La política ambiental atraviesa uno de los momentos más críticos en los últimos años. Los organismos operan con menos de la mitad del presupuesto de años anteriores mientras crece la preocupación por los fenómenos climáticos extremos. Pese a que el Gobierno nacional repite que "no hay plata", el problema de fondo no tiene que ver con imposibilidad de conseguir fondos ni con la carrera por el ahorro fiscal: con casi un tercio del superávit financiero del Gobierno se podrían aumentar en términos reales todas las partidas ambientales. Sin embargo, la gestión de Javier Milei pone el ojo en proyectos extractivistas que buscan explotar los recursos naturales de provincias como Chubut. En 2025, en la Patagonia el impacto del ajuste se vio reflejado sobre todo en las partidas destinadas a la prevención y manejo del fuego, que cayeron abruptamente incluso en plena temporada de incendios, lo que derivó en la saturación del sistema y la dificultad de proyectar a largo plazo. Al desfinanciamiento se suman intentos de modificar leyes ambientales, lo que expone a los territorios a mayores posibilidades de contaminación directa, pasivos ambientales y destrucción de la biodiversidad.
Un Gobierno que no cree en el cambio climático
Según se desprende del monitoreo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aunque durante 2025 se evidenció una caída general del presupuesto nacional, el ajuste es desigual entre áreas. Nueve de las diez partidas ambientales cayeron en términos reales un 28,1% y un 83,2%, y en la mayoría de las áreas se registran incumplimientos de los mínimos presupuestarios establecidos por ley.
Para 2025, el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación sufrió una caída del 68,9% en términos reales respecto a 2023, según la Fundación. En 2024, en medio del proceso de desjerarquización ministerial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue reducido a la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Según el análisis de FARN, el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente registra una caída de casi 70% en términos reales respecto a 2023. Señala que alcanzó su nivel más bajo de ejecución presupuestaria en los últimos cuatro años, dejando una cartera ambiental operando con menos de una cuarta parte de su presupuesto anterior.
En 2025 sufrió un recorte nominal de $15.273 millones y para agosto contaba con un presupuesto total de $65.790 millones. Es el tercer año consecutivo en que se reduce el presupuesto, sumado a una baja ejecución de los fondos, que entre enero y agosto acumuló un 47,1%.
El ajuste se produce en un momento crítico a nivel global, donde la cuestión ambiental ocupa un espacio prioritario. Sin embargo, la agenda institucional del gobierno de Milei se ha alejado explícitamente de la preocupación ambiental para potenciar, en su lugar, inversiones en el ámbito de la minería, la energía y el agro.
No sólo eso, sino que el mismo Presidente protagonizó expresiones públicas en las que resta importancia a fenómenos como el cambio climático. En uno de los debates presidenciales previos a las elecciones de octubre de 2023, en el eje "desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente", declaró: "No niego el cambio climático; digo que existe un ciclo de temperaturas en la historia de la Tierra y este es el quinto punto del ciclo. La diferencia con los cuatro anteriores es que en esos no estaban los seres humanos. Por lo tanto, todas las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y solo buscan recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben papers de cuarta".
De la mano del ajuste presupuestario viene el intento de derogar e ignorar leyes ambientales de larga data. La fallida Ley Omnibus modificaba la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la Ley de quema y manejo del fuego. Con la aprobación de la Ley Bases se aprobó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de atraer inversiones y facilitar el avance de proyectos extractivistas.
Otro punto controversial fue la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio, que en su punto 7 compromete a las provincias a avanzar en la explotación de los recursos naturales, decisión que fue fuertemente repudiada por organizaciones ambientales y sociales.
Pese al repudio social, es evidente el perfil de retroceso en las políticas ambientales, aunado a la destrucción paulatina del sistema científico, lo que deja a los territorios con cada vez menos herramientas para dar respuesta a los fenómenos ambientales que afectan la naturaleza y la vida humana.
Patagonia: un sistema saturado y desfinanciado
A pesar de que el 2024 fue uno de los peores años en materia de incendios, también fue uno de los años con menor ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Con 2.735 focos ígneos -una de las cifras más altas en al menos ocho años- y más de 300.000 hectáreas afectadas en todo el país, el SNMF ejecutó apenas el 22% de sus fondos disponibles, lo que implica, según FARN, una caída real del 81% respecto al presupuesto ejecutado en 2023.
La situación no mejoró para 2025: en enero, mientras se registraban múltiples focos en la Patagonia y en Corrientes, la partida nacional del SNMF no tuvo ejecución. Los fondos comenzaron a moverse solo tras las coberturas mediáticas a nivel nacional, aunque tampoco lograron dar respuesta a la problemática de fondo ligada a la falta de prevención y la precarización de los trabajadores del sistema de combate.
Para mitad de 2025, la ejecución del SNMF alcanzó el 43,8%: $16.059 millones sobre un total de $36.699 millones asignados. Por otro lado, la actividad de Manejo del Fuego, dependiente de la Administración de Parques Nacionales, tuvo una ejecución del 55,3% ($1.360 millones sobre $2.457 millones).
El informe de FARN muestra la reducción paulatina de la partida ejecutada del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del 2022 hasta la actualidad. De hecho, el presupuesto total asignado para el 2025 es apenas una cuarta parte de lo destinado en 2022 y un 32,7% menos que lo ejecutado en 2023.
Por otro lado, los cambios hacia el interior de las carteras modifican de manera sustancial la capacidad de dar respuesta a situaciones de emergencia. El SNMF, por ejemplo, perdió la potestad para definir los tipos de contratación necesarios para su personal, rol que ahora cumple el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quien define los lineamientos generales en materia de gestión contractual.
"Esta situación es especialmente grave: el funcionamiento del SNMF depende de esquemas ágiles y adaptables a situaciones de emergencia ambiental, mientras que la lógica impuesta desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado responde a criterios uniformes orientados al ajuste fiscal. Una vez más, la política de reducción del gasto público predomina sobre las necesidades operativas de áreas críticas, afectando seriamente la capacidad de respuesta ante eventos extremos y precarizando los contratos laborales de brigadistas con plazos mensuales y trimestrales", destaca el informe de FARN.
En julio, el Gobierno oficializó a través del Decreto 463/25 la eliminación de diversos fondos fiduciarios, entre ellos el Fondo Nacional de Manejo del Fuego (FNMF). Si bien esto no implica que los fondos desaparezcan, sí supone un cambio en el manejo de las partidas, que ahora están a cargo del Ministerio de Seguridad.
"Un poco la lectura que hacemos va en la dirección que tomó el Gobierno de pasar en su momento la parte operativa del Servicio Nacional al área de Seguridad. Ahora se desarma el fondo, pero la plata que se sigue recaudando la maneja Seguridad. Habrá que ver cómo terminan de definir el uso del fideicomiso en función de las políticas que apliquen para los incendios", explicó a El Extremo Sur Hernán Mondino, brigadista y delegado de ATE.
"A priori, un poco la lectura más personal es que Seguridad con prevención de incendios poco tiene que ver. A lo mejor si hay una cuestión de la acción en la emergencia, pero bueno, el fuego también tiene que ver con una cuestión más integral, más social. Hay cuestiones de prevención, de charlas, de un montón de manejos o de tratamiento de temas antes de que pase la emergencia, que yo creo que seguridad no lo va a aplicar", agregó.
Parques Nacionales: menos fondos y despidos
En la misma línea que el SNMF, la Administración de Parques Nacionales presenta no sólo una importante caída presupuestaria sino cambios en la gestión que afectan, sobre todo, a la prevención, el cuidado ambiental y a la estabilidad laboral de sus trabajadores.
Este año la Administración de Parques registró una caída real del 40,1%, a la que se suman despidos y flexibilización de los contratos laborales en las distintas áreas, un factor que dificulta la prevención y el trabajo a largo plazo.
En la primera mitad del 2025, el presupuesto de la APN se incrementó nominalmente de $71.142 millones a $82.438 millones. Sin embargo, ante el contexto inflacionario, resultó insuficiente. El presupuesto de APN pasó de 134 mil millones ejecutados en 2023 a 90 mil y 39 mil en 2024 y el primer semestre del 2025, respectivamente. El presupuesto total para el 2025 es el menos en los últimos cinco años y representa una caída real del 40% respecto a lo utilizado en 2023.
Por otro lado, durante los últimos dos años se produjeron más de 150 despidos, entre brigadistas, personal técnico-administrativo y guardaparques. A finales del 2024, en vísperas de Año Nuevo, se anunció una nueva ola de despidos que agudizó un escenario de precarización histórica. Los trabajadores denunciaron despidos arbitrarios, algunos motivados por cuestiones ideológicas, y anuncios informales de las desvinculaciones a través de llamadas y mensajes de Whatsapp.
Quienes permanecen lo hacen en condiciones de extrema precariedad para un sistema que necesita proyección. Durante el 2025 se acortaron los contratos 3 meses, bajo el argumento de que eventualmente se llevaría adelante una serie de evaluaciones para habilitar la contratación anual. Sin embargo, hasta el momento sólo se aplicó en la zona del AMBA. El resto de trabajadores en las provincias permanece en la incertidumbre.
La merma de personal en Parques Nacionales, especialmente brigadistas, complejiza la capacidad de respuesta a los incendios, que cada año aumentan en número e intensidad. Al comienzo de la gestión de Milei, APN contaba con unos 430 combatientes en todo el sistema. En la actualidad son poco más de 360, un número insuficiente para las 5 millones de hectáreas que cubren todo el país. Según cálculos de los propios trabajadores, el número óptimo rondaría en los 700.
Sin capacidad para controlar desmontes e incendios
Otro rasgo característico de la gestión de Milei ha sido la política ambiental regresiva en materia de bosques. En 2024 el Gobierno eliminó el Fondo de Protección de Bosques, gracias a los permisos otorgados por la Ley Bases. Mediante el decreto 888/2024 disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque).
Organizaciones ambientales advirtieron que la medida implicaba la derogación tácita de un capítulo completo de la Ley de Bosques y añadía más opacidad a los magros fondos destinados a la ley para el año siguiente.
El objetivo del Fondo Fiduciario era ordenar el sistema de incentivos públicos y privados para la preservación del bosque nativo en cada provincia. Estos fondos sirven, entre otras cosas, para el fortalecimiento de la capacidad de las provincias para el control de la deforestación ilegal y los incendios forestales. Cuando estaba vigente, era repartido anualmente entre las jurisdicciones que hubieran elaborado y tuvieran aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos para financiar el cumplimiento de la ley.
"Este decreto implica que la Argentina se quede sin herramientas para compensar a las provincias y a aquellos privados que hacen un esfuerzo para mantener los bosques nativos en pie, poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas", sostuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que solicitó que se retrotraiga la medida.
Si bien las partidas para la protección de los bosques se siguen asignando, los fondos son menores y la ausencia del fideicomiso dificulta su ejecución y control.
La Ley de Bosques (26.331), por su parte, garantiza la protección de la biodiversidad, establece objetivos de manejo sostenible y clasificación de los bosques dependiendo su valor ecológico y obliga al Estado a incorporar la consulta a comunidades indígenas y pequeños productores sobre sus territorios. Aunque la normativa continúa vigente, enfrenta serios desafíos ante el ajuste presupuestario.
La Ley de Bosques plantea presupuestos mínimos para la protección ambiental de bosques nativos, fijando un piso de financiación del 0,3% del presupuesto nacional para el Fondo Nacional de Conservación y fondos para el Programa Nacional de Protección. Sin embargo, en 2025 la inversión estuvo muy por debajo de esa meta.
Para 2025, el presupuesto del Fondo cayó en un 77,8% respecto a los fondos ejecutados en 2023, sin alcanzar el 0,3% del presupuesto total y sin dar cumplimiento al inciso "b" del artículo 31 que establece que se debe aportar el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Más allá del presupuesto, organizaciones y activistas ambientales advierten que el Gobierno busca permitir la deforestación en áreas clasificadas como rojas (conservación estricta) y amarillas (uso sostenible) y eliminar los requisitos de Evaluación de Impacto ambiental y de audiencia pública en zonas verdes, todos cambios propuestos por el Consejo de Mayo. El continúo desfinanciamiento de la ley impacta de lleno en la capacidad de las provincias para llevar adelante acciones de prevención y control. La protección de los bosques resulta clave en un escenario signado por el aumento de incendios, desmontes y cambio climático.
La apuesta a la minería y al petróleo
Mientras se recortan fondos destinados a la prevención y la preservación, el Gobierno nacional acompaña la expansión de otros sectores "estratégicos" como la minería y la industria hidrocarburífera. No sólo se destaca la diferencia en las partidas destinadas a cada sector sino las prioridades que fija el Gobierno en cada área.
Actualmente, en varias provincias se debate la posibilidad de avanzar con proyectos extractivistas; iniciativas que no están aisladas de la voluntad nacional de potenciar y expandir este sector. Según el Monitoreo de FARN hay dos herramientas clave en este sentido: el programa Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera -dependiente del Ministerio de Economía, que cumple un rol fundamental en el diseño de regulaciones, promoción de inversiones y generación de consensos federales para el desarrollo de proyectos mineros- y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo científico-técnico que provee información estratégica para la exploración y explotación de recursos naturales.
El tema vuelve a estar en el centro del debate ambiental, por lo menos en algunas provincias. Recientemente, Mendoza fue protagonista de movilizaciones masivas en contra del proyecto de promoción de la minería metalífera impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La población mendocina ya había logrado frenar un avance extractivista en 2019 con la marcha en defensa de la Ley 7720 que prohíbe el uso de soluciones contaminantes en los proyectos de este tipo. Sin embargo, el pasado 9 de diciembre la afrenta popular no logró frenar el proyecto de Cornejo, que fue respaldado por la Legislatura provincial.
En Chubut se vive un escenario similar ante la posibilidad de extracción de uranio, un recurso estratégico en la economía mundial que pone al territorio patagónico en la mira de empresas mineras multinacionales. Su extracción, sin embargo, implica aplicar la minería a cielo abierto -prohibida en 2003 tras la histórica asamblea popular en Esquel- o trabajar con la lixiviación "in situ", un método de extracción que trabaja en niveles subterráneos y representa riesgos de contaminación del agua.
Por otro lado, en un contexto global que apuesta a la transición energética, el Gobierno nacional argentino parece tener más interés en potenciar la industria hidrocarburífera antes que las energías renovables.
Según indica FARN, durante 2024 el sector hidrocarburífero fue uno de los principales beneficiarios de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional. Los subsidios para las empresas aumentaron su participación desde el 2023 y son una de las únicas partidas que durante 2025 se mantuvieron prácticamente estables dentro del presupuesto nacional. De hecho, señalan que con el presupuesto total destinado a financiar a las empresas hidrocarburíferas se podría pagar 1,6 veces todas las partidas en materia ambiental.
Las partidas de fomento de energías renovables y eficiencia energética, por otro lado, registran una caída presupuestaria por tercer año consecutivo. En 2025 contaron con un presupuesto de $9.294 millones, lo que implica una caída del 63,4% en términos reales si se compara con 2023.
Estas diferencias muestran que la regresión en materia ambiental en Argentina tiene más que ver con una reorientación de los intereses del Gobierno a otros sectores más "estratégicos" que con la disponibilidad de las partidas y el ahorro fiscal. Según FARN, "la persistencia del desfinanciamiento ambiental no puede leerse de forma aislada".
"En paralelo, se han adoptado reformas estructurales que debilitan el entramado institucional ambiental -como la degradación del ex Ministerio de Ambiente a Subsecretaría en 2024-, se han desmantelado mecanismos clave de control y planificación, y se ha promovido un marco normativo que favorece la expansión del extractivismo. La aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), junto con los cambios a la Ley de Hidrocarburos, cristalizan este rumbo, otorgando a grandes proyectos exportadores un blindaje jurídico, fiscal y cambiario sin precedentes", señala la Fundación.
La organización advierte que el superávit financiero alcanzado por el Gobierno (que hasta la primera mitad del 2025 alcanzó los $3.095.086 millones) se debe centralmente a la subejecución de partidas presupuestarias clave. Es decir, el equilibrio fiscal se logró a costa del incumplimiento de derechos básicos contemplados tanto en la normativa nacional como internacional. Detalla, además, que apenas con el 24,18% del superávit financiero ($748.502 millones), el Gobierno sería capaz de sostener en términos reales todas las partidas ambientales.
Lo que se viene
En medio del desfinanciamiento, subyace el debate por los recursos naturales del país y la implementación paulatina de un modelo extractivo que si bien cuenta con amplio respaldo de grupos políticos y económicos, en la mayoría de las provincias no tiene licencia social.
Otro de los debates recientes en materia de política ambiental es el intento de modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que garantiza la protección de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce para consumo, agricultura y recarga de cuencas. Además restringe toda actividad que pudiera afectar la condición natural de los glaciares como la liberación de sustancias contaminantes, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura.
El proyecto del Gobierno busca eliminar, precisamente, la protección que hoy establece la ley para reemplazarla por un sistema discrecional: mediante una declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede simplemente quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas. En este sentido, también propone eliminar la prohibición expresa de implementar proyectos mineros sobre el ambiente periglacial. El resultado es un paulatino debilitamiento del acceso de las provincias a las reservas de agua.
En este panorama, el Presupuesto 2026 viene a consolidar el retroceso: a pesar de la crisis climática y la persistencia de fenómenos naturales adversos, el presupuesto destinado a las distintas áreas ambientales se reduce drásticamente. La Secretaría de Ambiente recibirá un 33,8% menos en términos reales que en 2025, y el ajuste se verá reflejado en otras partidas como las destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética (con una caída proyectada de 92,8%), la protección de bosques nativos (que recibirá apenas el 0107% del total del presupuesto nacional) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (con una caída del 69%).
Diversas organizaciones ambientales señalan que las decisiones adoptadas por el Gobierno, además de representar serios riesgos, son jurídicamente ilegales. La mayoría de las modificaciones de las normativas viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados.
A contramano del mundo, el Gobierno de Milei desfinancia leyes históricas para abrir las puertas a proyectos del sector energético, minero y agropecuario. Las consecuencias, más allá del ajuste presupuestario, tienen que ver con la lenta degradación de las políticas de cuidado del ambiente y la imposibilidad de construir estrategias de prevención para un escenario ambiental y climático cada vez más desafiante.
