La desaparición de los Calfullanca: silencio, poder y tierraPor Santiago Carlen
Entre el 27 de marzo y los primeros días de abril de 2013, Genaro Calfullanca y su hijo Wilson Cristian -peones rurales de ascendencia mapuche- fueron contratados para alambrar en el valle del río Tigre, en la zona de El Tigre, Cholila (departamento Cushamen), a unos 150 kilómetros de Esquel. La última vez que se los vio fue "cerro adentro", trabajando en ese paraje difícil, hacia el fondo del lago Cholila. Desde entonces, nada. Cinco, diez, doce años después, el expediente sigue orbitando alrededor de una pregunta que no logra cerrarse: ¿qué ocurrió en ese campamento de alambradores durante la Semana Santa de 2013?
En el lugar quedaron la comida, la ropa y las pertenencias de ambos, intactas; los caballos, ausentes. Esa imagen inicial -un rancho ordenado, sin signos de huida ni de apuro- marcó para la familia un punto de inflexión: la sospecha de que no se trató de un extravío.
Semana Santa de 2013: La desaparición
Genaro Calfullanca (45 años) y su hijo Cristian (18 años) eran dos trabajadores rurales de ascendencia mapuche, residentes en la pequeña localidad de Cholila, a unos 150 km de Esquel.
Durante la Semana Santa de 2013, fueron contratados junto a otros peones para realizar trabajos de alambrado en una estancia ubicada en el apartado valle del Río Tigre, en el fondo del lago Cholila.
En ese paraje montañoso y boscoso montaron un campamento precario para alojarse mientras duraran las tareas. A fines de marzo de 2013, la cuadrilla interrumpió las labores por el feriado: todos los peones regresaron al pueblo para las fiestas, excepto Genaro y Cristian, que optaron por quedarse cuidando el campamento.
Los últimos días de marzo transcurrieron con normalidad hasta donde se sabe. Sin embargo, a partir del 27 de marzo de 2013 aproximadamente, nada más se supo de Genaro y Cristian Calfullanca. El 10 de abril de 2013 -fecha que la familia recuerda como el momento en que notaron su ausencia definitiva- se dio la voz de alarma: ambos habían desaparecido misteriosamente.
En el campamento, los compañeros de trabajo encontraron todas sus pertenencias intactas: la comida, la ropa y las herramientas estaban ordenadas, tal como las habían dejado, pero no había rastro de los dos hombres.
Este detalle -que no faltara nada en el lugar- resultó inquietante: descartaba a primera vista la posibilidad de que hubieran partido voluntariamente o sufrido un accidente común, pues de haberse extraviado en la montaña, habrían llevado consigo provisiones o abrigo.
Las reacciones iniciales fueron de perplejidad y preocupación en la comunidad de Cholila. Apenas denunciada la desaparición, se organizó un operativo de búsqueda en la zona.
Policía del Chubut, personal de Gendarmería Nacional, baqueanos locales y grupos de rescate con perros rastreadores recorrieron el valle del Río Tigre y sus alrededores en las semanas siguientes. La familia Calfullanca, desesperada, también participó de los rastrillajes.
A pesar de esos esfuerzos iniciales, no se halló ningún indicio: ni huellas, ni prendas, ni restos que pudieran dar una pista sobre qué les ocurrió. Con el paso de los días sin resultados, las autoridades manejaron en un principio la hipótesis de un desvío o accidente geográfico -que padre e hijo se hubieran perdido en la inmensidad de la montaña-. Sin embargo, sus seres queridos rechazaban esa explicación: "Ellos conocían bien la zona, es imposible que se hayan perdido", afirmaría luego Isabel Calfullanca, hermana de Genaro.
Las búsquedas oficiales no se extendieron por mucho tiempo. Según los testimonios de la familia y vecinos, las autoridades dieron por terminada la búsqueda a las pocas semanas, adoptando una actitud pasiva ante la ausencia prolongada.
La propia comunidad quiso seguir rastreando el terreno por cuenta propia -se habían ofrecido voluntarios del Club Andino local, concejales y pobladores con conocimientos del área-, pero denuncian que las órdenes policiales y gubernamentales les impidieron avanzar. Rápidamente se instaló un clima de sospecha e impotencia: para la familia Calfullanca resultaba inconcebible que dos hombres acostumbrados al monte desaparecieran sin dejar rastro, y les alarmó la falta de respuestas por parte de las autoridades.
La investigación inicial y las primeras hipótesis
Tras los rastrillajes infructuosos, la desaparición de Genaro y Cristian Calfullanca derivó en una causa judicial en la órbita provincial. La Fiscalía de El Hoyo, localidad de la Comarca Andina cercana a Cholila, tomó intervención a través del fiscal Oscar Oro. Desde el inicio, la familia expresó desconfianza y criticó el curso de la investigación oficial. En su percepción, las autoridades mostraban desinterés en llegar a la verdad, como si se prefiriera catalogar el hecho simplemente como "dos personas perdidas" y archivar el caso. Laura Calfullanca, hermana de Genaro, llegó a temer que la Justicia hubiera cerrado la causa sin avisarles, bajo la premisa de "se perdieron y listo".
Paralelamente, en el pueblo comenzaron a circular otras hipótesis más inquietantes. Diversos indicios apuntaban a que no se trataba de un extravío accidental, sino de una desaparición forzada o violenta. La propia Laura Calfullanca señaló desde temprano la convicción de la familia: "a Genaro y Cristian los hicieron desaparecer". ¿El motivo? Genaro había recibido amenazas días antes. Pocos sabían en ese momento que el padre de familia estaba involucrado como testigo en un conflicto local de tierras, y que debía presentarse a declarar ante la justicia sólo unos días después de Semana Santa de 2013. Esa declaración jamás ocurriría.
El telón de fondo: un conflicto de tierras en Cholila
Conforme avanzaban los meses sin noticias de los Calfullanca, salió a la luz el posible móvil oculto detrás de su desaparición. Genaro Calfullanca debía testificar en una causa judicial por daños y amenazas relacionada con una disputa de terrenos en Cholila. Tiempo antes de desaparecer, Genaro había liderado una cuadrilla de alambradores contratados por la estanciera Débora Finkelstein para cercar una propiedad. Durante ese trabajo, presenció un enfrentamiento violento entre Finkelstein y su vecino colindante, Oscar "Nazareno" Ruiz.
El conflicto de fondo era la propiedad de una porción de tierra: la familia Ruiz sostenía que parte del campo cercado les pertenecía y por ello cortaba los alambrados que Genaro instalaba. Genaro, como capataz de los peones, debía reparar las cercas una y otra vez, hasta que la situación escaló a amenazas de muerte. Finkelstein denunció penalmente a Ruiz por las amenazas, y la investigación judicial resultante citó a Genaro Calfullanca como testigo clave del altercado.
El vecino acusado, Oscar Argentino Ruiz, pertenece a una familia tradicional de Cholila y resultó ser cuñado de Néstor Becerra, quien por entonces era funcionario del Gobierno municipal de Cholila.
Este dato conectaba el incidente particular con un entramado de poder mayor: Becerra, junto al entonces intendente de Cholila Miguel Ángel Castro, estaban bajo la mira por presuntas entregas irregulares de tierras fiscales y negocios con bosques nativos en la región. Dichas maniobras que en su momento recibían el mote de "Curro Verde", por la venta ilegal de tierras con bosque protegido, involucraban la venta de lotes a inversores. Castro y Becerra enfrentaron varias denuncias por corrupción administrativa y negociados inmobiliarios, aunque ninguna prosperó en su contra, fueron juzgados pero salieron "por la puerta grande", sin condenas.
De este modo, la desaparición de los Calfullanca comenzó a interpretarse como parte de una trama del poder local. La hipótesis que cobraba fuerza era que Genaro y Cristian habrían sido eliminados para proteger los intereses de estos actores poderosos, evitando que Genaro revelara información incómoda en su testimonio.
Es importante aclarar que, si bien la familia Calfullanca siempre sostuvo que "los hicieron desaparecer", no apuntaron públicamente a personas específicas por falta de pruebas directas. No hubo imputados formales en la causa.
Obstáculos en la justicia: habeas corpus y encubrimiento
Con el avance de 2013 y la falta de novedades, la investigación oficial a cargo del fiscal Oscar Oro entró en punto muerto.
Familiares y allegados denunciaron que Oro mostró desde el comienzo una alarmante pasividad: "no llamaba a testigos, no pedía pericias, no hacía nada. Dejaba que pasara el tiempo", resume el abogado de la familia Edgardo Manosalva sobre la actuación del fiscal. Ni siquiera realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos, algo elemental en un caso de desaparición. Por el contrario, delegó todo en el "comité de crisis" local manejado por las autoridades municipales.
A un mes de la denuncia, la búsqueda provincial prácticamente se había paralizado; "cada tanto, cuando aparecía el gobernador, aumentaban la recompensa, pero nada más", señaló con ironía el abogado Manosalva. En efecto, el gobierno provincial ofreció recompensas crecientes por datos -ya en 2014 se elevó a $200.000 pesos-, pero nadie se animó a aportar información, ya fuera por miedo o por realmente no haber testigos directos.
Frustrados por la inacción, los Calfullanca decidieron dar un paso legal audaz en 2015: presentaron una denuncia por "desaparición forzada" y un recurso de habeas corpus ante la Justicia Federal de Esquel. Buscaban que se investigara la posibilidad de una desaparición a manos de agentes del Estado o con complicidad estatal, lo que trasladaría el caso a la órbita federal. Sin embargo, inicialmente esta vía chocó con más obstáculos. Cuando la familia presentó el habeas corpus (año 2015), el juez federal titular Guido Otranto estaba de licencia, y quien recibió el caso fue un juez subrogante: Ricardo Gerosa Lewis.
Según relata la crónica, Gerosa Lewis tomó la presentación y decidió rechazar el habeas corpus el mismo día en que fue presentado.
Es decir, desestimó la petición de la familia, argumentando que no había elementos para tipificar una desaparición forzada (que involucre a fuerzas de seguridad).
La familia apeló esa decisión. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia les dio la razón: en 2016 ordenó al juez Otranto que admitiera y tramitara el habeas corpus para investigar la desaparición. De esta manera, a partir de 2016-2017 el caso tuvo una investigación federal paralela a la provincial, con la mirada puesta en posibles responsabilidades más allá de un hecho común. El juez Guido Otranto comenzó a tomar declaraciones y a examinar la teoría de la "desaparición forzada". Durante 2017 y 2018, se convocó a personas a testificar, se realizaron peritajes y diligencias, pero los avances fueron escasos.
Otranto cumplió con el protocolo del habeas corpus, pero no halló evidencia que incriminara a fuerzas estatales en el caso. En palabras del juez, "no existe prueba alguna que involucre fuerzas de seguridad". Al no poder confirmar la hipótesis de participación policial o de Gendarmería, Otranto se declaró incompetente para seguir interviniendo, pues la figura legal de desaparición forzada de personas exige la implicación directa o encubierta del Estado.
Así, el habeas corpus federal se encaminaba a extinguirse y devolver la causa completamente a la justicia provincial. Antes de cerrar, no obstante, Otranto ordenó algunas medidas finales que la familia había solicitado: por ejemplo, profundizar ciertos testimonios no investigados, citar a declarar a un vecino que nunca fue llamado, e incluso peritar el teléfono celular de uno de los patrones o empleadores de Genaro. Ninguna de esas diligencias arrojó resultados visibles.
También se investigó un dato inquietante: un testigo anónimo afirmó que los cuerpos de Cristian y Genaro habrían sido enterrados bajo una platea de cemento en determinada ubicación, lo que llevó a realizar una búsqueda en un complejo de cabañas de la zona. Según Laura Calfullanca, los investigadores sólo revisaron una de las cabañas y nunca regresaron a completar el operativo. Esa pista, al igual que otras, quedó en la nada, alimentando la sensación de abandono.
Finalmente, el juez Otranto decidió archivar el habeas corpus por falta de competencia federal, dejando constancia de que "no se encontró ninguna prueba de que estuviera involucrada una fuerza de seguridad ni como autora, encubridora ni colaboradora" en la desaparición. En consecuencia, hacia 2019 la investigación quedó otra vez en manos de la justicia ordinaria de Chubut, es decir, de la misma Fiscalía que la familia había acusado de encubrimiento. El fiscal Oscar Oro, por su parte, se mantenía formalmente a cargo del expediente provincial.
Comunidad movilizada y reclamo de justicia
A lo largo de estos años, la sociedad civil y comunidades originarias de la región han jugado un rol importante para mantener viva la causa Calfullanca.
En Cholila, un pueblo tradicionalmente tranquilo, la desaparición de dos vecinos trabajadores generó miedo pero también solidaridad. "A todos los vecinos, los compañeros que jugaban al fútbol con ellos, les duele no encontrar justicia para Genaro y Cristian, no poder explicar por qué aún no están", expresó Isabel Calfullanca en un acto público.
Desde 2013 se han realizado marchas y concentraciones periódicas reclamando verdad y justicia. Cada aniversario suele convocar a la familia, amigos, comunidades mapuches de la zona y organizaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, al cumplirse cinco años, el 10 de abril de 2018, unas sesenta personas marcharon bajo la lluvia y el frío por las calles de Cholila -una cifra significativa para la pequeña localidad- portando carteles con los rostros de los desaparecidos. En esas oportunidades, los Calfullanca han insistido en pedir la colaboración de cualquier testigo: "Espero que algún paisano se ponga la mano en el corazón y hable", suplicó Isabel ante la comunidad, mientras las autoridades solo atinaron a repartir afiches de recompensa.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos de Chubut han acompañado el reclamo, enmarcándolo en un contexto más amplio de violencia e impunidad contra el pueblo mapuche. Referentes señalan que Genaro y Cristian engrosan la lista de desapariciones en democracia que afectan a pobladores originarios: casos como el de Iván Torres (joven mapuche desaparecido en 2003, por el cual Argentina fue condenada internacionalmente) y el de José Matías Catrileo o Santiago Maldonado (ocurrido también en Chubut en 2017) evidencian patrones preocupantes. "No hay democracia si hay desaparecidos", claman estos organismos, denunciando una continuidad de abusos desde la última dictadura hasta el presente, especialmente en territorios en disputa.
En todo este tiempo, la familia Calfullanca se ha mantenido unida y firme en su búsqueda de justicia. Personas humildes y trabajadoras, han tocado las puertas de despachos oficiales, tribunales y medios de comunicación, muchas veces sin obtener respuestas. "Nos trataron mal y tenemos que seguir respetándolos", lamentó Isabel sobre el destrato recibido de parte de algunos funcionarios judiciales. A pesar de ello, no se han rendido.
Diez años después: estado actual del caso
Hoy, a más de doce años de la desaparición (2025), el caso de Genaro y Cristian Calfullanca sigue envuelto en el misterio y la impunidad. No se han encontrado sus restos ni se sabe qué sucedió, y oficialmente ambos continúan en calidad de personas desaparecidas. La causa judicial en la provincia de Chubut permanece técnicamente abierta, aunque sin ningún movimiento significativo.
En julio de 2024, los familiares volvieron a alzar la voz públicamente, pidiendo reactivar la causa. Laura Calfullanca reclamó una reunión con el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, quien en campaña había prometido ocuparse del tema. Sin embargo, hasta la fecha no se registra ninguna nueva diligencia oficial.
Ninguna autoridad judicial ha sido removida ni sancionada por las graves falencias investigativas. Tampoco hubo avances en identificar posibles culpables: ninguna persona fue imputada ni detenida en relación con la desaparición de Genaro y Cristian.
La hipótesis de un crimen vinculado a las disputas de tierra sigue siendo eso -una hipótesis- en ausencia de pruebas materiales o testimonios directos ante la justicia. Pero en el seno de la comunidad de Cholila, esa versión es tomada prácticamente como verdad histórica. "En Cholila se sabe lo que pasó, pero nadie hablaría", repiten los lugareños en voz baja.
Con el tiempo transcurrido, la impunidad duele cada vez más. La familia Calfullanca mantiene vivo el recuerdo de Genaro y Cristian en cada oportunidad: realizan misas, ofrendas religiosas, y participan de actos de memoria junto a otras familias de desaparecidos. El 10 de abril de cada año es para ellos una fecha de dolor y lucha.
Fuentes: Fuentes judiciales, Testimonios y declaraciones citadas en Diario Jornada, Noticias de Esquel, Revista Cítrica/La Tinta, Diario Río Negro, Noticias del Bolsón, La Izquierda Diario, entre otros informes periodísticos detallados en el texto.
Fuente: EQS
Por Santiago Carlen
Entre el 27 de marzo y los primeros días de abril de 2013, Genaro Calfullanca y su hijo Wilson Cristian -peones rurales de ascendencia mapuche- fueron contratados para alambrar en el valle del río Tigre, en la zona de El Tigre, Cholila (departamento Cushamen), a unos 150 kilómetros de Esquel. La última vez que se los vio fue "cerro adentro", trabajando en ese paraje difícil, hacia el fondo del lago Cholila. Desde entonces, nada. Cinco, diez, doce años después, el expediente sigue orbitando alrededor de una pregunta que no logra cerrarse: ¿qué ocurrió en ese campamento de alambradores durante la Semana Santa de 2013?
En el lugar quedaron la comida, la ropa y las pertenencias de ambos, intactas; los caballos, ausentes. Esa imagen inicial -un rancho ordenado, sin signos de huida ni de apuro- marcó para la familia un punto de inflexión: la sospecha de que no se trató de un extravío.
Semana Santa de 2013: La desaparición
Genaro Calfullanca (45 años) y su hijo Cristian (18 años) eran dos trabajadores rurales de ascendencia mapuche, residentes en la pequeña localidad de Cholila, a unos 150 km de Esquel.
Durante la Semana Santa de 2013, fueron contratados junto a otros peones para realizar trabajos de alambrado en una estancia ubicada en el apartado valle del Río Tigre, en el fondo del lago Cholila.
En ese paraje montañoso y boscoso montaron un campamento precario para alojarse mientras duraran las tareas. A fines de marzo de 2013, la cuadrilla interrumpió las labores por el feriado: todos los peones regresaron al pueblo para las fiestas, excepto Genaro y Cristian, que optaron por quedarse cuidando el campamento.
Los últimos días de marzo transcurrieron con normalidad hasta donde se sabe. Sin embargo, a partir del 27 de marzo de 2013 aproximadamente, nada más se supo de Genaro y Cristian Calfullanca. El 10 de abril de 2013 -fecha que la familia recuerda como el momento en que notaron su ausencia definitiva- se dio la voz de alarma: ambos habían desaparecido misteriosamente.
En el campamento, los compañeros de trabajo encontraron todas sus pertenencias intactas: la comida, la ropa y las herramientas estaban ordenadas, tal como las habían dejado, pero no había rastro de los dos hombres.
Este detalle -que no faltara nada en el lugar- resultó inquietante: descartaba a primera vista la posibilidad de que hubieran partido voluntariamente o sufrido un accidente común, pues de haberse extraviado en la montaña, habrían llevado consigo provisiones o abrigo.
Las reacciones iniciales fueron de perplejidad y preocupación en la comunidad de Cholila. Apenas denunciada la desaparición, se organizó un operativo de búsqueda en la zona.
Policía del Chubut, personal de Gendarmería Nacional, baqueanos locales y grupos de rescate con perros rastreadores recorrieron el valle del Río Tigre y sus alrededores en las semanas siguientes. La familia Calfullanca, desesperada, también participó de los rastrillajes.
A pesar de esos esfuerzos iniciales, no se halló ningún indicio: ni huellas, ni prendas, ni restos que pudieran dar una pista sobre qué les ocurrió. Con el paso de los días sin resultados, las autoridades manejaron en un principio la hipótesis de un desvío o accidente geográfico -que padre e hijo se hubieran perdido en la inmensidad de la montaña-. Sin embargo, sus seres queridos rechazaban esa explicación: "Ellos conocían bien la zona, es imposible que se hayan perdido", afirmaría luego Isabel Calfullanca, hermana de Genaro.
Las búsquedas oficiales no se extendieron por mucho tiempo. Según los testimonios de la familia y vecinos, las autoridades dieron por terminada la búsqueda a las pocas semanas, adoptando una actitud pasiva ante la ausencia prolongada.
La propia comunidad quiso seguir rastreando el terreno por cuenta propia -se habían ofrecido voluntarios del Club Andino local, concejales y pobladores con conocimientos del área-, pero denuncian que las órdenes policiales y gubernamentales les impidieron avanzar. Rápidamente se instaló un clima de sospecha e impotencia: para la familia Calfullanca resultaba inconcebible que dos hombres acostumbrados al monte desaparecieran sin dejar rastro, y les alarmó la falta de respuestas por parte de las autoridades.
La investigación inicial y las primeras hipótesis
Tras los rastrillajes infructuosos, la desaparición de Genaro y Cristian Calfullanca derivó en una causa judicial en la órbita provincial. La Fiscalía de El Hoyo, localidad de la Comarca Andina cercana a Cholila, tomó intervención a través del fiscal Oscar Oro. Desde el inicio, la familia expresó desconfianza y criticó el curso de la investigación oficial. En su percepción, las autoridades mostraban desinterés en llegar a la verdad, como si se prefiriera catalogar el hecho simplemente como "dos personas perdidas" y archivar el caso. Laura Calfullanca, hermana de Genaro, llegó a temer que la Justicia hubiera cerrado la causa sin avisarles, bajo la premisa de "se perdieron y listo".
Paralelamente, en el pueblo comenzaron a circular otras hipótesis más inquietantes. Diversos indicios apuntaban a que no se trataba de un extravío accidental, sino de una desaparición forzada o violenta. La propia Laura Calfullanca señaló desde temprano la convicción de la familia: "a Genaro y Cristian los hicieron desaparecer". ¿El motivo? Genaro había recibido amenazas días antes. Pocos sabían en ese momento que el padre de familia estaba involucrado como testigo en un conflicto local de tierras, y que debía presentarse a declarar ante la justicia sólo unos días después de Semana Santa de 2013. Esa declaración jamás ocurriría.
El telón de fondo: un conflicto de tierras en Cholila
Conforme avanzaban los meses sin noticias de los Calfullanca, salió a la luz el posible móvil oculto detrás de su desaparición. Genaro Calfullanca debía testificar en una causa judicial por daños y amenazas relacionada con una disputa de terrenos en Cholila. Tiempo antes de desaparecer, Genaro había liderado una cuadrilla de alambradores contratados por la estanciera Débora Finkelstein para cercar una propiedad. Durante ese trabajo, presenció un enfrentamiento violento entre Finkelstein y su vecino colindante, Oscar "Nazareno" Ruiz.
El conflicto de fondo era la propiedad de una porción de tierra: la familia Ruiz sostenía que parte del campo cercado les pertenecía y por ello cortaba los alambrados que Genaro instalaba. Genaro, como capataz de los peones, debía reparar las cercas una y otra vez, hasta que la situación escaló a amenazas de muerte. Finkelstein denunció penalmente a Ruiz por las amenazas, y la investigación judicial resultante citó a Genaro Calfullanca como testigo clave del altercado.
El vecino acusado, Oscar Argentino Ruiz, pertenece a una familia tradicional de Cholila y resultó ser cuñado de Néstor Becerra, quien por entonces era funcionario del Gobierno municipal de Cholila.
Este dato conectaba el incidente particular con un entramado de poder mayor: Becerra, junto al entonces intendente de Cholila Miguel Ángel Castro, estaban bajo la mira por presuntas entregas irregulares de tierras fiscales y negocios con bosques nativos en la región. Dichas maniobras que en su momento recibían el mote de "Curro Verde", por la venta ilegal de tierras con bosque protegido, involucraban la venta de lotes a inversores. Castro y Becerra enfrentaron varias denuncias por corrupción administrativa y negociados inmobiliarios, aunque ninguna prosperó en su contra, fueron juzgados pero salieron "por la puerta grande", sin condenas.
De este modo, la desaparición de los Calfullanca comenzó a interpretarse como parte de una trama del poder local. La hipótesis que cobraba fuerza era que Genaro y Cristian habrían sido eliminados para proteger los intereses de estos actores poderosos, evitando que Genaro revelara información incómoda en su testimonio.
Es importante aclarar que, si bien la familia Calfullanca siempre sostuvo que "los hicieron desaparecer", no apuntaron públicamente a personas específicas por falta de pruebas directas. No hubo imputados formales en la causa.
Obstáculos en la justicia: habeas corpus y encubrimiento
Con el avance de 2013 y la falta de novedades, la investigación oficial a cargo del fiscal Oscar Oro entró en punto muerto.
Familiares y allegados denunciaron que Oro mostró desde el comienzo una alarmante pasividad: "no llamaba a testigos, no pedía pericias, no hacía nada. Dejaba que pasara el tiempo", resume el abogado de la familia Edgardo Manosalva sobre la actuación del fiscal. Ni siquiera realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos, algo elemental en un caso de desaparición. Por el contrario, delegó todo en el "comité de crisis" local manejado por las autoridades municipales.
A un mes de la denuncia, la búsqueda provincial prácticamente se había paralizado; "cada tanto, cuando aparecía el gobernador, aumentaban la recompensa, pero nada más", señaló con ironía el abogado Manosalva. En efecto, el gobierno provincial ofreció recompensas crecientes por datos -ya en 2014 se elevó a $200.000 pesos-, pero nadie se animó a aportar información, ya fuera por miedo o por realmente no haber testigos directos.
Frustrados por la inacción, los Calfullanca decidieron dar un paso legal audaz en 2015: presentaron una denuncia por "desaparición forzada" y un recurso de habeas corpus ante la Justicia Federal de Esquel. Buscaban que se investigara la posibilidad de una desaparición a manos de agentes del Estado o con complicidad estatal, lo que trasladaría el caso a la órbita federal. Sin embargo, inicialmente esta vía chocó con más obstáculos. Cuando la familia presentó el habeas corpus (año 2015), el juez federal titular Guido Otranto estaba de licencia, y quien recibió el caso fue un juez subrogante: Ricardo Gerosa Lewis.
Según relata la crónica, Gerosa Lewis tomó la presentación y decidió rechazar el habeas corpus el mismo día en que fue presentado.
Es decir, desestimó la petición de la familia, argumentando que no había elementos para tipificar una desaparición forzada (que involucre a fuerzas de seguridad).
La familia apeló esa decisión. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia les dio la razón: en 2016 ordenó al juez Otranto que admitiera y tramitara el habeas corpus para investigar la desaparición. De esta manera, a partir de 2016-2017 el caso tuvo una investigación federal paralela a la provincial, con la mirada puesta en posibles responsabilidades más allá de un hecho común. El juez Guido Otranto comenzó a tomar declaraciones y a examinar la teoría de la "desaparición forzada". Durante 2017 y 2018, se convocó a personas a testificar, se realizaron peritajes y diligencias, pero los avances fueron escasos.
Otranto cumplió con el protocolo del habeas corpus, pero no halló evidencia que incriminara a fuerzas estatales en el caso. En palabras del juez, "no existe prueba alguna que involucre fuerzas de seguridad". Al no poder confirmar la hipótesis de participación policial o de Gendarmería, Otranto se declaró incompetente para seguir interviniendo, pues la figura legal de desaparición forzada de personas exige la implicación directa o encubierta del Estado.
Así, el habeas corpus federal se encaminaba a extinguirse y devolver la causa completamente a la justicia provincial. Antes de cerrar, no obstante, Otranto ordenó algunas medidas finales que la familia había solicitado: por ejemplo, profundizar ciertos testimonios no investigados, citar a declarar a un vecino que nunca fue llamado, e incluso peritar el teléfono celular de uno de los patrones o empleadores de Genaro. Ninguna de esas diligencias arrojó resultados visibles.
También se investigó un dato inquietante: un testigo anónimo afirmó que los cuerpos de Cristian y Genaro habrían sido enterrados bajo una platea de cemento en determinada ubicación, lo que llevó a realizar una búsqueda en un complejo de cabañas de la zona. Según Laura Calfullanca, los investigadores sólo revisaron una de las cabañas y nunca regresaron a completar el operativo. Esa pista, al igual que otras, quedó en la nada, alimentando la sensación de abandono.
Finalmente, el juez Otranto decidió archivar el habeas corpus por falta de competencia federal, dejando constancia de que "no se encontró ninguna prueba de que estuviera involucrada una fuerza de seguridad ni como autora, encubridora ni colaboradora" en la desaparición. En consecuencia, hacia 2019 la investigación quedó otra vez en manos de la justicia ordinaria de Chubut, es decir, de la misma Fiscalía que la familia había acusado de encubrimiento. El fiscal Oscar Oro, por su parte, se mantenía formalmente a cargo del expediente provincial.
Comunidad movilizada y reclamo de justicia
A lo largo de estos años, la sociedad civil y comunidades originarias de la región han jugado un rol importante para mantener viva la causa Calfullanca.
En Cholila, un pueblo tradicionalmente tranquilo, la desaparición de dos vecinos trabajadores generó miedo pero también solidaridad. "A todos los vecinos, los compañeros que jugaban al fútbol con ellos, les duele no encontrar justicia para Genaro y Cristian, no poder explicar por qué aún no están", expresó Isabel Calfullanca en un acto público.
Desde 2013 se han realizado marchas y concentraciones periódicas reclamando verdad y justicia. Cada aniversario suele convocar a la familia, amigos, comunidades mapuches de la zona y organizaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, al cumplirse cinco años, el 10 de abril de 2018, unas sesenta personas marcharon bajo la lluvia y el frío por las calles de Cholila -una cifra significativa para la pequeña localidad- portando carteles con los rostros de los desaparecidos. En esas oportunidades, los Calfullanca han insistido en pedir la colaboración de cualquier testigo: "Espero que algún paisano se ponga la mano en el corazón y hable", suplicó Isabel ante la comunidad, mientras las autoridades solo atinaron a repartir afiches de recompensa.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos de Chubut han acompañado el reclamo, enmarcándolo en un contexto más amplio de violencia e impunidad contra el pueblo mapuche. Referentes señalan que Genaro y Cristian engrosan la lista de desapariciones en democracia que afectan a pobladores originarios: casos como el de Iván Torres (joven mapuche desaparecido en 2003, por el cual Argentina fue condenada internacionalmente) y el de José Matías Catrileo o Santiago Maldonado (ocurrido también en Chubut en 2017) evidencian patrones preocupantes. "No hay democracia si hay desaparecidos", claman estos organismos, denunciando una continuidad de abusos desde la última dictadura hasta el presente, especialmente en territorios en disputa.
En todo este tiempo, la familia Calfullanca se ha mantenido unida y firme en su búsqueda de justicia. Personas humildes y trabajadoras, han tocado las puertas de despachos oficiales, tribunales y medios de comunicación, muchas veces sin obtener respuestas. "Nos trataron mal y tenemos que seguir respetándolos", lamentó Isabel sobre el destrato recibido de parte de algunos funcionarios judiciales. A pesar de ello, no se han rendido.
Diez años después: estado actual del caso
Hoy, a más de doce años de la desaparición (2025), el caso de Genaro y Cristian Calfullanca sigue envuelto en el misterio y la impunidad. No se han encontrado sus restos ni se sabe qué sucedió, y oficialmente ambos continúan en calidad de personas desaparecidas. La causa judicial en la provincia de Chubut permanece técnicamente abierta, aunque sin ningún movimiento significativo.
En julio de 2024, los familiares volvieron a alzar la voz públicamente, pidiendo reactivar la causa. Laura Calfullanca reclamó una reunión con el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, quien en campaña había prometido ocuparse del tema. Sin embargo, hasta la fecha no se registra ninguna nueva diligencia oficial.
Ninguna autoridad judicial ha sido removida ni sancionada por las graves falencias investigativas. Tampoco hubo avances en identificar posibles culpables: ninguna persona fue imputada ni detenida en relación con la desaparición de Genaro y Cristian.
La hipótesis de un crimen vinculado a las disputas de tierra sigue siendo eso -una hipótesis- en ausencia de pruebas materiales o testimonios directos ante la justicia. Pero en el seno de la comunidad de Cholila, esa versión es tomada prácticamente como verdad histórica. "En Cholila se sabe lo que pasó, pero nadie hablaría", repiten los lugareños en voz baja.
Con el tiempo transcurrido, la impunidad duele cada vez más. La familia Calfullanca mantiene vivo el recuerdo de Genaro y Cristian en cada oportunidad: realizan misas, ofrendas religiosas, y participan de actos de memoria junto a otras familias de desaparecidos. El 10 de abril de cada año es para ellos una fecha de dolor y lucha.
Fuentes: Fuentes judiciales, Testimonios y declaraciones citadas en Diario Jornada, Noticias de Esquel, Revista Cítrica/La Tinta, Diario Río Negro, Noticias del Bolsón, La Izquierda Diario, entre otros informes periodísticos detallados en el texto.
Fuente: EQS
