Piden jury para un magistrado por violencia contra trabajadoras: "Es un gran precedente y un llamado de atención para los que tienen el poder"El Consejo de la Magistratura votó de forma unánime en la sesión extraordinaria en Puerto Madryn elevar a jury al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez. Se lo acusa de ejercer violencia laboral y de género de manera sistemática y a lo largo del tiempo contra empleadas del área. El pleno del Consejo elevó el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y determinó que además se pedirá la suspensión del magistrado en las funciones a raíz de la gravedad de los hechos.
El Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, podría ser sometido a un jury después de una denuncia impuesta por una trabajadora, cuyo testimonio motivó a otras mujeres a relatar los maltratos perpetrados por el magistrado. La denuncia formal fue realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), que pidió una intervención urgente ante el estado de salud mental de la denunciante. Las pruebas aportadas en el sumario demuestran la existencia de "una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como un método de gestión por parte del doctor Sánchez".
La secretaria general de SITRAJUCH, Gabriela Huenchual, expresó a El Extremo Sur que el caso marca un precedente: "En muchos lugares que están alejados del poder, que están alejados de Rawson, se dan estas situaciones y los compañeros y las compañeras la atraviesan por años y naturalizan el maltrato". Aunque habló de un cambio notable en la Justicia, advirtió que muchos todavía son reticentes a aplicar la perspectiva de género.
Las denuncias por motivos de género que logran derivar en un pedido de jury son ínfimas, aún menor el número de aquellas en las que se logra un dictamen favorable para las víctimas. Chubut tuvo un caso testigo en 2023, con el pedido de jury que se inició contra el fiscal Fernando Rivarola y fue finalmente archivado aludiendo a cuestiones administrativas de los plazos.
Los detalles del caso
El pasado 14 de octubre el pleno del Consejo de la Magistratura votó de forma unánime en la sesión extraordinaria en Puerto Madryn elevar a jury al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez. La denuncia inicial de una trabajadora judicial maltratada por Sánchez fue clave para animar a otras funcionarias a compartir sus testimonios sobre las violencias padecidas en el espacio de trabajo.
La instructora sumariante fue Lucía Pettinari. A su vez, Sánchez había sido sumariado por el defensor general, Sebastián Daroca. Se lo acusa de ejercer violencia laboral y de género de manera sistemática y a lo largo del tiempo contra empleadas del área. El pleno elevó el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y determinó que además se pedirá la suspensión del magistrado en las funciones a raíz de la gravedad de los hechos.
La denuncia ingresó el 6 de junio por un sumario abierto por Daroca contra Sánchez, que inició a partir de una denuncia impuesta por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) por maltrato y acoso laboral del asesor de familia sobre una empleada.
Tras recabar prueba testimonial de los involucrados y especialistas, Pettinari concluyó que se pudo comprobar que existió violencia y acoso laboral. Además afirma que existió "violencia y acoso por razón de género".
"Todas las conductas vejatorias descriptas fueron frecuentes, continuadas y por años, todas las personas sufrieron daños psicofísicos como consecuencia del accionar del Dr. Sánchez, todas esas conductas contrarias a las leyes, también violaron sin lugar dudas la dignidad de las personas afectadas", sostuvo Pettinari.
Agrega que "la inequidad en las cargas de trabajo en detrimento de las mujeres, la falta de organización del trabajo que ha surgido de las distintas declaraciones de los empleados y funcionarias, provocando sobre exigencia laboral en el personal de la Asesoría, demuestra la falta ética en la función del magistrado, la ausencia de decoro y probidad propia de un funcionario público". También señala que "el efecto de desprestigio profesional por el hostigamiento y maltrato psicológico generado en Paula Epifane (perjuicio relevado en su afectación subjetiva, por parte del psicólogo del SITRAJUCH Mgter. Germán Canteros) configura violencia simbólica y psicológica".
Y remarca: "no podemos dejar de soslayar los costos económicos de la violencia en los ámbitos públicos institucionales, se vislumbra que en este caso hubo erogaciones del erario público que podrían haber sido evitadas, esto se patentizó en las licencias de largo tratamiento con goce de haberes, en las reubicaciones de funcionarias en otras áreas que no requerían de ese recurso".
El sumario reconoce la violencia padecida por las trabajadoras en el marco de lo que plantea el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que reconoce el derecho de toda persona a un ámbito laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por motivos de género, que pueden constituir una violación de derechos umanos. Por otro lado, reconoce que la violencia afecta la salud psicológica, física y sexual de las personas.
Conclusión
El dictamen de Pettinari concluye que se observó por parte de Sánchez "la falta absoluta de consideración y la flagrante violación a la normativa constitucional y convencional vigente, a la Constitución de la Provincia de Chubut, a las leyes nacionales y provinciales anteriormente citadas, y los deberes que pesaban sobre el magistrado, conformando una conducta arbitraria, abusiva e irregular". Las pruebas demostraron la existencia de "una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como un método de gestión por parte del Dr. Sánchez".
Se tuvieron en cuenta los testimonios de distintas trabajadoras y funcionarias judiciales quienes afirmaron no haber denunciado los maltratos por temor y por el antecedente de que quienes lo hacían eran maltratadas, lo que prueba que "el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación", según indica el dictamen de la sumariante.
"Esta atmósfera tóxica no solo permitió que las conductas abusivas se prolongaran en el tiempo, sino que silenció a las víctimas y generó un profundo daño al servicio de justicia, desincentivando la denuncia y garantizando la impunidad del magistrado", agrega.
Por ello, arribó a la convicción de que el magistrado "ha quedado incurso en la causal de destitución: mal desempeño la Ley V Nro. 80 (art. 15 y 16)" y señala que "atendiendo al resultado lesivo de los derechos constitucionales" corresponde "declarar el mal desempeño del magistrado y remitir la causa al Tribunal de Enjuiciamiento" y solicitó al pleno que se "requiera la suspensión del magistrado en sus funciones conforme lo permite el artículo 25 de la Ley V N° 80" lo que fue votado de manera unánime.
Un jury o juicio político es el proceso mediante el cual un Tribunal de Enjuiciamiento -compuesto por un cuerpo colegiado- juzga la idoneidad de magistrados y funcionarios judiciales para ocupar sus cargos. El fallo puede resultar en la destitución del enjuiciado.
En Chubut, el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios está reglamentado por la Ley V - N° 80. Allí se establecen cinco causales para promover la acción y posterior separación del cargo: a) Mal desempeño de las funciones; b) Desconocimiento inexcusable del derecho; c) Inhabilidad psíquica o física; d) Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; e) La comisión de delitos comunes dolosos.
Se considera mal desempeño del magistrado o funcionario cuando deja de cumplir obligaciones y reglamentos que regulan sus funciones, realiza actos incompatibles o prohibidos por las distintas normativas a las que está sujeto o desobedece órdenes legítimas de sus superiores, entre otras circunstancias. La ley provincial contempla, además, la inhabilidad física o psíquica para desempeñar el cargo, que requiere de un dictamen elaborado por un conjunto de especialistas que diagnostican la inhabilidad.
La postura del sindicato
En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria general de SITRAJUCH, Gabriela Huenchual, dio detalles de la denuncia contra Hugo Sáncez y enfatizó que el pedido de jury implica "un precedente" para las y los trabajadores.
"Nosotros nos enteramos de esta situación porque la compañera se acerca a hablar con un compañero del sindicato de Esquel, explicándole que ya no aguantaba más la situación, que ya no toleraba más el maltrato del Asesor de Familia, rápidamente nos notifican y nosotros le damos intervención al área de salud laboral que tenemos en el sindicato", relató.
Tras las entrevistas, el psicólogo del sindicato advirtió que era urgente el pedido de intervención frente al malestar de la denunciante: "Ese momento es cuando la compañera decide denunciar, porque se sentía mal en su salud y además estaba cursando un embarazo de pocas semanas, para priorizar su salud y resguardarse decide hablar", precisa Huenchual. Desde el SITRAJUCH realizaron el pedido de intervención urgente a la Defensoría General, que a su vez activó el protocolo contra la violencia.
"Empezaron a entrevistar a otras compañeras profesionales, trabajadoras. Todas coincidían en el maltrato de este de este asesor, y la relación laboral la definían como muy hostil, la falta de respeto, trato despectivo, humillante, misógino era muy notable. Cuando se las entrevistaba pasaban pocos minutos y se quebraban porque habían sido víctimas de la misma situación que pasó la compañera que decidió denunciar", indica la referente gremial.
Tras el accionar de la Defensoría General se dio intervención al Consejo de la Magistratura, que luego de analizar el caso decidió de manera unánime el pedido de jury.
"Es realmente es muy lamentable porque estamos en un ámbito donde nosotros los que trabajamos dentro del Ministerio de la Defensa Pública estamos para bregar por los derechos de los de las personas vulnerables y que un asesor de familia tuviera esta actitud no se podía entender", agrega Huenchual.
Los casos que no llegan a jury
El sindicato consideró el hecho como un "precedente" para las y los trabajadores: "Es muy importante para nosotros porque del sindicato bregamos por trabajar en ambientes saludables y libre de todo tipo de violencia. Estamos muchas horas conviviendo y no tenemos por qué ver cómo maltratan a otros". Señaló que esta situación en particular "es un llamado de atención para todo aquel que tiene el poder, incluso hasta un funcionario que pueda tener estas actitudes, sabe que se tiene que tranquilizar un poco y cambiar la actitud porque no es lo más conveniente en esos tiempos".
"Para nosotros que esto haya llegado a jury es un precedente, es muy importante, porque se tienen que cuidar. En muchos lugares que están alejados del poder, que están alejados de Rawson, se dan estas situaciones, los compañeros y las compañeras la atraviesan por años y naturalizan el maltrato", expresó.
Consultada sobre otros casos de violencia con los que ha tenido contacto el sindicado, Huenchual sostuvo: "Estamos atentos en todos los lugares de trabajo para evitar toda esta situación. Lamentablemente en muchas dependencias se naturaliza tanto que es como que está bien, como ‘él es así o ella es así', porque se da tanto con hombres como con mujeres, que son violentos. Hay mujeres que también son violentas y que inclusive hasta humillan a los varones y que hemos tenido situaciones así y hemos hecho presentaciones para que esto cambie".
"Necesitamos trabajar en ambientes saludables, el estar atento permanentemente a estas situaciones está evitando que en muchos lugares los compañeros se enfermen. No es bueno que tengamos que estar permanentemente como con la lupa mirando a ver quién cómo se comportan", agregó. En este sentido, la referente también indicó que es necesario garantizar la perspectiva de género de magistrados y funcionarios judiciales.
Defensor de Trelew
Huenchual se refirió a otro precedente que tuvo una resolución hace poco: la suspensión del defensor público de Trelew, Carlos Flores Percich, a raíz de un sumario por acoso laboral tras la denuncia de una empleada de la Defensoría. El Tribunal de Enjuiciamiento decidió suspenderlo por cuatro meses sin goce de haberes y confirmar la realización del jury en su contra.
"Estuvimos 2 años atrás de ese tema hasta que la semana pasada el tribunal de juzgamiento decidió suspenderlo por 4 meses sin goce de haberes y obviamente tiene que esperar a que se le haga el juicio político. En este caso también fue una intervención del sindicato porque fue un hecho muy grave". remarca.
No han sido los únicos casos con amplia mediatización: el caso del fiscal Fernando Rivarola ha sido uno de los más resonados en los últimos años. El nombre de Rivarola comenzó a circular en medios de comunicación tras utilizar el término "desahogo sexual" en 2020 para hablar de la violación grupal en Playa Unión, expresión que le valió un vasto repudio social.
En 2023 un Tribunal de Enjuiciamiento acusó Rivarola de mal desempeño de sus funciones a raíz de dos denuncias: una impulsada por la referente provincial contra la trata, Miriam Vazquez, por omitir información relevante en un caso de distribución de material audiovisual de abuso sexual contra las infancias y otra radicada por una fiscal, por hechos de violencia laboral y de género.
A ocho meses de iniciada la causa por mal desempeño, el Tribunal decidió archivar el caso aludiendo al "vencimiento de los plazos". A pesar de las evidencias aportadas en ambos casos -que implican vulneración de derechos de las mujeres y las infancias-, la causa permanece archivada y Rivarola continúa al frente de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
Quién protege al fiscal del "desahogo sexual": archivaron la causa contra Rivarola y no habrá jury
"No es que somos denunciadores seriales del sindicato, para poder hacer una presentación, pedir una intervención, primero tenemos que tener argumentos para poder sostener esa presentación", remarca Huenchual, y señala que en ocasiones logran garantizar la resolución del caso sin llegar a jury, en las cuales "se ha podido acomodar la situación las personas, que han cambiado la actitud o están como monitoreadas para ver cómo sigue".
Cómo sigue el proceso
Tras la decisión unánime del pleno del Consejo de la Magistratura, ahora resta que se conforme el Tribunal de Enjuiciamiento, que decidirá si avanza el jury o si Sánchez es suspendido.
Para Huenchual es fundamental garantizar el bienestar de la denunciante: "La compañera que trabajaba con él en este momento está de licencia por maternidad, así que no se reintegrará por unos meses más. Pero estamos atentos a que ella a ver qué es lo que quiere hacer, si seguir trabajando en ese lugar. Lo que nosotros pedimos es que se saque al al violento del lugar, lo lleven a otra área porque si no termina pasando lo que paso siempre antes. Las víctimas de violencia terminaban buscando este otro lugar de trabajo, escapando, como si fueran culpables y el victimario quedaba como muy victorioso, como que había ganado. Estas situaciones no se pueden dar más. Tiene que ser a la inversa".
Aunque los procesos de jury no son la norma y más bien las excepciones en estos casos, Huenchul señala que la Justicia ha avanzado notablemente en materia de género: "Hay un cambio que a muchos les cuesta, son muy reticentes, pero aceptan de alguna manera que los tiempos han cambiado, el trato con la mujer debe ser otro ahora".
"Inclusive las mujeres magistradas, que hay ahí alguna involucrada en algún tema de violencia, también se están dando cuenta de que es importante no solamente capacitarse en estos temas, sino que ha sido como una advertencia para muchos y muchas que lo han tomado y están cambiando, les cuesta, pero están tratando de de que en su lugar de trabajo no haya esas situaciones de que generan a veces conflictos. También lo bueno es que los trabajadores ya no se callan más, ya no no aguantan más, no toleran el destrato, el maltrato, las humillaciones, el hostigamiento laboral. Eso es lo importante para nosotros", sintetizó.
Si bien resta esperar la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, los hechos muestran un claro avance en la erradicación de las violencias no sólo en las decisiones que emiten los magistrados sino también hacia adentro de la propia Justicia: "Para el sindicato es un gran precedente y un llamado de atención para los que tienen el poder dentro de los lugares de trabajo", cierra Huenchual.
El Consejo de la Magistratura votó de forma unánime en la sesión extraordinaria en Puerto Madryn elevar a jury al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez. Se lo acusa de ejercer violencia laboral y de género de manera sistemática y a lo largo del tiempo contra empleadas del área. El pleno del Consejo elevó el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y determinó que además se pedirá la suspensión del magistrado en las funciones a raíz de la gravedad de los hechos.
El Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, podría ser sometido a un jury después de una denuncia impuesta por una trabajadora, cuyo testimonio motivó a otras mujeres a relatar los maltratos perpetrados por el magistrado. La denuncia formal fue realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), que pidió una intervención urgente ante el estado de salud mental de la denunciante. Las pruebas aportadas en el sumario demuestran la existencia de "una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como un método de gestión por parte del doctor Sánchez".
La secretaria general de SITRAJUCH, Gabriela Huenchual, expresó a El Extremo Sur que el caso marca un precedente: "En muchos lugares que están alejados del poder, que están alejados de Rawson, se dan estas situaciones y los compañeros y las compañeras la atraviesan por años y naturalizan el maltrato". Aunque habló de un cambio notable en la Justicia, advirtió que muchos todavía son reticentes a aplicar la perspectiva de género.
Las denuncias por motivos de género que logran derivar en un pedido de jury son ínfimas, aún menor el número de aquellas en las que se logra un dictamen favorable para las víctimas. Chubut tuvo un caso testigo en 2023, con el pedido de jury que se inició contra el fiscal Fernando Rivarola y fue finalmente archivado aludiendo a cuestiones administrativas de los plazos.
Los detalles del caso
El pasado 14 de octubre el pleno del Consejo de la Magistratura votó de forma unánime en la sesión extraordinaria en Puerto Madryn elevar a jury al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez. La denuncia inicial de una trabajadora judicial maltratada por Sánchez fue clave para animar a otras funcionarias a compartir sus testimonios sobre las violencias padecidas en el espacio de trabajo.
La instructora sumariante fue Lucía Pettinari. A su vez, Sánchez había sido sumariado por el defensor general, Sebastián Daroca. Se lo acusa de ejercer violencia laboral y de género de manera sistemática y a lo largo del tiempo contra empleadas del área. El pleno elevó el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y determinó que además se pedirá la suspensión del magistrado en las funciones a raíz de la gravedad de los hechos.
La denuncia ingresó el 6 de junio por un sumario abierto por Daroca contra Sánchez, que inició a partir de una denuncia impuesta por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) por maltrato y acoso laboral del asesor de familia sobre una empleada.
Tras recabar prueba testimonial de los involucrados y especialistas, Pettinari concluyó que se pudo comprobar que existió violencia y acoso laboral. Además afirma que existió "violencia y acoso por razón de género".
"Todas las conductas vejatorias descriptas fueron frecuentes, continuadas y por años, todas las personas sufrieron daños psicofísicos como consecuencia del accionar del Dr. Sánchez, todas esas conductas contrarias a las leyes, también violaron sin lugar dudas la dignidad de las personas afectadas", sostuvo Pettinari.
Agrega que "la inequidad en las cargas de trabajo en detrimento de las mujeres, la falta de organización del trabajo que ha surgido de las distintas declaraciones de los empleados y funcionarias, provocando sobre exigencia laboral en el personal de la Asesoría, demuestra la falta ética en la función del magistrado, la ausencia de decoro y probidad propia de un funcionario público". También señala que "el efecto de desprestigio profesional por el hostigamiento y maltrato psicológico generado en Paula Epifane (perjuicio relevado en su afectación subjetiva, por parte del psicólogo del SITRAJUCH Mgter. Germán Canteros) configura violencia simbólica y psicológica".
Y remarca: "no podemos dejar de soslayar los costos económicos de la violencia en los ámbitos públicos institucionales, se vislumbra que en este caso hubo erogaciones del erario público que podrían haber sido evitadas, esto se patentizó en las licencias de largo tratamiento con goce de haberes, en las reubicaciones de funcionarias en otras áreas que no requerían de ese recurso".
El sumario reconoce la violencia padecida por las trabajadoras en el marco de lo que plantea el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que reconoce el derecho de toda persona a un ámbito laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por motivos de género, que pueden constituir una violación de derechos umanos. Por otro lado, reconoce que la violencia afecta la salud psicológica, física y sexual de las personas.
Conclusión
El dictamen de Pettinari concluye que se observó por parte de Sánchez "la falta absoluta de consideración y la flagrante violación a la normativa constitucional y convencional vigente, a la Constitución de la Provincia de Chubut, a las leyes nacionales y provinciales anteriormente citadas, y los deberes que pesaban sobre el magistrado, conformando una conducta arbitraria, abusiva e irregular". Las pruebas demostraron la existencia de "una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como un método de gestión por parte del Dr. Sánchez".
Se tuvieron en cuenta los testimonios de distintas trabajadoras y funcionarias judiciales quienes afirmaron no haber denunciado los maltratos por temor y por el antecedente de que quienes lo hacían eran maltratadas, lo que prueba que "el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación", según indica el dictamen de la sumariante.
"Esta atmósfera tóxica no solo permitió que las conductas abusivas se prolongaran en el tiempo, sino que silenció a las víctimas y generó un profundo daño al servicio de justicia, desincentivando la denuncia y garantizando la impunidad del magistrado", agrega.
Por ello, arribó a la convicción de que el magistrado "ha quedado incurso en la causal de destitución: mal desempeño la Ley V Nro. 80 (art. 15 y 16)" y señala que "atendiendo al resultado lesivo de los derechos constitucionales" corresponde "declarar el mal desempeño del magistrado y remitir la causa al Tribunal de Enjuiciamiento" y solicitó al pleno que se "requiera la suspensión del magistrado en sus funciones conforme lo permite el artículo 25 de la Ley V N° 80" lo que fue votado de manera unánime.
Un jury o juicio político es el proceso mediante el cual un Tribunal de Enjuiciamiento -compuesto por un cuerpo colegiado- juzga la idoneidad de magistrados y funcionarios judiciales para ocupar sus cargos. El fallo puede resultar en la destitución del enjuiciado.
En Chubut, el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios está reglamentado por la Ley V - N° 80. Allí se establecen cinco causales para promover la acción y posterior separación del cargo: a) Mal desempeño de las funciones; b) Desconocimiento inexcusable del derecho; c) Inhabilidad psíquica o física; d) Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; e) La comisión de delitos comunes dolosos.
Se considera mal desempeño del magistrado o funcionario cuando deja de cumplir obligaciones y reglamentos que regulan sus funciones, realiza actos incompatibles o prohibidos por las distintas normativas a las que está sujeto o desobedece órdenes legítimas de sus superiores, entre otras circunstancias. La ley provincial contempla, además, la inhabilidad física o psíquica para desempeñar el cargo, que requiere de un dictamen elaborado por un conjunto de especialistas que diagnostican la inhabilidad.
La postura del sindicato
En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria general de SITRAJUCH, Gabriela Huenchual, dio detalles de la denuncia contra Hugo Sáncez y enfatizó que el pedido de jury implica "un precedente" para las y los trabajadores.
"Nosotros nos enteramos de esta situación porque la compañera se acerca a hablar con un compañero del sindicato de Esquel, explicándole que ya no aguantaba más la situación, que ya no toleraba más el maltrato del Asesor de Familia, rápidamente nos notifican y nosotros le damos intervención al área de salud laboral que tenemos en el sindicato", relató.
Tras las entrevistas, el psicólogo del sindicato advirtió que era urgente el pedido de intervención frente al malestar de la denunciante: "Ese momento es cuando la compañera decide denunciar, porque se sentía mal en su salud y además estaba cursando un embarazo de pocas semanas, para priorizar su salud y resguardarse decide hablar", precisa Huenchual. Desde el SITRAJUCH realizaron el pedido de intervención urgente a la Defensoría General, que a su vez activó el protocolo contra la violencia.
"Empezaron a entrevistar a otras compañeras profesionales, trabajadoras. Todas coincidían en el maltrato de este de este asesor, y la relación laboral la definían como muy hostil, la falta de respeto, trato despectivo, humillante, misógino era muy notable. Cuando se las entrevistaba pasaban pocos minutos y se quebraban porque habían sido víctimas de la misma situación que pasó la compañera que decidió denunciar", indica la referente gremial.
Tras el accionar de la Defensoría General se dio intervención al Consejo de la Magistratura, que luego de analizar el caso decidió de manera unánime el pedido de jury.
"Es realmente es muy lamentable porque estamos en un ámbito donde nosotros los que trabajamos dentro del Ministerio de la Defensa Pública estamos para bregar por los derechos de los de las personas vulnerables y que un asesor de familia tuviera esta actitud no se podía entender", agrega Huenchual.
Los casos que no llegan a jury
El sindicato consideró el hecho como un "precedente" para las y los trabajadores: "Es muy importante para nosotros porque del sindicato bregamos por trabajar en ambientes saludables y libre de todo tipo de violencia. Estamos muchas horas conviviendo y no tenemos por qué ver cómo maltratan a otros". Señaló que esta situación en particular "es un llamado de atención para todo aquel que tiene el poder, incluso hasta un funcionario que pueda tener estas actitudes, sabe que se tiene que tranquilizar un poco y cambiar la actitud porque no es lo más conveniente en esos tiempos".
"Para nosotros que esto haya llegado a jury es un precedente, es muy importante, porque se tienen que cuidar. En muchos lugares que están alejados del poder, que están alejados de Rawson, se dan estas situaciones, los compañeros y las compañeras la atraviesan por años y naturalizan el maltrato", expresó.
Consultada sobre otros casos de violencia con los que ha tenido contacto el sindicado, Huenchual sostuvo: "Estamos atentos en todos los lugares de trabajo para evitar toda esta situación. Lamentablemente en muchas dependencias se naturaliza tanto que es como que está bien, como ‘él es así o ella es así', porque se da tanto con hombres como con mujeres, que son violentos. Hay mujeres que también son violentas y que inclusive hasta humillan a los varones y que hemos tenido situaciones así y hemos hecho presentaciones para que esto cambie".
"Necesitamos trabajar en ambientes saludables, el estar atento permanentemente a estas situaciones está evitando que en muchos lugares los compañeros se enfermen. No es bueno que tengamos que estar permanentemente como con la lupa mirando a ver quién cómo se comportan", agregó. En este sentido, la referente también indicó que es necesario garantizar la perspectiva de género de magistrados y funcionarios judiciales.
Defensor de Trelew
Huenchual se refirió a otro precedente que tuvo una resolución hace poco: la suspensión del defensor público de Trelew, Carlos Flores Percich, a raíz de un sumario por acoso laboral tras la denuncia de una empleada de la Defensoría. El Tribunal de Enjuiciamiento decidió suspenderlo por cuatro meses sin goce de haberes y confirmar la realización del jury en su contra.
"Estuvimos 2 años atrás de ese tema hasta que la semana pasada el tribunal de juzgamiento decidió suspenderlo por 4 meses sin goce de haberes y obviamente tiene que esperar a que se le haga el juicio político. En este caso también fue una intervención del sindicato porque fue un hecho muy grave". remarca.
No han sido los únicos casos con amplia mediatización: el caso del fiscal Fernando Rivarola ha sido uno de los más resonados en los últimos años. El nombre de Rivarola comenzó a circular en medios de comunicación tras utilizar el término "desahogo sexual" en 2020 para hablar de la violación grupal en Playa Unión, expresión que le valió un vasto repudio social.
En 2023 un Tribunal de Enjuiciamiento acusó Rivarola de mal desempeño de sus funciones a raíz de dos denuncias: una impulsada por la referente provincial contra la trata, Miriam Vazquez, por omitir información relevante en un caso de distribución de material audiovisual de abuso sexual contra las infancias y otra radicada por una fiscal, por hechos de violencia laboral y de género.
A ocho meses de iniciada la causa por mal desempeño, el Tribunal decidió archivar el caso aludiendo al "vencimiento de los plazos". A pesar de las evidencias aportadas en ambos casos -que implican vulneración de derechos de las mujeres y las infancias-, la causa permanece archivada y Rivarola continúa al frente de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
Quién protege al fiscal del "desahogo sexual": archivaron la causa contra Rivarola y no habrá jury
"No es que somos denunciadores seriales del sindicato, para poder hacer una presentación, pedir una intervención, primero tenemos que tener argumentos para poder sostener esa presentación", remarca Huenchual, y señala que en ocasiones logran garantizar la resolución del caso sin llegar a jury, en las cuales "se ha podido acomodar la situación las personas, que han cambiado la actitud o están como monitoreadas para ver cómo sigue".
Cómo sigue el proceso
Tras la decisión unánime del pleno del Consejo de la Magistratura, ahora resta que se conforme el Tribunal de Enjuiciamiento, que decidirá si avanza el jury o si Sánchez es suspendido.
Para Huenchual es fundamental garantizar el bienestar de la denunciante: "La compañera que trabajaba con él en este momento está de licencia por maternidad, así que no se reintegrará por unos meses más. Pero estamos atentos a que ella a ver qué es lo que quiere hacer, si seguir trabajando en ese lugar. Lo que nosotros pedimos es que se saque al al violento del lugar, lo lleven a otra área porque si no termina pasando lo que paso siempre antes. Las víctimas de violencia terminaban buscando este otro lugar de trabajo, escapando, como si fueran culpables y el victimario quedaba como muy victorioso, como que había ganado. Estas situaciones no se pueden dar más. Tiene que ser a la inversa".
Aunque los procesos de jury no son la norma y más bien las excepciones en estos casos, Huenchul señala que la Justicia ha avanzado notablemente en materia de género: "Hay un cambio que a muchos les cuesta, son muy reticentes, pero aceptan de alguna manera que los tiempos han cambiado, el trato con la mujer debe ser otro ahora".
"Inclusive las mujeres magistradas, que hay ahí alguna involucrada en algún tema de violencia, también se están dando cuenta de que es importante no solamente capacitarse en estos temas, sino que ha sido como una advertencia para muchos y muchas que lo han tomado y están cambiando, les cuesta, pero están tratando de de que en su lugar de trabajo no haya esas situaciones de que generan a veces conflictos. También lo bueno es que los trabajadores ya no se callan más, ya no no aguantan más, no toleran el destrato, el maltrato, las humillaciones, el hostigamiento laboral. Eso es lo importante para nosotros", sintetizó.
Si bien resta esperar la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, los hechos muestran un claro avance en la erradicación de las violencias no sólo en las decisiones que emiten los magistrados sino también hacia adentro de la propia Justicia: "Para el sindicato es un gran precedente y un llamado de atención para los que tienen el poder dentro de los lugares de trabajo", cierra Huenchual.
