Pueblos originarios

Jones Huala: "Estoy detenido por luchar por los derechos de mi pueblo"

En una audiencia judicial reciente, el juez y todas las partes involucradas acordaron por unanimidad el traslado del lonko mapuche Facundo Jones Huala a la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel, medida que finalmente fue rechazada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich.

Ante esta situación, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina cuestionó el accionar del ministerio y advirtió que "a veces los jueces no nos creen cuando decimos que las fuerzas de seguridad o penitenciarias nos afirman, en la cara, que no responden a los jueces sino a sus propios mandos".

Durante la audiencia, Jones Huala expresó: "Todos los puntos de mi huelga tienen que ver con demandas de tinte político de mi pueblo mapuche, motivo por el cual estoy detenido por luchar por los derechos de mi pueblo. Mis demandas siguen vigentes. Más allá de lo que diga la fiscalía más adelante, nuestros reclamos nunca han dejado de ser constitucionales. El problema es que el Estado argentino no ha devuelto ni un puñado de tierra de todo lo que nos ha robado a los mapuche, a los tehuelche y a todos los pueblos indígenas, y eso es la base de todo mi reclamo."

Según la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto, el 22 de octubre Jones Huala retomó la huelga de hambre líquida en reclamo por el incumplimiento de la orden judicial que disponía su traslado.

Entre las principales demandas del lonko se encuentran:

  • Garantías de debido proceso y juicio justo.

  • Traslado a la U14 de Esquel para mantener cercanía con su familia.

  • Desprocesamiento de los comuneros mapuche involucrados en conflictos político-territoriales.

  • Reconocimiento del conflicto político e histórico entre el Estado y el pueblo mapuche, y su resolución por vías políticas y no represivas.

  • Devolución del territorio ancestral ocupado por terratenientes y corporaciones extranjeras.

  • Respeto por las pautas culturales de las personas detenidas de origen mapuche.

  • Cese de la persecución política y judicial contra quienes luchan por la causa mapuche.

  • Aplicación del Convenio 169 de la OIT y de los tratados internacionales sobre pueblos indígenas.

  • Cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.

  • Intervención de organismos internacionales de derechos humanos para mediar en el conflicto.

  • Territorio y autonomía para la Nación Mapuche y otros pueblos originarios.

La situación de Jones Huala reabre el debate sobre la relación del Estado argentino con las comunidades indígenas y el alcance real de las decisiones judiciales en causas de alto contenido político y territorial.