Los últimos días de un pueblo peruano desplazado por una gigantesca mina de cobrePor Sally Jabiel
Tras una década de resistencia, las últimas familias de Morococha han sido desalojadas por las autoridades para dar paso a una de las mayores inversiones chinas en Perú: Durante más de una década, Elvis Atachahua Ursua vivió en un estado de resistencia. En medio de escombros y explosiones, sobrevivió sin agua ni electricidad a más de 4700 metros de altitud en las ruinas de Morococha, un histórico pueblo minero en los Andes centrales de Perú. El 19 de septiembre, esa resistencia se rompió. Más de 250 agentes de policía irrumpieron en las últimas casas que quedaban. Una por una, fueron demolidas en un día. "Nos cortaron la señal y se lo llevaron todo", dice Atachahua entre lágrimas.
Esa mañana, las últimas cinco familias de Morococha fueron expulsadas. Habían permanecido allí desde 2012, año en que la Aluminum Corporation of China (Chinalco) terminó de construir la Nueva Morococha, un asentamiento construido desde cero y diseñado para reubicar a unas 5000 personas.
Los desalojos de Morococha han allanado el camino para la explotación minera en Toromocho, uno de los proyectos de cobre más grandes del Perú. Cada día, la mina de Chinalco produce 170 000 toneladas de un mineral que es fundamental para la transición energética mundial. Y así, este pueblo andino ha desaparecido. Morococha fue fundada por migrantes que se habían establecido originalmente en este rincón del departamento de Junín para extraer minerales, y que finalmente fueron desplazados por una de las mayores inversiones respaldadas por el Estado chino en Perú.
Los últimos días de Morococha
Antes del reciente desalojo, la vida en Morococha transcurría entre un laberinto de vallas blancas y calles en ruinas. Desde su pequeña casa, que temblaba con cada detonación de la mina a cielo abierto, Yolit Alejo Bonifacio se resistía. Esta mujer de 49 años habló con Dialogue Earth unos días antes del desalojo: "Antes, al menos nos avisaban. Es como si nos estuvieran echando poco a poco".
Su madre y sus hermanos fueron de los primeros en trasladarse a Nueva Morococha, ya que la vida económica en el casco antiguo se redujo y las oportunidades que se ofrecían se concentraban en el nuevo asentamiento. "Si no aceptabas, no había trabajo. El miedo les obligó a marcharse", dice Alejo. Ella decidió quedarse. De las 65 familias que rechazaron el reasentamiento, solo cinco resistieron hasta el final.
Lo hicieron durante 13 años, en condiciones extremas. Las familias utilizaban paneles solares para iluminar sus hogares y recibían agua de forma intermitente. Dialogue Earth visitó la zona a principios de septiembre, cuando Chinalco bloqueaba y controlaba el acceso de vehículos ajenos a Morococha. Solo pudimos entrar en el pueblo gracias a que Alejo nos hizo ingresar en su mototaxi.
La presión era constante. En 2020, dos mujeres fueron detenidas por protestar contra los bloqueos de vías. Chinalco denunció entonces a las familias ante las autoridades por "merodear" en su propio pueblo, lo que el poder judicial rechazó, reconociendo sus derechos constitucionales a la dignidad y la integridad.
Antes de la operación de desalojo, Atachahua repitió a Dialogue Earth lo que lleva denunciando desde hace una década: "No hay reasentamiento voluntario. Es un desplazamiento forzoso e inhumano".
En agosto llegó la esperada orden de desalojo. El día anterior, la policía les había negado la entrada a Morococha. Las familias suplicaron que les dejaran entrar en sus casas. "Hicimos una vigilia, cocinamos juntos, sabíamos que nos iban a llevar", dice Alejo. "No dormimos esa noche". Al amanecer, el contingente policial entró en el pueblo "sin respeto por nada", relata. "No nos dieron ni cinco minutos para recoger nuestras cosas. Nos empujaron, nos tiraron. Nunca lo superaremos. Lo sentimos en nuestra propia carne". Las últimas cinco familias se marcharon sin nada más que la ropa que llevaban puesta, buscando refugio en diferentes pueblos del departamento de Junín.
Dialogue Earth habló con Edwin Alejandro, coordinador socioambiental de la Red Muqui. Esta red peruana de organizaciones de la sociedad civil defiende a las personas que afirman haber visto vulnerados sus derechos por la minería. Él acompañó a las familias de Morococha en la defensa de sus derechos y afirma que esta operación fue irregular: "Fueron desalojados sin juicio ni proceso, y hasta el día de hoy no saben dónde están sus pertenencias". Incluso las casas fueron demolidas, a pesar de una orden judicial que ordenaba su conservación. "Lo único que las familias nos han pedido es que no las abandonemos", dice Alejandro.
El costo oculto del cobre
La demanda de cobre se está disparando debido a la transición energética mundial, ya que este metal es fundamental para una amplia gama de usos en los sistemas y redes eléctricas. Por ejemplo, los cables utilizados para las redes de recarga de vehículos eléctricos requieren una gran cantidad de este material, mientras que las turbinas eólicas marinas necesitan largos cables de transmisión submarinos que también dependen del cobre.
A nivel mundial, solo Chile y la República Democrática del Congo producen más cobre que Perú. En 2024, más del 72 % de la producción de cobre de Perú se exportó a China, según cifras oficiales. Solo Toromocho alberga 5,7 millones de toneladas de este mineral.
Según AidData, esa riqueza hizo que Morococha resultara atractiva para las estrategias de los responsables políticos y financieros chinos de asegurar minerales para la transición energética. En 2024, casi una quinta parte de la producción total de cobre de Perú fue producida por dos empresas mineras de propiedad china: MMG Las Bambas (11,7 %) y Chinalco (7,5 %).
Ambas empresas han tenido que participar en planes de reubicación para llevar a cabo sus proyectos. A partir de 2014, MMG Las Bambas comenzó a reubicar a 1800 personas de Fuerabamba, en el departamento de Apurímac, en el centro-sur de Perú, a un nuevo asentamiento. MMG había heredado un plan de reasentamiento y compensación negociado con los aldeanos por el antiguo propietario de Las Bambas, la empresa suiza Glencore-Xstrata, a la que compró la mina en 2014.
Debido a los continuos conflictos sociales en sus instalaciones, entre otras quejas, las minas de Las Bambas y Toromocho fueron destacadas entre las inversiones chinas en América Latina que, según se informa, han violado los derechos humanos, según un informe de 2022 del Colectivo sobre Financiamiento e Inversión Chinos, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA). El Gobierno chino respondió posteriormente a un proceso de revisión de las Naciones Unidas en el que el CICDHA presentó estas preocupaciones, afirmando que estudiaría las observaciones y manifestando su compromiso con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El CICDHA afirma que lo ocurrido en Morococha debe describirse como un "desplazamiento forzoso". Alejandro afirma que Chinalco negoció con cada familia, nunca con todo el pueblo, y lo describe como "una estrategia de divide y vencerás que funcionó".
Además, en 2017, el gobierno peruano declaró el casco antiguo como "peligro inminente e irremediable" debido a la actividad sísmica y las operaciones mineras. Paradójicamente, es posible que el nuevo asentamiento tampoco sea del todo seguro: su estudio de impacto ambiental, publicado en 2009, detectó concentraciones de plomo superiores a los niveles permitidos en casi todas las muestras de suelo de la zona de influencia del proyecto, y niveles excesivos de arsénico en varios puntos de muestreo.
Para Alejandro, esta declaración fue un mecanismo legal para favorecer a Chinalco: "La desposesión se legalizó y la empresa se aprovechó de un sistema corrupto... El mensaje es claro: si ocurrió en Morococha, puede ocurrir en cualquier proyecto. Es un precedente peligroso".
Una ciudad de promesas incumplidas
Dialogue Earth solicitó varias entrevistas a Chinalco sobre el reasentamiento de Morococha. En el momento de la publicación, no había respondido. Sin embargo, en un vídeo de ProInversión de 2023, el gerente de asuntos legales de la empresa minera, Raúl La Madrid, describió el reasentamiento como parte de su "compromiso de responsabilidad social": "La empresa minera utiliza los servicios de las empresas comunitarias. Todos ganan".
Dialogue Earth viajó al nuevo asentamiento, situado a 15 minutos cuesta abajo de su predecesor. Nueva Morococha es un pueblo de avenidas rectas, casas idénticas con techos rojos y parques impecables. La promesa de una ciudad moderna se percibía, en realidad, más como un pueblo modelo sin vida.
"Solíamos ser una gran familia. En la nueva ciudad no hay movimiento ni trabajo", se lamenta Noé Gamarra, presidente de la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho. Durante años resistió en Morococha, pero acabó vendiendo su casa a Chinalco.
"No negociamos; la empresa fijó su precio". Hoy, a sus 66 años, vive a unos 100 kilómetros de distancia y es uno de los desplazados más activos. "Chinalco prometió que el campamento de operaciones estaría en la nueva ciudad para generar comercio. No cumplió: ni siquiera hay el 40 % del movimiento que había en la ciudad antigua".
Este vacío ha sido señalado por la investigadora en geografía humana Lin Zhu, de la Universidad de Boston. "Lo que más me sorprendió fue la falta de vida; parecía una ciudad diseñada para servir a la mina, no a sus habitantes", explica a Dialogue Earth. En su estudio para The People's Map of Global China, actualizado por última vez en 2021, Lin señaló que se construyó utilizando una "lógica tecnocrática que buscaba una gobernanza eficiente, ignorando las formas locales de vida y socialización".
De todas las promesas de Chinalco, la más repetida fue la del empleo. Pero en 2017, más de la mitad de la población de Nueva Morococha estaba desempleada a pesar de su proximidad a la mina, según una encuesta de la Universidad Nacional del Centro del Perú. "Solo ofrecen trabajos precarios", observa Gamarra. "Ni siquiera mis hijos, que son profesionales, han conseguido trabajo". Según Lin Zhu, el cambio de la minería subterránea a la minería a cielo abierto ha reducido drásticamente el empleo. "Eso significaba trabajos temporales, sin seguro ni estabilidad", explica.
Para abordar estas cuestiones, en 2012 se creó una mesa redonda entre el Estado, Chinalco y la comunidad. Más de una década después, sigue estancada y se ha prorrogado hasta 2026. Para muchos, ha sido más "una táctica corporativa y un mecanismo burocrático" que un espacio real para encontrar soluciones, detalla Lin Zhu en su investigación. Según señala, este tipo de acciones estatales no atraen más inversiones chinas.
"A medida que el mundo avanza hacia una transición energética, los países con minerales estratégicos deben ser capaces de articular demandas concretas a los inversores extranjeros", afirma Lin Zhu. "Ninguna empresa actuará por iniciativa propia en beneficio de la comunidad".
Se estima que la demanda de estos minerales estratégicos se duplicará para 2040 debido a la transición energética. Para Carlos Monge, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y experto en la materia, "las comunidades no tienen al Estado ni como aliado ni como árbitro" en Perú. "Lo que enfrentan es una alianza entre el Estado y las empresas. Esto siempre ha sido así y sigue siéndolo en este nuevo ciclo de alta demanda de minerales".
"La lección que debe dejar Morococha es el pleno respeto de los derechos y la consulta previa, especialmente si hay desplazamientos. Solo así se puede hablar de una transición justa, no a costa de arrasar pueblos enteros", concluye.
Morococha se fundó a principios del siglo XX, a pocos minutos del paso de montaña de Ticlio, en el punto más alto de lo que acabó siendo la Carretera Central. Ahora, "ni siquiera existe el cerro Toromocho", dice Gamarra. "El toro acostado que le dio nombre a la mina se ha reducido a un pozo. Recuerdo jugar allí de niño, los carnavales... todo ha desaparecido".
Mientras que el cobre de Toromocho impulsa la transición energética, se ha eliminado más que un simple pueblo de los Andes. Pero Alejo, que ahora se ha refugiado a unos 170 kilómetros de distancia, afirma que "la historia nunca se borrará de nuestras mentes. He perdido Morococha, pero no mi voz".
Dialogue Earth se puso en contacto con varias familias de Nueva Morococha para recabar sus comentarios, pero se negaron a colaborar en este artículo.
*Periodista peruana que escribe sobre temas relacionados a la crisis climática, el feminismo y la desigualdad. Su trabajo ha aparecido en El País, Distintas Latitudes y Migraciones Climáticas.
Fuente: Dialogue
Por Sally Jabiel
Tras una década de resistencia, las últimas familias de Morococha han sido desalojadas por las autoridades para dar paso a una de las mayores inversiones chinas en Perú: Durante más de una década, Elvis Atachahua Ursua vivió en un estado de resistencia. En medio de escombros y explosiones, sobrevivió sin agua ni electricidad a más de 4700 metros de altitud en las ruinas de Morococha, un histórico pueblo minero en los Andes centrales de Perú. El 19 de septiembre, esa resistencia se rompió. Más de 250 agentes de policía irrumpieron en las últimas casas que quedaban. Una por una, fueron demolidas en un día. "Nos cortaron la señal y se lo llevaron todo", dice Atachahua entre lágrimas.
Esa mañana, las últimas cinco familias de Morococha fueron expulsadas. Habían permanecido allí desde 2012, año en que la Aluminum Corporation of China (Chinalco) terminó de construir la Nueva Morococha, un asentamiento construido desde cero y diseñado para reubicar a unas 5000 personas.
Los desalojos de Morococha han allanado el camino para la explotación minera en Toromocho, uno de los proyectos de cobre más grandes del Perú. Cada día, la mina de Chinalco produce 170 000 toneladas de un mineral que es fundamental para la transición energética mundial. Y así, este pueblo andino ha desaparecido. Morococha fue fundada por migrantes que se habían establecido originalmente en este rincón del departamento de Junín para extraer minerales, y que finalmente fueron desplazados por una de las mayores inversiones respaldadas por el Estado chino en Perú.
Los últimos días de Morococha
Antes del reciente desalojo, la vida en Morococha transcurría entre un laberinto de vallas blancas y calles en ruinas. Desde su pequeña casa, que temblaba con cada detonación de la mina a cielo abierto, Yolit Alejo Bonifacio se resistía. Esta mujer de 49 años habló con Dialogue Earth unos días antes del desalojo: "Antes, al menos nos avisaban. Es como si nos estuvieran echando poco a poco".
Su madre y sus hermanos fueron de los primeros en trasladarse a Nueva Morococha, ya que la vida económica en el casco antiguo se redujo y las oportunidades que se ofrecían se concentraban en el nuevo asentamiento. "Si no aceptabas, no había trabajo. El miedo les obligó a marcharse", dice Alejo. Ella decidió quedarse. De las 65 familias que rechazaron el reasentamiento, solo cinco resistieron hasta el final.
Lo hicieron durante 13 años, en condiciones extremas. Las familias utilizaban paneles solares para iluminar sus hogares y recibían agua de forma intermitente. Dialogue Earth visitó la zona a principios de septiembre, cuando Chinalco bloqueaba y controlaba el acceso de vehículos ajenos a Morococha. Solo pudimos entrar en el pueblo gracias a que Alejo nos hizo ingresar en su mototaxi.
La presión era constante. En 2020, dos mujeres fueron detenidas por protestar contra los bloqueos de vías. Chinalco denunció entonces a las familias ante las autoridades por "merodear" en su propio pueblo, lo que el poder judicial rechazó, reconociendo sus derechos constitucionales a la dignidad y la integridad.
Antes de la operación de desalojo, Atachahua repitió a Dialogue Earth lo que lleva denunciando desde hace una década: "No hay reasentamiento voluntario. Es un desplazamiento forzoso e inhumano".
En agosto llegó la esperada orden de desalojo. El día anterior, la policía les había negado la entrada a Morococha. Las familias suplicaron que les dejaran entrar en sus casas. "Hicimos una vigilia, cocinamos juntos, sabíamos que nos iban a llevar", dice Alejo. "No dormimos esa noche". Al amanecer, el contingente policial entró en el pueblo "sin respeto por nada", relata. "No nos dieron ni cinco minutos para recoger nuestras cosas. Nos empujaron, nos tiraron. Nunca lo superaremos. Lo sentimos en nuestra propia carne". Las últimas cinco familias se marcharon sin nada más que la ropa que llevaban puesta, buscando refugio en diferentes pueblos del departamento de Junín.
Dialogue Earth habló con Edwin Alejandro, coordinador socioambiental de la Red Muqui. Esta red peruana de organizaciones de la sociedad civil defiende a las personas que afirman haber visto vulnerados sus derechos por la minería. Él acompañó a las familias de Morococha en la defensa de sus derechos y afirma que esta operación fue irregular: "Fueron desalojados sin juicio ni proceso, y hasta el día de hoy no saben dónde están sus pertenencias". Incluso las casas fueron demolidas, a pesar de una orden judicial que ordenaba su conservación. "Lo único que las familias nos han pedido es que no las abandonemos", dice Alejandro.
El costo oculto del cobre
La demanda de cobre se está disparando debido a la transición energética mundial, ya que este metal es fundamental para una amplia gama de usos en los sistemas y redes eléctricas. Por ejemplo, los cables utilizados para las redes de recarga de vehículos eléctricos requieren una gran cantidad de este material, mientras que las turbinas eólicas marinas necesitan largos cables de transmisión submarinos que también dependen del cobre.
A nivel mundial, solo Chile y la República Democrática del Congo producen más cobre que Perú. En 2024, más del 72 % de la producción de cobre de Perú se exportó a China, según cifras oficiales. Solo Toromocho alberga 5,7 millones de toneladas de este mineral.
Según AidData, esa riqueza hizo que Morococha resultara atractiva para las estrategias de los responsables políticos y financieros chinos de asegurar minerales para la transición energética. En 2024, casi una quinta parte de la producción total de cobre de Perú fue producida por dos empresas mineras de propiedad china: MMG Las Bambas (11,7 %) y Chinalco (7,5 %).
Ambas empresas han tenido que participar en planes de reubicación para llevar a cabo sus proyectos. A partir de 2014, MMG Las Bambas comenzó a reubicar a 1800 personas de Fuerabamba, en el departamento de Apurímac, en el centro-sur de Perú, a un nuevo asentamiento. MMG había heredado un plan de reasentamiento y compensación negociado con los aldeanos por el antiguo propietario de Las Bambas, la empresa suiza Glencore-Xstrata, a la que compró la mina en 2014.
Debido a los continuos conflictos sociales en sus instalaciones, entre otras quejas, las minas de Las Bambas y Toromocho fueron destacadas entre las inversiones chinas en América Latina que, según se informa, han violado los derechos humanos, según un informe de 2022 del Colectivo sobre Financiamiento e Inversión Chinos, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA). El Gobierno chino respondió posteriormente a un proceso de revisión de las Naciones Unidas en el que el CICDHA presentó estas preocupaciones, afirmando que estudiaría las observaciones y manifestando su compromiso con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El CICDHA afirma que lo ocurrido en Morococha debe describirse como un "desplazamiento forzoso". Alejandro afirma que Chinalco negoció con cada familia, nunca con todo el pueblo, y lo describe como "una estrategia de divide y vencerás que funcionó".
Además, en 2017, el gobierno peruano declaró el casco antiguo como "peligro inminente e irremediable" debido a la actividad sísmica y las operaciones mineras. Paradójicamente, es posible que el nuevo asentamiento tampoco sea del todo seguro: su estudio de impacto ambiental, publicado en 2009, detectó concentraciones de plomo superiores a los niveles permitidos en casi todas las muestras de suelo de la zona de influencia del proyecto, y niveles excesivos de arsénico en varios puntos de muestreo.
Para Alejandro, esta declaración fue un mecanismo legal para favorecer a Chinalco: "La desposesión se legalizó y la empresa se aprovechó de un sistema corrupto... El mensaje es claro: si ocurrió en Morococha, puede ocurrir en cualquier proyecto. Es un precedente peligroso".
Una ciudad de promesas incumplidas
Dialogue Earth solicitó varias entrevistas a Chinalco sobre el reasentamiento de Morococha. En el momento de la publicación, no había respondido. Sin embargo, en un vídeo de ProInversión de 2023, el gerente de asuntos legales de la empresa minera, Raúl La Madrid, describió el reasentamiento como parte de su "compromiso de responsabilidad social": "La empresa minera utiliza los servicios de las empresas comunitarias. Todos ganan".
Dialogue Earth viajó al nuevo asentamiento, situado a 15 minutos cuesta abajo de su predecesor. Nueva Morococha es un pueblo de avenidas rectas, casas idénticas con techos rojos y parques impecables. La promesa de una ciudad moderna se percibía, en realidad, más como un pueblo modelo sin vida.
"Solíamos ser una gran familia. En la nueva ciudad no hay movimiento ni trabajo", se lamenta Noé Gamarra, presidente de la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho. Durante años resistió en Morococha, pero acabó vendiendo su casa a Chinalco.
"No negociamos; la empresa fijó su precio". Hoy, a sus 66 años, vive a unos 100 kilómetros de distancia y es uno de los desplazados más activos. "Chinalco prometió que el campamento de operaciones estaría en la nueva ciudad para generar comercio. No cumplió: ni siquiera hay el 40 % del movimiento que había en la ciudad antigua".
Este vacío ha sido señalado por la investigadora en geografía humana Lin Zhu, de la Universidad de Boston. "Lo que más me sorprendió fue la falta de vida; parecía una ciudad diseñada para servir a la mina, no a sus habitantes", explica a Dialogue Earth. En su estudio para The People's Map of Global China, actualizado por última vez en 2021, Lin señaló que se construyó utilizando una "lógica tecnocrática que buscaba una gobernanza eficiente, ignorando las formas locales de vida y socialización".
De todas las promesas de Chinalco, la más repetida fue la del empleo. Pero en 2017, más de la mitad de la población de Nueva Morococha estaba desempleada a pesar de su proximidad a la mina, según una encuesta de la Universidad Nacional del Centro del Perú. "Solo ofrecen trabajos precarios", observa Gamarra. "Ni siquiera mis hijos, que son profesionales, han conseguido trabajo". Según Lin Zhu, el cambio de la minería subterránea a la minería a cielo abierto ha reducido drásticamente el empleo. "Eso significaba trabajos temporales, sin seguro ni estabilidad", explica.
Para abordar estas cuestiones, en 2012 se creó una mesa redonda entre el Estado, Chinalco y la comunidad. Más de una década después, sigue estancada y se ha prorrogado hasta 2026. Para muchos, ha sido más "una táctica corporativa y un mecanismo burocrático" que un espacio real para encontrar soluciones, detalla Lin Zhu en su investigación. Según señala, este tipo de acciones estatales no atraen más inversiones chinas.
"A medida que el mundo avanza hacia una transición energética, los países con minerales estratégicos deben ser capaces de articular demandas concretas a los inversores extranjeros", afirma Lin Zhu. "Ninguna empresa actuará por iniciativa propia en beneficio de la comunidad".
Se estima que la demanda de estos minerales estratégicos se duplicará para 2040 debido a la transición energética. Para Carlos Monge, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y experto en la materia, "las comunidades no tienen al Estado ni como aliado ni como árbitro" en Perú. "Lo que enfrentan es una alianza entre el Estado y las empresas. Esto siempre ha sido así y sigue siéndolo en este nuevo ciclo de alta demanda de minerales".
"La lección que debe dejar Morococha es el pleno respeto de los derechos y la consulta previa, especialmente si hay desplazamientos. Solo así se puede hablar de una transición justa, no a costa de arrasar pueblos enteros", concluye.
Morococha se fundó a principios del siglo XX, a pocos minutos del paso de montaña de Ticlio, en el punto más alto de lo que acabó siendo la Carretera Central. Ahora, "ni siquiera existe el cerro Toromocho", dice Gamarra. "El toro acostado que le dio nombre a la mina se ha reducido a un pozo. Recuerdo jugar allí de niño, los carnavales... todo ha desaparecido".
Mientras que el cobre de Toromocho impulsa la transición energética, se ha eliminado más que un simple pueblo de los Andes. Pero Alejo, que ahora se ha refugiado a unos 170 kilómetros de distancia, afirma que "la historia nunca se borrará de nuestras mentes. He perdido Morococha, pero no mi voz".
Dialogue Earth se puso en contacto con varias familias de Nueva Morococha para recabar sus comentarios, pero se negaron a colaborar en este artículo.
*Periodista peruana que escribe sobre temas relacionados a la crisis climática, el feminismo y la desigualdad. Su trabajo ha aparecido en El País, Distintas Latitudes y Migraciones Climáticas.
Fuente: Dialogue
