¿Privatización encubierta?, Milei se desprende de la planta de agua pesada de Neuquén Por Sebastián Premici
La administración Milei sigue con su programa de entrega de los recursos claves vinculados al Plan Nuclear que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) maneja bajo estricta "reserva". El Destape accedió a un expediente interno donde se establece la hoja de ruta para que la CNEA se desprenda de sus acciones en la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma conjunta que opera la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia patagónica.
De acuerdo al expediente oficial (EX-2025-108936299- -APN-GAAI#CNEA), iniciado el primero de octubre, la empresa provincial deberá constituirse en una sociedad anónima unipersonal para el 1° de noviembre pero también deberá conseguir el financiamiento para la puesta en funcionamiento de la Planta Industrial, ante la retirada del Estado nacional.
La hoja de ruta indica que en caso de que la provincia de Neuquén no pueda hacer frente al financiamiento, la CNEA iniciaría un proceso de licitación para entregar la gestión de la planta a otros interesados. ¿Será este el objetivo primordial del Gobierno nacional?
El titular de la ENSI, Rubén Etcheverry, les informó a los trabajadores de la planta que están en negociaciones con tres bancos para conseguir los 60 millones de dólares necesarios para la puesta a punto del proyecto y que existirían cinco empresas interesadas en comprar el agua pesada. Los nombres de los financistas y las empresas interesadas se mantienen en secreto.
"Nosotros creemos que es una privatización encubierta. Al ser una sociedad anónima unipersonal, ante cualquier necesidad de inversión fuerte, podrían abrirse a capitales extranjeros. La provincia nunca puso un peso y ahora la recibe de regalo ante el desinterés de la CNEA", sostuvo, en diálogo con El Destape, Rubén Méndez, delegado de ATE PIAP.
Privatización encubierta
La CNEA pretende sacarse de encima su participación accionaria dentro de la Empresa Nacional de Servicios Industriales, que gestiona la Planta Industrial de Agua Pesada en la provincia de Neuquén. La PIAP produce un insumo clave para el enfriamiento de los reactores nucleares. Pero al Gobierno nacional no le interesa este activo, en línea con su plan nuclear reservado que incluye la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y la entrega del negocio de extracción de uranio a empresas con intereses en los Estados Unidos.
El Destape accedió al expediente 2025-108936299- -APN-GAAI#CNEA, donde se publica la hoja de ruta a seguir por la CNEA. El documento lleva la firma de Federico Bernardo Winsnes, asesor administrativo de la CNEA, bajo el ala de la Gerencia del Área Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).
El pasado 14 de abril, la CNEA les informó a las autoridades neuquinas la decisión de rescindir el "Contrato Marco para la operación, administración y mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada".
"Atento al Presupuesto Nacional, la CNEA ha manifestado no disponer de las partidas necesarias para financiar los trabajos de Reacondicionamiento y la Puesta en Operación de la Planta", puede leerse en el borrador del acuerdo que subscribirían las partes, de acuerdo al expediente al que accedió El Destape.
Por entonces, la provincia de Neuquén (bajo la gobernación de Rolando Figueroa) anunciaba la firma de un Memorándum - junto a la CNEA- con la empresa Candú Energy (de capitales canadiense con la participación de los fondos de inversión Vanguard, Fidelity Concord Street y American Funds Global Balanced Fund) para la venta de agua pesada. Pero nunca se avanzó con el contrato. Humo sobre el agua(pesada). ¿Estaban aguardando esta entrega para avanzar con el negocio?
"Se ha acordado como el camino más propicio resultante, el de proponer al Operador de la PIAP que tome a su cargo la conservación de la Planta a través de un contrato con la CNEA y su posterior operación y mantenimiento mediante su concesión a riesgo", puede leerse en la carta de intención comprendida dentro del expediente 2025-108936299.
La semana pasada, los trabajadores del PIAP mantuvieron una reunión con Rubén Etcheverry, el titular de la ENSI, quien les informó que los puestos de trabajo estarían garantizados pero que la provincia sigue buscando cerrar el financiamiento para poder sostener el proyecto, ante la retirada del Estado nacional.
"La provincia hoy no cuenta con la plata necesaria para sostener la planta. Lo que están pensando sería conseguir tres bancos para reunir el dinero necesario para hacer la reparación de equipos y poner la planta en funcionamiento. Se necesitarían 60 millones de dólares de inversión para una línea de producción, además de contratar otros 150 trabajadores", explicó Méndez. El Destape intentó comunicarse con Etcheverry pero sin éxito.
La hoja de ruta
De acuerdo a la carta de intención que firmarían el titular de la CNEA, Germán Guido Lavalle y el titular de la ENSI, Rubén Etcheverry, los pasos a seguir serían los siguientes:
• La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería se transformará en sociedad anónima unipersonal a la mayor brevedad.
• La CNEA firmará con la ENSI un contrato de concesión de la PIAP por 25 años, con la posibilidad de su extensión de acuerdo a lo que se convenga, para el financiamiento, reacondicionamiento, puesta en marcha, operación y comercialización de agua pesada a su propio cargo y riesgo, para lo cual la provincia de Neuquén evaluará la necesidad y en caso de ser necesario dispondrá los avales que puedan requerirse para obtener dicho financiamiento.
• Que el contrato incluirá el pago de un canon a CNEA por parte de ENSI, cuyo monto y condiciones de pago serán discutidas oportunamente.
• El nuevo acuerdo entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2025.
• La continuidad del contrato de concesión estará sujeto a la concreción del financiamiento necesario antes del 28 de febrero de 2026.
• En caso que ENSI no obtenga el financiamiento antes del 01 de marzo de 2026, dicho servicio podrá ser prorrogado por hasta 4 meses a requerimiento de CNEA, mientras CNEA desarrolla el proceso licitatorio para dar la PIAP en concesión a otro concesionario (ergo, la potencial privatización encubierta).
¿Quién podrá defendernos?
Los senadores de Unión por la Patria buscaron aprobar un blindaje legislativo para evitar la privatización de NA-SA a instancia de las negociaciones que llevó adelante el formoseño José Mayans durante el fin de semana. Pero la sumisión ante los deseos de Estados Unidos de conformar un bloque de gobernabilidad fue más fuerte.
Según publicó el periodista Pablo Dipierri (LPO) "la resistencia de la UCR, comandada por el correntino Eduardo Vischi, y la bancada de Carlos "Camau" Espínola y Juan Carlos Romero, en sintonía con los gobernadores de Provincias Unidas, terminó obstruyendo el intento del interbloque de UP para impedir la privatización de la empresa estatal de energía nuclear".
¿De dónde vendrá la resistencia al programa de entrega de Milei? Quizás la respuesta sea de la organización de los trabajadores y la solidaridad internacional (de los nuevos no alineados).
Por estas horas, se conformó la Federación Internacional de Trabajadores de la Energía e Hidrocarburos de Latinoamérica y el Caribe (FITEHLYC), cuyo primer comunicado fue un pronunciamiento en contra de la privatización de NA-SA.
"Este intento de privatización, impulsado bajo el argumento de atraer inversiones y reducir el gasto público, esconde una peligrosa transferencia del patrimonio nacional al sector privado, afectando una de las áreas más sensibles y estratégicas de cualquier nación: la producción y el control de la energía", puede leerse en su carta de presentación.
El próximo 27 de octubre, al día siguiente de las elecciones de medio término (pero que se presentan como bisagra ante los intentos de injerencia de los Estados Unidos), se realizará un acto virtual de solidaridad -en defensa de los activos nucleares claves del país- con los sindicatos franceses de energía, donde también participarán organizaciones de España y Bélgica.
Fuente: El Destape
Por Sebastián Premici
La administración Milei sigue con su programa de entrega de los recursos claves vinculados al Plan Nuclear que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) maneja bajo estricta "reserva". El Destape accedió a un expediente interno donde se establece la hoja de ruta para que la CNEA se desprenda de sus acciones en la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma conjunta que opera la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia patagónica.
De acuerdo al expediente oficial (EX-2025-108936299- -APN-GAAI#CNEA), iniciado el primero de octubre, la empresa provincial deberá constituirse en una sociedad anónima unipersonal para el 1° de noviembre pero también deberá conseguir el financiamiento para la puesta en funcionamiento de la Planta Industrial, ante la retirada del Estado nacional.
La hoja de ruta indica que en caso de que la provincia de Neuquén no pueda hacer frente al financiamiento, la CNEA iniciaría un proceso de licitación para entregar la gestión de la planta a otros interesados. ¿Será este el objetivo primordial del Gobierno nacional?
El titular de la ENSI, Rubén Etcheverry, les informó a los trabajadores de la planta que están en negociaciones con tres bancos para conseguir los 60 millones de dólares necesarios para la puesta a punto del proyecto y que existirían cinco empresas interesadas en comprar el agua pesada. Los nombres de los financistas y las empresas interesadas se mantienen en secreto.
"Nosotros creemos que es una privatización encubierta. Al ser una sociedad anónima unipersonal, ante cualquier necesidad de inversión fuerte, podrían abrirse a capitales extranjeros. La provincia nunca puso un peso y ahora la recibe de regalo ante el desinterés de la CNEA", sostuvo, en diálogo con El Destape, Rubén Méndez, delegado de ATE PIAP.
Privatización encubierta
La CNEA pretende sacarse de encima su participación accionaria dentro de la Empresa Nacional de Servicios Industriales, que gestiona la Planta Industrial de Agua Pesada en la provincia de Neuquén. La PIAP produce un insumo clave para el enfriamiento de los reactores nucleares. Pero al Gobierno nacional no le interesa este activo, en línea con su plan nuclear reservado que incluye la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y la entrega del negocio de extracción de uranio a empresas con intereses en los Estados Unidos.
El Destape accedió al expediente 2025-108936299- -APN-GAAI#CNEA, donde se publica la hoja de ruta a seguir por la CNEA. El documento lleva la firma de Federico Bernardo Winsnes, asesor administrativo de la CNEA, bajo el ala de la Gerencia del Área Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).
El pasado 14 de abril, la CNEA les informó a las autoridades neuquinas la decisión de rescindir el "Contrato Marco para la operación, administración y mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada".
"Atento al Presupuesto Nacional, la CNEA ha manifestado no disponer de las partidas necesarias para financiar los trabajos de Reacondicionamiento y la Puesta en Operación de la Planta", puede leerse en el borrador del acuerdo que subscribirían las partes, de acuerdo al expediente al que accedió El Destape.
Por entonces, la provincia de Neuquén (bajo la gobernación de Rolando Figueroa) anunciaba la firma de un Memorándum - junto a la CNEA- con la empresa Candú Energy (de capitales canadiense con la participación de los fondos de inversión Vanguard, Fidelity Concord Street y American Funds Global Balanced Fund) para la venta de agua pesada. Pero nunca se avanzó con el contrato. Humo sobre el agua(pesada). ¿Estaban aguardando esta entrega para avanzar con el negocio?
"Se ha acordado como el camino más propicio resultante, el de proponer al Operador de la PIAP que tome a su cargo la conservación de la Planta a través de un contrato con la CNEA y su posterior operación y mantenimiento mediante su concesión a riesgo", puede leerse en la carta de intención comprendida dentro del expediente 2025-108936299.
La semana pasada, los trabajadores del PIAP mantuvieron una reunión con Rubén Etcheverry, el titular de la ENSI, quien les informó que los puestos de trabajo estarían garantizados pero que la provincia sigue buscando cerrar el financiamiento para poder sostener el proyecto, ante la retirada del Estado nacional.
"La provincia hoy no cuenta con la plata necesaria para sostener la planta. Lo que están pensando sería conseguir tres bancos para reunir el dinero necesario para hacer la reparación de equipos y poner la planta en funcionamiento. Se necesitarían 60 millones de dólares de inversión para una línea de producción, además de contratar otros 150 trabajadores", explicó Méndez. El Destape intentó comunicarse con Etcheverry pero sin éxito.
La hoja de ruta
De acuerdo a la carta de intención que firmarían el titular de la CNEA, Germán Guido Lavalle y el titular de la ENSI, Rubén Etcheverry, los pasos a seguir serían los siguientes:
• La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería se transformará en sociedad anónima unipersonal a la mayor brevedad.
• La CNEA firmará con la ENSI un contrato de concesión de la PIAP por 25 años, con la posibilidad de su extensión de acuerdo a lo que se convenga, para el financiamiento, reacondicionamiento, puesta en marcha, operación y comercialización de agua pesada a su propio cargo y riesgo, para lo cual la provincia de Neuquén evaluará la necesidad y en caso de ser necesario dispondrá los avales que puedan requerirse para obtener dicho financiamiento.
• Que el contrato incluirá el pago de un canon a CNEA por parte de ENSI, cuyo monto y condiciones de pago serán discutidas oportunamente.
• El nuevo acuerdo entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2025.
• La continuidad del contrato de concesión estará sujeto a la concreción del financiamiento necesario antes del 28 de febrero de 2026.
• En caso que ENSI no obtenga el financiamiento antes del 01 de marzo de 2026, dicho servicio podrá ser prorrogado por hasta 4 meses a requerimiento de CNEA, mientras CNEA desarrolla el proceso licitatorio para dar la PIAP en concesión a otro concesionario (ergo, la potencial privatización encubierta).
¿Quién podrá defendernos?
Los senadores de Unión por la Patria buscaron aprobar un blindaje legislativo para evitar la privatización de NA-SA a instancia de las negociaciones que llevó adelante el formoseño José Mayans durante el fin de semana. Pero la sumisión ante los deseos de Estados Unidos de conformar un bloque de gobernabilidad fue más fuerte.
Según publicó el periodista Pablo Dipierri (LPO) "la resistencia de la UCR, comandada por el correntino Eduardo Vischi, y la bancada de Carlos "Camau" Espínola y Juan Carlos Romero, en sintonía con los gobernadores de Provincias Unidas, terminó obstruyendo el intento del interbloque de UP para impedir la privatización de la empresa estatal de energía nuclear".
¿De dónde vendrá la resistencia al programa de entrega de Milei? Quizás la respuesta sea de la organización de los trabajadores y la solidaridad internacional (de los nuevos no alineados).
Por estas horas, se conformó la Federación Internacional de Trabajadores de la Energía e Hidrocarburos de Latinoamérica y el Caribe (FITEHLYC), cuyo primer comunicado fue un pronunciamiento en contra de la privatización de NA-SA.
"Este intento de privatización, impulsado bajo el argumento de atraer inversiones y reducir el gasto público, esconde una peligrosa transferencia del patrimonio nacional al sector privado, afectando una de las áreas más sensibles y estratégicas de cualquier nación: la producción y el control de la energía", puede leerse en su carta de presentación.
El próximo 27 de octubre, al día siguiente de las elecciones de medio término (pero que se presentan como bisagra ante los intentos de injerencia de los Estados Unidos), se realizará un acto virtual de solidaridad -en defensa de los activos nucleares claves del país- con los sindicatos franceses de energía, donde también participarán organizaciones de España y Bélgica.
Fuente: El Destape
