Como todos los años desde 1999, este 25 de noviembre se rememora en Argentina y la región el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista: la conmemoración de la histórica fecha se produce en un momento de fuerte retroceso de las políticas de género, un escenario que afecta la prevención de la violencia en las dependencias locales. Con la desjerarquización de las áreas de género y la eliminación de programas nacionales, las provincias deben asumir casi en su totalidad las tareas de asistencia a las víctimas. El Extremo Sur dialogó con una de las integrantes de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia, quien detalló el impacto del recorte presupuestario y la suspensión de políticas en el abordaje de las violencias machistas en la ciudad. Precisó que el estado de emergencia hace que se debiliten las acciones de prevención, y que hoy el reclamo central es "que restituyan los programas de atención, sensibilización, prevención, capacitación y acompañamiento integral".
Cifras de la violencia en Argentina
"Los femicidios no bajan: la crueldad y la misoginia crecen. En Argentina, al 20 de noviembre de 2025 registramos 229 femicidios", destacó el Observatorio MuMaLa en su último relevamiento. Esto se traduce en un femicidio cada 34 horas. Además, se registraron 901 intentos de femicidio.
Del 1° de enero al 20 de noviembre se cometieron 178 femicidios directos, 20 vinculados, 8 suicidios femicidas, 1 lesbicidio y 3 trans/travesticidios, mientras que 157 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin sus madres. Los agresores tenían una edad promedio de 36 años y el 33% convivía con la víctima al momento de cometer el femicidio. El 17% asesinó a una tercera persona, el 13% se suicidó y un 5% lo intentó, y el 8% de los femicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad.
Sólo el 15% había denunciado a sus agresores: "Este dato evidencia el impacto de la eliminación de políticas públicas contra la violencia machista, y del negacionismo del Gobierno frente a esta violencia específica hacia mujeres y personas lgbtiq+". El relevamiento también da cuenta de un crecimiento de los femicidios vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, que pasó del 6% al 8% respecto al 2024 y un aumento de la crueldad en la modalidad de femicidio.
Por primera vez en cuarenta años, la Argentina llega al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, sin un ámbito de aplicación de la Ley 26.485: "También recordamos que hace un año el gobierno de Milei fue el único de la ONU que votó en contra de impulsar acciones para abordar las violencias hacia mujeres y niñas. Exigimos que se declare de manera urgente la Emergencia en Violencias de Género y que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral."
Desde 2014, año en que empezaron a sistematizarse los femicidios, la cifra se mantiene estable entre 225 y 255 delitos por año. Otro dato constante es que la mayoría de las víctimas tenían vínculo previo con el victimario, generalmente parejas o ex parejas. Aunque suele ser menor, todos los años se registra un porcentaje de víctimas que había hecho una denuncia previa.
Ajuste sobre las políticas de género
A pesar de la emergencia en violencia de género que atraviesa el país, desde su asunción el Gobierno de Javier Milei no ha hecho más que ajustar el presupuesto dedicado a la prevención y abordaje de las violencias machistas. Ya en campaña adelantó que eliminaría el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y fue una de las primeras medidas que efectivizó al llegar al poder.
De esta forma se retrocedió en el proceso de institucionalización de las políticas de género que se había logrado en la última década. En el lugar del Ministerio quedó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que limitó las problemáticas de mujeres y diversidades a las violencias, debilitando otras áreas vinculadas a la prevención, el empoderamiento y la capacitación. Sin embargo, apenas 6 meses más tarde se anunció su cierre definitivo. Según advierte un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), este proceso de desjerarquización "se tradujo en un recorte de la ejecución presupuestaria, en el desmantelamiento de diversas políticas públicas y un abandono del Estado nacional de sus obligaciones para con las mujeres y LGBTQ+ de todo el país".
El ajuste impactó de lleno sobre programas y organismos nacionales destinados a la prevención y atención de las violencias. El Programa Acompañar, que brinda acompañamiento psico-social y económico a víctimas de violencia de género, fue uno de los más afectados: en 2024 se recortó la cobertura de 6 a 3 meses, redujo su presupuesto en un 90% respecto al año anterior y sumó múltiples trabas administrativas. El número de víctimas acompañadas se redujo notablemente desde 2023. En 2023 más de 100 mil personas recibieron el acompañamiento, en 2024 solamente 3572 y en 2025 el número se mantiene en 0. Los pagos para quienes recibieron el beneficio en períodos anteriores están suspendidos y no hay certeza sobre su continuidad.
La Línea 144, que en los últimos años se había consolidado como uno de los dispositivos de contención y asesoramiento más utilizados, redujo su personal en un 41,7%, lo que limitó su alcance. Las comunicaciones cayeron un 29,6% entre 2024 y 2025 y la meta de cobertura proyectada del 2023 bajó a un tercio para el 2026.
Las herramientas y servicios judiciales gratuitos, canalizadas en los Centros de Acceso a la Justicia, también se vieron limitados: sólo 30 de los 108 Centros se mantienen operativos a septiembre de 2025. El plantel de trabajadores se redujo un 75,6% en los últimos dos años. El programa PatrocinAR bajó su número de beneficiarios en los últimos dos años hasta llegar a 0 para el 2025. Una baja similar se registró en el Régimen de Reparación Económica Para las Niñas, Niños y Adolescentes (RENNYA), destinado a los hijos de las víctimas de violencia, con una caída del 14,9% entre 2024 y 2025.
Otros programas fueron directamente eliminados. En mayo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la eliminación de 13 programas de género al considerarlos "despilfarros absurdos". Entre ellos, programas destinados a fortalecer a los promotores y los dispositivos territoriales de género, de asistencia integral ante casos de violencias extremas y de capacitación.
El impacto en las provincias
La retirada del Estado nacional de su obligación de prevención y protección frente a las violencias machistas tuvo un impacto directo en las provincias y municipios, sobre todo en la capacidad de respuesta y la disponibilidad de recursos. El 2023, mientras funcionaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial. A excepción de la provincia de Buenos Aires, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías. En el caso de Chubut, se mantuvo como subsecretaría.
Más allá de los presupuestos municipales y provinciales, parte de los recursos de abordaje de las violencias venían de Nación: programas como el Acompañar se implementaron en todas las provincias y permitieron -en articulación con el trabajo local- brindar una mayor respuesta a las víctimas. Según se detalla en el informe de ELA, que recupera la experiencia de los distintos espacios de género en el país, "la existencia de un organismo nacional rector no solo cumple con una obligación legal, sino que también cumple un rol estratégico: coordina, orienta y sostiene la arquitectura federal de las políticas de género en el país. Su debilitamiento o eliminación envía un mensaje político de desinterés en la agenda, genera incertidumbre institucional, desarticular la respuesta estatal frente a las violencias y amplifica las desigualdades territoriales preexistentes".
En la mayoría de los casos, las políticas de género son sostenidas por las provincias, que vienen sufriendo el efecto desjerarquizador a nivel nacional. El ajuste del Gobierno nacional generó incertidumbre respecto a los fondos disponibles para garantizar la lucha contra la violencia machista. El Programa Acompañar fue la postal de este escenario: durante 2024 primaron las incógnitas sobre su aplicación, al punto de ni siquiera las autoridades de las áreas de género de las provincias tenían certezas sobre su continuidad. La falta de respuestas y transparencia del Gobierno central se replicaron para otro centenar de programas nacionales de género y diversidad establecidos por ley.
El ajuste presupuestario obliga a que otras áreas menos específicas absorban las tareas de asistencia a víctimas, y restringen el recurso humano para los servicios de atención. En Chubut esta problemática se evidencia, sobre todo, en la situación de las casas refugio. En ocasión del 8M, la militante e integrante de la Multisectorial, Emilse Saavedra, explicaba a El Extremo Sur el escenario de precariedad de los alojamientos para víctimas. En la provincia actualmente existen cuatro casas refugio en las principales localidades, cuando se necesitarían cerca de 40, si se considera el crecimiento demográfico. La capacidad de las casas refugio es limitada y no todas garantizan los recursos y el funcionamiento necesario.
De acuerdo al informe de ELA, "la existencia de un organismo nacional rector no solo cumple con una obligación legal, sino que también cumple un rol estratégico: coordina, orienta y sostiene la arquitectura federal de las políticas de género en el país. Su debilitamiento o eliminación envía un mensaje político de desinterés en la agenda, genera incertidumbre institucional, desarticular la respuesta estatal frente a las violencias y amplifica las desigualdades territoriales preexistentes".
Valeria Velásquez, integrante de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia, explicó a El Extremo Sur las dificultades que suscita este escenario: "La verdad es que es mucho más difícil poder hacer frente no solamente a la víctima, sino a la prevención, que es la parte que no se está viendo. Porque creo que lo urgente también está llamando, hay denuncias de violencia de género en Comodoro todas las semanas".
Aunque remarcó que hay protocolos de atención en las dependencias públicas, advirtió que se cuenta con "muy pocos recursos, no solamente económicos sino también humanos". En este contexto "no se está pudiendo ver las estrategias de prevención, es decir, cambiar lo cultural."
"Sabemos que la violencia de género no se va a terminar hasta que cambie el sistema patriarcal. Entonces, se está trabajando en la emergencia ante hechos de violencia pero se están viendo muy pocas políticas de prevención. Y eso también es preocupante", agregó.
Precisó que desde la organización vienen sistematizando la cifra de femicidios de Chubut en los últimos 20 años. Hasta el momento, se registran 65 femicidios en la provincia en las últimas dos décadas, aunque Velásquez señala: "Queremos seguir sumando porque en realidad tenemos que hacer también una cuestión histórica de muchos femicidios que fueron etiquetados como homicidios, como suicidios. La verdad que nos falta ahí una investigación más profunda. Lamentablemente cada año tenemos que sumar algún nombre".
El costo del ajuste en Comodoro
Velásquez indicó que la Multisectorial está conformada por alrededor de 40 organizaciones en las que participan mujeres y disidencias, como sindicatos, ONGs, agrupaciones y mutuales. Cada año organizan movilizaciones en fechas históricas como el 8M, 3J o 25N. Las marchas de este año han estado signadas por el reclamo presupuestario, y esta no es la excepción. La referente habló de "retrocesos que hemos tenido los últimos años en materia de género que tiene que ver también con la postura derechista y machista del Estado".
"Se han recortado programas, se han cerrado ministerios, se ha recortado todo recurso que tengan que ver con prevenir las violencias de género. Progresivamente habíamos alcanzado cierto nivel de programas y logros que tienen que ver con los movimientos feministas pero en los últimos dos años se fueron cerrando. El Ministerio de la Mujer se cerró, pero dentro había muchos programas, se desfinanció todo lo que es Ley Micaela, todo lo que es la ESI, otros programas que tenían que ver con el apoyo a las víctimas", detalló.
"La verdad es que estamos en un contexto de crisis económica en donde las mujeres y las disidencias son las que más empobrecidas están. No casualmente aumenta la tasa de feminicidio en este contexto ante falta de políticas públicas", cuestionó.
La referente adelantó algunas de las cuestiones a las que la Multisectorial hará mención en la habitual lectura del documento colectivo durante la marcha, como la situación de los Pueblos Originarios y la feminización de la pobreza. Indicó, además, que harán una mención al juicio de crímenes de lesa humanidad, denominada Causa 8008, que se desarrolla este año en Comodoro, "recordando en lo que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron de esta lucha por memoria y verdad de justicia, también visibilizando las mujeres que fueron torturadas y secuestradas durante la última dictadura militar, para tener memoria".
En Comodoro se suma la crisis de la industria petrolera, un escenario que directa o indirectamente incide sobre mujeres y diversidades. Cabe recordar que este grupo suele ser el más afectado por la precarización, la informalidad y la pobreza. Velásquez se refirió también a una cuestión histórica "que tiene que ver con la violencia económica de muchas mujeres que se están haciendo a cargo sola de sus hijos y su hija, y muchos varones progenitores que no están pagando cuotas alimentarias adecuadas, que no están participando en los cuidados, en las crianzas, esa sobrecarga a estas mujeres, visiblizamos también esa violencia económica". Y agregó: "Hay como muchas situaciones en Comodoro que también está atravesada con estas crisis, está todo interrelacionado".
Otro reclamo histórico de los feminismos de la región es la aplicación de la Ley de Emergencia en Violencia de Género, un proyecto impulsado en 2017 que fue vetado por Mario Das Neves con el argumento de que no había fondos para su implementación.
"Seguimos trabajando y exigiendo esto de manera urgente -señaló Velásquez-, y que se restituyan los programas de atención, sensibilización, prevención, capacitación y acompañamiento integral". El proyecto de 2017 planteaba un marco presupuestario detallado y una base sólida de apoyo estatal en el proceso de recuperación de las víctimas de violencia durante un período mínimo de 24 meses. Incluía la dotación de personal técnico y administrativo, un Programa de Reinserción Social Laboral para las personas en situación de violencia de género, políticas de protección integral y transversalización de la perspectiva de género en los organismos provinciales. En los últimos años, las organizaciones de Chubut reclaman que sea presentada nuevamente y finalmente aplicada, aunque hasta el momento no parece haber sido la prioridad de los gobiernos provinciales.
Velásquez también habló de los discursos de odio, que hoy son moneda corriente en el espacio público, y son muchas veces legitimados por figuras del Gobierno: "Eso legítima que esas personas digan estas cuestiones, son muchas veces hasta amenazantes, con cuestiones graves, no solamente son insultos, hay una violencia tremenda en los medios, en las redes sociales, pero el Estado ha promovido también este discurso. Recordemos que Milei en la ONU votó en contra de impulsar las acciones para borrar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Esto da una legitimidad para que todas esas personas que ya tienen una estructura machista describan todas estas violencias por las redes, por los medios".
Por último, convocó a toda la comunidad a las actividades de este martes, que se desarrollarán en la Plaza Kompuchewe en la zona céntrica de la ciudad. A las 16 se llevará a cabo en simultáneo una Feria de Mujeres y un micrófono abierto para quienes quieran acercarse a hablar. La movilización iniciará a las 18. "En la marcha van a ser mayormente mujeres y disidencias, si aparecen varones le vamos a pedir que se vayan a la parte de atrás, es una metodología que estamos utilizando hace años porque las mujeres y disidencias son las protagonistas", concluyó.
