El demoledor alegato del fiscal federal Teodoro Nürnberg reveló el complejo entramado que tuvo en Comodoro Rivadavia el plan sistemático y clandestino de detenciones ilegales, vejámenes, torturas y desaparición que se llevó a cabo meses antes y durante la última dictadura cívico-militar. En su exposición del viernes, durante casi seis horas Nürnberg presentó un minucioso detalle de cómo se fueron encadenando los hechos investigados y la existencia de más de un Centro Clandestino de Detención en la ciudad. Asimismo, hizo especial hincapié en que la causa debe seguir abierta porque aún hay responsables -militares y de las Fuerzas de Seguridad- que no han sido llevados al banquillo de los acusados, incorporando la participación civil desde el ámbito judicial y la existencia de muchas víctimas que todavía no han podido testimoniar lo padecido durante el terrorismo de Estado. En su alegato el fiscal pidió penas condenatorias que van de 3 años y seis meses hasta los 19 años, sin dejar de mencionar que el juicio llega casi 50 años después que se produjeran los hechos.
40 cuerpos y 50 años
Con alrededor de 30 cajas -que contenían los 40 cuerpos de la investigación- dispuestas bajo el estrado del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia y en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia por la Causa 8008 caratulada "Chanfreau, Jorge Alberto y otros", el fiscal Teodoro Nürnberg concretó el pasado viernes y durante casi seis horas su alegato acusatorio contra los militares del Ejército, de la Prefectura Naval, la Policía Federal y los efectivos de la Policía de Santa Cruz.
"Esta causa se inició hace muchísimos años. En 1987 hubo acá una investigación y ya había en la CONADEP denuncias desde 1984. Cuando estábamos caminando en la primera inspección conversábamos con la señora (Graciela) Mura -esposa del detenido ilegalmente Osvaldo Stoyanoff- y me preguntó ‘por qué se demoró tanto' y gran parte es la respuesta que de alguna manera el Estado le dio a ella, porque hubo casi 20 años donde estuvo vigente la Ley de Obediencia Debida y el Punto Final", señaló el fiscal para de alguna manera darle un marco histórico a un juicio que se sustancia casi 50 años más tarde.
Tanto se ha demorado la Justicia que muchas de las denuncias existentes en la Causa 8008 se originaron en la Causa 500 (denominada "STEDING, Jorge Osvaldo; BARCK, Raúl; ABRAHAM, Juan Carlos; GARCIA, Luis Eduardo sobre privación ilegal de la libertad -lesa humanidad-. Denunciante: KUNKEL, Carlos Miguel - Querellante: FRANGANILLO, Luis Eduardo") que aún espera ser llevada a juicio y que incluyen los testimonios de centenares de víctimas que sufrieron apremios ilegales en Centros Clandestinos de Detención (CCD) de Comodoro Rivadavia y en la Unidad Penal 6 de Rawson.
Los pedidos de condenas
De los 16 uniformados acusados, tras 49 años de los hechos, solamente 6 imputados llegaron al banquillo de los acusados para escuchar el pedido de condenas del fiscal.
Al finalizar su alegato, la Fiscalía solicitó condenas de 19 años de prisión para Raúl Pantaleón Cruz (Ejército); 14 años para Mario Enrique Pérez (Policía Santa Cruz); 11 para Alfredo Pablo Lisseri (Prefectura); 9 para Francisco Olegario Sevilla (Policía Santa Cruz); 5 para Eduardo Alberto Rodríguez (Ejército); y 3 años y 6 meses para Fernando Julio Pedernera (Ejército). El fiscal pidió la absolución para Rafael Augusto Manuelides como integrante de la policía de Santa Cruz.
Vale recordar que escaparon de la condena judicial por fallecimiento Jorge Alberto Chanfreau (Ejército), Italo César Pasquini (Ejército), Carlos María Gómez Coll (Prefectura), Roberto Francisco Blumetti (Policía Santa Cruz), Carlos Daniel Moreno (Policía Federal), José Mercedes Muñoz (Policía Santa Cruz) y Carlos Alberto Seguel Páez (Policía Santa Cruz).
Sus víctimas en esta Causa 8008 han sido: Guillermo David Silveira (desaparecido); Edita del Carmen Rubilar; María Dolly Silveira; Adolfo Edgardo Silveira; Alberto Enrique Maruco; César Roberto Vivar; Eloíso Quinteros; Francisco Alberto Ledesma; Guido Adrián Ñancupel Uribe; Héctor Bautista Quintero; Héctor Gustavo López; Hugo Llamazares; Hugo Luis Lorenzi; Jorge Alberto Morgavi; Jorge Armando Demetrio; Luis Antonio Porciel; Luis Noya; Miguel Angel Anchordoqui; Osvaldo Pablo Stoyanof; Ramón Horacio Torres Molina; Raúl Oreste Gallardo; Valentín Casas y Víctor Benamo.
Varios CCD en Comodoro
En el desarrollo de la alocución de la Fiscalía se desarrolló con lujo de detalles la existencia de más de un Centro Clandestino de Detención en Comodoro Rivadavia.
En registro de imágenes que tomó el viernes el periodista Saúl Gherscovici, el fiscal Nürnberg aseveró que "desde enero de 1976 existieron en Comodoro Rivadavia, no un CCD sino varios CCD utilizados bajo el control operacional militar. A saber: la sede de la Policía Federal Argentina sobre calle Rivadavia casi Chacabuco; la delegación local de la Prefectura Naval Argentina; el Regimiento 8 de Infantería; el Batallón Logístico IX; la Compañía de Mantenimiento 181; las comisarías locales que prestaban colaboración para una detención provisoria de las personas detenidas ilegalmente".
Ilegalidad en "Las Casitas" y toda la unidad militar
En otro tramo del alegato se refirió específicamente al CCD del RI8 sosteniendo que "este espacio, este CCD principalmente ubicado en el Cuartel Chacabuco, además de los detenidos de esta ciudad hubo víctimas que fueron traídas desde Río Gallegos".
Haciendo mención al grado de ocultamiento de pruebas de lo sucedido en el RI8 de Km 11, donde la mayoría de víctimas declararon identificar el CCD "Las Casitas", el fiscal indicó que "lo que existe es una coincidencia total y absoluta de que estaban en una unidad militar de Comodoro Rivadavia por la que pasaban aviones, a punto tal que Osvaldo (Stoyanoff) tiene registrado los horarios de arribo y despegue, que el primero salía a las 7 y el segundo alrededor de la medianoche".
Asimismo, agregó como prueba irrefutable lo sucedido con el soldado conscripto Héctor
Gustavo López que fue torturado por supuestas vinculaciones con amigos que vivían en Buenos Aires y a los que ya habían detenido también ilegalmente.
"A dónde dijo López que fue conducido, al 8; le dijeron usted se va al Regimiento 8, donde ni siquiera está registrado. López que estaba en el Comando le dijeron se va al 8, se pidió el listado de soldados del Regimiento 8 y no esta López", explicitó el fiscal.
"Reunión de detenidos": La carta póstuma
Nürnberg basó su alegato sobre el CCD en las unidades militares de Comodoro Rivadavia revelando una carta del coronel del Ejército (Retirado) Ricardo Humberto García del Hoyo. La misma fue redactada y dejada a su hija para que tras su muerte fuera incorporada como prueba en el juicio por la Causa 8008.
En la carta expresó que "en mayo de 1976 el comandante de la IX Brigada de Infantería, general (Arturo) Cobertta me ordenó entregarle para su uso exclusivo al jefe del Destacamento de Inteligencia 183 de Comodoro Rivadavia, teniente coronel (Edgardo Alcides Juvenal) Pozzi un edificio del cuartel del Batallón Logístico ubicado en el sector de los talleres del automotor y muy próximo al quincho La Blanqueada, conocido como El Escalón y situado a 1.500 metros al sur de la Enfermería Hospital del Batallón Logístico IX".
En dicha misiva, García del Hoyo admitió que "resulta probable que dicho lugar haya sido utilizado como lugar de reunión de detenidos". Frente a tamaña calificación utilizada como "lugar de reunión" de los detenidos, el fiscal evitó hacer mayores comentarios porque huelgan las palabras.
La carta de García del Hoyo, quien varias oportunidades buscó quedar fuera de la causa por cuestiones de salud, posiblemente tenga un dejo de arrepentimiento; pero a esta altura de los acontecimientos tiene sabor a poco y sigue reflejando los mecanismos con que los militares buscaron y buscan minimizar los alcances y las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar.
El rol clave de la Inteligencia militar
Nürnberg no desaprovechó la oportunidad para hacer referencia a otros militares involucrados con los imprescriptibles delitos de lesa humanidad aludiendo al teniente coronel Alcides Juvenal Pozzi, quien fuera el jefe del Destacamento de Inteligencia 183.
Para el fiscal está absolutamente probado que dicho organismo militar dependía del V Cuerpo de Ejército y trabajaba operacionalmente con la IX Brigada de Infantería. La Inteligencia militar jugó un papel clave en la conformación del Expediente 35 -con el que se iniciaron las detenciones ilegales en enero de 1976- que hizo mención Nürnberg y todo hace presumir que fue la encargada de llevar adelante las sesiones de torturas, tal como indicaron varias de las víctimas, en el RI 8 de Comodoro.
Pozzi como responsable de dicha Inteligencia militar en los años del terrorismo de Estado por el momento no fue llevado a juicio y esa es una materia pendiente de la Justicia con la de democracia.
Plan sistemático, Masacre de Trelew y Garzonio
El fiscal federal sustentó su alegato para aclarar que se trata de una causa de lesa humanidad los vínculos de la Causa 8008 con la Causa 17004 "Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/recurso de casación" donde se juzgó la Masacre de Trelew acontecida en 1972.
Para Nürnberg "de ahí se extraen cosas que son importantes ahora porque hay precedentes que siempre son aplicables porque se estableció que hay consecuencias cuando se violan los derechos humanos".
Luego citó el fallo de Casación Penal diciendo que "la represión de disidentes y opositores políticos y sindicales tuvo apariencia de legalidad con la creciente preponderancia de una legislación e instituciones represivas y a su vez organizó un aparato de represión clandestina y sistemática".
Posteriormente agregó, continuando con la cita, que "el dictado de usual de reglas excepción como el estado de sitio, la división del país en zonas de emergencia a cuyo frente se ponía al oficial de turno más poderoso del régimen".
Paso seguido hizo mención al rol del sistema judicial y de algunos magistrados con el colaboracionista juez federal de Rawson, Omar Delfor Garzonio.
"La inoperancia de los remedios legales como el hábeas corpus o el amparo, la ominosa tolerancia judicial de los interrogatorios bajo tortura... Garzonio... ominosa tolerancia. Iban y le decían a Garzonio que fueron torturados y Garzonio les preguntaba ‘¿tiene pruebas?', ‘no', ‘entonces no lo voy a asentar'", resumió con meridiana contundencia el fiscal que no dudó en considerar que el fallecido "Garzonio debería dejar de llamarse juez".
Causa abierta
Nürnberg se encargó de dejar muy en claro que esta Causa 8008 por delitos de lesa humanidad acontecidos en Comodoro Rivadavia no debe cerrarse y que por el contrario debe mantenerse abierta porque aún queda mucho por transitar en la búsqueda de la verdad histórica y la obtención justicia.
"Hay personas que todavía no fueron traídas a juicio. Este Expediente 35 contiene los nombres de personas que no fueron investigadas y de víctimas que no tuvieron la oportunidad de contar lo que sucedió, otros sus declaraciones fueron incorporadas por lectura porque ya habían fallecido. No nos es indiferente el paso del tiempo", indicó.
En ese capítulo que debe permanecer abierto para que el sistema judicial se acerque al dictado de condenas para que se aproxime a la obtención de Justicia frente al plan sistemático del terrorismo de Estado implementado en Comodoro Rivadavia y la región de la Patagonia Austral, deben ser incorporados como mínimo el militar de Inteligencia Pozzi y el juez Garzonio, aunque seguramente no serán los únicos represores y colaboracionistas que deban integrar la lista de responsables de lo sucedido.
Amenaza negacionista
Esta Causa 8008 que va llegando a su fin en Comodoro Rivadavia (el próximo miércoles 3 de diciembre se escucharán el alegato de la Defensa Pública y los defensores particulares), se contrapone con una avanzada negacionista que vive el país, ahora con mayor intensidad, en los últimos años.
Tanto es así que este sábado 29 de noviembre se concretó en Plaza de Mayo una manifestación de ex militares, familiares de represores y adherentes al proceso militar reclamando la liberación o la obtención de las presiones domiciliarias para aquellos que ya han recibido sus condenas como perpetradores del terrorismo de Estado.
Según estadísticas oficiales, ya fueron sentenciadas 1.200 personas por delitos de lesa humanidad desde 2006. Actualmente hay 539 personas detenidas, de las cuales 454 se encuentran en su casa.
Mientras tanto de las huestes libertarias diputados de La Libertad Avanza visitaron -en mayo del 2024- a Alfredo Astiz y otros represores en Campo de Mayo para que vayan a una cárcel VIP o sean beneficiados con la prisión domiciliaria.
"Nosotros pedimos la libertad de todos. No son crímenes de lesa humanidad, sino de venganza total. Habría que rever muchas causas", afirmaron desde la agrupación que niega el terrorismo de Estado denominada Pañuelos Negros.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia -conformado por su presidenta Ana María D'Alessio (Tierra del Fuego), Enrique Baronetto (Comodoro Rivadavia) y Alejandro Cabral (Neuquén)- tienen ante sí el desafío de consolidar con sus fallos condenatorios el camino que Argentina decidió iniciar en democracia durante 1985 con el juicio a las Juntas Militares.
La verdad histórica y la aplicación de condenas, para seguir transitando el camino de Nunca Más, demandan del TOF estar a la altura de lo que la sociedad comodorense, patagónica y argentina reclaman en la búsqueda que en el país siga habiendo y se profundice la "memoria, verdad y justicia".
Imágenes del alegato tomadas para La Posta Comodorense por el periodista Saúl Gherscovici.
