La comunidad universitaria continúa en alerta, tras un año de intensas movilizaciones y reclamos. El presupuesto universitario registra una caída de más del 30% desde 2023: desde entonces las casas de estudio funcionan con poco más de la mitad del presupuesto necesario. El ajuste perfila un escenario complejo, con sueldos licuados, éxodo de docentes, becas insuficientes y parálisis de la investigación científica. Pese a las estrategias de dilación que aplicó el Gobierno nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario, hace poco la Justicia falló a favor de las universidades, obligando al Ejecutivo a aplicar la normativa y recomponer los valores de salarios y becas.
A pesar de esta decisión, para 2026 se profundizará el ajuste: se destinará la mitad del presupuesto necesario y ya no será obligación del Estado invertir un mínimo del 6% del PBI en Educación.
El impacto federal del ajuste
En 2025, el monto proyectado para las universidades nacionales fue de $3.8 billones de pesos. Si bien el Gobierno nacional terminó transfiriendo 4 billones de pesos, sigue siendo una cifra muy alejada de los 7,2 billones que exigió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial. Desde el 2023, las universidades vienen sosteniéndose con un monto prorrogado año a año, a pesar de la inflación creciente.
En 2024 la inversión nacional en educación cayó un 42,7% y un 22,1% en Universidades Públicas, caídas que se profundizaron en 2025 con un descenso de casi 9 puntos adicionales en ambos casos. Además, desaparecieron programas como el Conectar Igualdad o el FONID, se congelaron los valores de las becas estudiantiles, los salarios perdieron un amplio margen de poder adquisitivo y se suspendió la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en Educación.
Los números se revelan incluso más bajo si se los compara con la inversión de otros períodos. De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU durante los cinco primeros meses de 2025 el Estado Nacional transfirió $1.585.873 millones a las Universidades Nacionales, lo que en términos reales representa un 22,5% menos que en los primeros cinco meses de 2023.
Según el análisis del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), junto a la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), el presupuesto 2025 para financiar las universidades nacionales es el más bajo desde 2005. Este año se destinó 0,50% del PBI a esta partida, apenas un 0,01 punto porcentual por encima de los valores del 2005 y y 0,3 p. p. por debajo de 2003 (0,53%). El financiamiento educativo nacional (0,7%) se encuentra por debajo de 2002 y es el más bajo de este siglo, además de ser el segundo más bajo de toda la democracia, sólo superado por 1992 (0,6%).
Para mayo, la caída en la inversión universitaria llegaba al 19,8%. El presupuesto de la Secretaría de Educación, por su parte, alcanzó el 47,6% en apenas dos años. Un número similar se registró en el área de Ciencia y Técnica, fuertemente desfinanciada. Estos valores, junto a los índices salariales del sector docente y no docente, continuaron experimentando caídas mes a mes.
El ajuste, sin embargo, tiene un impacto diferencial en las provincias y en cada casa de estudios. Las universidades con una mayor variación respecto al 2023 son la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (-59,6%), la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (-40,6%) y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (-38,2%). En la región patagónica, las casas de estudio muestran una caída similar a la media nacional, que ronda el -19%.
La más afectada es la Universidad Patagonia Austral, con una caída del 20,5% respecto a valores del 2023. Le siguen la Universidad del Comahue (-19%), la UNPSJB (-18,7%) y la Universidad de Tierra del Fuego (-18,6%).
Según el documento de CIICTI y Fedun "el ajuste tiene un sesgo concentrador, que atenta contra la federalización del sistema. La caída es desigual, con retrocesos de hasta 20 puntos por sobre el promedio, afectando a las provincias más pequeñas". Cuando se mide la ejecución acumulada a mayo 2025 contra igual período de 2023 se observa que las 24 provincias registran una caída promedio del 35,8%, aunque en La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa y Neuquén se evidencia una caída de más del 50% real.
Exodo de estudiantes y docentes
Un 90% del presupuesto se utiliza para cubrir los salarios de los casi 200 mil trabajadores docentes del sistema universitario público. En 2025 se proyectó un leve incremento en los gastos de funcionamiento, inversión en hospitales universitarios y otros programas, por lo que el ajuste impactó sobre todo en los salarios, que en 2024 tuvieron una caída real del 23,7%.
El deterioro continuó, mes a mes, durante el 2025, situación que se agudizó ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno nacional, que ha otorgado escasos aumentos de manera unilateral.
Según el análisis realizado por FEDUN junto a CIICTI, en la última década los salarios universitarios llevan perdido más de un tercio de su poder adquisitivo. En el período 2015-2019 se perdieron 10 puntos, mientras que en los últimos dos años se consolidó el deterioro más abrupto en lo que va del siglo. Actualmente los valores de los salarios en las universidades se ubican en niveles inferiores a los de 2002, habiendo perdido un 39% desde su máximo en 2011.
De acuerdo a CONADU, el salario docente experimentó tres etapas en el proceso de ajuste durante la gestión de Javier Milei. La primera, ocurrida por efecto inmediato de la devaluación de 118% en diciembre de 2023, lo que se tradujo en una pérdida de 30,3% de poder adquisitivo. La segunda fue una etapa de recuperación parcial, entre febrero de 2024 a noviembre de 2024, cuando el salario llegó a estar 22,1% por debajo del poder adquisitivo alcanzado antes del cambio de gobierno. A partir de ese momento, se produjo otra fuerte disminución en el salario docente. Para mayo la caída acumulada volvió a los niveles alcanzados al inicio del gobierno de Milei (28,1%). En este sentido, el salario docente universitario evolucionó peor que el sector privado formal y peor que el promedio del sector público.
Los únicos cargos cuyos montos iniciales superan los valores de la canasta básica son los cargos de Docente Titular y Docente Asociado. No obstante, la mayor parte de la docencia universitaria se concentra en cargos menores como adjuntos, JTP y auxiliares, que exhiben salarios de pobreza.
Para fin de año, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes escala al 40%. Los aumentos otorgados por el Gobierno, de manera unilateral y sin mediar discusiones paritarias, han sido magros: en agosto el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, anunció un incremento del 7,5% para docentes y no docentes, implementados entre septiembre y noviembre. Se trata de una cifra ínfima que no alcanza a recomponer los salarios, perjudicados con una inflación acumulada desde 2023 cercana al 200%.
El impacto del ajuste también se refleja en el ámbito de bienestar estudiantil. Los fondos para becas están paralizados desde 2023, lo que deriva en una caída de casi un 64%. En general, las becas estudiantiles no superan los $50.000 mensuales. La Beca Progresar, por ejemplo, hoy otorga $35.000, lo cual resulta insuficiente para cubrir gastos de comida, transporte y materiales de estudio.
El sostenimiento de las trayectorias académicas se vuelve especialmente arduo frente a la realidad económica: muchos estudiantes trabajan mientras estudian y otros simplemente abandonan los estudios ante la necesidad de trabajar.
"La universidad tiene becas para estudiantes que se han visto reducidas y no solo eso, sino que estamos viendo que hay chicos que ya no pueden venir a la universidad, no pueden pagar los pasajes, no pueden sostener una cursada regular porque tienen que salir a trabajar", expresaba en septiembre la referente de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Fabiana Marino, a este medio.
El resultado de este escenario es una paulatina deserción, así como de dificultades en la continuidad y la periodicidad de las cursadas. Así lo explicó la Secretaría General de ADU, Gloria Herrera, en diálogo con El Extremo Sur: "Hay exigencias que son difíciles de entender desde el lugar de lo que un estudiante puede hacer realmente y una familia puede hacer realmente. Te dicen que en la Universidad hay estudiantes que una carrera de 5 años la hacen en 8, pero porque son pibes que tienen que laburar, no pueden estar todo el tiempo dentro de la Universidad como lo exige el plan de estudios y sus horarios".
La deserción, sin embargo, no se agota en el estudiantado. Se estima que en los últimos dos años hubo un éxodo de unos 10 mil docentes en las universidades nacionales de todo el país. Herrera comentó que en la UNPSJB este fenómeno "no se está dando tan agresivamente". Sin embargo, desde hace tiempo notan que los docentes "buscan alternativas", que generalmente tienen que ver con bajar la dedicación en la Universidad para complementar con otro empleo.
La Ley de Financiamiento
La clave para la continuidad del sistema universitario público parece estar en la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo que ha sido transversal a todas las acciones de lucha que la comunidad protagoniza desde hace dos años. El año pasado se presentó un primer proyecto que fue rápidamente vetado por el Presidente y no logró ser revertido en el Congreso.
A finales de mayo, el CIN presentó un nuevo proyecto que contemplaba un aumento presupuestario para los múltiples aspectos de la vida universitaria: salarios, bienestar estudiantil, infraestructura universitaria y robustecimiento de la investigación. Señaló en reiteradas ocasiones que no exigía la creación de nuevos impuestos ni el desequilibrio fiscal. La normativa fue aprobada en el mes de agosto por ambas cámaras. En Diputados tuvo 159 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, mientras que en la Cámara Alta logró un respaldo de 58 votos afirmativos, frente a 10 negativos y 3 abstenciones.
El proyecto contó con gran respaldo de la comunidad: el 17 de septiembre millones de personas salieron a las calles para sumarse a la Marcha Federal Universitaria, la tercera durante la gestión de Milei. Esta vez, para rechazar el veto presidencial y exhortar a los legisladores a apoyar la normativa.
No obstante, tal y como se esperaba, Milei vetó la ley mediante el Decreto 647/2025, argumentando que aumentaba el gasto público sin recursos, afectando el superávit fiscal y la estabilidad económica.
El 17 de septiembre la Cámara de Diputados alcanzó los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. La decisión fue ratificada por el Senado el 2 de octubre, lo que quiere decir que el proyecto debe convertirse en Ley. A pesar de este avance, que para la comunidad universitaria implicó un triunfo, el Gobierno no dejó de poner palos en la rueda.
A pocos días del rechazo al veto, la secretaria adjunta de ADU, Verónica Botto, señalaba a El Extremo Sur que los gremios no tenían certezas de la implementación de la Ley: "Si bien nos dio una alegría enorme que saliera la ley sabemos que no implica con este Gobierno que se vaya a cumplir ni que se vaya a cumplir enseguida".
Botto habló de una "ley compleja" y advirtió que "aún si hubiera una voluntad del Gobierno nacional de ponerla en práctica, no se sería una ley que se pone en funcionamiento de un día para el otro". Se esperaba que el Gobierno aplicara una estrategia similar a la que puso en práctica con la Ley de Discapacidad, que fue promulgada y luego se suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera las partidas específicas para su financiamiento.
A pesar del respaldo legislativo, el Ejecutivo no tardó en poner un nuevo freno, esta vez con el Decreto 195/2025, que suspendía la Ley argumentando que la norma no autorizaba ni preveía de manera expresa los gastos necesarios para garantizar el financiamiento universitario. Esta decisión dejó sin efecto los mecanismos de actualización salarial y de becas previstos por la Ley.
El debate llegó a la Justicia con un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras entidades del sector. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, hizo lugar al recurso y frenó el decreto que suspendía la ley, ordenando al Gobierno de Javier Milei cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, previstas en la normativa. El fallo, además, consideró que el Decreto 795/2025 presenta rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
Un nuevo presupuesto que consolida el ajuste
El viernes 26, por la noche, el Senado aprobó el Presupuesto 2026, el primero de la Presidencia de Javier Milei. Hasta ese momento, las partidas ejecutadas por el Gobierno nacional correspondían a un presupuesto reconducido desde 2023. No obstante, el panorama para la Educación no parece mejorar: la inversión en las universidades para 2026 supone un recorte del 34%, profundizando así el ajuste que se viene consolidando desde hace dos años.
Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 30 del proyecto, mediante el cual el Gobierno borró por ley el piso del 6% del PBI para financiamiento educativo y el 1% para ciencia. De esta forma, en 2026 la inversión universitaria será del 0,47% del PBI, la más baja registrada en décadas.
El monto asignado a las universidades nacionales para el año entrante es de $ 4.872 millones, lo que implica una caída del 7,2% respecto a 2025 y de 34% respecto a 2023. El proyecto incluía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero este ítem fue rechazado en Diputados.
El 15 de septiembre, tras el anuncio de Milei respecto al presupuesto 2026, el CIN había advertido que "los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema".
"Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico", expresaron mediante un comunicado. Si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento, tal y como ordenó la Justicia, la inversión universitaria y científica caerá a los valores más bajos en los últimos veinte años, afectando a un sistema compuesto por más de 2 millones de estudiantes.
