El Gobierno busca ganar tiempo para no aplicar la ley de Emergencia en DiscapacidadPor Matías Ferrari
En una jugada para ganar tiempo, el Gobierno presentó ante la justicia federal de Campana un escrito en el que se compromete a comenzar a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La respuesta del Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, llegó sobre el filo del vencimiento del plazo que le había fijado el juez Adrián González Charvay para dotar de fondos a la norma antes de aplicar multas económicas a varios ministros y funcionarios del gabinete libertario.
Las organizaciones del colectivo que impulsaron el amparo, de todos modos, siguen desconfiando de las intenciones reales del Gobierno, sobre todo luego de que decidiera el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su degradación a una mera secretaría dentro de la órbita del Ministerio de Salud.
De acuerdo al informe, al que accedió Página/12, el Ejecutivo expone que implementará a futuro eventuales aumentos de las partidas destinadas al sistema de prestaciones y al otorgamiento de pensiones que no figuraban en el presupuesto para 2026. Entre ellas, un incremento de $6.942.188 millones para las pensiones (casi el doble de lo pautado para este año) y de otros $1.187.555 millones para las instituciones de apoyo en salud, educación y rehabilitación.
De todos modos, el Gobierno no presentó en el escrito un proyecto dedecreto reglamentario de la ley en cuestión, que es el principal reclamo de las organizaciones que impulsaron el amparo. También brillan por su ausencia precisiones sobre un eventual aumento del valor del nomenclador que se utiliza para establecer el valor de los servicios de apoyo, que luego pagan transversalmente las prepagas, las obras sociales y el programa estatal Incluir Salud.
Tampoco hay detalles sobre cómo el Gobierno, a través de ARCA, condonará las deudas que las instituciones (esccuelas especiales, centros de rehabilitación, etc) mantienen con el Estado, que era otro de los puntos centrales de la ley, que ayudaría a las ONG a solventar el ahogo financiero que arrastran por el ajuste.
El juez Charvay, ahora, deberá ponderar la propuesta de la Rosada. Las organizaciones que impulsaron el amparo ya están preparando un escrito en respuesta, con la idea de exigir más precisiones sobre cómo se implementará la ley y precisiones sobre qué fondos destinará realmente el Gobierno para el sector.
Mientras tanto, los ministros que estaban bajo aparcibimiento de sanciones económicas, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrán un paréntesis de al menos algunas semanas antes de que vuelva a pesar sobre ellos el ultimátum de aplicar la norma como corresponde.
El presidente Javier Milei había vetado la ley luego de su primera sanción por amplias mayorías en ambas Cámaras, y tras la insistencia del Congreso, optó por reglamentarla pero sin fondos, suspendiéndola en los hechos, lo que motivó --además de numerosas marchas del colectivo de discapacidad-- el amparo ante los tribunales de Campana.
Habrá que ver si la presión del colectivo, que durante todo 2025 fue incesante, logra torcerle el brazo a la Rosada y que la letra de la ley se cumpla en su totalidad, que fue lo que además fueron a pedirle a la justicia con el amparo colectivo.
Fuente: Página 12
Por Matías Ferrari
En una jugada para ganar tiempo, el Gobierno presentó ante la justicia federal de Campana un escrito en el que se compromete a comenzar a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La respuesta del Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, llegó sobre el filo del vencimiento del plazo que le había fijado el juez Adrián González Charvay para dotar de fondos a la norma antes de aplicar multas económicas a varios ministros y funcionarios del gabinete libertario.
Las organizaciones del colectivo que impulsaron el amparo, de todos modos, siguen desconfiando de las intenciones reales del Gobierno, sobre todo luego de que decidiera el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su degradación a una mera secretaría dentro de la órbita del Ministerio de Salud.
De acuerdo al informe, al que accedió Página/12, el Ejecutivo expone que implementará a futuro eventuales aumentos de las partidas destinadas al sistema de prestaciones y al otorgamiento de pensiones que no figuraban en el presupuesto para 2026. Entre ellas, un incremento de $6.942.188 millones para las pensiones (casi el doble de lo pautado para este año) y de otros $1.187.555 millones para las instituciones de apoyo en salud, educación y rehabilitación.
De todos modos, el Gobierno no presentó en el escrito un proyecto dedecreto reglamentario de la ley en cuestión, que es el principal reclamo de las organizaciones que impulsaron el amparo. También brillan por su ausencia precisiones sobre un eventual aumento del valor del nomenclador que se utiliza para establecer el valor de los servicios de apoyo, que luego pagan transversalmente las prepagas, las obras sociales y el programa estatal Incluir Salud.
Tampoco hay detalles sobre cómo el Gobierno, a través de ARCA, condonará las deudas que las instituciones (esccuelas especiales, centros de rehabilitación, etc) mantienen con el Estado, que era otro de los puntos centrales de la ley, que ayudaría a las ONG a solventar el ahogo financiero que arrastran por el ajuste.
El juez Charvay, ahora, deberá ponderar la propuesta de la Rosada. Las organizaciones que impulsaron el amparo ya están preparando un escrito en respuesta, con la idea de exigir más precisiones sobre cómo se implementará la ley y precisiones sobre qué fondos destinará realmente el Gobierno para el sector.
Mientras tanto, los ministros que estaban bajo aparcibimiento de sanciones económicas, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrán un paréntesis de al menos algunas semanas antes de que vuelva a pesar sobre ellos el ultimátum de aplicar la norma como corresponde.
El presidente Javier Milei había vetado la ley luego de su primera sanción por amplias mayorías en ambas Cámaras, y tras la insistencia del Congreso, optó por reglamentarla pero sin fondos, suspendiéndola en los hechos, lo que motivó --además de numerosas marchas del colectivo de discapacidad-- el amparo ante los tribunales de Campana.
Habrá que ver si la presión del colectivo, que durante todo 2025 fue incesante, logra torcerle el brazo a la Rosada y que la letra de la ley se cumpla en su totalidad, que fue lo que además fueron a pedirle a la justicia con el amparo colectivo.
Fuente: Página 12
