Acusado de trata de personas evita el juicio pagando 500 mil pesos: "Siempre vemos estas situaciones, con el privilegio para el explotador y sin políticas para las víctimas"Enrique Silva, un productor agropecuario de El Hoyo acusado de explotar a una joven bajo una promesa laboral falsa, aceptó pagar 500.000 pesos a la víctima para evitar un juicio oral. A pesar de que la Fiscalía reconoció que el hombre había aprovechado la condición vulnerable de la joven, se homologó el acuerdo como medida de reparación. En diálogo con El Extremo Sur, la referente provincial de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT) Miriam Vázquez cuestionó la medida y sostuvo que las víctimas necesitan justicia y medidas reales de reparación. Habló del vaciamiento de las políticas públicas contra la trata y el aumento de casos frente a la crisis económica: "Hay crisis, se necesita dinero y aparecen los grandes explotadores y los grandes tratantes". Y subrayó: "Cuando hay una víctima, y más cuando es de trata de explotación sexual, de abuso o violación, no puede haber un acuerdo. Sí puede haber después una reparación, que son dos cosas distintas, pero primero necesita tener justicia, cosa que hoy no existe".
La causa se inició en septiembre del 2021, cuando la madre y la hermana de la víctima realizaron una denuncia ante el Departamento de Lucha Contra la Trata de personas de la Policía del Chaco. Relataron que la joven había viajado desde esa provincia hasta El Hoyo, en Chubut, por una oferta laboral. Sin embargo, al llegar se encontró con condiciones muy distintas a las prometidas. Además, afirmó que no la dejaban regresar y temía por su vida.
Según se desprende de la investigación, la joven -que vivía en una comunidad originaria- se contactó con otra mujer, también originaria de Chaco, que se encontraba trabajando en una tienda en Chubut donde supuestamente le pagaban un buen sueldo. En agosto del 2021, Silva llamó a la víctima y le ofreció un salario semanal de 8000 pesos. Le compró el pasaje y la víctima viajó al sur el 12 de septiembre. Los primeros días se encargó de limpiar locales, casas y la oficina de la chacra. Luego, Silva le ordenó que trabaje en su plantación de frutillas.
El trabajo no era el prometido, y las condiciones eran pésimas: la víctima contó que los primeros días trabajó desde las 9 hasta las 22 y que Silva le había dejado comida vencida. También mencionó que en varias oportunidades el productor tuvo "conductas impropias" con ella.
El 21 de septiembre, tras la denuncia, fue rescatada del establecimiento frutícola. Posteriormente fue llevada a la Comisaría de la Mujer de El Hoyo donde relató lo sucedido.
Plata para evitar el juicio
El año pasado la causa se elevó a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia. De acuerdo a la acusación, Enrique Silva fue señalado como responsable de "trata de personas bajo la modalidad de traslado y acogimiento, con fines de explotación laboral, agravado por mediar abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima", un delito que tiene prevista una pena de 5 a 10 años de prisión.
La Fiscalía consideró que Silva se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven "dada por condición de mujer migrante de un pueblo originario, su realidad socioeconómica, su carencia de formación educativa y la falta de vínculos familiares cercanos en atención a la lejanía de su lugar de origen", para trasladarla a Chubut con la finalidad de explotarla laboralmente.
"Tal como mencionaron las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata, la migración interna también genera vulnerabilidad", detalla el dictamen. La Fiscalía también tuvo en cuenta el traslado de la joven a una provincia en la otra punta del país, "donde no conocía a nadie, donde las condiciones de vida son muy diferentes a las que ella conocía en su lugar de origen".
"Es importante volver a mencionar que la oferta realizada por Silvia, se vio frustrada ya que no sólo no se cumplió lo prometido, sino que se transformó en un escenario de incertidumbre laboral que, además, incluyó insinuaciones y amenazas por parte de su empleador tornando todo en un escenario atemorizante y de desprotección", afirmó el fiscal, Santiago Roldán.
A esto se suma el temor generado en la joven por las manifestaciones verbales del acusado (que le había dicho que debía ser "un poco más abierta con él") y los tocamientos. Por otro lado, el fiscal enfatizó la vulnerabilidad generada ante el cambio repentino en las condiciones de pago, lo que "posibilitaba mantenerla sometida ya que la joven no contaba con dinero".
"El quitarle la posibilidad de disponer de dinero de manera semanal implicaba que la joven no podía movilizarse por su cuenta (la chacra está alejada del pueblo) y ni siquiera podía comprar sus propios alimentos. Sobre esto último, claramente Silva tenía conocimiento de que no contaba con dinero ya que él le había dejado alimentos en la casa", agregó.
"De todo lo mencionado se puede deducir que Silva intentó reducir a [la victima] a condiciones de servidumbre, le cambió las condiciones de trabajo sin siquiera consultarle, para poder mantenerla en el interior de la chacra, tampoco la quería dejar salir (por lo que la joven tenía que escapar), unilateralmente decidió modificar el modo de pago y la suma para intentar someterla a su potestad", resumió la fiscalía en su solicitud para elevación de la causa a juicio.
Esta semana se conoció que la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo económico que evitaría que Silva sea sometido a juicio. Silva acordó pagar $500.000 a la víctima en concepto de reparación integral para ser sobreseído y evitar el proceso.
En el marco de la homologación del acuerdo, el juez Alejandro Cabral, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, sostuvo que en la causa "hay poca evidencia" y que una reparación del daño "es una solución que armoniza las pretensiones de las partes y sirve para la paz social como solución del conflicto, la más reparadora para la víctima como para el imputado".
Complicidad y ausencia de justicia
"No hay otro adjetivo calificativo que no sea tremendo, porque no es el primer antecedente", remarcó Miriam Vázquez, activista y representante provincial de RATT (Red de Alto al Tráfico y la Trata), en diálogo con El Extremo Sur. Tal como menciona, no es la única causa en la que estuvo involucrado el productor. En julio del 2024, ya acusado por el delito de trata, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, luego de que una joven relatara haber sido drogada y violada. A pesar de los testimonios y la evidencia que se encontró en los allanamientos en la chacra, Silva fue sobreseído. Estuvo preso durante el 2024 y este año la jueza Silvana Vélez dictó el sobreseimiento, a pedido de la Fiscalía de Lago Puelo, que argumentó que no halló evidencia para inculparlo.
"Esperábamos que realmente la justicia actuara acorde a la realidad de lo que dice la ley", expresó Vázquez en relación al acuerdo monetario, y cuestionó que se avance en ese sentido en lugar de priorizar la reparación de la víctima. "Esto es más de lo mismo en la situación que estamos viviendo a nivel del país", agregó.
"Las compañeras de todo el país que trabajamos en la temática vemos estos fallos así, siempre con el privilegio para el tratante, para el explotador, para el abusador, sin políticas públicas activas porque realmente no tenemos políticas públicas hoy, no tenemos ni siquiera un Comité de Lucha armado, estructurado. No tenemos un punto focal activo, estamos muy preocupadas", detalló.
El año pasado, mientras el caso Loan conmocionaba a la sociedad y se barajaba la posibilidad de un escenario de trata, el Gobierno nacional llevaba adelante un fuerte ajuste contra los programas y organismos destinados a prevenir y luchar contra este delito. En principio, se dispuso la transferencia del Comité y del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto.
La mayoría de los programas orientados a la reparación y el acompañamiento de las víctimas fueron suspendidos o recortados. La línea 145 -destinada a recibir denuncias de trata- fue llevada el 50% de su capacidad operativa. Por otro lado, se redujeron las acciones de difusión y capacitación que hasta el momento habían implicado un eje clave para la prevención.
"Ni siquiera sabemos a dónde van las víctimas y bien sabemos que cuando hay una crisis económica lo primero que aparece es la gran cantidad de explotación sexual", apuntó Vázquez. "Cuando hay una víctima, y más cuando es de trata de explotación sexual, de abuso o violación, no puede haber un acuerdo. Sí puede haber después una reparación, que son dos cosas distintas, pero primero necesita tener justicia, cosa que hoy no existe", subrayó.
La referente habló de la impunidad que suele primar en estos casos, sobre todo cuando los acusados tienen estrechas relaciones con el poder político y judicial. De hecho, Enrique Silva es un reconocido productor de la zona y ha estado presente en distintos sectores políticos. Durante los ‘90 y los 2000 fue concejal por el radicalismo e incluso se postuló como intendente de El Hoyo, elección en la que quedó tercero. En 2019 abandonó la Unión Cívica Radical y se sumó a Chubut Somos Todos.
El caso no es aislado: según el TIP Report 2025 realizado por el Departamento de los Estados Unidos (que evalúa la respuesta de distintos países a los delitos de trata y los clasifica de acuerdo a una escala internacional) "la corrupción y la complicidad de funcionarios públicos en los delitos de trata siguieron siendo obstáculos importantes para las iniciativas de lucha contra la trata, sobre todo a escala local y regional, y dificultaron la acción de las fuerzas de seguridad. Los observadores manifestaron su preocupación ante el hecho de que la complicidad de los funcionarios fuera más común de lo que reflejaban la cobertura mediática limitada y los casos activos".
En el mismo sentido se expresa Vázquez: "La relación es esa: siempre son sobreseídos porque tienen una relación vincular con lo que es el poder judicial, el poder político del momento o de todos los momentos y entonces ellos siempre quedan libres. Este hombre ya tenía un precedente y también quedó sobreseído; ahora es exactamente lo mismo".
La referente lamenta que el acusado tenga "una situación de trabajo con una captación bastante fácil" por la situación económica que atraviesa el país. "Es lo mismo que el sistema prostituyente. Hoy, lamentablemente, vemos que aumenta y no podemos ir contra el mercado de consumo, porque esa es la gran lucha que tenemos cuando hablamos del sistema, hoy sigue siendo el mismo flagelo, agravado por la situación que se está viviendo. Hay crisis, se necesita dinero y aparecen los grandes explotadores y los grandes tratantes. O sea que están siempre, no es que aparecen, toman más lugar cuando hay más necesidades".
Sin políticas públicas para las víctimas
Consultada sobre los números de los delitos de trata en la provincia, expresó que se nota un aumento, aunque muchos de los casos con los que tienen contacto las organizaciones sociales no derivan en denuncias formales.
"Se ven los delitos en el hecho concreto de una denuncia y después los que nos toca a veces a nosotros como organizaciones es ayudar a que salga y a que la víctima busque un refugio en otro lugar debido a que no hay políticas públicas. El miedo es mucho, especialmente si hay narcotráfico o mucho poder adquisitivo del tratante o explotador; lo único que quiere la víctima es huir", detalló.
"No lo podés convertir en delito si no tenés la denuncia. ¿Y cómo hacés para prosperar con una denuncia de una víctima cuando lo que más tiene es miedo? Y viendo una sentencia así, sobreseído, ¿qué puede pensar una víctima? Es la realidad, por eso nosotros volvemos a echar mano a las herramientas que teníamos antes de tener una ley, que es proteger a la víctima, que vaya a un lugar o a un refugio o a su propio lugar y pueda estar por lo menos tranquila u ocultarla, para que realmente no tenga el miedo de saber que si hace una denuncia, no va a prosperar. Porque si hace una denuncia la pueden perseguir a ella y a la familia, es tremendo", agregó.
Vázquez sostuvo que a pesar de que "nunca fueron muy activas las políticas públicas que tuvimos" antes había "un sistema más comprometido que ahora ya no tenemos". Este escenario no sólo aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y la ausencia de recursos para la reparación y reinserción en la sociedad, sino que genera más presión en las organizaciones que son quienes suelen sostener a las y los sobrevivientes de trata frente la desidia estatal.
"Yo me he encontrado con víctimas en otros lugares que tuvieron que huir del sistema prostituyente, las rescatan, pero después la dejan en la misma nada. O le dan un pasaje como para que vuelva, ¿a dónde va a volver? Y las volvemos a encontrar en una situación de explotación", relata.
De acuerdo a los datos nacionales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) correspondientes al 2023 más de la mitad de los delitos de trata son con fines de explotación sexual. Y de ese total, más del 95% de las víctimas son mujeres. La vulnerabilidad ante situaciones de explotación se agudiza cuando las mujeres son migrantes o están en situación de pobreza.
"No es que no haya hombres, obviamente que también los hay, pero la mayoría suelen ser madres que mantienen su hogar. Entonces, con la responsabilidad de los menores a cargo son las primeras que salen y se van a buscar el recurso del ingreso, a veces desconociendo o aun teniendo el temor", detalla Vázquez.
No obstante, señala que en los últimos años ha crecido la concientización en relación a los delitos de trata gracias a campañas de sensibilización en espacios públicos, "eso hace que cuando se habla de trata, de explotación sexual, explotación laboral, la gente sepa de lo que estamos hablando".
Por último, la referente advirtió que las redes sociales hoy se han configurado como un nuevo escenario de riesgo, un "estanque de pesca directo" donde muchas veces se produce la captación.
Vázquez expresó su preocupación por las decisiones judiciales en casos que involucran trata o violencia de género. Y lo ejemplifica con el caso de Fernando Rivarola: Vázquez fue una de las denunciantes que buscó impulsar el juicio político contra el fiscal por distintos hechos que involucraron vulneración de derechos de mujeres y niños: "No puedo dejar pasar el caso de que no nos dieron lugar al juicio político de Fernando Rivarola y creo que eso fue un precedente que marcó cómo está la justicia de Chubut. Él sigue estando de fiscal general en Ciberdelitos, ni siquiera fue corrido de su lugar. Si hablamos de justicia en Chubut, si hablamos de eso, ya está. Ya sabemos cómo está el sistema", cerró.
Enrique Silva, un productor agropecuario de El Hoyo acusado de explotar a una joven bajo una promesa laboral falsa, aceptó pagar 500.000 pesos a la víctima para evitar un juicio oral. A pesar de que la Fiscalía reconoció que el hombre había aprovechado la condición vulnerable de la joven, se homologó el acuerdo como medida de reparación. En diálogo con El Extremo Sur, la referente provincial de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT) Miriam Vázquez cuestionó la medida y sostuvo que las víctimas necesitan justicia y medidas reales de reparación. Habló del vaciamiento de las políticas públicas contra la trata y el aumento de casos frente a la crisis económica: "Hay crisis, se necesita dinero y aparecen los grandes explotadores y los grandes tratantes". Y subrayó: "Cuando hay una víctima, y más cuando es de trata de explotación sexual, de abuso o violación, no puede haber un acuerdo. Sí puede haber después una reparación, que son dos cosas distintas, pero primero necesita tener justicia, cosa que hoy no existe".
La causa se inició en septiembre del 2021, cuando la madre y la hermana de la víctima realizaron una denuncia ante el Departamento de Lucha Contra la Trata de personas de la Policía del Chaco. Relataron que la joven había viajado desde esa provincia hasta El Hoyo, en Chubut, por una oferta laboral. Sin embargo, al llegar se encontró con condiciones muy distintas a las prometidas. Además, afirmó que no la dejaban regresar y temía por su vida.
Según se desprende de la investigación, la joven -que vivía en una comunidad originaria- se contactó con otra mujer, también originaria de Chaco, que se encontraba trabajando en una tienda en Chubut donde supuestamente le pagaban un buen sueldo. En agosto del 2021, Silva llamó a la víctima y le ofreció un salario semanal de 8000 pesos. Le compró el pasaje y la víctima viajó al sur el 12 de septiembre. Los primeros días se encargó de limpiar locales, casas y la oficina de la chacra. Luego, Silva le ordenó que trabaje en su plantación de frutillas.
El trabajo no era el prometido, y las condiciones eran pésimas: la víctima contó que los primeros días trabajó desde las 9 hasta las 22 y que Silva le había dejado comida vencida. También mencionó que en varias oportunidades el productor tuvo "conductas impropias" con ella.
El 21 de septiembre, tras la denuncia, fue rescatada del establecimiento frutícola. Posteriormente fue llevada a la Comisaría de la Mujer de El Hoyo donde relató lo sucedido.
Plata para evitar el juicio
El año pasado la causa se elevó a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia. De acuerdo a la acusación, Enrique Silva fue señalado como responsable de "trata de personas bajo la modalidad de traslado y acogimiento, con fines de explotación laboral, agravado por mediar abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima", un delito que tiene prevista una pena de 5 a 10 años de prisión.
La Fiscalía consideró que Silva se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven "dada por condición de mujer migrante de un pueblo originario, su realidad socioeconómica, su carencia de formación educativa y la falta de vínculos familiares cercanos en atención a la lejanía de su lugar de origen", para trasladarla a Chubut con la finalidad de explotarla laboralmente.
"Tal como mencionaron las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata, la migración interna también genera vulnerabilidad", detalla el dictamen. La Fiscalía también tuvo en cuenta el traslado de la joven a una provincia en la otra punta del país, "donde no conocía a nadie, donde las condiciones de vida son muy diferentes a las que ella conocía en su lugar de origen".
"Es importante volver a mencionar que la oferta realizada por Silvia, se vio frustrada ya que no sólo no se cumplió lo prometido, sino que se transformó en un escenario de incertidumbre laboral que, además, incluyó insinuaciones y amenazas por parte de su empleador tornando todo en un escenario atemorizante y de desprotección", afirmó el fiscal, Santiago Roldán.
A esto se suma el temor generado en la joven por las manifestaciones verbales del acusado (que le había dicho que debía ser "un poco más abierta con él") y los tocamientos. Por otro lado, el fiscal enfatizó la vulnerabilidad generada ante el cambio repentino en las condiciones de pago, lo que "posibilitaba mantenerla sometida ya que la joven no contaba con dinero".
"El quitarle la posibilidad de disponer de dinero de manera semanal implicaba que la joven no podía movilizarse por su cuenta (la chacra está alejada del pueblo) y ni siquiera podía comprar sus propios alimentos. Sobre esto último, claramente Silva tenía conocimiento de que no contaba con dinero ya que él le había dejado alimentos en la casa", agregó.
"De todo lo mencionado se puede deducir que Silva intentó reducir a [la victima] a condiciones de servidumbre, le cambió las condiciones de trabajo sin siquiera consultarle, para poder mantenerla en el interior de la chacra, tampoco la quería dejar salir (por lo que la joven tenía que escapar), unilateralmente decidió modificar el modo de pago y la suma para intentar someterla a su potestad", resumió la fiscalía en su solicitud para elevación de la causa a juicio.
Esta semana se conoció que la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo económico que evitaría que Silva sea sometido a juicio. Silva acordó pagar $500.000 a la víctima en concepto de reparación integral para ser sobreseído y evitar el proceso.
En el marco de la homologación del acuerdo, el juez Alejandro Cabral, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, sostuvo que en la causa "hay poca evidencia" y que una reparación del daño "es una solución que armoniza las pretensiones de las partes y sirve para la paz social como solución del conflicto, la más reparadora para la víctima como para el imputado".
Complicidad y ausencia de justicia
"No hay otro adjetivo calificativo que no sea tremendo, porque no es el primer antecedente", remarcó Miriam Vázquez, activista y representante provincial de RATT (Red de Alto al Tráfico y la Trata), en diálogo con El Extremo Sur. Tal como menciona, no es la única causa en la que estuvo involucrado el productor. En julio del 2024, ya acusado por el delito de trata, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, luego de que una joven relatara haber sido drogada y violada. A pesar de los testimonios y la evidencia que se encontró en los allanamientos en la chacra, Silva fue sobreseído. Estuvo preso durante el 2024 y este año la jueza Silvana Vélez dictó el sobreseimiento, a pedido de la Fiscalía de Lago Puelo, que argumentó que no halló evidencia para inculparlo.
"Esperábamos que realmente la justicia actuara acorde a la realidad de lo que dice la ley", expresó Vázquez en relación al acuerdo monetario, y cuestionó que se avance en ese sentido en lugar de priorizar la reparación de la víctima. "Esto es más de lo mismo en la situación que estamos viviendo a nivel del país", agregó.
"Las compañeras de todo el país que trabajamos en la temática vemos estos fallos así, siempre con el privilegio para el tratante, para el explotador, para el abusador, sin políticas públicas activas porque realmente no tenemos políticas públicas hoy, no tenemos ni siquiera un Comité de Lucha armado, estructurado. No tenemos un punto focal activo, estamos muy preocupadas", detalló.
El año pasado, mientras el caso Loan conmocionaba a la sociedad y se barajaba la posibilidad de un escenario de trata, el Gobierno nacional llevaba adelante un fuerte ajuste contra los programas y organismos destinados a prevenir y luchar contra este delito. En principio, se dispuso la transferencia del Comité y del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto.
La mayoría de los programas orientados a la reparación y el acompañamiento de las víctimas fueron suspendidos o recortados. La línea 145 -destinada a recibir denuncias de trata- fue llevada el 50% de su capacidad operativa. Por otro lado, se redujeron las acciones de difusión y capacitación que hasta el momento habían implicado un eje clave para la prevención.
"Ni siquiera sabemos a dónde van las víctimas y bien sabemos que cuando hay una crisis económica lo primero que aparece es la gran cantidad de explotación sexual", apuntó Vázquez. "Cuando hay una víctima, y más cuando es de trata de explotación sexual, de abuso o violación, no puede haber un acuerdo. Sí puede haber después una reparación, que son dos cosas distintas, pero primero necesita tener justicia, cosa que hoy no existe", subrayó.
La referente habló de la impunidad que suele primar en estos casos, sobre todo cuando los acusados tienen estrechas relaciones con el poder político y judicial. De hecho, Enrique Silva es un reconocido productor de la zona y ha estado presente en distintos sectores políticos. Durante los ‘90 y los 2000 fue concejal por el radicalismo e incluso se postuló como intendente de El Hoyo, elección en la que quedó tercero. En 2019 abandonó la Unión Cívica Radical y se sumó a Chubut Somos Todos.
El caso no es aislado: según el TIP Report 2025 realizado por el Departamento de los Estados Unidos (que evalúa la respuesta de distintos países a los delitos de trata y los clasifica de acuerdo a una escala internacional) "la corrupción y la complicidad de funcionarios públicos en los delitos de trata siguieron siendo obstáculos importantes para las iniciativas de lucha contra la trata, sobre todo a escala local y regional, y dificultaron la acción de las fuerzas de seguridad. Los observadores manifestaron su preocupación ante el hecho de que la complicidad de los funcionarios fuera más común de lo que reflejaban la cobertura mediática limitada y los casos activos".
En el mismo sentido se expresa Vázquez: "La relación es esa: siempre son sobreseídos porque tienen una relación vincular con lo que es el poder judicial, el poder político del momento o de todos los momentos y entonces ellos siempre quedan libres. Este hombre ya tenía un precedente y también quedó sobreseído; ahora es exactamente lo mismo".
La referente lamenta que el acusado tenga "una situación de trabajo con una captación bastante fácil" por la situación económica que atraviesa el país. "Es lo mismo que el sistema prostituyente. Hoy, lamentablemente, vemos que aumenta y no podemos ir contra el mercado de consumo, porque esa es la gran lucha que tenemos cuando hablamos del sistema, hoy sigue siendo el mismo flagelo, agravado por la situación que se está viviendo. Hay crisis, se necesita dinero y aparecen los grandes explotadores y los grandes tratantes. O sea que están siempre, no es que aparecen, toman más lugar cuando hay más necesidades".
Sin políticas públicas para las víctimas
Consultada sobre los números de los delitos de trata en la provincia, expresó que se nota un aumento, aunque muchos de los casos con los que tienen contacto las organizaciones sociales no derivan en denuncias formales.
"Se ven los delitos en el hecho concreto de una denuncia y después los que nos toca a veces a nosotros como organizaciones es ayudar a que salga y a que la víctima busque un refugio en otro lugar debido a que no hay políticas públicas. El miedo es mucho, especialmente si hay narcotráfico o mucho poder adquisitivo del tratante o explotador; lo único que quiere la víctima es huir", detalló.
"No lo podés convertir en delito si no tenés la denuncia. ¿Y cómo hacés para prosperar con una denuncia de una víctima cuando lo que más tiene es miedo? Y viendo una sentencia así, sobreseído, ¿qué puede pensar una víctima? Es la realidad, por eso nosotros volvemos a echar mano a las herramientas que teníamos antes de tener una ley, que es proteger a la víctima, que vaya a un lugar o a un refugio o a su propio lugar y pueda estar por lo menos tranquila u ocultarla, para que realmente no tenga el miedo de saber que si hace una denuncia, no va a prosperar. Porque si hace una denuncia la pueden perseguir a ella y a la familia, es tremendo", agregó.
Vázquez sostuvo que a pesar de que "nunca fueron muy activas las políticas públicas que tuvimos" antes había "un sistema más comprometido que ahora ya no tenemos". Este escenario no sólo aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y la ausencia de recursos para la reparación y reinserción en la sociedad, sino que genera más presión en las organizaciones que son quienes suelen sostener a las y los sobrevivientes de trata frente la desidia estatal.
"Yo me he encontrado con víctimas en otros lugares que tuvieron que huir del sistema prostituyente, las rescatan, pero después la dejan en la misma nada. O le dan un pasaje como para que vuelva, ¿a dónde va a volver? Y las volvemos a encontrar en una situación de explotación", relata.
De acuerdo a los datos nacionales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) correspondientes al 2023 más de la mitad de los delitos de trata son con fines de explotación sexual. Y de ese total, más del 95% de las víctimas son mujeres. La vulnerabilidad ante situaciones de explotación se agudiza cuando las mujeres son migrantes o están en situación de pobreza.
"No es que no haya hombres, obviamente que también los hay, pero la mayoría suelen ser madres que mantienen su hogar. Entonces, con la responsabilidad de los menores a cargo son las primeras que salen y se van a buscar el recurso del ingreso, a veces desconociendo o aun teniendo el temor", detalla Vázquez.
No obstante, señala que en los últimos años ha crecido la concientización en relación a los delitos de trata gracias a campañas de sensibilización en espacios públicos, "eso hace que cuando se habla de trata, de explotación sexual, explotación laboral, la gente sepa de lo que estamos hablando".
Por último, la referente advirtió que las redes sociales hoy se han configurado como un nuevo escenario de riesgo, un "estanque de pesca directo" donde muchas veces se produce la captación.
Vázquez expresó su preocupación por las decisiones judiciales en casos que involucran trata o violencia de género. Y lo ejemplifica con el caso de Fernando Rivarola: Vázquez fue una de las denunciantes que buscó impulsar el juicio político contra el fiscal por distintos hechos que involucraron vulneración de derechos de mujeres y niños: "No puedo dejar pasar el caso de que no nos dieron lugar al juicio político de Fernando Rivarola y creo que eso fue un precedente que marcó cómo está la justicia de Chubut. Él sigue estando de fiscal general en Ciberdelitos, ni siquiera fue corrido de su lugar. Si hablamos de justicia en Chubut, si hablamos de eso, ya está. Ya sabemos cómo está el sistema", cerró.
