El asesinato de Rucci en el centro del debate en el revisionismo peronistaVillarruel encabeza actos organizados por gobiernos peronistas, mientras la CGT intenta enaltecer la figura de José Ignacio Rucci y la Justicia se propone cambiar la jurisprudencia para enjuiciar a la militancia revolucionaria de los años 70. Piezas de un rompecabezas que amenaza con quebrar el consenso de los últimos 20 años. Por Nicolás Salas, para ANRed.
La llegada al gobierno de la fórmula Milei-Villarruel dio marco institucional a los intentos revisionistas que buscan disputar la historia en torno a los crímenes de la última dictadura militar y el genocidio que dejó 30 mil desapariciones en el país.
Muchos de los que hoy son parte del gobierno fueron oposición abierta a los procesos judiciales que, a partir de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida (2003) y del fallo Simón (2005), llevaron a la cárcel a militares, policías, empresarios y funcionarios eclesiásticos. Los "libertarios" no esconden las cartas, las muestran orgullosos y no dudan en hacerlas públicas en redes o comunicados oficiales.
En la actualidad, la marca se la lleva la Libertad Avanza, pero el revisionismo histórico afecta a otros estratos de la política, sin que necesariamente compartan las mismas coordenadas políticas y humanas que las de los negacionistas. Sectores del peronismo, ese movimiento que había sabido recoger parte de la legitimidad que habían generado los juicios iniciados durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, parecieran sentirse interpelados a reinterpretar lo que hasta hace poco se mostraba como un consenso progresista.
Si bien las tensiones internas siempre estuvieron, se hablaban por lo bajo. Una de ellas tenía que ver con las diferencias en torno a la experiencia de las organizaciones armadas y el debate que representaba el terrorismo de Estado antes de 1976.
Durante el kirchnerismo aquella diferencia pareció quedar sepultada bajo la ola de derechos humanos que, con su programa histórico, arrasó con todo a su paso, incluso con las visiones contemplativas respecto al accionar de la Triple A y la CNU. Las diferencias en el naciente progresismo estuvieron a punto de estallar en agosto de 2003, con las detenciones libradas contra Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. Por aquel entonces, sectores del gobierno decidieron hacer silencio y otros avalarlas como ocurrió con el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La polémica se desactivó con la liberación de los exmontoneros y un pacto de convivencia que duró hasta hace pocos años.
Con el intento de romper el consenso que se venía generando en torno los ´70, el entonces titular de UATRE, Gerónimo Venegas, se puso a la cabeza del proyecto revisionista pidiendo que se incorporara la causa Rucci en el esquema de juicios que empezaban a realizarse. De hecho, el fallecido sindicalista organizó actividades y protestas de las que participaron Hugo Moyano, Juan Manuel De la Sota, Antonio Cafiero, Francisco De Narváez, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros referentes peronistas. Pese a los intentos, estas iniciativas no lograron instalarse en la agenda general de la sociedad pero representaron el germen inicial de la perspectiva que tomará más fuerza con el paso de los años.
Las derrotas del peronismo en 2015 y 2023 cambiaron las condiciones hacia el interior de dicho movimiento. Tomaron más fuerza "los peronistas de Perón" relegados ante la avanzada progresista, y se dio legitimidad a nuevas voces que desde hace décadas vienen trabajando en revisar la historia.
La aparición de Villarruel
Cuando el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, planteó la necesidad de acercarse a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, las críticas afloraron dentro y fuera del mundo justicialista, al punto que dejó de agitar dicha perspectiva en los medios de comunicación como lo venía haciendo. Ahora bien, no pasó lo mismo con otros dirigentes de igual peso o mayor que el que tiene el presidente de Principios y Valores.
El 5 de octubre último, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó junto a Villarruel, un acto conmemorativo a los soldados del Regimiento de Infantería de Monte 29, caídos durante el intento de copamiento por parte de combatientes Montoneros en 1975.
La actividad, de la que participó José Mayans, presidente del bloque de senadores de Fuerza Patria, sirvió no sólo para afianzar los vínculos con una vicepresidenta díscola en medio de una crisis que amenaza la gobernabilidad de Milei, sino que también les permitió sumar porotos en la disputa revisionista que anhela recuperarle "méritos" al gobierno de Isabel Martínez de Perón y con ello a los sectores más reaccionarios del peronismo que habitan en la CGT y el Partido Justicialista.
Más allá de los pareceres, sacar de contexto la acción de Montoneros representa todo un posicionamiento político, ya que dicho proceder se daba como respuesta a los más de 300 asesinatos y desapariciones que grupos paramilitares de la derecha peronista habían llevado a cabo hasta 1975. Para ese entonces, ya tenía vigencia el primer decreto de aniquilamiento firmado por la exesposa de Perón y que le daba legalidad el terrorismo ejercido desde el Estado.
Volvamos al presente. Hace años, Villarruel supo cambiar la táctica de su estrategia revisionista y dejó de defender abiertamente a represores para poner el foco en "la memoria completa". Esa posición la distanció de Cecilia Pando y la acercó en los hechos a algunos sectores del peronismo, entre ellos a Moreno, Mayans y varios más.
Desde hace décadas, la figura de Rucci es el eje que logra puntos de contactos entre los distintos revisionismos. Su asesinato por parte de Montoneros en septiembre de 1973 fue un parte aguas que profundizó los enfrentamientos entre las distintas tendencias del peronismo y que en la actualidad vuelve a ser motivo de disputa.
Ni bien asumió como vicepresidenta, Villarruel designó a Claudia Rucci, hija del sindicalista asesinado y discípula política de Venegas, como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Casi en paralelo, se dispararon varios debates en los streaming que frecuenta la militancia peronista donde se suele reivindicar la figura de Rucci y se niega el vínculo que este tenía con las patotas y los grupos de asesinos que operaron durante el último gobierno justicialista previo al golpe de Estado. En la misma sintonía, la CGT acuerda con el intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador Axel Kicillof un acto donde bautizar una calle de la capital provincial con el nombre de quien fuera titular de dicha central obrera.
¿Cuál fue el rol de Rucci en la represión previa a la dictadura?
Los periodistas Daniel Cecchini y Alberto Elizalde confirman la existencia de vínculos entre Rucci y los grupos paraestatales que empiezan a operar en el marco de la vuelta de Perón al país en junio de 1973. Lo acreditan con información y fotos que vuelcan en el libro "La CNU. El terrorismo de Estado antes del Golpe". De hecho la tapa del libro se ilustra con una imagen de Rucci abrazado a Patricio Fernández Rivero y Juan Carlos Gómez, referente de la CNU que en La Plata mataron a casi 100 personas.
La relación de Rucci con la represión está probada y no solo por gentes de "izquierdas". El mismo Juan Manual Abal Medina lo hace en su libro "Conocer a Perón", donde reivindica centralmente a dos figuras; al expresidente justicialista, de quien fue su último delegado, y al mismo Rucci. Esto no le impide reconocer, mientras recupera un diálogo con Lorenzo Miguel, que el entonces jefe de la CGT había colocado una patota armada, a cargo de su lugarteniente "El sopa", en el palco donde se desató la masacre de Ezeiza, principal antecedente de la represión que se venía y acción sin la cual sería imposible explicar el asesinato posterior del dirigente sindical.
"Lorenzo me contó que de su gente no había habido nadie en el palco, pero sí tres o cuatro de Rucci, encabezado por el Sopa. Que todo había sido responsabilidad de Osinde, que se había manejado siempre con López Rega"
A su vez, es imposible disociar a Rucci de la figura de Jorge San Pedro alias "el Negro Corea", uno de los apuntados como jefe de los torturadores que se asentaron en el aeropuerto de Ezeiza durante la masacre. Esa figura era reconocida por la militancia revolucionaria como el jefe de las patotas que de noche salían a atacar y disparar contra opositores. Fue uno de los choferes de Rucci el día de su ajusticiamiento.
En la actualidad la defensa de Rucci se sostiene sobre el rol de adversario interno que cumplía en torno al ministro de Bienestar Social, José López Rega, a quien se lo suele responsabilizar de la totalidad del accionar represivo paraestatal. Que existieran diferencias entre ambos dirigentes, no implicaba que no tuvieran otras coincidencias, como por ejemplo sacarse de encima a las organizaciones que respondían a la tendencia revolucionaria dentro del movimiento.
Cabe preguntarse sobre la tesis que agita esta militancia: ¿Es posible modificar en una revisión parcial de los hechos sin romper con el consenso entero que se construyó desde la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final? Algunos consideran que sí, otros, en cambio, ven como una manipulación intentar diseccionar la parte represiva previa al 76 con la que finalmente se llevó a cabo la última dictadura militar.
Algunas preguntas más que surgen. Por qué esta dirigencia revisionista no homenajea a las víctimas de la masacre de Ezeiza o pide que se encarcele a sus asesinos. En principio, porque uno de los responsables de lo sucedido es el mismo dirigente que pretenden defender, y en segundo término porque detrás del debate judicial se encuentra un debate programático y político que buscar reforzar ese modelo burocrático y capitalista que se expresaba en la figura de Rucci y se encuentra en las antípodas de quienes vienen criticando a una CGT que se ha mostrado por demás bondadosa con el gobierno de Milei.
La revisión también en el poder judicial
Desde la llegada de Milei empezaron a moverse en la Justicia varias causas judiciales tanto para liberar a genocidas como para enjuiciar a la militancia que se enfrentó a la dictadura. Un ejemplo fue el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña por el cual se anuló la prescripción del delito por la voladura del Comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976 y se llamó a declarar a militantes de la organización montoneros, a quienes se imputó y se busca arrastrarlo hacia una condena.
No es menor que el citado acto en Formosa se dio en la previa al 30 de octubre, día en el que los organismos de DD.HH participarán de una audiencia en la Cámara de Casación, donde - según anunció la abogada Miryam Bregman- se buscará revocar la jurisprudencia actual en la materia para poder empezar a juzgar la militancia revolucionaria de los años 70.
La contraofensiva de la derecha a nivel mundial tiene sus reflejos locales que no pueden quedar circunscritos a partidos políticos o gobiernos, sino que atraviesan al sentido común de una sociedad que ha ido tomando distancias de los derechos humanos. Sobre esta mutación en la subjetividad de las masas, algunos sectores, sin ser necesariamente representantes de la derecha argentina, buscan abrir debates que se proponen romper un consenso que en este país empezaron a construir las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y que supo hacerse carne en el pueblo argentino a partir de la rebelión popular del 2001 y la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Fuente: ANred
Villarruel encabeza actos organizados por gobiernos peronistas, mientras la CGT intenta enaltecer la figura de José Ignacio Rucci y la Justicia se propone cambiar la jurisprudencia para enjuiciar a la militancia revolucionaria de los años 70. Piezas de un rompecabezas que amenaza con quebrar el consenso de los últimos 20 años. Por Nicolás Salas, para ANRed.
La llegada al gobierno de la fórmula Milei-Villarruel dio marco institucional a los intentos revisionistas que buscan disputar la historia en torno a los crímenes de la última dictadura militar y el genocidio que dejó 30 mil desapariciones en el país.
Muchos de los que hoy son parte del gobierno fueron oposición abierta a los procesos judiciales que, a partir de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida (2003) y del fallo Simón (2005), llevaron a la cárcel a militares, policías, empresarios y funcionarios eclesiásticos. Los "libertarios" no esconden las cartas, las muestran orgullosos y no dudan en hacerlas públicas en redes o comunicados oficiales.
En la actualidad, la marca se la lleva la Libertad Avanza, pero el revisionismo histórico afecta a otros estratos de la política, sin que necesariamente compartan las mismas coordenadas políticas y humanas que las de los negacionistas. Sectores del peronismo, ese movimiento que había sabido recoger parte de la legitimidad que habían generado los juicios iniciados durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, parecieran sentirse interpelados a reinterpretar lo que hasta hace poco se mostraba como un consenso progresista.
Si bien las tensiones internas siempre estuvieron, se hablaban por lo bajo. Una de ellas tenía que ver con las diferencias en torno a la experiencia de las organizaciones armadas y el debate que representaba el terrorismo de Estado antes de 1976.
Durante el kirchnerismo aquella diferencia pareció quedar sepultada bajo la ola de derechos humanos que, con su programa histórico, arrasó con todo a su paso, incluso con las visiones contemplativas respecto al accionar de la Triple A y la CNU. Las diferencias en el naciente progresismo estuvieron a punto de estallar en agosto de 2003, con las detenciones libradas contra Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. Por aquel entonces, sectores del gobierno decidieron hacer silencio y otros avalarlas como ocurrió con el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La polémica se desactivó con la liberación de los exmontoneros y un pacto de convivencia que duró hasta hace pocos años.
Con el intento de romper el consenso que se venía generando en torno los ´70, el entonces titular de UATRE, Gerónimo Venegas, se puso a la cabeza del proyecto revisionista pidiendo que se incorporara la causa Rucci en el esquema de juicios que empezaban a realizarse. De hecho, el fallecido sindicalista organizó actividades y protestas de las que participaron Hugo Moyano, Juan Manuel De la Sota, Antonio Cafiero, Francisco De Narváez, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros referentes peronistas. Pese a los intentos, estas iniciativas no lograron instalarse en la agenda general de la sociedad pero representaron el germen inicial de la perspectiva que tomará más fuerza con el paso de los años.
Las derrotas del peronismo en 2015 y 2023 cambiaron las condiciones hacia el interior de dicho movimiento. Tomaron más fuerza "los peronistas de Perón" relegados ante la avanzada progresista, y se dio legitimidad a nuevas voces que desde hace décadas vienen trabajando en revisar la historia.
La aparición de Villarruel
Cuando el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, planteó la necesidad de acercarse a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, las críticas afloraron dentro y fuera del mundo justicialista, al punto que dejó de agitar dicha perspectiva en los medios de comunicación como lo venía haciendo. Ahora bien, no pasó lo mismo con otros dirigentes de igual peso o mayor que el que tiene el presidente de Principios y Valores.
El 5 de octubre último, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó junto a Villarruel, un acto conmemorativo a los soldados del Regimiento de Infantería de Monte 29, caídos durante el intento de copamiento por parte de combatientes Montoneros en 1975.
La actividad, de la que participó José Mayans, presidente del bloque de senadores de Fuerza Patria, sirvió no sólo para afianzar los vínculos con una vicepresidenta díscola en medio de una crisis que amenaza la gobernabilidad de Milei, sino que también les permitió sumar porotos en la disputa revisionista que anhela recuperarle "méritos" al gobierno de Isabel Martínez de Perón y con ello a los sectores más reaccionarios del peronismo que habitan en la CGT y el Partido Justicialista.
Más allá de los pareceres, sacar de contexto la acción de Montoneros representa todo un posicionamiento político, ya que dicho proceder se daba como respuesta a los más de 300 asesinatos y desapariciones que grupos paramilitares de la derecha peronista habían llevado a cabo hasta 1975. Para ese entonces, ya tenía vigencia el primer decreto de aniquilamiento firmado por la exesposa de Perón y que le daba legalidad el terrorismo ejercido desde el Estado.
Volvamos al presente. Hace años, Villarruel supo cambiar la táctica de su estrategia revisionista y dejó de defender abiertamente a represores para poner el foco en "la memoria completa". Esa posición la distanció de Cecilia Pando y la acercó en los hechos a algunos sectores del peronismo, entre ellos a Moreno, Mayans y varios más.
Desde hace décadas, la figura de Rucci es el eje que logra puntos de contactos entre los distintos revisionismos. Su asesinato por parte de Montoneros en septiembre de 1973 fue un parte aguas que profundizó los enfrentamientos entre las distintas tendencias del peronismo y que en la actualidad vuelve a ser motivo de disputa.
Ni bien asumió como vicepresidenta, Villarruel designó a Claudia Rucci, hija del sindicalista asesinado y discípula política de Venegas, como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Casi en paralelo, se dispararon varios debates en los streaming que frecuenta la militancia peronista donde se suele reivindicar la figura de Rucci y se niega el vínculo que este tenía con las patotas y los grupos de asesinos que operaron durante el último gobierno justicialista previo al golpe de Estado. En la misma sintonía, la CGT acuerda con el intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador Axel Kicillof un acto donde bautizar una calle de la capital provincial con el nombre de quien fuera titular de dicha central obrera.
¿Cuál fue el rol de Rucci en la represión previa a la dictadura?
Los periodistas Daniel Cecchini y Alberto Elizalde confirman la existencia de vínculos entre Rucci y los grupos paraestatales que empiezan a operar en el marco de la vuelta de Perón al país en junio de 1973. Lo acreditan con información y fotos que vuelcan en el libro "La CNU. El terrorismo de Estado antes del Golpe". De hecho la tapa del libro se ilustra con una imagen de Rucci abrazado a Patricio Fernández Rivero y Juan Carlos Gómez, referente de la CNU que en La Plata mataron a casi 100 personas.
La relación de Rucci con la represión está probada y no solo por gentes de "izquierdas". El mismo Juan Manual Abal Medina lo hace en su libro "Conocer a Perón", donde reivindica centralmente a dos figuras; al expresidente justicialista, de quien fue su último delegado, y al mismo Rucci. Esto no le impide reconocer, mientras recupera un diálogo con Lorenzo Miguel, que el entonces jefe de la CGT había colocado una patota armada, a cargo de su lugarteniente "El sopa", en el palco donde se desató la masacre de Ezeiza, principal antecedente de la represión que se venía y acción sin la cual sería imposible explicar el asesinato posterior del dirigente sindical.
"Lorenzo me contó que de su gente no había habido nadie en el palco, pero sí tres o cuatro de Rucci, encabezado por el Sopa. Que todo había sido responsabilidad de Osinde, que se había manejado siempre con López Rega"
A su vez, es imposible disociar a Rucci de la figura de Jorge San Pedro alias "el Negro Corea", uno de los apuntados como jefe de los torturadores que se asentaron en el aeropuerto de Ezeiza durante la masacre. Esa figura era reconocida por la militancia revolucionaria como el jefe de las patotas que de noche salían a atacar y disparar contra opositores. Fue uno de los choferes de Rucci el día de su ajusticiamiento.
En la actualidad la defensa de Rucci se sostiene sobre el rol de adversario interno que cumplía en torno al ministro de Bienestar Social, José López Rega, a quien se lo suele responsabilizar de la totalidad del accionar represivo paraestatal. Que existieran diferencias entre ambos dirigentes, no implicaba que no tuvieran otras coincidencias, como por ejemplo sacarse de encima a las organizaciones que respondían a la tendencia revolucionaria dentro del movimiento.
Cabe preguntarse sobre la tesis que agita esta militancia: ¿Es posible modificar en una revisión parcial de los hechos sin romper con el consenso entero que se construyó desde la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final? Algunos consideran que sí, otros, en cambio, ven como una manipulación intentar diseccionar la parte represiva previa al 76 con la que finalmente se llevó a cabo la última dictadura militar.
Algunas preguntas más que surgen. Por qué esta dirigencia revisionista no homenajea a las víctimas de la masacre de Ezeiza o pide que se encarcele a sus asesinos. En principio, porque uno de los responsables de lo sucedido es el mismo dirigente que pretenden defender, y en segundo término porque detrás del debate judicial se encuentra un debate programático y político que buscar reforzar ese modelo burocrático y capitalista que se expresaba en la figura de Rucci y se encuentra en las antípodas de quienes vienen criticando a una CGT que se ha mostrado por demás bondadosa con el gobierno de Milei.
La revisión también en el poder judicial
Desde la llegada de Milei empezaron a moverse en la Justicia varias causas judiciales tanto para liberar a genocidas como para enjuiciar a la militancia que se enfrentó a la dictadura. Un ejemplo fue el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña por el cual se anuló la prescripción del delito por la voladura del Comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976 y se llamó a declarar a militantes de la organización montoneros, a quienes se imputó y se busca arrastrarlo hacia una condena.
No es menor que el citado acto en Formosa se dio en la previa al 30 de octubre, día en el que los organismos de DD.HH participarán de una audiencia en la Cámara de Casación, donde - según anunció la abogada Miryam Bregman- se buscará revocar la jurisprudencia actual en la materia para poder empezar a juzgar la militancia revolucionaria de los años 70.
La contraofensiva de la derecha a nivel mundial tiene sus reflejos locales que no pueden quedar circunscritos a partidos políticos o gobiernos, sino que atraviesan al sentido común de una sociedad que ha ido tomando distancias de los derechos humanos. Sobre esta mutación en la subjetividad de las masas, algunos sectores, sin ser necesariamente representantes de la derecha argentina, buscan abrir debates que se proponen romper un consenso que en este país empezaron a construir las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y que supo hacerse carne en el pueblo argentino a partir de la rebelión popular del 2001 y la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Fuente: ANred
