Entre Joe Lewis y los árabes: La pista de aterrizaje construida en tierra pública, pero en manos extranjeras privadasDesde 2008, una pista privada a orillas del Atlántico provoca sospechas, preguntas sin respuesta y una silenciosa disputa sobre la soberanía. Construido en tiempo récord y bajo un manto de discreción, el aeropuerto privado de Bahía Dorada, a 30 kilómetros al sur de Sierra Grande, Río Negro, ha sido durante más de quince años un punto ciego en el mapa estratégico argentino. Hoy, tras su venta a capitales árabes, vuelve al centro del debate público. Pero el debate llega tarde: lo esencial ya fue entregado.
En 2008, la empresa Bahía Dorada S.A., presidida por Nicolás Van Ditmar, anunció la finalización de una pista aérea privada de 2.000 metros de largo por 50 de ancho, capaz de recibir aviones de gran porte como los Boeing 737. La obra -según estimaciones no oficiales- costó unos 20 millones de dólares y se completó en solo tres meses. La velocidad de ejecución sorprendió, pero aún más lo hizo su ubicación: a menos de 1.500 metros del mar, en una zona considerada estratégica por su cercanía con las Islas Malvinas.
"Se trata de una región de seguridad de fronteras, bajo jurisdicción nacional. No puede haber decisiones unilaterales", advirtió en su momento la legisladora Magdalena Odarda.
Pese a las alertas, la Fuerza Aérea Argentina habilitó la pista como aeródromo privado. No hubo audiencia pública, ni consulta legislativa, ni informe ambiental. La pista empezó a operar de forma discreta, y casi secreta.
La falta de radares en la región y la escasa fiscalización aeroportuaria alimentaron durante años versiones sobre vuelos no registrados entre el continente y las Malvinas. Las autoridades nunca brindaron información certera sobre los itinerarios o los usos del aeródromo.
Pista para aviones
"Es un punto de entrada y salida sin control. En una zona militarmente sensible", denunciaron ex oficiales de la Fuerza Aérea.
La presencia de Joe Lewis detrás del proyecto -un empresario británico con fuerte influencia territorial en la Patagonia- agravó las sospechas. Lewis, conocido por su disputa con comunidades por el acceso al Lago Escondido, es también dueño de propiedades en Bahía Dorada. Su hombre de confianza, Van Ditmar, fue la cara visible del emprendimiento.
En 2015, legisladores del Frente para la Victoria presentaron un proyecto para declarar de uso público al aeropuerto. La iniciativa buscaba habilitar su utilización por aeronaves civiles y militares argentinas, y permitir la operación de países de UNASUR. El proyecto nunca fue tratado.
"No es aceptable que en un área estratégica opere una infraestructura clave fuera del alcance del Estado", señalaron desde la Comisión de Defensa.
En febrero de 2025, durante un debate fiscal en la Legislatura de Río Negro, estalló la bomba: el aeropuerto había sido vendido. El comprador, la empresa Manzil S.A., tiene vínculos con capitales de Emiratos Árabes Unidos. Ignacio Petrocchi Massuh, titular del 95% de las acciones, es un empresario con conexiones en el negocio energético. El 5% restante pertenece a Daniel Ortiz.
La operación no se había informado oficialmente. Ni siquiera figuraba registrada para el pago de impuestos específicos por operación aeroportuaria.
"No paga tasas por su funcionamiento como terminal aérea. Solo abona $129.000 al mes en concepto de impuesto inmobiliario", detalló el informe fiscal.
La venta reavivó la controversia. A la sombra del aeropuerto, YPF y Shell planean instalar una planta de gas natural licuado (GNL) en Punta Colorada, a pocos kilómetros del lugar. La infraestructura aérea privada podría facilitar operaciones de alto valor estratégico sin pasar por el control del Estado.
Hasta el momento, ni el gobierno provincial ni los nuevos propietarios han informado qué destino tendrá la pista. La ausencia de declaraciones oficiales alimenta la incertidumbre. ¿Será usada para vuelos comerciales? ¿Tendrá rol en el proyecto de GNL? ¿Hay acuerdos firmados que el público desconoce?
"El aeropuerto es hoy un enclave privado en un área de altísimo valor logístico, económico y geopolítico. Y está fuera del radar estatal", sintetizó un informe académico.
Desde su construcción en 2008, el aeropuerto de Bahía Dorada ha sido sinónimo de opacidad. Fue diseñado en el sigilo, operado en silencio y vendido en reserva. Su historia expone un patrón repetido en ciertas zonas de la Patagonia: infraestructura clave que escapa a la regulación democrática.
En la actualidad, sin que se conozcan mayores detalles, la pista sería propiedad de un jeque árabe, quien también tendría propiedades en la frontera con Chile.
Lo que comenzó como una pista entre médanos, hoy es una pregunta nacional.
Fuente: LU17
Desde 2008, una pista privada a orillas del Atlántico provoca sospechas, preguntas sin respuesta y una silenciosa disputa sobre la soberanía. Construido en tiempo récord y bajo un manto de discreción, el aeropuerto privado de Bahía Dorada, a 30 kilómetros al sur de Sierra Grande, Río Negro, ha sido durante más de quince años un punto ciego en el mapa estratégico argentino. Hoy, tras su venta a capitales árabes, vuelve al centro del debate público. Pero el debate llega tarde: lo esencial ya fue entregado.
En 2008, la empresa Bahía Dorada S.A., presidida por Nicolás Van Ditmar, anunció la finalización de una pista aérea privada de 2.000 metros de largo por 50 de ancho, capaz de recibir aviones de gran porte como los Boeing 737. La obra -según estimaciones no oficiales- costó unos 20 millones de dólares y se completó en solo tres meses. La velocidad de ejecución sorprendió, pero aún más lo hizo su ubicación: a menos de 1.500 metros del mar, en una zona considerada estratégica por su cercanía con las Islas Malvinas.
"Se trata de una región de seguridad de fronteras, bajo jurisdicción nacional. No puede haber decisiones unilaterales", advirtió en su momento la legisladora Magdalena Odarda.
Pese a las alertas, la Fuerza Aérea Argentina habilitó la pista como aeródromo privado. No hubo audiencia pública, ni consulta legislativa, ni informe ambiental. La pista empezó a operar de forma discreta, y casi secreta.
La falta de radares en la región y la escasa fiscalización aeroportuaria alimentaron durante años versiones sobre vuelos no registrados entre el continente y las Malvinas. Las autoridades nunca brindaron información certera sobre los itinerarios o los usos del aeródromo.
Pista para aviones
"Es un punto de entrada y salida sin control. En una zona militarmente sensible", denunciaron ex oficiales de la Fuerza Aérea.
La presencia de Joe Lewis detrás del proyecto -un empresario británico con fuerte influencia territorial en la Patagonia- agravó las sospechas. Lewis, conocido por su disputa con comunidades por el acceso al Lago Escondido, es también dueño de propiedades en Bahía Dorada. Su hombre de confianza, Van Ditmar, fue la cara visible del emprendimiento.
En 2015, legisladores del Frente para la Victoria presentaron un proyecto para declarar de uso público al aeropuerto. La iniciativa buscaba habilitar su utilización por aeronaves civiles y militares argentinas, y permitir la operación de países de UNASUR. El proyecto nunca fue tratado.
"No es aceptable que en un área estratégica opere una infraestructura clave fuera del alcance del Estado", señalaron desde la Comisión de Defensa.
En febrero de 2025, durante un debate fiscal en la Legislatura de Río Negro, estalló la bomba: el aeropuerto había sido vendido. El comprador, la empresa Manzil S.A., tiene vínculos con capitales de Emiratos Árabes Unidos. Ignacio Petrocchi Massuh, titular del 95% de las acciones, es un empresario con conexiones en el negocio energético. El 5% restante pertenece a Daniel Ortiz.
La operación no se había informado oficialmente. Ni siquiera figuraba registrada para el pago de impuestos específicos por operación aeroportuaria.
"No paga tasas por su funcionamiento como terminal aérea. Solo abona $129.000 al mes en concepto de impuesto inmobiliario", detalló el informe fiscal.
La venta reavivó la controversia. A la sombra del aeropuerto, YPF y Shell planean instalar una planta de gas natural licuado (GNL) en Punta Colorada, a pocos kilómetros del lugar. La infraestructura aérea privada podría facilitar operaciones de alto valor estratégico sin pasar por el control del Estado.
Hasta el momento, ni el gobierno provincial ni los nuevos propietarios han informado qué destino tendrá la pista. La ausencia de declaraciones oficiales alimenta la incertidumbre. ¿Será usada para vuelos comerciales? ¿Tendrá rol en el proyecto de GNL? ¿Hay acuerdos firmados que el público desconoce?
"El aeropuerto es hoy un enclave privado en un área de altísimo valor logístico, económico y geopolítico. Y está fuera del radar estatal", sintetizó un informe académico.
Desde su construcción en 2008, el aeropuerto de Bahía Dorada ha sido sinónimo de opacidad. Fue diseñado en el sigilo, operado en silencio y vendido en reserva. Su historia expone un patrón repetido en ciertas zonas de la Patagonia: infraestructura clave que escapa a la regulación democrática.
En la actualidad, sin que se conozcan mayores detalles, la pista sería propiedad de un jeque árabe, quien también tendría propiedades en la frontera con Chile.
Lo que comenzó como una pista entre médanos, hoy es una pregunta nacional.
Fuente: LU17
