Crisis habitacional en Epuyén: Damnificados por el incendio siguen buscando soluciones de fondo A casi un año del incendio de Epuyén que consumió cerca de 3 mil hectáreas, las familias afectadas aún sufren las consecuencias. La Asamblea de Damnificados surge como una respuesta colectiva ante la falta de respuestas a los problemas de los vecinos: destrucción de sus viviendas, pérdida de herramientas de trabajo y falta de servicios básicos. Si bien el municipio y la Provincia otorgaron ayudas económicas, las mismas han resultado insuficientes y discrecionales. Las familias piden, además, que se les brinde atención sanitaria y de Salud Mental tras el desastre ambiental. El Extremo Sur dialogó con uno de los vecinos, quien detalló la crisis habitacional que atraviesa la comunidad. En paralelo, avanzan negocios privados sobre las tierras afectadas y se multiplican las plantaciones de pino en la región, una especie exótica propagadora del fuego.
Las cifras del desastre ambiental
El verano pasado estuvo marcado por incendios en toda la Región Patagónica: desde diciembre se registraron grandes focos en distintas localidades de Chubut y Rio Negro que dieron cuenta de un panorama climático extremadamente complejo. El 15 de enero se produjo un importante foco en una zona de interfase en Epuyén, afectando a Villa del Lago Epuyén y el paraje rural La Rinconada. El incendio se originó sobre el mediodía en una forestación implantada de pinos, abandonada hace años, y se extendió rápidamente a sectores urbanizados y semi-rurales.
La dimensión y velocidad del incendio se explica por varios factores que tanto vecinos como especialistas vienen advirtiendo hace años: la acción de los fuertes vientos, la ausencia de lluvias y las características específicas del pino, una especie exótica implantada a gran escala en esa región que genera una gran sequedad en el suelo y un efecto multiplicador por las explosiones de las piñas.
Sobre las 13 de ese día, la Municipalidad de Epuyén emitió una orden de evacuación y desde ese momento se habilitó el gimnasio municipal para recibir autoevacuados. Según detalla un reporte comunitario, también se refugiaron en casas de amistades, familiares y otras localidades. Desde el principio, la acción contra el fuego tuvo un carácter fuertemente comunitario y autogestivo: los vecinos combatieron el fuego como pudieron desde sus viviendas, compartieron motobombas y rápidamente organizaron colectas de materiales y entrega de viandas para los brigadistas y otros damnificados.
El 7 de febrero el incendio fue contenido: se contabilizaron unas 3.530 hectáreas afectadas, entre bosque implantado, bosque nativo, matorrales y pastizales. Además, fueron consumidos comercios y unas 70 viviendas. Fue uno de los incendios forestales más grandes de la región después de los hechos del 2021. Y al igual que ese año, la reconstrucción de las viviendas de los vecinos fue lenta e insuficiente.
Ayudas que demoran
El 27 de enero, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se reunió con algunas de las familias afectadas y prometió asistencia financiera para la recuperación de viviendas y materiales de trabajo. De la reunión también participó el intendente de Epuyén, José Contreras; y funcionarios provinciales.
"Las familias de Epuyén son una prioridad para nuestro gobierno y por eso vamos a acompañar a todos los vecinos afectados por el incendio, para que puedan salir adelante y volver a disfrutar del lugar que eligieron para vivir", expresó el mandatario. Aseguró que desde el Gobierno provincial "vamos dar una rápida respuesta a las familias, muchas de las cuales atraviesan una delicada situación producto del incendio intencional que arrasó con miles de hectáreas, afectando directamente a los vecinos de la comunidad", expresó el mandatario.
En esta línea, anunció diversas medidas de asistencia económica para los damnificados: vouchers para la compra de materiales en corralones de la zona por 20 millones de pesos, una ayuda de 350 mil pesos mensuales para quienes estaban alquilando, con extensión de 4 meses y opción de prórroga, junto a una ayuda de asistencia alimentaria, del mismo monto y también prorrogable. También afirmó que los productores y emprendedores de la zona podrían acceder a préstamos de tasa preferencial a través del Banco del Chubut.
En los días previos también había adelantado que el Gobierno nacional enviaría una partida de $7 mil millones, correspondiente a un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN), para colaborar con la reconstrucción de Epuyén.
Sin embargo, desde la Asamblea de Damnificados sostienen que la ayuda es insuficiente, que sólo llegó a unos pocos, y afirman que todavía hay familias que, a casi un año del incendio, no pueden retornar a sus hogares. Se trata de unas 200 familias que resultaron afectadas por el incendio, de las cuales unas 80 han perdido todo.
Y un año después...
El 25 de noviembre pasado la Asamblea de Damnificados presentó una nota en la Municipalidad de Epuyén y el Concejo Deliberante para dar cuenta de la delicada situación que atraviesan. El reclamo formal incluye la continuidad de las ayudas económicas hasta que se resuelva la crisis habitacional, la extensión de la emergencia ígnea, la puesta en marcha de un Plan de Prevención contra incendios y medidas concretas para recuperar los medios de vida.
"La mayoría de las familias no ha vuelto a su casa. A casi un año aún hay familias que no han empezado su reconstrucción, y las promesas de las casas del IPV para inquilinos sólo quedaron en promesas. Las familias productoras que lo perdieron todo no tuvieron ningún tipo de reparación en relación a su fuente de trabajo y economía, y los subsidios y ayudas económicas (escasas pero necesarias) finalizan en diciembre", enfatizaron desde la Asamblea.
Además de los reclamos, denuncian falta de transparencia respecto a la distribución de fondos aportados por el Tesoro Nacional a la Provincia y el municipio. Desde la banca del Partido Obrero-Frente de Izquierda (PO-FITU) de la Legislatura chubutense se realizó un pedido de informe para dar cuenta del uso concreto de las partidas, ya que a la fecha sólo se conoce el destino de apenas un 23% del monto total enviado por Nación, que se distribuyó entre distintos organismos provinciales como la Subsecretaría de Servicios Públicos y Energías Renovables, la Secretaría de Energía y Planificación, la Administración de Vialidad Provincial, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Bosques y la Secretaría de Salud.
Lino Pizzolón, uno de los integrantes de la Asamblea de Damnificados, precisó a este medio que la ayuda ha sido discrecional: "Hay una discriminación de las personas que han tenido daños". En el medio, el Gobierno provincial apuntó contra la problemática de las tomas, un aspecto sensible para muchos de los vecinos afectados a los cuales no les llegó la ayuda por no tener título de propiedad de sus territorios, a pesar de haber vivido allí por varias generaciones. "Lo dijeron al comienzo, lo de las tomas, como si hubiese tomas así nomás, que es una cosa muy infame, vecinos que vivían hace mucho tiempo, y lo que dijeron al comienzo es que no iban a recibir ninguna ayuda las personas que no fueran dueñas".
Los vouchers para la compra de materiales no llegaron para todos y su monto tampoco resultó suficiente. Los materiales pueden adquirirse sólo en dos corralones, uno ubicado en El Bolsón y otro en Esquel. El dinero también se puede cambiar por algún convenio con una empresa constructora de casas prefabricadas, aunque el valor resulta insuficiente en ambos casos, considerando que no cubre la mano de obra.
"Más allá de que es insuficiente, en muchos casos las ayudas comunitarias, unos con otros, se puede hacer un día a la semana. Hacen falta tareas que sean todos los días. En invierno se paró casi toda la tarea y en este momento no hay dinero para pagar la mano de obra, por ejemplo", enfatiza Pizzolón.
Otro reclamo clave es la prórroga de los subsidios para alquiler y subsistencia, subsidios que vencen en diciembre. Tras un viaje a Rawson, los vecinos lograron una prórroga hasta enero del 2026. Sin embargo, señalaron que las partidas para la extensión del subsidio para alquiler no ingresaron en las arcas municipales, por lo que la ayuda se está sosteniendo exclusivamente con los fondos de la Municipalidad de Epuyén.
"La gente no tiene las casas listas, se han quemado huertos que eran elementos de trabajo y de producción, se han quemado talleres con todas las herramientas", detalla el vecino. La ayuda financiera se vuelve necesaria en la medida en que se acerca la temporada alta en la región turística: "No es que ahora se acabó, llega el verano que es el momento en el que la gente puede trabajar para hacerse unos pesos, trabajo de artesanías o cocina, y no hay elementos para trabajar".
"Necesitamos que nos reciban"
La semana pasada, tres vecinos viajaron a Rawson para transmitir las inquietudes al Ejecutivo Provincial. Concretaron reuniones con distintas dependencias como Desarrollo Humano, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Secretaría de Salud y dos bloques de la Legislatura.
En diálogo con FM 105.5 de la Cordillera, Pablo Gatti, integrante de la asamblea, explicó:
Teníamos pedido audiencia en Casa de Gobierno, idealmente con el gobernador, porque ahí se deciden muchas de las ejecuciones de los fondos que faltan ejecutar de la emergencia". Recordó que el Ejecutivo "hasta ahora ha explicado nada más que el 25% de los gastos, por lo cual tenemos que inferir que el resto está para ejecutarse y deberíamos plantear prioridades desde la asamblea. Nos dijeron que nos iban a convocar, esperamos todo el día y ahora necesitamos que nos reciban
Los vecinos mantuvieron dos encuentros en el IPV, donde se abordaron cuestiones en torno a la construcción de viviendas para inquilinos y la posibilidad de acceder a créditos con prioridad. La ministra de Desarrollo Humano, por su parte, se comprometió a actualizar el relevamiento de damnificados y prorrogar el subsidio de la Tarjeta Alimentar para aquellos que no tienen ingresos.
En el Ministerio de Producción, los vecinos advirtieron que aunque se discutieron algunas líneas de trabajo, las posibilidades de gestión fueron limitadas. También fueron recibidos por los bloques del FIT y el PICh, quienes acompañaron los pedidos de informe.
En el área de Salud, la funcionaria a cargo de Salud Mental informó que se coordinarán reuniones con Protección Civil. Según explicó Gatti, "se comprometió a reforzar el dispositivo de intervención para los damnificados, que se había hecho en un pequeño momento, pero ahora está un poco alicaído". La asistencia en Salud Mental es otro de los reclamos de los vecinos. Pizzolón señala que "el choque psicológico es muy fuerte, y no todos están bien, hace falta asistencia de ese tipo, porque cuando se quema algo, se pierden muchas cosas, y se generan una cantidad de problemas, que si no está el empuje, es muy difícil, más cuando es algo colectivo".
La urgencia de respuestas concretas se acrecienta en la medida en que la región se adentra a una nueva temporada de incendios.
Tierras y empresas privadas
En medio de la crisis habitacional, los vecinos vienen reclamando la ocupación de terrenos por empresas privadas y el rápido avance de plantaciones de pino. "Hay otro tema con el bosque de Epuyén, que al día siguiente del incendio ya tenía puesto una tranquera impidiendo el acceso a toda la cuenca de uno de los arroyos más importantes para el área de interfase, que es el Arroyo Blanco, eso ha sido algo muy turbio, un operativo que comenzó con un préstamo para poner pinos y el préstamo no fue devuelto", detalla Pizzolon.
"Entonces se decidió rematar algo que era del Estado. Es decir, el Banco de Chubut remata algo propio para cobrarse en dinero. Entonces estas 300 hectáreas pasan a ser de dominio privado y con todos los problemas habitacionales que hay y una comunidad que estaba desde antes, donde nacieron chicos, no puede volver ahí. Hay cuestiones irregulares, no hay agua, se están vendiendo tierras de este tipo. Eso es importante también decirlo", agrega. Además, dice que ya hay varias denuncias en curso por las plantaciones de pino, que es una de las especies con más capacidad de propagación del fuego.
De hecho, en el listado de los afectados figura la empresa Bosques de Epuyén SA, dueña de las forestaciones de pino abandonadas por donde avanzó el fuego. La comunidad exige que se investigue el rol de la empresa y algunos han denunciado que aparecieron medidores de luz, posteos y tranqueras nuevas en la tierra que la empresa dice poseer. Actualmente, parte de ese terreno se convirtió en un loteo destinado a un emprendimiento inmobiliario.
Los vecinos, mientras tanto, siguen esperando los servicios básicos: "Hay zonas que no tienen el servicio de agua potable que tal vez no estaba bien hecho de antes pero también hay zonas en las que se quemaron todas las cañerías, a los vecinos se les está trayendo el agua con camiones, pero no puede ser, se necesita que se resuelva el tema de la red de agua potable en varios sectores de La Rinconada, especialmente", sintetiza Pizzolon.
La rapidez en la propagación del incendio en Epuyén es síntoma de una combinación de factores ambientales y políticos que se agudiza cada verano. Sin embargo, la reconstrucción después del fuego también atraviesa serios obstáculos.
A casi un año del incendio de Epuyén que consumió cerca de 3 mil hectáreas, las familias afectadas aún sufren las consecuencias. La Asamblea de Damnificados surge como una respuesta colectiva ante la falta de respuestas a los problemas de los vecinos: destrucción de sus viviendas, pérdida de herramientas de trabajo y falta de servicios básicos. Si bien el municipio y la Provincia otorgaron ayudas económicas, las mismas han resultado insuficientes y discrecionales. Las familias piden, además, que se les brinde atención sanitaria y de Salud Mental tras el desastre ambiental. El Extremo Sur dialogó con uno de los vecinos, quien detalló la crisis habitacional que atraviesa la comunidad. En paralelo, avanzan negocios privados sobre las tierras afectadas y se multiplican las plantaciones de pino en la región, una especie exótica propagadora del fuego.
Las cifras del desastre ambiental
El verano pasado estuvo marcado por incendios en toda la Región Patagónica: desde diciembre se registraron grandes focos en distintas localidades de Chubut y Rio Negro que dieron cuenta de un panorama climático extremadamente complejo. El 15 de enero se produjo un importante foco en una zona de interfase en Epuyén, afectando a Villa del Lago Epuyén y el paraje rural La Rinconada. El incendio se originó sobre el mediodía en una forestación implantada de pinos, abandonada hace años, y se extendió rápidamente a sectores urbanizados y semi-rurales.
La dimensión y velocidad del incendio se explica por varios factores que tanto vecinos como especialistas vienen advirtiendo hace años: la acción de los fuertes vientos, la ausencia de lluvias y las características específicas del pino, una especie exótica implantada a gran escala en esa región que genera una gran sequedad en el suelo y un efecto multiplicador por las explosiones de las piñas.
Sobre las 13 de ese día, la Municipalidad de Epuyén emitió una orden de evacuación y desde ese momento se habilitó el gimnasio municipal para recibir autoevacuados. Según detalla un reporte comunitario, también se refugiaron en casas de amistades, familiares y otras localidades. Desde el principio, la acción contra el fuego tuvo un carácter fuertemente comunitario y autogestivo: los vecinos combatieron el fuego como pudieron desde sus viviendas, compartieron motobombas y rápidamente organizaron colectas de materiales y entrega de viandas para los brigadistas y otros damnificados.
El 7 de febrero el incendio fue contenido: se contabilizaron unas 3.530 hectáreas afectadas, entre bosque implantado, bosque nativo, matorrales y pastizales. Además, fueron consumidos comercios y unas 70 viviendas. Fue uno de los incendios forestales más grandes de la región después de los hechos del 2021. Y al igual que ese año, la reconstrucción de las viviendas de los vecinos fue lenta e insuficiente.
Ayudas que demoran
El 27 de enero, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se reunió con algunas de las familias afectadas y prometió asistencia financiera para la recuperación de viviendas y materiales de trabajo. De la reunión también participó el intendente de Epuyén, José Contreras; y funcionarios provinciales.
"Las familias de Epuyén son una prioridad para nuestro gobierno y por eso vamos a acompañar a todos los vecinos afectados por el incendio, para que puedan salir adelante y volver a disfrutar del lugar que eligieron para vivir", expresó el mandatario. Aseguró que desde el Gobierno provincial "vamos dar una rápida respuesta a las familias, muchas de las cuales atraviesan una delicada situación producto del incendio intencional que arrasó con miles de hectáreas, afectando directamente a los vecinos de la comunidad", expresó el mandatario.
En esta línea, anunció diversas medidas de asistencia económica para los damnificados: vouchers para la compra de materiales en corralones de la zona por 20 millones de pesos, una ayuda de 350 mil pesos mensuales para quienes estaban alquilando, con extensión de 4 meses y opción de prórroga, junto a una ayuda de asistencia alimentaria, del mismo monto y también prorrogable. También afirmó que los productores y emprendedores de la zona podrían acceder a préstamos de tasa preferencial a través del Banco del Chubut.
En los días previos también había adelantado que el Gobierno nacional enviaría una partida de $7 mil millones, correspondiente a un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN), para colaborar con la reconstrucción de Epuyén.
Sin embargo, desde la Asamblea de Damnificados sostienen que la ayuda es insuficiente, que sólo llegó a unos pocos, y afirman que todavía hay familias que, a casi un año del incendio, no pueden retornar a sus hogares. Se trata de unas 200 familias que resultaron afectadas por el incendio, de las cuales unas 80 han perdido todo.
Y un año después...
El 25 de noviembre pasado la Asamblea de Damnificados presentó una nota en la Municipalidad de Epuyén y el Concejo Deliberante para dar cuenta de la delicada situación que atraviesan. El reclamo formal incluye la continuidad de las ayudas económicas hasta que se resuelva la crisis habitacional, la extensión de la emergencia ígnea, la puesta en marcha de un Plan de Prevención contra incendios y medidas concretas para recuperar los medios de vida.
"La mayoría de las familias no ha vuelto a su casa. A casi un año aún hay familias que no han empezado su reconstrucción, y las promesas de las casas del IPV para inquilinos sólo quedaron en promesas. Las familias productoras que lo perdieron todo no tuvieron ningún tipo de reparación en relación a su fuente de trabajo y economía, y los subsidios y ayudas económicas (escasas pero necesarias) finalizan en diciembre", enfatizaron desde la Asamblea.
Además de los reclamos, denuncian falta de transparencia respecto a la distribución de fondos aportados por el Tesoro Nacional a la Provincia y el municipio. Desde la banca del Partido Obrero-Frente de Izquierda (PO-FITU) de la Legislatura chubutense se realizó un pedido de informe para dar cuenta del uso concreto de las partidas, ya que a la fecha sólo se conoce el destino de apenas un 23% del monto total enviado por Nación, que se distribuyó entre distintos organismos provinciales como la Subsecretaría de Servicios Públicos y Energías Renovables, la Secretaría de Energía y Planificación, la Administración de Vialidad Provincial, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Bosques y la Secretaría de Salud.
Lino Pizzolón, uno de los integrantes de la Asamblea de Damnificados, precisó a este medio que la ayuda ha sido discrecional: "Hay una discriminación de las personas que han tenido daños". En el medio, el Gobierno provincial apuntó contra la problemática de las tomas, un aspecto sensible para muchos de los vecinos afectados a los cuales no les llegó la ayuda por no tener título de propiedad de sus territorios, a pesar de haber vivido allí por varias generaciones. "Lo dijeron al comienzo, lo de las tomas, como si hubiese tomas así nomás, que es una cosa muy infame, vecinos que vivían hace mucho tiempo, y lo que dijeron al comienzo es que no iban a recibir ninguna ayuda las personas que no fueran dueñas".
Los vouchers para la compra de materiales no llegaron para todos y su monto tampoco resultó suficiente. Los materiales pueden adquirirse sólo en dos corralones, uno ubicado en El Bolsón y otro en Esquel. El dinero también se puede cambiar por algún convenio con una empresa constructora de casas prefabricadas, aunque el valor resulta insuficiente en ambos casos, considerando que no cubre la mano de obra.
"Más allá de que es insuficiente, en muchos casos las ayudas comunitarias, unos con otros, se puede hacer un día a la semana. Hacen falta tareas que sean todos los días. En invierno se paró casi toda la tarea y en este momento no hay dinero para pagar la mano de obra, por ejemplo", enfatiza Pizzolón.
Otro reclamo clave es la prórroga de los subsidios para alquiler y subsistencia, subsidios que vencen en diciembre. Tras un viaje a Rawson, los vecinos lograron una prórroga hasta enero del 2026. Sin embargo, señalaron que las partidas para la extensión del subsidio para alquiler no ingresaron en las arcas municipales, por lo que la ayuda se está sosteniendo exclusivamente con los fondos de la Municipalidad de Epuyén.
"La gente no tiene las casas listas, se han quemado huertos que eran elementos de trabajo y de producción, se han quemado talleres con todas las herramientas", detalla el vecino. La ayuda financiera se vuelve necesaria en la medida en que se acerca la temporada alta en la región turística: "No es que ahora se acabó, llega el verano que es el momento en el que la gente puede trabajar para hacerse unos pesos, trabajo de artesanías o cocina, y no hay elementos para trabajar".
"Necesitamos que nos reciban"
La semana pasada, tres vecinos viajaron a Rawson para transmitir las inquietudes al Ejecutivo Provincial. Concretaron reuniones con distintas dependencias como Desarrollo Humano, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Secretaría de Salud y dos bloques de la Legislatura.
En diálogo con FM 105.5 de la Cordillera, Pablo Gatti, integrante de la asamblea, explicó:
Teníamos pedido audiencia en Casa de Gobierno, idealmente con el gobernador, porque ahí se deciden muchas de las ejecuciones de los fondos que faltan ejecutar de la emergencia". Recordó que el Ejecutivo "hasta ahora ha explicado nada más que el 25% de los gastos, por lo cual tenemos que inferir que el resto está para ejecutarse y deberíamos plantear prioridades desde la asamblea. Nos dijeron que nos iban a convocar, esperamos todo el día y ahora necesitamos que nos reciban
Los vecinos mantuvieron dos encuentros en el IPV, donde se abordaron cuestiones en torno a la construcción de viviendas para inquilinos y la posibilidad de acceder a créditos con prioridad. La ministra de Desarrollo Humano, por su parte, se comprometió a actualizar el relevamiento de damnificados y prorrogar el subsidio de la Tarjeta Alimentar para aquellos que no tienen ingresos.
En el Ministerio de Producción, los vecinos advirtieron que aunque se discutieron algunas líneas de trabajo, las posibilidades de gestión fueron limitadas. También fueron recibidos por los bloques del FIT y el PICh, quienes acompañaron los pedidos de informe.
En el área de Salud, la funcionaria a cargo de Salud Mental informó que se coordinarán reuniones con Protección Civil. Según explicó Gatti, "se comprometió a reforzar el dispositivo de intervención para los damnificados, que se había hecho en un pequeño momento, pero ahora está un poco alicaído". La asistencia en Salud Mental es otro de los reclamos de los vecinos. Pizzolón señala que "el choque psicológico es muy fuerte, y no todos están bien, hace falta asistencia de ese tipo, porque cuando se quema algo, se pierden muchas cosas, y se generan una cantidad de problemas, que si no está el empuje, es muy difícil, más cuando es algo colectivo".
La urgencia de respuestas concretas se acrecienta en la medida en que la región se adentra a una nueva temporada de incendios.
Tierras y empresas privadas
En medio de la crisis habitacional, los vecinos vienen reclamando la ocupación de terrenos por empresas privadas y el rápido avance de plantaciones de pino. "Hay otro tema con el bosque de Epuyén, que al día siguiente del incendio ya tenía puesto una tranquera impidiendo el acceso a toda la cuenca de uno de los arroyos más importantes para el área de interfase, que es el Arroyo Blanco, eso ha sido algo muy turbio, un operativo que comenzó con un préstamo para poner pinos y el préstamo no fue devuelto", detalla Pizzolon.
"Entonces se decidió rematar algo que era del Estado. Es decir, el Banco de Chubut remata algo propio para cobrarse en dinero. Entonces estas 300 hectáreas pasan a ser de dominio privado y con todos los problemas habitacionales que hay y una comunidad que estaba desde antes, donde nacieron chicos, no puede volver ahí. Hay cuestiones irregulares, no hay agua, se están vendiendo tierras de este tipo. Eso es importante también decirlo", agrega. Además, dice que ya hay varias denuncias en curso por las plantaciones de pino, que es una de las especies con más capacidad de propagación del fuego.
De hecho, en el listado de los afectados figura la empresa Bosques de Epuyén SA, dueña de las forestaciones de pino abandonadas por donde avanzó el fuego. La comunidad exige que se investigue el rol de la empresa y algunos han denunciado que aparecieron medidores de luz, posteos y tranqueras nuevas en la tierra que la empresa dice poseer. Actualmente, parte de ese terreno se convirtió en un loteo destinado a un emprendimiento inmobiliario.
Los vecinos, mientras tanto, siguen esperando los servicios básicos: "Hay zonas que no tienen el servicio de agua potable que tal vez no estaba bien hecho de antes pero también hay zonas en las que se quemaron todas las cañerías, a los vecinos se les está trayendo el agua con camiones, pero no puede ser, se necesita que se resuelva el tema de la red de agua potable en varios sectores de La Rinconada, especialmente", sintetiza Pizzolon.
La rapidez en la propagación del incendio en Epuyén es síntoma de una combinación de factores ambientales y políticos que se agudiza cada verano. Sin embargo, la reconstrucción después del fuego también atraviesa serios obstáculos.
