Universidades resisten el ajuste actual y ven un futuro negro: "Hay que endurecer la lucha y poner en ejecución la Ley de Financiamiento" Sin respuestas por parte del Gobierno nacional, esta semana los gremios universitarios convocaron a un paro de 72 horas en las casas de estudio de todo el país. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura de la paritaria salarial. De cara a un Presupuesto 2026, que profundiza el ajuste, remarcan la urgencia de garantizar las partidas necesarias para el normal funcionamiento de las universidades, que comprende obras de infraestructura, becas estudiantiles y salarios de los trabajadores. Gloria Herrera, secretaria General de ADU, se refirió a la importante deserción de estudiantes y docentes en las universidades, síntoma concreto de un presupuesto insuficiente. Adelantó que, en el marco de lo propuesto por el Gobierno para el Presupuesto 2026, el año próximo "estaríamos en peores condiciones".
Ley de Financiamiento, clave para funcionar
A pesar de los reclamos de la comunidad universitaria, el Gobierno nacional aún no da respuestas. La principal demanda es la actualización presupuestaria, ya que hoy las universidades nacionales funcionan con un presupuesto reconducido desde 2023, lo que impacta en programas de bienestar estudiantil, obras de infraestructura, desarrollo científico y salarios docentes.
Según cálculos de la Asociación Civil por la Justicia, el presupuesto universitario para el 2026 se mantiene prácticamente sin modificaciones respecto al año anterior. Considerando la inflación proyectada para el próximo año y las partidas que propone el Gobierno, implicaría un aumento del 0,8%, aunque acumula un descenso del 2% en el último año.
El Presupuesto 2026 contempla 4.8 billones de pesos para las universidades públicas, un número mayor a los 3.8 billones establecidos para el 2025 (que tuvo un aumento eventual de partidas ante los reclamos del sector), pero todavía muy lejos de los 7.3 billones que había solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el funcionamiento normal del sistema.
En este sentido, la Ley de Financiamiento Universitario estipula la inversión paulatina en educación universitaria, adecuando los montos de becas, obras y salarios a los índices de inflación. Proyecta, además, un aumento progresivo del presupuesto destinado a educación que deberá incrementarse progresivamente hasta alcanzar en 2031 un mínimo de participación del 1,5% del PBI presupuestado en cada año.
El año pasado se debatió un primer proyecto de ley pero no logró sortear el veto presidencial. El 28 de mayo de este año, el CIN presentó un nuevo proyecto que logró su aprobación en ambas Cámaras. El 10 de septiembre Javier Milei anunció el veto de esta ley junto a la de Emergencia Pediátrica, argumentando que generaban un "desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad económica".
Sin embargo, ambos proyectos lograron reunir las mayorías en cada cámara para revertir el veto. Es decir, se convierten en ley. El problema es que, tal y como advirtieron los gremios, el Presidente frenó la aplicación de la ley con la misma estrategia que utilizó para la Emergencia Pediátrica: promulgó la normativa pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
Tras una reunión extraordinaria, el Plenario de Rectoras y Rectores del CIN acordó por unanimidad la presentación de un recurso en la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
"Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", expresó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci. Según el decano anfitrión del encuentro, Leandro Vergara, la suspensión de la ley "viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos".
Además de la acción judicial, los representantes de las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras un plenario de secretarias y secretarios generales, Conadu definió por mayoría la convocatoria al paro de 72 horas para este miércoles, jueves y viernes, luego de una consulta nacional que involucró a la comunidad universitaria de todo el país.
"Fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias", señaló el comunicado de la entidad.
El 2026, en peores condiciones
Gloria Herrera, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), subrayó que el reclamo central es la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, "que está aprobada y fue el esfuerzo de la lucha desde hace dos años prácticamente, desde que asumió este gobierno en diciembre del 2023". La secretaria recordó que la lucha empezó a finales de enero del 2023, a días de iniciar el cuatrimestre, y se prolonga hasta la fecha.
"Se nos informó que ambas CTA presentaron ya un documento legal para hacer el reclamo por la ejecución y reglamentación de la ley", adelantó, aunque advirtió que informalmente la respuesta del Gobierno es que no se va a ejecutar. "El Gobierno dice que no existe forma de resguardar todos los presupuestos, que no hay plata. Sin embargo, estamos diciendo que el dinero existe, no es que no haya, lo que sucede es que no hay para los trabajadores, que es otro tema", expresó.
A la par de la medida gremial, Herrera explicó que desde los gremios lanzaron una encuesta a nivel nacional para docentes universitarios afiliados y no afiliados para acordar medidas de lucha para el último tramo del ciclo lectivo, en el que la mayoría de las universidades toman exámenes finales. "En ese camino vamos, de reclamo y de seguir la lucha", subrayó.
Herrera también recordó que las universidades funcionan con un presupuesto prorrogado desde el 2023: "Indudablemente que cualquiera con un poco de criterio sabe lo que han aumentado las cosas del 2023 a ahora", señala, lo que se traduce en una pérdida salarial del 43%.
"Indudablemente hay algo que no está bien, no está funcionando. Nosotros tenemos ahora una propuesta, entre comillas, del Gobierno de inclusive bajar ese presupuesto resignado al año 2023. O sea que no estaríamos en las mismas condiciones, estaríamos en peores condiciones", advirtió.
Salarios de pobreza y sin paritarias
Uno de los ejes de la lucha es la recomposición salarial y la apertura a una discusión paritaria. "El Gobierno reconoce la deuda, nos estaría adeudando alrededor del 43% de nuestro salario", remarcó Herrera, "pero dice que no lo va a pagar".
"Yo recuerdo épocas de otros gobiernos, inclusive de gobiernos que entendían la necesidad de los trabajadores, que estaban más cercanos a las necesidades del pueblo, aún a esos gobiernos les hacíamos paro, hacíamos reclamos porque nos parecía que el 20% era poco, que nos parecía que el 25% era poco, pero siempre fueron dos dígitos. Y teníamos paritarias, nos sentábamos a negociar", indicó. Por el momento, el Gobierno de Javier Milei no ha convocado a paritarias, y se ha limitado a otorgar aumentos ínfimos de manera unilateral.
"Íbamos a la asamblea, discutíamos. Siempre fue así. Pero con este gobierno directamente no existen las paritarias, te informan ‘va a haber un 1%'. Una miseria. Uno piensa que no es posible, pero sí, es posible; es posible hasta que te digan que no va a haber más aumentos. Lo dijimos a principios del 2024 y no nos creían. Acá el tema es que nos quieren quitar la universidad pública, quieren arancelar la universidad y decían, ‘no, eso no va a ser posible'. Bueno, acá estamos", agrega la referente.
Con un desfase que supera el 40%, los montos de los salarios básicos de la docencia universitaria difícilmente superan la línea de pobreza, que en la Patagonia supera con creces el millón de pesos.
Deserción de estudiantes y docentes
Además de la cuestión salarial, Herrera habló de "problemas reales y concretos", entre los que citó la paralización de los valores de las becas estudiantiles: "Las becas Progresar siguen estando 35.000 pesos. Se bajó a casi más del 50% la cantidad de becas que se pagaban. Hoy 35.000 pesos para los chicos de cualquier universidad no les alcanza, para estudiantes de las universidades del norte no les alcanza, pero menos a los nuestros aquí en la Patagonia".
Dijo que, según cálculos de la Universidad de la Plata, un estudiante necesita entre 300 mil y 800 mil pesos para poder asistir a la Universidad: "Acá en la Patagonia un estudiante necesita más de un millón de pesos para venir a cursar y el Gobierno les da una beca de 35 mil. Es irrisorio, creo que no alcanza ni para las fotocopias del mes".
En este sentido, se refirió a los obstáculos que enfrentan los estudiantes a la hora de sostener sus trayectorias académicas: "Hay exigencias que son difíciles de entender desde el lugar de lo que un estudiante puede hacer realmente y una familia puede hacer realmente. Te dicen que en la Universidad hay estudiantes que una carrera de 5 años la hacen en 8, pero porque son pibes que tienen que laburar, no pueden estar todo el tiempo dentro de la Universidad como lo exige el plan de estudios y sus horarios".
"Si vos estudiás, elegís qué materias cursar por año, cuántas cursadas vas a completar en qué tiempo. Y eso no es mágico, requiere esfuerzo, dedicación y requiere tiempo. Los pibes que estudian y tienen una familia, trabajan, ¿qué van a hacer? Nosotros tenemos estudiantes que tienen dos trabajos y además estudian. Al año por ahí son 6 materias y solo puede cursar 2. Así van avanzando, pero avanzan. No es que se fueron de la universidad y nunca más volvieron", agregó, aunque advirtió que también hay casos de deserción estudiantil y docente.
Se estima que en los últimos dos años hubo un éxodo de unos 10 mil docentes en las universidades nacionales de todo el país. Herrera señaló que en la UNPSJB este fenómeno "no se está dando tan agresivamente", pero "venimos viendo, y no es de ahora, que nuestros docentes buscan alternativas". Alternativas que generalmente tienen que ver con bajar la dedicación en la Universidad para complementar con otro empleo.
"Están buscando alternativas. Esa es una realidad concreta, no es que nos parezca o que es una percepción mía, es una realidad. Sucede con nuestros docentes, hay gente que no la quiere ver y mira para otro lado", enfatizó.
Medidas de fuerza para el fin del cuatrimestre
En medio del ajuste, se han masificado discursos estigmatizantes contra las instituciones públicas como las universidades, en ocasiones promovidos por el propio Gobierno nacional. "En nuestra sociedad el discurso de odio existe", enfatizó Herrera, refiriéndose a las narrativas que circulan en contra de la comunidad universitaria.
"El discurso este que dice ‘son unos vagos, que vayan a trabajar'. ¿Y qué creen que hacemos nosotros en la universidad? ¿Y las auditorías? Claro que nos auditan. ¿Qué encontraron en las universidades? Nada. No encontraron nada, porque si no ya hubiésemos sido tapa a nivel mundial. Las auditorías son prolijas, se realizan, están bien registradas", indicó. También se refirió a la idea del adoctrinamiento, un argumento frecuentemente utilizado por el sector libertario. Herrera recordó que desde 1918 está vigente la libertad de cátedra: "es un derecho que se logró con lucha y con conquista y sin embargo se siguen planteando estas cuestiones".
"Esta es la cruda realidad hoy", resumió Herrera, y adelantó que se debatirá la posibilidad de no tomar exámenes en diciembre como medida de fuerza. "Entendemos que es una medida fuerte, es una medida dura que involucra a estudiantes, siempre estuvimos, estamos y seguiremos estando junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA), pero también ellos entienden que hay que poner lo que hay que poner en este este momento, que no es una medida en contra de los estudiantes o que los va a perjudicar a ellos porque sabemos, eso también está claro, que si a un estudiante le queda una materia para recibirse, aunque tengamos esta medida de fuerza, le tomamos los exámenes y se reciben", detalló.
De cara al fin del cuatrimestre y sin certezas por parte del Gobierno, los gremios evaluarán las medidas de fuerza para las próximas semanas. "No nos quedan muchas más alternativas. La gran alternativa va a seguir siendo endurecer la lucha. Es el camino, si no retrocedemos y no se puede retroceder. Hay que poner en ejecución la Ley de Financiamiento Universitario", finalizó Herrera.
Sin respuestas por parte del Gobierno nacional, esta semana los gremios universitarios convocaron a un paro de 72 horas en las casas de estudio de todo el país. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura de la paritaria salarial. De cara a un Presupuesto 2026, que profundiza el ajuste, remarcan la urgencia de garantizar las partidas necesarias para el normal funcionamiento de las universidades, que comprende obras de infraestructura, becas estudiantiles y salarios de los trabajadores. Gloria Herrera, secretaria General de ADU, se refirió a la importante deserción de estudiantes y docentes en las universidades, síntoma concreto de un presupuesto insuficiente. Adelantó que, en el marco de lo propuesto por el Gobierno para el Presupuesto 2026, el año próximo "estaríamos en peores condiciones".
Ley de Financiamiento, clave para funcionar
A pesar de los reclamos de la comunidad universitaria, el Gobierno nacional aún no da respuestas. La principal demanda es la actualización presupuestaria, ya que hoy las universidades nacionales funcionan con un presupuesto reconducido desde 2023, lo que impacta en programas de bienestar estudiantil, obras de infraestructura, desarrollo científico y salarios docentes.
Según cálculos de la Asociación Civil por la Justicia, el presupuesto universitario para el 2026 se mantiene prácticamente sin modificaciones respecto al año anterior. Considerando la inflación proyectada para el próximo año y las partidas que propone el Gobierno, implicaría un aumento del 0,8%, aunque acumula un descenso del 2% en el último año.
El Presupuesto 2026 contempla 4.8 billones de pesos para las universidades públicas, un número mayor a los 3.8 billones establecidos para el 2025 (que tuvo un aumento eventual de partidas ante los reclamos del sector), pero todavía muy lejos de los 7.3 billones que había solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el funcionamiento normal del sistema.
En este sentido, la Ley de Financiamiento Universitario estipula la inversión paulatina en educación universitaria, adecuando los montos de becas, obras y salarios a los índices de inflación. Proyecta, además, un aumento progresivo del presupuesto destinado a educación que deberá incrementarse progresivamente hasta alcanzar en 2031 un mínimo de participación del 1,5% del PBI presupuestado en cada año.
El año pasado se debatió un primer proyecto de ley pero no logró sortear el veto presidencial. El 28 de mayo de este año, el CIN presentó un nuevo proyecto que logró su aprobación en ambas Cámaras. El 10 de septiembre Javier Milei anunció el veto de esta ley junto a la de Emergencia Pediátrica, argumentando que generaban un "desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad económica".
Sin embargo, ambos proyectos lograron reunir las mayorías en cada cámara para revertir el veto. Es decir, se convierten en ley. El problema es que, tal y como advirtieron los gremios, el Presidente frenó la aplicación de la ley con la misma estrategia que utilizó para la Emergencia Pediátrica: promulgó la normativa pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
Tras una reunión extraordinaria, el Plenario de Rectoras y Rectores del CIN acordó por unanimidad la presentación de un recurso en la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
"Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", expresó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci. Según el decano anfitrión del encuentro, Leandro Vergara, la suspensión de la ley "viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos".
Además de la acción judicial, los representantes de las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras un plenario de secretarias y secretarios generales, Conadu definió por mayoría la convocatoria al paro de 72 horas para este miércoles, jueves y viernes, luego de una consulta nacional que involucró a la comunidad universitaria de todo el país.
"Fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias", señaló el comunicado de la entidad.
El 2026, en peores condiciones
Gloria Herrera, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), subrayó que el reclamo central es la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, "que está aprobada y fue el esfuerzo de la lucha desde hace dos años prácticamente, desde que asumió este gobierno en diciembre del 2023". La secretaria recordó que la lucha empezó a finales de enero del 2023, a días de iniciar el cuatrimestre, y se prolonga hasta la fecha.
"Se nos informó que ambas CTA presentaron ya un documento legal para hacer el reclamo por la ejecución y reglamentación de la ley", adelantó, aunque advirtió que informalmente la respuesta del Gobierno es que no se va a ejecutar. "El Gobierno dice que no existe forma de resguardar todos los presupuestos, que no hay plata. Sin embargo, estamos diciendo que el dinero existe, no es que no haya, lo que sucede es que no hay para los trabajadores, que es otro tema", expresó.
A la par de la medida gremial, Herrera explicó que desde los gremios lanzaron una encuesta a nivel nacional para docentes universitarios afiliados y no afiliados para acordar medidas de lucha para el último tramo del ciclo lectivo, en el que la mayoría de las universidades toman exámenes finales. "En ese camino vamos, de reclamo y de seguir la lucha", subrayó.
Herrera también recordó que las universidades funcionan con un presupuesto prorrogado desde el 2023: "Indudablemente que cualquiera con un poco de criterio sabe lo que han aumentado las cosas del 2023 a ahora", señala, lo que se traduce en una pérdida salarial del 43%.
"Indudablemente hay algo que no está bien, no está funcionando. Nosotros tenemos ahora una propuesta, entre comillas, del Gobierno de inclusive bajar ese presupuesto resignado al año 2023. O sea que no estaríamos en las mismas condiciones, estaríamos en peores condiciones", advirtió.
Salarios de pobreza y sin paritarias
Uno de los ejes de la lucha es la recomposición salarial y la apertura a una discusión paritaria. "El Gobierno reconoce la deuda, nos estaría adeudando alrededor del 43% de nuestro salario", remarcó Herrera, "pero dice que no lo va a pagar".
"Yo recuerdo épocas de otros gobiernos, inclusive de gobiernos que entendían la necesidad de los trabajadores, que estaban más cercanos a las necesidades del pueblo, aún a esos gobiernos les hacíamos paro, hacíamos reclamos porque nos parecía que el 20% era poco, que nos parecía que el 25% era poco, pero siempre fueron dos dígitos. Y teníamos paritarias, nos sentábamos a negociar", indicó. Por el momento, el Gobierno de Javier Milei no ha convocado a paritarias, y se ha limitado a otorgar aumentos ínfimos de manera unilateral.
"Íbamos a la asamblea, discutíamos. Siempre fue así. Pero con este gobierno directamente no existen las paritarias, te informan ‘va a haber un 1%'. Una miseria. Uno piensa que no es posible, pero sí, es posible; es posible hasta que te digan que no va a haber más aumentos. Lo dijimos a principios del 2024 y no nos creían. Acá el tema es que nos quieren quitar la universidad pública, quieren arancelar la universidad y decían, ‘no, eso no va a ser posible'. Bueno, acá estamos", agrega la referente.
Con un desfase que supera el 40%, los montos de los salarios básicos de la docencia universitaria difícilmente superan la línea de pobreza, que en la Patagonia supera con creces el millón de pesos.
Deserción de estudiantes y docentes
Además de la cuestión salarial, Herrera habló de "problemas reales y concretos", entre los que citó la paralización de los valores de las becas estudiantiles: "Las becas Progresar siguen estando 35.000 pesos. Se bajó a casi más del 50% la cantidad de becas que se pagaban. Hoy 35.000 pesos para los chicos de cualquier universidad no les alcanza, para estudiantes de las universidades del norte no les alcanza, pero menos a los nuestros aquí en la Patagonia".
Dijo que, según cálculos de la Universidad de la Plata, un estudiante necesita entre 300 mil y 800 mil pesos para poder asistir a la Universidad: "Acá en la Patagonia un estudiante necesita más de un millón de pesos para venir a cursar y el Gobierno les da una beca de 35 mil. Es irrisorio, creo que no alcanza ni para las fotocopias del mes".
En este sentido, se refirió a los obstáculos que enfrentan los estudiantes a la hora de sostener sus trayectorias académicas: "Hay exigencias que son difíciles de entender desde el lugar de lo que un estudiante puede hacer realmente y una familia puede hacer realmente. Te dicen que en la Universidad hay estudiantes que una carrera de 5 años la hacen en 8, pero porque son pibes que tienen que laburar, no pueden estar todo el tiempo dentro de la Universidad como lo exige el plan de estudios y sus horarios".
"Si vos estudiás, elegís qué materias cursar por año, cuántas cursadas vas a completar en qué tiempo. Y eso no es mágico, requiere esfuerzo, dedicación y requiere tiempo. Los pibes que estudian y tienen una familia, trabajan, ¿qué van a hacer? Nosotros tenemos estudiantes que tienen dos trabajos y además estudian. Al año por ahí son 6 materias y solo puede cursar 2. Así van avanzando, pero avanzan. No es que se fueron de la universidad y nunca más volvieron", agregó, aunque advirtió que también hay casos de deserción estudiantil y docente.
Se estima que en los últimos dos años hubo un éxodo de unos 10 mil docentes en las universidades nacionales de todo el país. Herrera señaló que en la UNPSJB este fenómeno "no se está dando tan agresivamente", pero "venimos viendo, y no es de ahora, que nuestros docentes buscan alternativas". Alternativas que generalmente tienen que ver con bajar la dedicación en la Universidad para complementar con otro empleo.
"Están buscando alternativas. Esa es una realidad concreta, no es que nos parezca o que es una percepción mía, es una realidad. Sucede con nuestros docentes, hay gente que no la quiere ver y mira para otro lado", enfatizó.
Medidas de fuerza para el fin del cuatrimestre
En medio del ajuste, se han masificado discursos estigmatizantes contra las instituciones públicas como las universidades, en ocasiones promovidos por el propio Gobierno nacional. "En nuestra sociedad el discurso de odio existe", enfatizó Herrera, refiriéndose a las narrativas que circulan en contra de la comunidad universitaria.
"El discurso este que dice ‘son unos vagos, que vayan a trabajar'. ¿Y qué creen que hacemos nosotros en la universidad? ¿Y las auditorías? Claro que nos auditan. ¿Qué encontraron en las universidades? Nada. No encontraron nada, porque si no ya hubiésemos sido tapa a nivel mundial. Las auditorías son prolijas, se realizan, están bien registradas", indicó. También se refirió a la idea del adoctrinamiento, un argumento frecuentemente utilizado por el sector libertario. Herrera recordó que desde 1918 está vigente la libertad de cátedra: "es un derecho que se logró con lucha y con conquista y sin embargo se siguen planteando estas cuestiones".
"Esta es la cruda realidad hoy", resumió Herrera, y adelantó que se debatirá la posibilidad de no tomar exámenes en diciembre como medida de fuerza. "Entendemos que es una medida fuerte, es una medida dura que involucra a estudiantes, siempre estuvimos, estamos y seguiremos estando junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA), pero también ellos entienden que hay que poner lo que hay que poner en este este momento, que no es una medida en contra de los estudiantes o que los va a perjudicar a ellos porque sabemos, eso también está claro, que si a un estudiante le queda una materia para recibirse, aunque tengamos esta medida de fuerza, le tomamos los exámenes y se reciben", detalló.
De cara al fin del cuatrimestre y sin certezas por parte del Gobierno, los gremios evaluarán las medidas de fuerza para las próximas semanas. "No nos quedan muchas más alternativas. La gran alternativa va a seguir siendo endurecer la lucha. Es el camino, si no retrocedemos y no se puede retroceder. Hay que poner en ejecución la Ley de Financiamiento Universitario", finalizó Herrera.
