El 21 de noviembre de 1973, a las 11.50, el senador nacional por la provincia del Chubut Hipólito Solari Yrigoyen se dirigió a retirar su automóvil Renault 6, patente del Chubut U 13352, de una cochera ubicada en la calle Marcelo T de Alvear 1276, en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía previsto reunirse con el dirigente sindical Agustín Tosco, de quien era abogado, para participar juntos en un programa radial.
Apenas puso en marcha el vehículo detonó una bomba colocada bajo el asiento del conductor. La explosión le provocó graves heridas en ambas piernas y quemaduras en diferentes partes del cuerpo. A pesar de la potencia del artefacto logró salir del automóvil, que llegó a desplazarse más de seis metros por la onda expansiva. Empleados del garaje lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en un taxi hacia un centro médico. La estructura liviana del vehículo contribuyó a disipar parte del impacto y evitó que el atentado resultara fatal.
Días antes del atentado se había discutido en el Senado de la Nación el proyecto de ley de Asociaciones Sindicales. En aquel debate, Solari Yrigoyen criticó con dureza un texto que consolidaba el poder de la burocracia sindical. La sesión se extendió hasta las cuatro de la mañana y el proyecto oficial fue aprobado. Entre los presentes en los palcos del recinto se encontraba Lorenzo Miguel, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y referente de las 62 organizaciones peronistas.
Cuando fue consultado por las críticas del senador, respondió: "Solari Yrigoyen es desde este momento el enemigo público número uno de la clase obrera organizada", justamente respecto de quien se había doctorado en Derecho con una tesis dedicada a la participación obrera en las ganancias de las empresas, ejercía el derecho laboral del lado de los trabajadores y se desempeñó como abogado de la Federación Gráfica Bonaerense, del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba y de la Unión Ferroviaria en Resistencia, todos sindicatos independientes de la burocracia sindical. Además, fue apoderado de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA) desde su fundación, conducida entonces por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, combinando la defensa de los derechos laborales de los trabajadores con la asistencia legal a presos sindicales y también políticos.
EL BRAZO ARMADO DEL PERONISMO EN LOS AÑOS ‘70
Aunque ya existían episodios previos de violencia política, ese atentado fue el primero reivindicado por la organización paraestatal conocida como Triple A o Alianza Anticomunista Argentina. Esta agrupación surgió en reuniones en las que participó el mismo Perón como presidente electo, en la residencia presidencial de Olivos, en las que se elaboró un documento reservado que mencionaba, entre otras cosas, "todos deberán participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor".
Su actividad comenzó durante la presidencia de Juan Domingo Perón y se intensificó posteriormente bajo la administración de María Estela Martínez de Perón. La Triple A dirigió su accionar contra abogados, sindicalistas, intelectuales, estudiantes, dirigentes sociales y militantes políticos identificados de manera arbitraria como comunistas o subversivos y considerados enemigos ideológicos del peronismo.
Tras el atentado, Solari Yrigoyen fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde debió atravesar numerosas operaciones. Durante su convalecencia recibió una visita de la vicepresidenta de la Nación María Estela Martínez y del ministro José López Rega.
Según el testimonio de Tessy Hansen, esposa del senador, ambos se presentaron en la habitación sin demasiado aviso previo. Ella, relata Tessy, se sentó erguida frente a la cama donde yacía Hipólito, mientras López Rega se ubicó entre las dos camas de la habitación.
La vicepresidenta expresó su condena al ataque y deslizó que ese tipo de acciones buscaban generar un clima parecido al de Chile o Cuba, insinuando una autoría vinculada a sectores de izquierda. López Rega, por su parte, se limitó a comentarios vagos y superficiales.
En esos días en los que permaneció internado también se acercó Lorenzo Miguel, quien conversó brevemente con Tessy y aseguró que no tenía relación alguna con el atentado.
SEGUNDO ATENTADO DURANTE EL GOBIERNO DE MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN
La agresión de 1973 no fue la única que sufrió Solari Yrigoyen por parte de la Triple A, organización responsable de cientos de atentados, amenazas y asesinatos que marcaron uno de los períodos más violentos de la política argentina contemporánea.
Tras una prolongada internación y seis operaciones, el 15 de abril de 1975 fue nuevamente víctima de un intento de asesinato. Dos bombas de gran potencia fueron colocadas en su vivienda de Aaron Jenkins y Florencio Sánchez, en la ciudad de Puerto Madryn.
Una de ellas no llegó a detonar y esa falla impidió que la casa se desplomara con él en su interior. El atentado reflejó el grado de planificación y violencia que la organización había alcanzado para entonces, así como la connivencia del gobierno peronista de Benito Fernández y de sectores de la Policía de la Provincia del Chubut.
EL SECUESTRO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA DEL CHUBUT
Durante la última dictadura militar muchos integrantes de la Triple A se incorporaron al aparato represivo estatal. En ese contexto, Solari Yrigoyen fue secuestrado el 17 de agosto de 1976 en su domicilio de Puerto Madryn, en un operativo del que participaron efectivos de la Armada y del Ejército encabezados por el entonces jefe del Área 536, teniente Carlos Barbot, junto con agentes de la Policía del Chubut.
Un escrito anónimo, producido posiblemente en ámbitos policiales durante los primeros años de la recuperación democrática, describió con detalle el accionar del grupo de tareas y la identidad de quienes intervinieron en el secuestro, entre ellos el comisario "Tito" Nichols, condenado luego por la desaparición forzada de Elvio Ángel Bell; el comisario Alberto Bastida; un capitán del Ejército, Luis María Galán, quien reportaba al gobernador Benito Fernández según declaró ante la justicia el comisario Manuel García Vázquez; y un oficial de apellido Agusti, docente de inteligencia en la Escuela de Cadetes cuando Nichols era su director.
Además de haber sido secuestrado, se llevaron su vehículo y el domicilio fue saqueado, robándose, entre otros recuerdos familiares, el bastón que había utilizado durante su recuperación del atentado de la Triple A, que había pertenecido a su abuelo y que hoy se encuentra en manos desconocidas, probablemente conservado como un objeto más, sin que quienes lo poseen conozcan su verdadero origen.
Tan grande era la impunidad de la que gozaban, que las cubiertas del vehículo de Solari Yrigoyen fueron utilizadas para un Chevrolet 400 que tenía Nichols a su servicio en el área de informaciones, y en las oficinas policiales de la Jefatura se exhibían como trofeos cartas personales y fotografías sustraídas durante el operativo.
Ese entramado de colaboraciones entre estructuras paraestatales y de las Fuerzas Armadas del período previo al golpe y la Policía provincial, que se profundizó durante la dictadura, dejó expuesta una red de responsabilidades cuya dimensión sólo llegó a conocerse parcialmente en algún juicio posterior, como el de la desaparición forzada de Elvio Ángel Bell, mientras que muchos de sus partícipes quedaron invisibilizados por el paso del tiempo y por un persistente manto de silencio.
En la ciudad de Trelew también fue secuestrado Mario Abel Amaya. Ambos permanecieron desaparecidos y fueron sometidos a torturas. Amaya murió en el Hospital del penal de Devoto a causa de los tormentos sufridos en la U 6 de Rawson. Solari Yrigoyen fue finalmente expulsado del país y sólo pudo regresar cuando la Corte Suprema declaró ilegal la prohibición de reingreso, un caso que hasta hoy forma parte de las enseñanzas de la Facultad de Derecho en materia de control judicial sobre medidas de privación de libertad dispuestas en estado de sitio.
Recordar hoy estos hechos permite situar en su verdadera dimensión el origen de la violencia política de los años 70, los crímenes aberrantes cometidos durante la dictadura militar por integrantes de las Fuerzas Armadas, las consecuencias de transformar al que piensa distinto en un enemigo en lugar de un adversario circunstancial y la justificación del uso de la fuerza como herramienta política, especialmente cuando el propio aparato del Estado es utilizado para cometer delitos contra sus habitantes.
También ayuda a reflexionar sobre el entramado social de silencios y complicidades, políticas y judiciales, que en ciudades pequeñas como las nuestras facilitó estas prácticas y el ocultamiento de los responsables, muchos de los cuales aún permanecen en el anonimato.
* Abogado, dirigente radical y estrecho colaborador de Solari Yrigoyen
