pagar estos montos y además se incumple la ley que establece que tiene que ser gratuita", subraya.
Stock de medicamentos para IVE-ILE por provincia. Fuente: Amnistía Internacional
Las falencias del sistema de salud
La referente afirmó que desde la organización no notan un aumento significativo en los acompañamientos, y especula que "muchas personas desisten cuando se encuentran con tantas barreras". Pero enfatiza que cada vez se acercan más personas "que han pasado por el sistema de salud y se han encontrado con diferentes negativas, obstáculos, retrasos en el tiempo".
Otro signo notable de este escenario es que empiezan a llegar acompañamientos de semanas muy avanzadas, acercándose o incluso superando la semana 12. Cañumil indica que incluso antes de la Ley se registraba un buen acceso a la ILE en Chubut, pero que hoy "incluso con la ley vigente, nos encontramos con que los embarazos a partir del segundo trimestre comienzan a encontrarse con mayores dificultades porque les dicen en principio que eso ya no está vigente".
"Luego, cuando las asesoramos, les informamos que sí, que pueden acceder, comienza todo una suerte de cuestión de encontrar quiénes van a ser los profesionales que garantizan y estamos encontrando con que cada vez más profesionales se niegan a garantizar este derecho y entonces de pronto nos encontramos con derivaciones a otras localidades, cuando antes esto se estaba garantizando en nuestra propia localidad", agrega. Habla no sólo de un incumplimiento de profesionales, sino a nivel institucional.
El artículo 11 de la Ley contempla la objeción de conciencia, es decir, que un profesional de la salud puede negarse a realizar una IVE si va en contra de sus convicciones morales o religiosas (siempre que la vida de la persona gestante no esté en riesgo). Sin embargo, establece que el sistema de salud debe garantizar que la persona pueda acceder a un aborto con otro profesional o, en última instancia, en otra institución.
La socorrista afirma que desde la colectiva han solicitado en reiteradas ocasiones la información concreta de qué profesionales son garantistas y objetores en la región, aunque hasta la fecha no han podido acceder a datos certeros.
"Esto nunca lo hemos podido tener, ha sido una gran barrera el acceso a esa información, pero sí podemos decir que hoy quienes se encuentran garantizando en el sistema público son contados con los dedos de la mano. No estamos teniendo ni siquiera la mitad de lo que es el equipo de ginecología. Sabemos que en ginecología, por ejemplo, hay un número que es entre 12 y 14 ginecólogos. Bueno, sabemos hoy que son menos de cinco que están garantizando. Sabemos que, por ejemplo, en el marco de los centros de salud, acá en Comodoro están garantizando 2 o 3 centros de salud, de los 50 barrios populares que tiene Comodoro Rivadavia", detalla.
"Sabemos que CESIA (Centro Especializado en Salud Integral de Adolescencias), por ejemplo, continúa garantizando, pero con todo el equipo de profesionales que tenía desmembrado, recortado. La verdad es que es muy grave la situación", advierte.
El retroceso en materia de derechos también reduce las vías de denuncia: "Nos empezamos a encontrar con que no hay canales de denuncia ni lugares que den al ojo a esas denuncias. Son denuncias que de pronto quedan en forma de nota en el despacho de alguna dirección. Algunas veces cuando ocurre algo grave y esto toma un conocimiento un poco más público, quizás se le presta atención, pero luego nos estamos encontrando con que no está habiendo canalización de eso".
Las desigualdades de acceso
Para la región patagónica el acceso a la salud es incluso más complejo, considerando la distancia de pueblos más pequeños o parajes con las localidades que tienen más infraestructura sanitaria.
Cañumil detalla que la colectiva acompaña en el sur de Chubut, que incluye Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Río Mayo, Río Senguer, Sarmiento y toda la provincia de Santa Cruz, y subraya que las dos provincias "son extensas en territorio, amplias, con grandes distancias entre unas localidades y otras y con marcada diferencia en relación a los tamaños de las localidades y la infraestructura con la que cuentan".
"En los lugares más pequeños el acceso se ve agravado porque ni siquiera contamos con disponibilidad de médicos para el público, para el privado, para la obra social, quizás es el mismo médico o médica garantizando en los distintos sistemas, con lo cual cuando una persona se da de baja, se da de baja muchas veces de todas esas posibilidades y entonces nos encontramos en escenarios mucho más violentos y de abandono más grave", apunta.
Indica que la desigualdad es transversal a todo el proceso: "Una persona que puede viajar hasta Comodoro, quizás encuentra la atención que necesita, para la IVE y para la práctica de salud que sea, pero ya si nos encontramos con una persona que no tiene los recursos económicos para viajar, no cuenta con transporte, no cuenta con la posibilidad de pedirse el día de trabajo para poder viajar, no cuenta con la posibilidad de dejar a las personas que tiene bajo su cargo al cuidado de otras personas, entonces de nuevo estas desigualdades hacen que esas personas queden por fuera de esos circuitos y no puedan acceder al derecho".
"Porque no todo el mundo puede viajar, por ejemplo, de Río Mayo a Comodoro tres, cuatro veces para lograr la efectividad de la IVE. Quizás pueden viajar una vez, pero no pueden completar todo el circuito, todo eso se va volviendo un obstáculo mayor para quienes no están en estos lugares", agrega.
Construir la esperanza
Consultada sobre la experiencia de las socorristas en este contexto, la referente señala que viven este retroceso "con mucha bronca, con mucha angustia por las personas que se comunican con nosotras, que son violentadas, maltratadas y desinformadas. Lo vivimos así con bronca y con angustia sabiendo que que se pueden hacer cosas para que eso no sea así".
Cañumil sostiene que como militantes feministas redoblan la apuesta, y subraya que ninguna compañera dejó la colectiva en los últimos años, "justamente porque comprendemos el difícil contexto en el que estamos, la importancia de la solidaridad y la organización en este contexto".
La activista hace un llamamiento a quienes quieran sumarse a la organización, y adelantó que se está trabajando en la regional de la Patagonia para llevar adelante una Escuela Socorrista para el año próximo: "El contexto amerita que incorporemos compañeras en todas las grupas y que también se armen nuevas grupas socorristas".
"De pronto cuando nos organizamos también de alguna manera estamos armando la esperanza y eso es lo que un poco nos mueve y nos sostiene aún en este tiempo tan adverso, tan contrario, tan desfavorable en todos los sentidos, de pronto encontrarnos con compañeras, con compañerxs que están comprendiendo la misma realidad que además ponemos cuerpo, tiempo, cabeza, corazón, pensamiento, todo para poder hacerle frente a eso, porque podemos ver que no estamos solas, pese a lo que dice el sistema, pero también podemos ver y materializar que toda esa organización se traduce en que algunas personas tengan una experiencia libre de violencia, que puedan acceder a un derecho y eso nos reconforta en este contexto", concluye.
