Los gobernadores relativizan la reforma laboral de MileiLos gobernadores provinciales coinciden en que la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei no provocará cambios estructurales en el sistema de empleo argentino, sino que busca funcionar como un gesto político hacia los mercados y los organismos internacionales.
En los despachos provinciales interpretan que el verdadero interés de la Casa Rosada es demostrar que el Presidente cuenta con respaldo político suficiente para aprobar una reforma de este tipo en el Congreso, algo que consideran una señal clave para garantizar la viabilidad de su proyecto. Según fuentes políticas, tanto el Fondo Monetario Internacional como Estados Unidos habrían pedido a Milei mostrar capacidad de consenso interno para sostener su programa económico.
Conscientes de ese trasfondo, los mandatarios dejaron de referirse al paquete oficial como una "reforma laboral" y adoptaron el término "modernización" laboral, en un intento de reducir el peso simbólico y el costo político del debate.
En el ámbito empresarial también sorprende la falta de participación en la elaboración del proyecto. "No la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes", señalaron desde Córdoba, en alusión a los grandes grupos económicos, que se mantienen al margen. La iniciativa se estaría gestando principalmente en el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Julio Cordero y Miguel Punte.
Para otorgarle legitimidad, el Gobierno prevé que la presentación formal se realice a mediados de diciembre en el Congreso, a través del Consejo de Mayo, un organismo impulsado por el propio Milei que, en teoría, reúne a representantes de todos los sectores. Su presidente, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, actúa como delegado de los mandatarios provinciales; Gerardo Martínez, de la UOCRA, representa a la CGT; y Martín Rapallini, de la UIA, a los empresarios industriales.
Sin embargo, tanto entre los gobernadores como dentro del denominado Círculo Rojo inquieta la falta de una negociación más profunda, acorde a una reforma que, si fuera realmente estructural, debería implicar amplios acuerdos.
"Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional", admitió a LPO una fuente cercana a un gobernador. Esa percepción refuerza la idea de que el proyecto, aún sin detalles concretos, no introducirá transformaciones de fondo ni generará un impacto real en la creación de empleo.
Con información de LPO
Los gobernadores provinciales coinciden en que la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei no provocará cambios estructurales en el sistema de empleo argentino, sino que busca funcionar como un gesto político hacia los mercados y los organismos internacionales.
En los despachos provinciales interpretan que el verdadero interés de la Casa Rosada es demostrar que el Presidente cuenta con respaldo político suficiente para aprobar una reforma de este tipo en el Congreso, algo que consideran una señal clave para garantizar la viabilidad de su proyecto. Según fuentes políticas, tanto el Fondo Monetario Internacional como Estados Unidos habrían pedido a Milei mostrar capacidad de consenso interno para sostener su programa económico.
Conscientes de ese trasfondo, los mandatarios dejaron de referirse al paquete oficial como una "reforma laboral" y adoptaron el término "modernización" laboral, en un intento de reducir el peso simbólico y el costo político del debate.
En el ámbito empresarial también sorprende la falta de participación en la elaboración del proyecto. "No la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes", señalaron desde Córdoba, en alusión a los grandes grupos económicos, que se mantienen al margen. La iniciativa se estaría gestando principalmente en el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Julio Cordero y Miguel Punte.
Para otorgarle legitimidad, el Gobierno prevé que la presentación formal se realice a mediados de diciembre en el Congreso, a través del Consejo de Mayo, un organismo impulsado por el propio Milei que, en teoría, reúne a representantes de todos los sectores. Su presidente, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, actúa como delegado de los mandatarios provinciales; Gerardo Martínez, de la UOCRA, representa a la CGT; y Martín Rapallini, de la UIA, a los empresarios industriales.
Sin embargo, tanto entre los gobernadores como dentro del denominado Círculo Rojo inquieta la falta de una negociación más profunda, acorde a una reforma que, si fuera realmente estructural, debería implicar amplios acuerdos.
"Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional", admitió a LPO una fuente cercana a un gobernador. Esa percepción refuerza la idea de que el proyecto, aún sin detalles concretos, no introducirá transformaciones de fondo ni generará un impacto real en la creación de empleo.
Con información de LPO
