Chubut se prepara para el plebiscito que decidirá si se eliminan los fueros en los poderes del Estado y el sindicalismoLa propuesta del gobernador Ignacio Torres, aprobada por la Legislatura, genera debates en el ámbito político y judicial. Este 26 de octubre, junto a la elección de diputados nacionales, la ciudadanía podrá decidir. Si vota a favor, Chubut se convertirá en la primera provincia en eliminar los fueros en los tres poderes del Estado y el sindicalismo.
Los fueros son una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo, judicial y en algún sector del sindicalismo con el objetivo de garantizar la división de poderes y evitar encarcelamientos de legisladores por cuestiones políticas. Está contemplado en el artículo 69 de la Constitución Nacional, que indica que sólo se podrá arrestar a un diputado o senador en caso de ser sorprendido in fraganti en un delito o, en todo caso, si las cámaras aprueban el procedimiento de desafuero.
Esta protección fue reglamentada a través de la Ley de Fueros (25.320), aprobada en septiembre de 2000 tras el escándalo por los sobornos que se pagaron en el Senado por la aprobación de la llamada "Ley de Reforma Laboral".
La Ley de Fueros establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato -salvo que haya sido desaforado- aunque sí puede llevarse a cabo la investigación judicial. Un juez puede ordenar medidas de prueba, citar a indagatoria, procesar e incluso condenar a un legislador con fueros. La ley prohíbe que se lo encarcele, que se le realicen allanamientos a su domicilio o su oficina y que se intercepten conversaciones telefónicas o correspondencia.
El artículo 70 de la Constitución establece que "cada Cámara, con dos tercios de los votos", podrá "suspender en funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento". Es decir que si un legislador es investigado o condenado, la Cámara correspondiente puede someterlo al proceso de desafuero.
Torres contra los "privilegios"
Cabe remarcar que esta protección no incluye funcionarios del Ejecutivo, como el Presidente, el vice o los ministros. Sin embargo, la Constitución de Chubut sí contempla en sus artículos 247 y 248 la inmunidad frente a los arrestos para el gobernador, el vicegobernador, miembros del Tribunal Electoral, legisladores, magistrados del Poder Judicial, el Procurador General, el Defensor General, fiscales y defensores, ministros del Ejecutivo y dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales.
Todos ellos "gozan de completa inmunidad en sus personas y en sus domicilios desde el día su elección o nombramiento hasta el día de su cese y no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, salvo el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito con pena privativa de la libertad".
Al igual que en la Constitución Nacional, la Provincial establece que cada órgano puede avanzar con el proceso de remoción, desafuero, juicio político o Tribunal de Enjuiciamiento, según corresponda.
En ese contexto, el año pasado el gobernador Torres impulsó el debate por la eliminación de los fueros en la provincia, mediante una reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial. En reiteradas ocasiones, el mandatario se refirió a los privilegios del arco político, judicial y gremial a causa de los fueros, y aseguró que su eliminación es una "demanda de la ciudadanía en mucho tiempo".
En esa misma línea, Torres expresó que está dispuesto a eliminar sus fueros como gobernador. Y argumentó que hoy esa protección funciona como una suerte de escudo de impunidad, sobre todo en delitos de corrupción. Sostuvo que su eliminación "es un salto de calidad institucional enorme para Chubut, obviamente, pero también para replicar a nivel nacional".
El 27 de febrero, tras un intenso debate en el marco de una sesión extraordinaria, la Legislatura aprobó con la mayoría requerida -dos tercios- la reforma enviada por el gobernador, que será llevada a plebiscito popular el 26 de octubre junto a las elecciones legislativas.
A través de sus redes sociales, Torres señaló que esta medida "era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción". Insistió en que la eliminación de fueros implica "eliminar todo tipo de privilegios que no tienen razón de ser", y que quienes se oponen a la medida "son los mismos que no quieren que la provincia avance".
"Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política", agregó.
La medida va en línea con otras propuestas que se han promovido en la provincia como la ampliación de la Ley Ficha Limpia, una normativa aprobada en 2020 que establecía que las personas con una penas por delitos de corrupción no podían ser candidatas a cargos partidarios ni electivos. En 2022 se amplió a los delitos de violencia de género y el año pasado se extendió a penas por delitos penales dolosos de cualquier tipo.
Posturas en contra
Luego de su aprobación en la Legislatura y de cara al plebiscito, distintos sectores del ámbito político, judicial y gremial expresaron su rechazo a la reforma. El ahora expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, presentó una medida cautelar para bloquear la iniciativa. La medida fue presentada junto al abogado constitucionalista Raúl Heredia y el letrado Alejandro Fernández Vecino, argumentando que la reforma "vulnera principios esenciales del régimen republicano y del estado de inocencia". El argumento central de este sector es que los fueros "no implican privilegios sino una garantía de independencia entre poderes".
Esta decisión derivó en fuertes cruces con el gobernador chubutense. "Después de décadas de desmadre institucional, el pueblo está cansado de los privilegios. ¿Cómo puede ser que en una república alguien pretenda prohibirle a la ciudadanía votar una ley que ya fue aprobada democráticamente por la Legislatura?", cuestionó Torres. Y agregó: "Estoy convencido de que no voy a ser yo quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad. Van a ser los propios chubutenses, cuando voten en octubre".
Petris renunció a la presidencia de la institución envuelto en un escándalo por denuncias de abuso de poder y corrupción. Sin embargo, la demanda de la Asociación de Magistrados siguió su curso y en agosto llegó a la Corte Suprema. La Asociación pidió al máximo órgano judicial que declare inválida la ley con el objetivo "proteger la independencia judicial" y que ello "garantice un juicio imparcial y que se respete la autonomía de los jueces". Remarcaron que "son garantías constitucionales que protegen a los jueces frente a presiones políticas o procesos arbitrarios". El máximo tribunal aún debe decidir si admite el recurso y concede la medida cautelar.
En la misma línea que los magistrados, en septiembre la CGT presentó otra demanda de inconstitucionalidad contra el referéndum popular. El recurso, patrocinado por el abogado Eduardo Hualpa, solicitó al Superior Tribunal de Justicia que suspenda el plebiscito bajo el argumento de que constituye una medida inválida.
Por otro lado, la presentación sostiene que la figura de enmienda excede los límites constitucionales, y que la reforma del artículo 248 impacta sobre al menos otros cinco artículos de la Carta Magna provincial. Además, solicita que los jueces del STJ se aparten de la causa, ya que ellos están alcanzados por la protección que se busca modificar. En su reemplazo, debería intervenir un listado de abogados y abogadas que elabora anualmente el Consejo de la Magistratura.
Hasta el momento, la enmienda superó recursos judiciales presentados por magistrados y gremios, y suscitó profundos debates entre distintos sectores de la sociedad. Resta esperar la decisión de los distintos órganos judiciales, aunque quedan pocos días para el plebiscito, donde la ciudadanía votará el 26 de octubre -en simultáneo con las elecciones legislativas- por "Sí" o por "No" a la eliminación de los fueros. Si el voto popular aprueba la reforma, Chubut se convertirá en la primera provincia argentina sin fueros.
La propuesta del gobernador Ignacio Torres, aprobada por la Legislatura, genera debates en el ámbito político y judicial. Este 26 de octubre, junto a la elección de diputados nacionales, la ciudadanía podrá decidir. Si vota a favor, Chubut se convertirá en la primera provincia en eliminar los fueros en los tres poderes del Estado y el sindicalismo.
Los fueros son una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo, judicial y en algún sector del sindicalismo con el objetivo de garantizar la división de poderes y evitar encarcelamientos de legisladores por cuestiones políticas. Está contemplado en el artículo 69 de la Constitución Nacional, que indica que sólo se podrá arrestar a un diputado o senador en caso de ser sorprendido in fraganti en un delito o, en todo caso, si las cámaras aprueban el procedimiento de desafuero.
Esta protección fue reglamentada a través de la Ley de Fueros (25.320), aprobada en septiembre de 2000 tras el escándalo por los sobornos que se pagaron en el Senado por la aprobación de la llamada "Ley de Reforma Laboral".
La Ley de Fueros establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato -salvo que haya sido desaforado- aunque sí puede llevarse a cabo la investigación judicial. Un juez puede ordenar medidas de prueba, citar a indagatoria, procesar e incluso condenar a un legislador con fueros. La ley prohíbe que se lo encarcele, que se le realicen allanamientos a su domicilio o su oficina y que se intercepten conversaciones telefónicas o correspondencia.
El artículo 70 de la Constitución establece que "cada Cámara, con dos tercios de los votos", podrá "suspender en funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento". Es decir que si un legislador es investigado o condenado, la Cámara correspondiente puede someterlo al proceso de desafuero.
Torres contra los "privilegios"
Cabe remarcar que esta protección no incluye funcionarios del Ejecutivo, como el Presidente, el vice o los ministros. Sin embargo, la Constitución de Chubut sí contempla en sus artículos 247 y 248 la inmunidad frente a los arrestos para el gobernador, el vicegobernador, miembros del Tribunal Electoral, legisladores, magistrados del Poder Judicial, el Procurador General, el Defensor General, fiscales y defensores, ministros del Ejecutivo y dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales.
Todos ellos "gozan de completa inmunidad en sus personas y en sus domicilios desde el día su elección o nombramiento hasta el día de su cese y no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, salvo el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito con pena privativa de la libertad".
Al igual que en la Constitución Nacional, la Provincial establece que cada órgano puede avanzar con el proceso de remoción, desafuero, juicio político o Tribunal de Enjuiciamiento, según corresponda.
En ese contexto, el año pasado el gobernador Torres impulsó el debate por la eliminación de los fueros en la provincia, mediante una reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial. En reiteradas ocasiones, el mandatario se refirió a los privilegios del arco político, judicial y gremial a causa de los fueros, y aseguró que su eliminación es una "demanda de la ciudadanía en mucho tiempo".
En esa misma línea, Torres expresó que está dispuesto a eliminar sus fueros como gobernador. Y argumentó que hoy esa protección funciona como una suerte de escudo de impunidad, sobre todo en delitos de corrupción. Sostuvo que su eliminación "es un salto de calidad institucional enorme para Chubut, obviamente, pero también para replicar a nivel nacional".
El 27 de febrero, tras un intenso debate en el marco de una sesión extraordinaria, la Legislatura aprobó con la mayoría requerida -dos tercios- la reforma enviada por el gobernador, que será llevada a plebiscito popular el 26 de octubre junto a las elecciones legislativas.
A través de sus redes sociales, Torres señaló que esta medida "era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción". Insistió en que la eliminación de fueros implica "eliminar todo tipo de privilegios que no tienen razón de ser", y que quienes se oponen a la medida "son los mismos que no quieren que la provincia avance".
"Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política", agregó.
La medida va en línea con otras propuestas que se han promovido en la provincia como la ampliación de la Ley Ficha Limpia, una normativa aprobada en 2020 que establecía que las personas con una penas por delitos de corrupción no podían ser candidatas a cargos partidarios ni electivos. En 2022 se amplió a los delitos de violencia de género y el año pasado se extendió a penas por delitos penales dolosos de cualquier tipo.
Posturas en contra
Luego de su aprobación en la Legislatura y de cara al plebiscito, distintos sectores del ámbito político, judicial y gremial expresaron su rechazo a la reforma. El ahora expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, presentó una medida cautelar para bloquear la iniciativa. La medida fue presentada junto al abogado constitucionalista Raúl Heredia y el letrado Alejandro Fernández Vecino, argumentando que la reforma "vulnera principios esenciales del régimen republicano y del estado de inocencia". El argumento central de este sector es que los fueros "no implican privilegios sino una garantía de independencia entre poderes".
Esta decisión derivó en fuertes cruces con el gobernador chubutense. "Después de décadas de desmadre institucional, el pueblo está cansado de los privilegios. ¿Cómo puede ser que en una república alguien pretenda prohibirle a la ciudadanía votar una ley que ya fue aprobada democráticamente por la Legislatura?", cuestionó Torres. Y agregó: "Estoy convencido de que no voy a ser yo quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad. Van a ser los propios chubutenses, cuando voten en octubre".
Petris renunció a la presidencia de la institución envuelto en un escándalo por denuncias de abuso de poder y corrupción. Sin embargo, la demanda de la Asociación de Magistrados siguió su curso y en agosto llegó a la Corte Suprema. La Asociación pidió al máximo órgano judicial que declare inválida la ley con el objetivo "proteger la independencia judicial" y que ello "garantice un juicio imparcial y que se respete la autonomía de los jueces". Remarcaron que "son garantías constitucionales que protegen a los jueces frente a presiones políticas o procesos arbitrarios". El máximo tribunal aún debe decidir si admite el recurso y concede la medida cautelar.
En la misma línea que los magistrados, en septiembre la CGT presentó otra demanda de inconstitucionalidad contra el referéndum popular. El recurso, patrocinado por el abogado Eduardo Hualpa, solicitó al Superior Tribunal de Justicia que suspenda el plebiscito bajo el argumento de que constituye una medida inválida.
Por otro lado, la presentación sostiene que la figura de enmienda excede los límites constitucionales, y que la reforma del artículo 248 impacta sobre al menos otros cinco artículos de la Carta Magna provincial. Además, solicita que los jueces del STJ se aparten de la causa, ya que ellos están alcanzados por la protección que se busca modificar. En su reemplazo, debería intervenir un listado de abogados y abogadas que elabora anualmente el Consejo de la Magistratura.
Hasta el momento, la enmienda superó recursos judiciales presentados por magistrados y gremios, y suscitó profundos debates entre distintos sectores de la sociedad. Resta esperar la decisión de los distintos órganos judiciales, aunque quedan pocos días para el plebiscito, donde la ciudadanía votará el 26 de octubre -en simultáneo con las elecciones legislativas- por "Sí" o por "No" a la eliminación de los fueros. Si el voto popular aprueba la reforma, Chubut se convertirá en la primera provincia argentina sin fueros.
