Protestas contra la minería: "Es parte del mecanismo de persecución que hay en Mendoza"Por Adriana Meyer
A nueve días del desmesurado operativo de represión en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza --que incluyó gases y balas de goma de la Policía contra los manifestantes que protestaban contra el proyecto minero San Jorge y terminó con la detención de 13 personas entre asambleístas, vecinos y militantes de distintos espacios culturales y periodísticos--, los hermanos Renzo y Facundo Gollano continúan detenidos en el Polo Judicial, acusados por el fiscal Federico Giunta de "reiterancia", y tendrán su audiencia de apelación el martes 23. "Hay una clara intención del gobierno provincial de sostener que los ambientalistas y las organizaciones que luchan por diferentes reivindicaciones, en este caso en defensa del agua pero en otros momentos fue por los alimentos en los comedores o por cuestiones relacionadas al salario, son terroristas", dijo a Página/12 el abogado de los Gollano, Maximiliano Villarreal. "Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para tratar de aleccionar a los activistas y militantes del agua, que es la lucha que ha tomado relevancia todo el año, pero ya viene desde años anteriores contra sindicalistas, piqueteros y miembros de organizaciones sociales", agregó.
La noche del jueves estuvo marcada por una cacería policial en base a un listado con los datos biométricos de las personas a ser detenidas, al mismo tiempo que los miembros del grupo especial uniformados como si fueran Robocop repartían palos y aplastaban a los apresados contra el suelo. La Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) denunció el accionar represivo, mientras que organismos de derechos humanos y sindicatos se fueron sumando al repudio, al tiempo que los detenidos se filmaban en uno de los vehículos policiales que los transportó al Polo Judicial cantando "no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia". Pasadas algunas horas, AMPAP y la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) exigieron su "inmediata e incondicional liberación", y reclamaron garantías para su integridad física y psíquica, además del respeto de sus derechos procesales. Los dos periodistas aprehendidos recuperaron a las horas su libertad y no quedaron vinculados a la causa.
Luego de tres meses, Facundo Gollano está otra vez detenido por defender el agua, ahora junto a su hermano Renzo, y son las únicas dos personas que tras la represión de la noche del 11 de diciembre aún no recuperaron su libertad. "Están en el mismo pabellón, el del ingreso de la Penitenciaría de San Felipe. Si bien es muy grave que estén en una cárcel, ellos están bien física y emocionalmente, siguen fuertes y mandan saludos a los que se organizan para luchar por su libertad. Esta mañana estuvieron declarando ambos en la causa para contar cómo fueron detenidos, Facundo fue golpeado después de ser esposado", relató el abogado Villarreal, y explicó que no fueron liberados porque están imputados bajo la figura de la reiterancia que rige en la provincia, es decir, la acumulación de denuncias previas. En una marcha anterior por la defensa del agua, Facundo fue acusado por la policía de romper una bicicleta, en tanto Renzo se negó a mostrar su documento cuando le fue requerido por la Policía un día que iba hacia su trabajo. En esa oportunidad fue detenido por resistencia a la autoridad.
"Ellos invocan que cada hermano tiene una causa previa y han argumentado que habría hay peligro de fuga, pero la fiscalía no explica por qué, por eso pedimos la intervención del juez de garantías y tenemos audiencia el martes a las 11, con la jueza y el fiscal, así podemos argumentar por qué las detenciones no corresponden y pedir que dicten su libertad", explicó el letrado, que trabaja en conjunto con el resto de los profesionales que intervinieron desde el principio. "Consideramos que no corresponde que estén privados de su libertad porque al sumar ambos delitos no se llega a un mínimo de pena superior a los 3 años, es decir, que es excarcelable. Además, tienen arraigo, trabajan, poseen domicilio de modo que no está dado el peligro de fuga", indicó. Villarreal fue enfático respecto a la inconstitucionalidad de la figura de reiterancia. "Es una figura controversial, no se puede acusar simplemente por denuncias, que no están ni siquiera probadas", dijo.
Detenciones políticas
Para Villarreal no hay duda alguna de que los hermanos Gollano, así como los demás imputados tras la marcha del 11D, quedaron implicados en una causa política. "Usan ciertas herramientas legales como la reiterancia para detener, y haberlos mandado al Penal es una forma de disciplinamiento, para decir ‘mirá, si vos seguís protestando y manifestándote te va a pasar esto', y tampoco es casual que esté el fiscal Giunta", manifestó el abogado. Giunta acaba de ser ascendido a un cargo superior, pero tuvo varias impugnaciones en el Senado. "Desde 2022 él viene siendo una herramienta política fundamental en la persecución a los opositores acá en la provincia, todas las causas relacionadas a piqueteros y sindicalistas recayeron en su fiscalía, principalmente una causa contra ATE y otros sindicatos, y las causas contra el Polo Obrero y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), en la cual estuvo detenido Martín Rodríguez, Lorena Torres, Víctor Dávila y otros imputados, en total siete", describió Villarreal.
En su descripción, la estrategia es aplicar el artículo 194 del Código Penal que es la interrupción del tránsito terrestre, por eso hacen hincapié en cuáles son las líneas de los colectivos afectadas por las marchas. Al abrir procesos por cada manifestación, los denunciados quedaban a tiro para que les apliquen la polémica reiterancia. En aquel momento, la jueza de Garantías Mirna Montaldi ordenó la libertad, de modo que el equipo de abogados ahora tiene expectativa favorable para los hermanos Gollano.
En Mendoza también se apeló a la coerción ideológica, con la detención a principios de año de dos militantes de Uspallata, Federico Soria y Mauricio Cornejo, acusados bajo el artículo 213 bis del Código Penal (agrupación para la coerción ideológica). "Ya habíamos tenido antecedentes en 2019, con Nora Moyano, que es una referente ambiental, una persona mayor de edad que lleva muchos años de lucha en la provincia, a quien desde las fiscalías correccionales la imputaron de ‘secuestrar' a legisladores durante una protesta, una locura", recordó Villarreal.
Para el abogado, "no es la primera vez que pasa esto pero sí van escalando, por ejemplo en la causa del Polo Obrero no se los pasó al Penal, pero ahora a los hermanos Gollano sí; en la causa del Polo Obrero solamente era reiterancia, ahora agregaron el peligro de fuga; lo mismo pasa con el delito de coerción ideológica, que es un delito grave porque implica intentar imponer ideas por la fuerza". En este sentido, expresó que "la intención es sostener que los ambientalistas y las organizaciones que luchan por diversas reivindicaciones contra el gobierno, son terroristas y así aleccionar al resto".
Sin embargo, el amedrentamiento por ahora no parece haber surtido efecto porque ayer se produjo una nueva protesta contra San Jorge y la megaminería en la calles de la Capital mendocina. Mientras tanto, la semana próxima se juega la posibilidad de tener o no una Navidad con presos políticos de la administración de Alfredo Cornejo.
Fuente: Bloglemu
Por Adriana Meyer
A nueve días del desmesurado operativo de represión en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza --que incluyó gases y balas de goma de la Policía contra los manifestantes que protestaban contra el proyecto minero San Jorge y terminó con la detención de 13 personas entre asambleístas, vecinos y militantes de distintos espacios culturales y periodísticos--, los hermanos Renzo y Facundo Gollano continúan detenidos en el Polo Judicial, acusados por el fiscal Federico Giunta de "reiterancia", y tendrán su audiencia de apelación el martes 23. "Hay una clara intención del gobierno provincial de sostener que los ambientalistas y las organizaciones que luchan por diferentes reivindicaciones, en este caso en defensa del agua pero en otros momentos fue por los alimentos en los comedores o por cuestiones relacionadas al salario, son terroristas", dijo a Página/12 el abogado de los Gollano, Maximiliano Villarreal. "Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para tratar de aleccionar a los activistas y militantes del agua, que es la lucha que ha tomado relevancia todo el año, pero ya viene desde años anteriores contra sindicalistas, piqueteros y miembros de organizaciones sociales", agregó.
La noche del jueves estuvo marcada por una cacería policial en base a un listado con los datos biométricos de las personas a ser detenidas, al mismo tiempo que los miembros del grupo especial uniformados como si fueran Robocop repartían palos y aplastaban a los apresados contra el suelo. La Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) denunció el accionar represivo, mientras que organismos de derechos humanos y sindicatos se fueron sumando al repudio, al tiempo que los detenidos se filmaban en uno de los vehículos policiales que los transportó al Polo Judicial cantando "no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia". Pasadas algunas horas, AMPAP y la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) exigieron su "inmediata e incondicional liberación", y reclamaron garantías para su integridad física y psíquica, además del respeto de sus derechos procesales. Los dos periodistas aprehendidos recuperaron a las horas su libertad y no quedaron vinculados a la causa.
Luego de tres meses, Facundo Gollano está otra vez detenido por defender el agua, ahora junto a su hermano Renzo, y son las únicas dos personas que tras la represión de la noche del 11 de diciembre aún no recuperaron su libertad. "Están en el mismo pabellón, el del ingreso de la Penitenciaría de San Felipe. Si bien es muy grave que estén en una cárcel, ellos están bien física y emocionalmente, siguen fuertes y mandan saludos a los que se organizan para luchar por su libertad. Esta mañana estuvieron declarando ambos en la causa para contar cómo fueron detenidos, Facundo fue golpeado después de ser esposado", relató el abogado Villarreal, y explicó que no fueron liberados porque están imputados bajo la figura de la reiterancia que rige en la provincia, es decir, la acumulación de denuncias previas. En una marcha anterior por la defensa del agua, Facundo fue acusado por la policía de romper una bicicleta, en tanto Renzo se negó a mostrar su documento cuando le fue requerido por la Policía un día que iba hacia su trabajo. En esa oportunidad fue detenido por resistencia a la autoridad.
"Ellos invocan que cada hermano tiene una causa previa y han argumentado que habría hay peligro de fuga, pero la fiscalía no explica por qué, por eso pedimos la intervención del juez de garantías y tenemos audiencia el martes a las 11, con la jueza y el fiscal, así podemos argumentar por qué las detenciones no corresponden y pedir que dicten su libertad", explicó el letrado, que trabaja en conjunto con el resto de los profesionales que intervinieron desde el principio. "Consideramos que no corresponde que estén privados de su libertad porque al sumar ambos delitos no se llega a un mínimo de pena superior a los 3 años, es decir, que es excarcelable. Además, tienen arraigo, trabajan, poseen domicilio de modo que no está dado el peligro de fuga", indicó. Villarreal fue enfático respecto a la inconstitucionalidad de la figura de reiterancia. "Es una figura controversial, no se puede acusar simplemente por denuncias, que no están ni siquiera probadas", dijo.
Detenciones políticas
Para Villarreal no hay duda alguna de que los hermanos Gollano, así como los demás imputados tras la marcha del 11D, quedaron implicados en una causa política. "Usan ciertas herramientas legales como la reiterancia para detener, y haberlos mandado al Penal es una forma de disciplinamiento, para decir ‘mirá, si vos seguís protestando y manifestándote te va a pasar esto', y tampoco es casual que esté el fiscal Giunta", manifestó el abogado. Giunta acaba de ser ascendido a un cargo superior, pero tuvo varias impugnaciones en el Senado. "Desde 2022 él viene siendo una herramienta política fundamental en la persecución a los opositores acá en la provincia, todas las causas relacionadas a piqueteros y sindicalistas recayeron en su fiscalía, principalmente una causa contra ATE y otros sindicatos, y las causas contra el Polo Obrero y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), en la cual estuvo detenido Martín Rodríguez, Lorena Torres, Víctor Dávila y otros imputados, en total siete", describió Villarreal.
En su descripción, la estrategia es aplicar el artículo 194 del Código Penal que es la interrupción del tránsito terrestre, por eso hacen hincapié en cuáles son las líneas de los colectivos afectadas por las marchas. Al abrir procesos por cada manifestación, los denunciados quedaban a tiro para que les apliquen la polémica reiterancia. En aquel momento, la jueza de Garantías Mirna Montaldi ordenó la libertad, de modo que el equipo de abogados ahora tiene expectativa favorable para los hermanos Gollano.
En Mendoza también se apeló a la coerción ideológica, con la detención a principios de año de dos militantes de Uspallata, Federico Soria y Mauricio Cornejo, acusados bajo el artículo 213 bis del Código Penal (agrupación para la coerción ideológica). "Ya habíamos tenido antecedentes en 2019, con Nora Moyano, que es una referente ambiental, una persona mayor de edad que lleva muchos años de lucha en la provincia, a quien desde las fiscalías correccionales la imputaron de ‘secuestrar' a legisladores durante una protesta, una locura", recordó Villarreal.
Para el abogado, "no es la primera vez que pasa esto pero sí van escalando, por ejemplo en la causa del Polo Obrero no se los pasó al Penal, pero ahora a los hermanos Gollano sí; en la causa del Polo Obrero solamente era reiterancia, ahora agregaron el peligro de fuga; lo mismo pasa con el delito de coerción ideológica, que es un delito grave porque implica intentar imponer ideas por la fuerza". En este sentido, expresó que "la intención es sostener que los ambientalistas y las organizaciones que luchan por diversas reivindicaciones contra el gobierno, son terroristas y así aleccionar al resto".
Sin embargo, el amedrentamiento por ahora no parece haber surtido efecto porque ayer se produjo una nueva protesta contra San Jorge y la megaminería en la calles de la Capital mendocina. Mientras tanto, la semana próxima se juega la posibilidad de tener o no una Navidad con presos políticos de la administración de Alfredo Cornejo.
Fuente: Bloglemu
