Concluyó la etapa de declaraciones testimoniales y reconocimientos por la Causa 8008 donde se investigan los delitos de lesa humanidad que se produjeron en el año 1976 en Comodoro Rivadavia y el norte de Santa Cruz tras el golpe de Estado. Los testimonios finalizaron el miércoles con las declaraciones de oficiales de la Inteligencia Militar, mientras que el jueves se efectuaron los reconocimientos del centro de tortura denominado "Las Casitas" en el RI8 y se amplió el recorrido a las instalaciones de la sede de la Policía Federal y la Prefectura. Ahora es el turno de los testimonios de los imputados. El 28 de noviembre se producirán los alegatos de la Fiscalía y las defensas.
Casi 50 años después más de una veintena de víctimas, incluido el desaparecido -¿en un vuelo de la muerte comodorense?- Guillermo "Pocho" Silveira, esperan que haya justicia por los vejámenes y tormentos sufridos en el marco de plan sistemático del terrorismo de Estado; mientras que al banquillo de los acusados solamente llegaron siete militares, prefectos y policías. En diciembre se conocería el fallo del Tribunal Federal.
Etapa final: alegatos, imputados y fallo
El miércoles 27 de agosto comenzó el juicio oral por la Causa 12008008/2008 denominada "Chanfreau, Jorge Alberto y otros" -conocida como "Causa 8008"- y el jueves pasado concluyó el proceso de declaraciones de las víctimas y los testigos aportados por las defensas de los acusados.
Durante dos meses y medio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia escuchó los testimonios de más de una veintena de víctimas que sufrieron secuestros y torturas en la capital nacional del petróleo y el norte santacruceño.
La última etapa de las declaraciones de dos agentes de la Inteligencia Militar y el reconocimiento de los centros clandestinos de detención donde estuvieron alojados quienes fueron privados ilegalmente de la libertad y sufrieron el terrorismo de Estado en 1976.
Los imputados pudieron hacer uso de su derecho a declarar el viernes -tal como sucedió con el integrante del Ejército Fernando Julio Pedernera- y lo seguirían haciendo en el trascurso de esta semana; mientras que el 28 de noviembre se producirá el alegato del fiscal federal Teodoro Nürnberg y posteriormente será el turno de las defensas.
A partir de allí se abrirá la etapa de debate del Tribunal Federal conformado por los magistrados Ana María D'Alessio (Tierra del Fuego) -presidenta-, Enrique Baronetto (Comodoro Rivadavia) y Alejandro Cabral (Neuquén); quienes darían a conocer el fallo de la Causa 8008 en el mes de diciembre.
Identificación de los centros clandestinos
El jueves pasado el personal judicial concretó un nuevo reconocimiento el en RI8 con algunas de las víctimas que fueron detenidas ilegalmente durante la última dictadura militar, pero no fueron los únicos lugares se identificaron en la recorrida.
Epígrafe: El detenido y torturado Ramón Torres Molina identificó por cuarta vez el centro clandestino de detención en el RI8 de Comodoro Rivadavia.
El Tribunal Federal incluyó recorridas por la sede de la Policía Federal en Comodoro Rivadavia -localizada en avenida Rivadavia al 1183, frente donde se ubicaban por esos años de la dictadura los baños públicos- y el edificio de Prefectura Naval -ubicado en la calle Máximo Abásolo 64, en el ingreso a la zona céntrica-.
Varios de los testimonios de las víctimas dieron cuenta en las audiencias que uno de los primeros lugares de detención era el edificio de la Federal o de la Prefectura, donde inclusive en algunos casos recibieron sesiones de torturas, para posteriormente ser trasladados al RI8.
Tanto Miguel Anchordoqui como Osvaldo Stoyanoff declararon en el juicio -coincidiendo con lo expresado a El Extremo Sur- haber estado detenidos en la sede de la Prefectura y alojados en los calabozos cuyas ventanitas se encuentran a la altura de la vereda del edificio.
Anchordoqui: "Por primera vez miré a los ojos a los represores, este juicio tiene que servir para la memoria colectiva"
Mientras que Edita Rubilar y Mirta Silveira, al igual que otros testigos consultados por El Extremo Sur, señalaron en los tribunales haber pasado por la dependencia de la Federal.
Es base a las declaraciones es posible que la Justicia incorpore dos nuevos centros clandestinos de detención al ya señalizado en el RI8 de Comodoro Rivadavia.
Los imputados siguen, como desde hace dos décadas, buscando combatir los señalamientos que confirmaron la existencia del CCD "Las Casitas" y ponen en duda las declaraciones de decenas de víctimas.
"Pocho" Silveira, el desaparecido
Una de las piezas claves en este juicio es el secuestro y desaparición de Guillermo "Pocho" Silveira, el joven comodorense que fue detenido el 2 de julio de 1976 en la ciudad de La Plata y los testigos indican que fue trasladado a Comodoro Rivadavia.
Placa recordatoria a Guillermo Silveira ubicada en el edificio de la Escuela 749 (ex ENET N° 1). Foto de Florencia Barrionuevo.
Los testimonios de varios testigos que pasaron en diferentes momentos por la Causa 8008 indicaron haber escuchado a Silveira en el centro clandestino de detención del RI8 y que allí habría recibido sesiones de tortura que terminaron con su muerte.
Placa recordatoria a Guillermo Silveira ubicada en el edificio de la Escuela 749 (ex ENET N° 1). Foto de Florencia Barrionuevo.
Algunas de las víctimas alojadas en el RI8 aseguran haberlo escuchado decir que sus hermanos (Mirta y Adolfo) también detenidos no tenían nada que ver y exigía que los dejaran ir; mientras que otros protagonistas no lo escucharon, pero si oyeron gritar a los carceleros o los torturadores que se le "iba".
Ese concepto de "irse" puede referirse a dos situaciones. Una estrictamente vinculada a las sesiones de tortura donde el exceso de picana y golpes pusieron al borde la muerte al joven. La otra explicitada por los carceleros indicaba que había intentado escapar y fue recapturado.
Su hermana Mirta relató que durante el episodio acontecido en el cautiverio los captores le manifestaron que lo habían herido al pretender huir y que luego habría sido trasladado al Hospital Regional por las heridas provocadas.
En su momento la Fiscalía desbarató la hipótesis de la huida con sólidos argumentos, inclinándose por el asesinato y posterior desaparición del cuerpo que aún 49 años después no fue encontrado y los militares involucrados no brindaron ningún tipo de información al respecto.
Al igual de lo que vienen haciendo con el centro clandestino de detención del RI8, los imputados niegan la presencia y desaparición de "Pocho" Silveira en los sucesos que se investigan; pero en paralelo no aportan ninguna prueba que permita dilucidar el paradero o la ubicación del cuerpo.
Con el mismo cinismo que expresó en conferencia de prensa el dictador Jorge Rafael Videla durante 1979, los imputados de la Causa 8008 enarbolan la misma premisa: "Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está... ni muerto ni vivo, está desaparecido".
El pacto de silencio entre los militares involucrados sigue vigente y perdura desde los años en que derrocaron un gobierno constitucional para apoderarse del Estado llevando adelante un plan sistemático de aniquilación de lo que denominaron la "subversión".
¿Vuelo de la muerte?
El cadáver de "Pocho" no fue encontrado entre los NN de los cementerios locales, ni tampoco en el lugar de su detención platense. Mirta especula que el cuerpo de su hermano pudo haber sido tirado al mar, en un por ahora no comprobado vuelo de la muerte comodorense.
"Yo creo que no lo vamos a encontrar. Supuestamente, lo tiraron al mar", sentenció Mirta en declaraciones al diario El Patagónico en el año 2008.
El de Silveira es uno de los 28 casos de los detenidos desaparecidos en Chubut que integran el listado que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
"Pocho", al que la Inteligencia Militar aseguró que utilizaba el nombre de guerra de "Pepe" en la agrupación Montoneros, era militante de la Juventud Peronista (JP) en la década del '70 y las fuentes consultadas por El Extremo Sur aseguran que se trataba de un "dirigente" con "grandes cualidades políticas".
Varios de sus compañeros o quienes lo conocieron expresaron que Guillermo tenía un fuerte involucramiento social y transformador de la realidad utilizando sus conocimientos de ingeniería, carrera que cursaba en la Universidad de La Plata, para encontrar soluciones para los vecinos de los barrios más humildes de Comodoro Rivadavia.
Juicio en Comodoro y condenas por lesa humanidad
Entrando en su etapa final, el juicio por la Causa 8008 debió sentar como mínimo en el banquillo de los acusados a 16 jefe militares y policías; pero el paso del tiempo junto a las leyes de Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos hicieron que el avance de las causas que investigaban el terrorismo de Estado se fueran demorando.
A 49 años de los acontecimientos por la causa que se tramita actualmente en el TOF de Comodoro Rivadavia solamente llegarán a juicio 7 acusados. Los imputados que deben rendir cuentas son Fernando Julio Pedernera (Ejército), Eduardo Alberto Rodríguez (Ejército), Carlos María Gómez Coll (Prefectura) y Alfredo Pablo Lisseri (Prefectura).
En tanto que se suman Mario Enrique Pérez (Policía de Santa Cruz), Francisco Olegario Sevilla (Policía Santa Cruz), Rafael Augusto Manuelides (Policía de Santa Cruz).
Los demás acusados que escaparon de la condena judicial por fallecimiento fueron Jorge Alberto Chanfreau (Ejército), Roberto Francisco Blumetti (Policía de Santa Cruz), Carlos Daniel Moreno (Policía Federal), José Mercedes Muñoz (Policía de Santa Cruz) y Carlos Alberto Seguel Páez (Policía de Santa Cruz).
A René Bartolomé (Ejército) se le declaró incapaz de declarar por su estado de salud; en tanto que el caso del fallecido acusado Italo César Pasquini (Ejército) no fue elevado a juicio.
En todo el país y hasta mediados de septiembre de este año se llevaron a cabo juicios por delitos de lesa humanidad contra 3.873 personas y solamente 1.202 tuvieron sus respectivas condenas, según dio a conocer la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Un total de 1.245 acusados fallecieron con el paso del tiempo, registrando una cantidad mayor de fallecidos que se condenados y 212 acusados fueron absueltos.
El 45% (1.750) acusados han fallecido; el 40% (1.551) se encuentran en libertad; apenas el 14% (539) están detenidos y aún hoy un total de 33 (1%) responsables del terrorismo de Estado figuran en calidad de prófugos.
De las 706 causas iniciadas por delitos de lesa humanidad solamente el 50% (353) han tenido sentencia a casi 50 años del golpe cívico-militar de 1976. En tanto que el 40% (280 causas) se encuentran en etapa de instrucción, el 8% (60 en etapa de elevación a juicio) y 2% (13) atraviesan actualmente el juicio.
La Causa 8008 se encuentra dentro de ese 2% que menciona la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y por ejemplo la Causa 500 (denominada "STEDING, Jorge Osvaldo; BARCK, Raúl; ABRAHAM, Juan Carlos; GARCIA, Luis Eduardo sobre privación ilegal de la libertad -lesa humanidad-. Denunciante: KUNKEL, Carlos Miguel - Querellante: FRANGANILLO, Luis Eduardo") -que fue la originaria de donde se desprendió la Causa 8008- aún atraviesa la etapa del requerimiento de elevación a juicio a pesar de haberse iniciado en el año 1980.
Vale recordar que muchas de las denuncias efectuadas por las víctimas se las realizaron al juez federal de Rawson Omar Delfor Garzonio durante la dictadura, pero las mismas fueron ignoradas u omitidas por el magistrado que cumplió un claro rol de "colaboracionista" con el último proceso militar.
En Comodoro Rivadavia restan escucharse los alegatos de la Fiscalía, que se concretaría el próximo 28 de noviembre, y las defensas; mientras que el Tribunal Oral Federal daría a conocer en el mes de diciembre el fallo por los delitos de lesa humanidad cometidos hace casi cinco décadas atrás.
La pregunta merodea los tribunales, la vida de las víctimas y sus familiares, el entramado social comodorense y las unidades militares o de las fuerzas de seguridad: ¿habrá justicia?
