El 31 de octubre finalizó el juicio por el asesinato de Alejandro "Tino" John: un jurado popular de Esquel encontró "no culpables" a Luis Américo Moggiano, Cristian Soto y Omar Martínez, los tres policías que participaron del operativo del 27 de mayo del 2021 en Las Golondrinas. El caso puso de manifiesto una cadena de acción y omisión de los funcionarios judiciales así como la falta de implementación de protocolos de salud mental en las Fuerzas de Seguridad. El Extremo Sur dialogó con Miguel Wisky, abogado de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH), que fue querellante en el juicio. El especialista resaltó la gravedad institucional que reviste la muerte del vecino, que deja un precedente a nivel provincial y nacional; y subrayó el rol de Claudia Costa, la pareja de Tino, quien "sacó de la tumba el expediente" porque "estaba prácticamente para archivar".
El abogado de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH), Miguel Wisky, trazó un paralelismo entre el asesinato de Alejando "Tino" John con la muerte de Santiago Maldonado, y resaltó: "Estamos en riesgo los ciudadanos ante organizaciones mal capacitadas con órdenes dadas en el gallo de medianoche", al tiempo que subrayó que en el caso de Tino "no hubo un actuar diligente de parte del Poder Judicial como tampoco del GEOP; fue una cuestión de arrebato".
Miguel Wisky, abogado de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Por otro lado, apuntó contra la falencia de la división de poderes y la intervención de la política en el Poder Judicial. Lo ejemplificó con el cambio de jurisdicción que se produjo en la mitad del proceso: "El juicio que tendría que haberse llevado acá en Lago Puelo fue hecho en Esquel, porque ellos alegaban que en esta zona la gente estaba muy prevenida y que de pronto eso les iba impedir la imparcialidad que tienen que tener un jurado, cosa que no es real pero todas estas cuestiones tienen que ver con decisiones políticas".
Exhortó al poder político y judicial a analizar el caso: "La consecuencia que tenemos es que a nosotros nos queda como un registro histórico que se ultimó a un vecino que tenía una dolencia mental por negligencia del Estado, y el Estado tiene que tomar debida nota para que esta tragedia no se reitere".
¿Cómo analizás el debate que se desarrolló durante las jornadas del juicio y, especialmente, el resultado al que arribó el jurado?
La opinión que tengo respecto de esto es que en realidad las cosas suceden porque hay una cadena de acontecimientos del orden institucional que no funcionaron y que finalmente ocurre, porque en el juicio lo más gravitacional, lo que nos tiene que dejar como una enseñanza es que murió una persona, un vecino del pueblo, muy querido en nuestra localidad (Lago Puelo) y que se pueden rastrear todas esas fallas. Así que se puede se puede ir analizando y viendo desde tiempo atrás que había organismos que ya venían con una serie de deficiencias y que tarde o temprano esto iba a desencadenar en lo que fue esta tragedia. Y en lo personal estoy muy desilusionado porque nosotros queremos un país que funcione, que el Estado funcione en forma óptima, no en una forma tan deficitaria y tan retrógrada como ocurrió.
¿Considerás que fue pertinente la modalidad de juicio por jurados? Se esperaba, de alguna forma, que el jurado popular pudiera asegurar la imparcialidad y la ausencia de influencias en el veredicto.
En principio yo soy de la opinión de que el juicio por jurado es una medida totalmente demagógica, por cuanto que se pretende esta demanda que ha hecho el pueblo respecto a la justicia está en crisis, que la justicia no sirve, que en la justicia que son indolentes, por lo que se hace lugar al soberano, como le gusta decir a los políticos, para que intervengan en decisiones jurisdiccionales. ¿Pero qué sucede? La gente no está preparada, pero tampoco deberían estar preparados. Me parece que el tema de los legos en la intervención de la justicia no le aporta una solución. Hay tecnicismos que de pronto una persona que está tomando parte en el jurado no los puede visualizar. Y a mí no me parece que el juicio por jurado venga a solucionar nada, es como una especie de decir, bueno, en este lugar que en un tiempo parecía secreto, vengan a ver cómo es, cómo funciona y sucede que sacan estos veredictos que te pueden llegar a sorprender ingratamente porque la gente se maneja con sentimientos, con prejuicio. Es muy difícil que un jurado te vaya a determinar con acabado conocimiento.
El caso tuvo múltiples dilaciones en estos cuatro años, y desde el primer día hubo insistencia por parte de Claudia, los hijos de Tino y las organizaciones de Derechos Humanos para que se le diera continuidad. ¿Creés que se podría haber llegado al juicio de no ser por esa movilización social?
En eso hay que hacer un alto y hacer un reconocimiento a lo que es el amor, porque la compañera de Tino realmente sacó de la tumba el expediente porque estaba prácticamente para archivar y de pronto ellos querían una respuesta jurisdiccional a todo esto. Más que nada porque Chubut va a la vanguardia en la legislación de salud mental y eso está legislado de cómo se tiene que llevar adelante un procedimiento en el cual se tiene que abordar a una persona afectada por una crisis de índole psiquiátrica, cosas que tiene que llevar adelante un procedimiento de allanamiento. Estuvo 4 años, fue realmente un vía crucis. Y en realidad lo que yo manifesté en otro momento que también es otro déficit que tiene el Estado es que la división de poderes, que es lo que establece nuestra Constitución, no se respeta. Entonces, los gobiernos, con la permeabilidad que tiene el Poder Judicial, intervienen en las decisiones del poder judicial. Influye. ¿Y por qué digo esto? El juicio, que tendría que haberse llevado acá en Lago Puelo, fue hecho en Esquel, porque ellos alegaban que en esta zona la gente estaba muy prevenida y que de pronto eso les iba impedir la imparcialidad que tienen que tener un jurado, cosa que no es real, pero todas estas cuestiones tienen que ver con decisiones políticas. Decisiones políticas que están en convivencia con el Poder Judicial. Y eso, cuentes como la cuentes, está mal desde el punto de vista institucional porque a la larga quedan consecuencias. La consecuencia que tenemos es que a nosotros nos queda como un registro histórico que se ultimó a un vecino que tenía una dolencia mental por negligencia del Estado, y el Estado tiene que tomar debida nota para que esta tragedia no se reitere, pero nadie parece tomar nota de esto. Pasó con (Santiago) Maldonado, son personas totalmente diferentes, acciones políticas diferentes, pero a lo que voy es que independientemente de quién seas o de la religión que profeses o de la ideología política que tengas, estamos en riesgo los ciudadanos ante organizaciones mal capacitadas con órdenes dadas en el gallo de medianoche, porque en realidad acá no hubo un actuar diligente de parte del Poder Judicial como tampoco del GEOP. Fue una cuestión de arrebato. En eso me quiero detener porque en realidad es un llamado también de atención al Poder Judicial, de cómo libra las órdenes, quiénes son los encargados legalmente de llevar adelante esas órdenes y en qué caso se tiene que utilizar un tema de abordaje por medio del GEOP. Y cuando se trata de un ciudadano que tiene un padecimiento mental, se tiene que abordar con un protocolo, con un procedimiento que está determinado por una ley.
Durante las jornadas del juicio se debatió en torno al accionar de los tres imputados. ¿Creés que faltó poner el foco en la actuación de otros funcionarios y en el rol del Estado? Considerando que una de las declaraciones fue la de Federico Massoni, quien en ese momento estaba al frente del Ministerio de Seguridad y defendió públicamente el accionar de los responsables del operativo.
Yo digo que Silvester Stallone, el de Rambo, ha hecho más daño que la minería a cielo abierto. Respeto a la gente que tiene cierta extravagancia en su actuar, pero uno ve los videos de Massoni, que era ministro de Seguridad en esa oportunidad, y era como Rambo que hacía todas sus presentaciones. Entonces cuando ves que todo ese comportamiento deriva en una orden que termina ultimando un vecino acá en la Comarca uno se pregunta, con razón, qué clase de funcionarios son estas personas. ¿Qué clase de responsabilidad tienen? Porque esto ocurrió de una manera realmente muy precaria. Entonces te quedás con una bronca terrible. Porque te das cuenta de la deficiencia, la incapacidad, la falta de conciencia. Esos cargos no los pueden ocupar personas que no están dotadas de recursos porque hacen un daño terrible.
El crimen de Tino John abrió un amplio debate sobre los protocolos de actuación policial en casos de salud mental. Las falencias del operativo que se describieron durante el juicio, a tu parecer, ¿tienen que ver con una falta de protocolos más específicos o con el incumplimiento de protocolos ya vigentes?
Cuando un fiscal, que fue este el caso, pide una orden de allanamiento en la cual le es informado que la persona tiene problemas de salud mental lo tiene que abordar con el protocolo de salud mental. No se puede llamar al GEOP, que ya de por sí el GEOP en Chubut tiene antecedentes nefastos en cuanto a la negligencia y a veces con la ferocidad que llevaba adelante los procedimientos. Nosotros estamos hablando de una muerte que acaeció en mayo del 2021. Estábamos con el tema de la pandemia. Y de pronto el fiscal que pidió la orden de allanamiento estaba en Esquel y él debió venir acá a Golondrinas a monitorear el procedimiento, porque el juez le dio la orden advirtiendo de que se trataba de una persona que tenía padecimientos mentales. Derivan esta responsabilidad en funcionarios de la Fiscalía de El Hoyo, eran personas que no tenían experiencia en este tipo de cosas y sumado al tema de que envían el GEOP, una de las cosas en las que no tuvieron previsión es en rodear el lugar para que no ingresara gente. Ellos hicieron ese desembarco ahí en la propiedad, dejaron librado el ingreso y por el portón entró la que era la compañera de Tino y a la cual le atribuyen haber desarticulado el efecto sorpresa que ellos querían tener, pero ninguno se quedó apostado ahí, no hubo un retén o alguna guardia para evitar que ingresaran personas a la chacra.
Más allá de la condena absolutoria, queda fuera de discusión que hubo fallas en el proceso y se perdió una vida. En este sentido, no solo no hay castigo sino que tampoco hay reparación para la familia. ¿Cuál es el precedente social que deja este resultado?
Esto lo tienen que ver nuestros legisladores, se tiene que analizar. El Poder Judicial tiene que analizar este caso en particular. Los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que actuar en consecuencia, es decir, esto no puede quedar como un hecho más, es una tragedia para la Comarca. Nos afectó a todos como comunidad. En su momento peticionamos ante los consejeros populares de Chubut por la negligencia con que había actuado el juez y el fiscal, enviamos firmas al momento de que habían acontecido estas cosas, quienes somos operadores del sistema judicial sabíamos que eso no debió haber sido así. Enviamos un montón de firmas, se elevaron, todo el pueblo firmó un petitorio, lo enviamos al Consejo de la Magistratura de Chubut y los consejeros que deberían representarnos a nosotros, respecto a estas cosas, no nos representaron. ¿Y qué pasa? La gente que está en Consejo de la Magistratura también son gente que por ahí no está capacitada, no toma en serio su rol. Hay una cuestión para revisar porque si no los organismos que tienen que actuar de control y que encima son los que están encargados de aplicar medidas disciplinarias a la judicatura, es decir, a los jueces, fiscales, secretarios, no actúan. Después tenemos un jurado popular que tampoco determina la culpabilidad de quienes actuaron. El tema pasa por el hecho de que siempre tiene que morir alguien para que se puedan modificar las cosas. Eso es lamentable. Y entonces para que esta muerte no sea en vano, como ninguna otra, la Legislatura, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura se tienen que detener, hacer un análisis, y ver si se puede rectificar esto para mejorar el servicio de justicia del Estado.
