Comunidades mapuche de Neuquén denunciaron penalmente pozos petroleros abandonadosLa Comunidad Mapuche Kaxipayiñ presentó este 17 de diciembre una denuncia penal federal por la existencia de cientos de pozos hidrocarburíferos que nunca fueron correctamente abandonados y que hoy constituyen un riesgo concreto de contaminación sobre la cuenca Neuquén-Limay-Negro, una de las principales fuentes de agua dulce del país.
Según se expuso en la presentación judicial, más de mil pozos deberían haber sido clausurados conforme a la normativa vigente, pero continúan abiertos o con cierres deficientes. En muchos casos, se trata de instalaciones que llevan entre dos y cuatro décadas sin un abandono técnico adecuado y que se encuentran emplazadas en zonas cercanas a ríos, lagos y acuíferos utilizados para el abastecimiento de agua potable.
Desde la comunidad denunciante advierten que estos pozos funcionan como verdaderos focos activos de contaminación. La falta de sellado permite la migración de hidrocarburos, aguas salinas y gases hacia las napas subterráneas, con la capacidad de afectar sistemas hídricos completos. "Un solo pozo puede comprometer un acuífero entero", señalaron.
La cuenca Neuquén-Limay-Negro resulta estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la producción agropecuaria, la actividad industrial y el desarrollo económico de numerosas localidades. En ese sentido, la denuncia subraya que el problema excede lo técnico y se inscribe en una dimensión social, sanitaria y ambiental de largo alcance. "Sin agua segura no hay salud, no hay trabajo ni posibilidad de desarrollo", remarcaron.
El escrito judicial también cuestiona el accionar de YPF, a la que se acusa de no haber cumplido con su obligación legal de abandonar los pozos, y de haber transferido áreas con pasivos ambientales a empresas sin capacidad financiera, mediante mecanismos como el denominado Plan Andes. Esta operatoria, sostienen, se realizó con la tolerancia del Estado provincial y replica esquemas que ya derivaron en graves episodios de contaminación en otras regiones del país.
Para la Confederación Mapuche de Neuquén, la situación configura un delito ambiental de carácter permanente, ya que el riesgo se mantiene y se renueva con el paso del tiempo. Por ese motivo, reclamaron la intervención urgente de la Justicia Federal para frenar el daño y establecer responsabilidades.
"La defensa del agua no es una consigna ideológica, es una condición básica para la vida", concluye la presentación. La advertencia es clara: el impacto no es futuro ni hipotético, sino actual, y compromete a generaciones enteras. Sin agua, sostienen, no hay futuro posible.
La Comunidad Mapuche Kaxipayiñ presentó este 17 de diciembre una denuncia penal federal por la existencia de cientos de pozos hidrocarburíferos que nunca fueron correctamente abandonados y que hoy constituyen un riesgo concreto de contaminación sobre la cuenca Neuquén-Limay-Negro, una de las principales fuentes de agua dulce del país.
Según se expuso en la presentación judicial, más de mil pozos deberían haber sido clausurados conforme a la normativa vigente, pero continúan abiertos o con cierres deficientes. En muchos casos, se trata de instalaciones que llevan entre dos y cuatro décadas sin un abandono técnico adecuado y que se encuentran emplazadas en zonas cercanas a ríos, lagos y acuíferos utilizados para el abastecimiento de agua potable.
Desde la comunidad denunciante advierten que estos pozos funcionan como verdaderos focos activos de contaminación. La falta de sellado permite la migración de hidrocarburos, aguas salinas y gases hacia las napas subterráneas, con la capacidad de afectar sistemas hídricos completos. "Un solo pozo puede comprometer un acuífero entero", señalaron.
La cuenca Neuquén-Limay-Negro resulta estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la producción agropecuaria, la actividad industrial y el desarrollo económico de numerosas localidades. En ese sentido, la denuncia subraya que el problema excede lo técnico y se inscribe en una dimensión social, sanitaria y ambiental de largo alcance. "Sin agua segura no hay salud, no hay trabajo ni posibilidad de desarrollo", remarcaron.
El escrito judicial también cuestiona el accionar de YPF, a la que se acusa de no haber cumplido con su obligación legal de abandonar los pozos, y de haber transferido áreas con pasivos ambientales a empresas sin capacidad financiera, mediante mecanismos como el denominado Plan Andes. Esta operatoria, sostienen, se realizó con la tolerancia del Estado provincial y replica esquemas que ya derivaron en graves episodios de contaminación en otras regiones del país.
Para la Confederación Mapuche de Neuquén, la situación configura un delito ambiental de carácter permanente, ya que el riesgo se mantiene y se renueva con el paso del tiempo. Por ese motivo, reclamaron la intervención urgente de la Justicia Federal para frenar el daño y establecer responsabilidades.
"La defensa del agua no es una consigna ideológica, es una condición básica para la vida", concluye la presentación. La advertencia es clara: el impacto no es futuro ni hipotético, sino actual, y compromete a generaciones enteras. Sin agua, sostienen, no hay futuro posible.
