La dueña de la Península: Ferro no acató resolución de Provincia y volvió a cerrar miradoresEl conflicto por el acceso a uno de los sectores más visitados de Península Valdés sumó este martes un nuevo capítulo. La Estancia Ferro volvió a impedir el ingreso a los miradores de la Pingüinera y a la boca de la Caleta Valdés, desoyendo una resolución del Gobierno de Chubut que ordenaba habilitar esos caminos internos y restituir el uso público del área.
La decisión contradice de manera directa lo dispuesto por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, que a comienzos de enero había intimado a la reapertura tras el cierre unilateral aplicado por la estancia. Desde la cartera provincial remarcaron que la medida oficial apuntaba a garantizar la continuidad de la actividad turística y a preservar el acceso a espacios donde el Estado realizó inversiones en infraestructura.
El nuevo bloqueo encendió alertas entre operadores, guías y prestadores turísticos. Referentes del sector confirmaron que ya se encuentran analizando posibles acciones judiciales, con asesoramiento legal, frente al incumplimiento de la orden provincial. La preocupación se centra tanto en el impacto económico inmediato como en el daño a la imagen de una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas de la provincia.
Desde el ámbito turístico recuerdan que estos accesos permanecieron habilitados durante más de veinte años y que la resolución oficial se apoya en el carácter público de las obras realizadas y en la potestad estatal sobre la fauna silvestre. El desacato de la estancia profundiza ahora la tensión y abre un escenario que, todo indica, podría resolverse en los tribunales si no hay una marcha atrás en las próximas horas.
El conflicto por el acceso a uno de los sectores más visitados de Península Valdés sumó este martes un nuevo capítulo. La Estancia Ferro volvió a impedir el ingreso a los miradores de la Pingüinera y a la boca de la Caleta Valdés, desoyendo una resolución del Gobierno de Chubut que ordenaba habilitar esos caminos internos y restituir el uso público del área.
La decisión contradice de manera directa lo dispuesto por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, que a comienzos de enero había intimado a la reapertura tras el cierre unilateral aplicado por la estancia. Desde la cartera provincial remarcaron que la medida oficial apuntaba a garantizar la continuidad de la actividad turística y a preservar el acceso a espacios donde el Estado realizó inversiones en infraestructura.
El nuevo bloqueo encendió alertas entre operadores, guías y prestadores turísticos. Referentes del sector confirmaron que ya se encuentran analizando posibles acciones judiciales, con asesoramiento legal, frente al incumplimiento de la orden provincial. La preocupación se centra tanto en el impacto económico inmediato como en el daño a la imagen de una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas de la provincia.
Desde el ámbito turístico recuerdan que estos accesos permanecieron habilitados durante más de veinte años y que la resolución oficial se apoya en el carácter público de las obras realizadas y en la potestad estatal sobre la fauna silvestre. El desacato de la estancia profundiza ahora la tensión y abre un escenario que, todo indica, podría resolverse en los tribunales si no hay una marcha atrás en las próximas horas.
