La Corte cajonea causas de lesa humanidad, suben las absoluciones y se reducen los detenidosPor Luciana Bertoia
Más de la mitad de las sentencias dictadas en causas por crímenes contra la humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado no se encuentran firmes, advirtió la Procuración General en un informe sobre el estado del proceso de juzgamiento. En la Corte Suprema -que este año batió récords para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitarla para competir en las elecciones y allanar el camino para que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenara su detención- hay al menos 31 causas que involucran a 111 personas esperando ser resueltas por los tres cortesanos.
En su informe anual, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) advirtió que los tiempos se estiraron a la hora de revisar las sentencias dictadas por los tribunales orales. Hay un embudo en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Corte Suprema.
Hasta el 1 de diciembre, los tribunales habían dictado 357 sentencias en todo el país. A esos datos hay que sumar la condena por la masacre del Pabellón Séptimo -considerada una grave violación a los derechos humanos- y la del centro clandestino conocido como "Las Casitas", dictada en Comodoro Rivadavia. Un 52 por ciento de las sentencias, sostiene la PCCH, posee alguna instancia recursiva ante la Casación o la propia Corte.
Las causas tramitan con lentitud. De acuerdo con las estadísticas, desde que un fiscal requiere que un expediente sea elevado a juicio y hasta que la Corte evacúa el último recurso pasan, en promedio, seis años y dos meses. El tiempo se prolongó: en 2024, el registro era de cinco años y nueve meses.
Desde que un TOF da a conocer los fundamentos de su sentencia y hasta que los cortesanos analizan los recursos transcurren, en promedio, cuatro años y dos meses. Este dato es una aproximación, pero sirve para entender cómo funciona la cronoterapia en la Corte Suprema.
Hay casos en los que se percibe directamente un desinterés a la hora de revisar los expedientes. Por ejemplo, el TOF 1 de La Plata dio a conocer en marzo de 2013 los fundamentos de su sentencia en el llamado Circuito Camps, oportunidad en la que Jaime Lamont Smart -ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires- recibió su primera condena a prisión perpetua. Ese fallo, después de casi trece años, sigue sin estar firme. Desde entonces, Smart acumuló siete perpetuas y, desde su prisión domiciliaria en el sur del país, enviaba insumos contra los juicios a diputados de La Libertad Avanza (LLA) que compartían chats con defensores de represores.
Los tiempos eternos en las causas por crímenes de lesa humanidad contrastan con los plazos que manejan Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en los expedientes con "impacto político". En el caso Vialidad, el TOF 2 dio a conocer los fundamentos de su sentencia contra CFK en marzo de 2023. En junio de 2025, esa decisión ya había sido confirmada. Es decir, la demora se redujo a dos años y cuatro meses: la mitad de lo que se registra, en promedio, en causas por los delitos más graves del ordenamiento penal y que, además, ocurrieron hace casi 50 años.
No es un tema menor el de las demoras o la falta de firmeza de las decisiones. En octubre pasado, la propia Corte eligió el caso de Carlos Ernesto "Indio" Castillo, un cabecilla de la banda de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), para señalar que una persona no puede estar más de tres años en prisión preventiva -es decir, sin condena firme- ni siquiera teniendo en cuenta la complejidad que presentan los casos vinculados al terrorismo de Estado. Para cumplir con su propio fallo, la Corte debería reducir sustancialmente los plazos de tramitación de las causas.
A esto se suma que el máximo tribunal desactivó la comisión dedicada a agilizar estos procesos. Esa instancia no se reúne desde 2021, coincidentemente con la llegada de Rosatti a la presidencia de la Corte. De hecho, el 4 de diciembre pasado, la superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal recibió a una delegación del colectivo de abogados y abogadas Mario Bosch para discutir acerca de las demoras en los juicios. Según dijeron en Casación a este diario, desde ese tribunal expresaron su acuerdo en pedirle a la Corte que reactive la llamada "Comisión Interpoderes".
Hasta el 1 de diciembre, había 1208 condenados por crímenes contra la humanidad. A ese número deben adicionarse los dos condenados por la masacre del Pabellón Séptimo y los cinco sentenciados en Comodoro Rivadavia.
Desde la PCCH alertaron que este fue el año en el que se registró un "aumento considerable" de las absoluciones. El número de absueltos trepó a 51. La cifra se explica, en gran parte, por las ocho absoluciones en el tercer juicio por crímenes en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), las 27 dictadas en La Huerta y las 17 concedidas en el juicio por la represión contra los obreros de Acindar. En 2023 se habían contabilizado 16 absoluciones, mientras que en 2024 el número había ascendido a doce.
Lo que sí baja desde 2015 es el número de personas detenidas por secuestrar, torturar y desaparecer, a contramano de los discursos oficiales que indican que los tribunales son más duros con los represores. En la actualidad, hay 515 personas privadas de su libertad.
De ellas, 434 se encuentran detenidas en su domicilio, lo que representa el 84 por ciento del total. Solo 19 están alojadas en unidades del Servicio Penitenciario. En la Unidad 34 de Campo de Mayo hay 62 detenidos.
La PCCH remarcó que durante este año se produjo una "caída histórica" de las personas que cumplen su arresto en unidades penitenciarias. Para la Procuración -en consonancia con lo que plantean los organismos de derechos humanos- la Unidad 34 de Campo de Mayo no es una cárcel común, ya que, por ejemplo, es el Ejército el que provee la alimentación a los reclusos.
La "caída histórica" que denuncia la PCCH se debe a la decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que dependía de Patricia Bullrich, de trasladar a Alfredo Astiz y otros represores desde el penal de Ezeiza a Campo de Mayo. Allí gozan de otras comodidades, entre las que se cuentan canchas de tenis.
Menos de la mitad de los represores que cumplen prisión domiciliaria están controlados con tobilleras electrónicas, como la que la Corte convalidó para monitorear a CFK en San José 1111. Algunos de ellos salen a hacer compras o se las ingenian para organizar actos fallidos en reclamo de su libertad.
Fuente: Página/12
Por Luciana Bertoia
Más de la mitad de las sentencias dictadas en causas por crímenes contra la humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado no se encuentran firmes, advirtió la Procuración General en un informe sobre el estado del proceso de juzgamiento. En la Corte Suprema -que este año batió récords para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitarla para competir en las elecciones y allanar el camino para que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenara su detención- hay al menos 31 causas que involucran a 111 personas esperando ser resueltas por los tres cortesanos.
En su informe anual, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) advirtió que los tiempos se estiraron a la hora de revisar las sentencias dictadas por los tribunales orales. Hay un embudo en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Corte Suprema.
Hasta el 1 de diciembre, los tribunales habían dictado 357 sentencias en todo el país. A esos datos hay que sumar la condena por la masacre del Pabellón Séptimo -considerada una grave violación a los derechos humanos- y la del centro clandestino conocido como "Las Casitas", dictada en Comodoro Rivadavia. Un 52 por ciento de las sentencias, sostiene la PCCH, posee alguna instancia recursiva ante la Casación o la propia Corte.
Las causas tramitan con lentitud. De acuerdo con las estadísticas, desde que un fiscal requiere que un expediente sea elevado a juicio y hasta que la Corte evacúa el último recurso pasan, en promedio, seis años y dos meses. El tiempo se prolongó: en 2024, el registro era de cinco años y nueve meses.
Desde que un TOF da a conocer los fundamentos de su sentencia y hasta que los cortesanos analizan los recursos transcurren, en promedio, cuatro años y dos meses. Este dato es una aproximación, pero sirve para entender cómo funciona la cronoterapia en la Corte Suprema.
Hay casos en los que se percibe directamente un desinterés a la hora de revisar los expedientes. Por ejemplo, el TOF 1 de La Plata dio a conocer en marzo de 2013 los fundamentos de su sentencia en el llamado Circuito Camps, oportunidad en la que Jaime Lamont Smart -ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires- recibió su primera condena a prisión perpetua. Ese fallo, después de casi trece años, sigue sin estar firme. Desde entonces, Smart acumuló siete perpetuas y, desde su prisión domiciliaria en el sur del país, enviaba insumos contra los juicios a diputados de La Libertad Avanza (LLA) que compartían chats con defensores de represores.
Los tiempos eternos en las causas por crímenes de lesa humanidad contrastan con los plazos que manejan Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en los expedientes con "impacto político". En el caso Vialidad, el TOF 2 dio a conocer los fundamentos de su sentencia contra CFK en marzo de 2023. En junio de 2025, esa decisión ya había sido confirmada. Es decir, la demora se redujo a dos años y cuatro meses: la mitad de lo que se registra, en promedio, en causas por los delitos más graves del ordenamiento penal y que, además, ocurrieron hace casi 50 años.
No es un tema menor el de las demoras o la falta de firmeza de las decisiones. En octubre pasado, la propia Corte eligió el caso de Carlos Ernesto "Indio" Castillo, un cabecilla de la banda de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), para señalar que una persona no puede estar más de tres años en prisión preventiva -es decir, sin condena firme- ni siquiera teniendo en cuenta la complejidad que presentan los casos vinculados al terrorismo de Estado. Para cumplir con su propio fallo, la Corte debería reducir sustancialmente los plazos de tramitación de las causas.
A esto se suma que el máximo tribunal desactivó la comisión dedicada a agilizar estos procesos. Esa instancia no se reúne desde 2021, coincidentemente con la llegada de Rosatti a la presidencia de la Corte. De hecho, el 4 de diciembre pasado, la superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal recibió a una delegación del colectivo de abogados y abogadas Mario Bosch para discutir acerca de las demoras en los juicios. Según dijeron en Casación a este diario, desde ese tribunal expresaron su acuerdo en pedirle a la Corte que reactive la llamada "Comisión Interpoderes".
Hasta el 1 de diciembre, había 1208 condenados por crímenes contra la humanidad. A ese número deben adicionarse los dos condenados por la masacre del Pabellón Séptimo y los cinco sentenciados en Comodoro Rivadavia.
Desde la PCCH alertaron que este fue el año en el que se registró un "aumento considerable" de las absoluciones. El número de absueltos trepó a 51. La cifra se explica, en gran parte, por las ocho absoluciones en el tercer juicio por crímenes en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), las 27 dictadas en La Huerta y las 17 concedidas en el juicio por la represión contra los obreros de Acindar. En 2023 se habían contabilizado 16 absoluciones, mientras que en 2024 el número había ascendido a doce.
Lo que sí baja desde 2015 es el número de personas detenidas por secuestrar, torturar y desaparecer, a contramano de los discursos oficiales que indican que los tribunales son más duros con los represores. En la actualidad, hay 515 personas privadas de su libertad.
De ellas, 434 se encuentran detenidas en su domicilio, lo que representa el 84 por ciento del total. Solo 19 están alojadas en unidades del Servicio Penitenciario. En la Unidad 34 de Campo de Mayo hay 62 detenidos.
La PCCH remarcó que durante este año se produjo una "caída histórica" de las personas que cumplen su arresto en unidades penitenciarias. Para la Procuración -en consonancia con lo que plantean los organismos de derechos humanos- la Unidad 34 de Campo de Mayo no es una cárcel común, ya que, por ejemplo, es el Ejército el que provee la alimentación a los reclusos.
La "caída histórica" que denuncia la PCCH se debe a la decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que dependía de Patricia Bullrich, de trasladar a Alfredo Astiz y otros represores desde el penal de Ezeiza a Campo de Mayo. Allí gozan de otras comodidades, entre las que se cuentan canchas de tenis.
Menos de la mitad de los represores que cumplen prisión domiciliaria están controlados con tobilleras electrónicas, como la que la Corte convalidó para monitorear a CFK en San José 1111. Algunos de ellos salen a hacer compras o se las ingenian para organizar actos fallidos en reclamo de su libertad.
Fuente: Página/12
