Una postal que se repite: la retórica del mapuche incendiario mientras se desfinancia la prevención ambiental Los incendios forestales en la Patagonia llevan consumidas casi 30 mil hectáreas, en lo que se perfila como una de las peores catástrofes ambientales de los últimos años. El fuego continúa consumiendo viviendas y bosque nativo, mientras figuras de la política nacional y la Justicia buscan un chivo expiatorio. Con argumentos monotemáticos y sin evidencias concretas, crece el odio contra el pueblo mapuche, nuevamente acusado de incendiar su territorio. La otra cara de la moneda muestra la ausencia de políticas de prevención, el ajuste en ambiente y el posible avance de proyectos inmobiliarios. Las comunidades originarias denuncian una persecución sistemática que se reaviva en el marco de los incendios.
Sigue el combate contra el fuego
Los incendios que se iniciaron los primeros días de enero todavía no dan tregua. A pesar del despliegue de recurso humano y técnico, la falta de acciones de prevención y las condiciones climáticas dificultan el panorama.
El 5 de enero se inició el fuego en Puerto Patriada, en el margen norte del Lago Epuyén. Residentes y turistas fueron rápidamente evacuados y se dispuso el corte temporal del ingreso a ese sector sobre el Puente Salamín. El incendio se extendió hacia las laderas del Cerro Pirque, favorecido por condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, altas temperaturas y escasez de precipitaciones.
En el territorio se realizó trabajo conjunto entre combatientes y apoyo logístico, con el objetivo prioritario de proteger las viviendas. El avance del fuego, sin embargo, encendió las alertas en comunidades aledañas como El Coihue y La Angostura, en Epuyén, que se prepararon para posibles evacuaciones.
En los días siguientes, la situación se agravó para esta región debido a un cambio en la dirección del viento, lo que provocó que el fuego avanzara hacia el casco urbano de Epuyén. A partir del miércoles 7, el incendio comenzó a expandirse con rapidez en los alrededores. El 8 de enero se dispuso la evacuación preventiva de los vecinos de los sectores La Angostura y Coihue ante la evolución del incendio. Además, se resolvió el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo entre Epuyén y El Hoyo, debido a la cercanía del fuego y la presencia de humo en la zona.
El 9 se registró un nuevo incendio, esta vez afectando zonas emblemáticas del Parque Nacional Los Alerces, como la pasarela del Río Arrayanes, Lago Verde y Lago Rivadavia. El fuego habría iniciado por un rayo y se habría extendido rápidamente hacia el norte del Parque Nacional. A pesar de que las lluvias registradas los días 11 y 14 trajeron algo de alivio, las condiciones de peligro no cambiaron.
El viernes 16 el Gobierno provincial anunció que el incendio en Puerto Patriada fue contenido al 100%, aunque en los últimos días se reactivaron algunos focos que vuelven a poner en vilo a la población. Se contabilizaron 14.770 hectáreas afectadas, entre bosque implantado y nativo.
En Los Alerces, el incendio continúa activo y el escenario se volvió más complejo esta semana, afectando sobre todo a las zonas de Punta Mattos y Lago Rivadavia. Actualmente trabajan 500 brigadistas, con un importante despliegue aéreo y terrestre. A pesar del alivio de las precipitaciones, las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables y avizoran un escenario complejo para quienes trabajan en la zona.
Un chivo expiatorio
En paralelo a la labor en territorio afectado, la Justicia trabaja para determinar el origen del incidente en Puerto Patriada. Se confirmó que el incendio fue intencional, y aunque todavía no hay precisiones de los responsables, una parte del arco político vuelve a señalar a la comunidad mapuche.
El fiscal Carlos Díaz Mayer dio detalles de las evidencias aportadas por los peritajes. "Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable", expresó.
Díaz Mayer explicó que en ese momento en Puerto Patriada había unos 800 vehículos, por lo que el trabajo de descarte se vuelve una tarea ardua. Por otro lado, habló de la fotografía que se publicó en los últimos días y muestra el tronco del árbol donde se habría originado el fuego. El punto exacto, en una área sin cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo, sirve para descartar cualquier hipótesis de accidentes vinculados a fogones, colillas o descuidos humanos. El lugar del siniestro, a 300 metros de los senderos y en una zona poco transitada, refuerza la hipótesis de la acción planificada. Mientras tanto, los peritos analizan la composición de un líquido acelerante que habría sido utilizado para iniciar el fuego.
En línea con la posición del Gobierno provincial, Díaz Mayer opinó que "habría que agravar más las penas para que nadie más lo vuelva a hacer, pero como un resultado de política criminal a nivel general. Es sancionar para que la sociedad vea que cometer ese tipo de conductas llevaría a cumplir una pena de prisión alta".
A los pocos días de iniciado el incendio, el Ministerio de Seguridad de la Nación hizo referencia a la existencia de "grupos terroristas" identificados como comunidades mapuches "con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".
"En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego. Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad", publicó la cartera en su cuenta de X.
La postura de Alejandra Monteoliva, que hoy encabeza el Ministerio de Seguridad, sigue la línea de su antecesora, Patricia Bullrich, quien en medio de los incendios patagónicos del verano pasado declaró como "terroristas" a las comunidades mapuches.
Mientras se registraban múltiples focos en Río Negro y Chubut, el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial una resolución que declaraba a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como "grupo terrorista" que implica "una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público". Sin pruebas concretas, el Ejecutivo Nacional adjudicó a la organización autodefinida comandada por Facundo Jones Huala la responsabilidad de los incendios.
"Jones Huala reivindica los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén", expresó Bullrich en sintonía con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. De esta forma, Bullrich denunció a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, apoyándose en imágenes con declaraciones del líder de la RAM en las que, según el Gobierno, reivindica los atentados incendiarios en la Patagonia y convoca a la lucha armada.
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Allanamientos
Luego, la justicia dispuso varios allanamientos en la comunidad Pulgar Huentuquidel, que es, de hecho, una de las afectadas por los incendios. Parece repetirse la escena del último verano, cuando la Justicia ordenó 11 allanamientos a comunidades mapuches mientras en Chubut y Río Negro se multiplicaban los focos.
El 12 de enero el fiscal Carlos Díaz Mayer y el comisario general, Andrés García, realizaron una conferencia de prensa en la que acusaron a una mujer mapuche y su comunidad de iniciar los incendios en la zona de Puerto Patriada.
Se trata de Rocío Brizuela, una joven originaria de Pergamino y residente de Chubut, quien relató que su vivienda fue allanada en el marco de la investigación por los incendios. Fue sorprendida mientras dormía: contó que la Policía se llevó su celular, el de su madre y el de su pareja para someterlos a peritajes. Sin embargo, no encontraron nada en la vivienda que pudiera ligarla a los incidentes. De hecho, Brizuela relató las pérdidas que sufrió por el fuego: su vivienda quemada, dos caballos muertos y la desaparición de mascotas. Por el momento se realizaron tres allanamientos y se secuestraron cinco teléfonos.
La acusación se basó en el hecho de que vieron a Rocío y su familiar sacar en su camioneta sus pertenencias a horas de iniciarse el incendio. Según explicó García: "Se observó bajar desde Puerto Patriada a dos camionetas cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas. Esto nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no alcanzaron a sacar siquiera su documentación personal en la gran mayoría de los casos. Esto llamó la atención de los investigadores, repito, porque parecía una mudanza, eran dos camionetas cargadas con elementos personales de una vivienda, prácticamente todos los elementos que podemos encontrar dentro de una vivienda".
Además, aseguró que se presentaron dos testigos de identidad reservada a "informar" que esas camionetas pertenecen a la comunidad, que está ubicada a "escasos metros del lugar donde el perito detectó que se dio inicio al incendio". Se trata de conjeturas aisladas que para el comisario y el fiscal parecieron suficientes para expresar una acusación. Sin embargo, no hay elementos concretos para sostener detenciones ni imputados formales.
"Además de pasar por la angustia de haber perdido casi todo, la impotencia por la negativa de Bosques cuando reclamó por la limpieza de pinos y la habilitación de un tanque australiano cercano a la comunidad y en desuso, además de todo eso, al cumplirse una semana del incendio la Lof es allanada, junto a dos viviendas más de amigos que fueron ayudar esa noche del incendio; a raíz de una supuesta línea de investigación que sostiene Fiscalía, aunque, también según las propias palabras del fiscal Díaz Mayer no cuentan con los elementos suficientes para sostener una imputación", resume el comunicado de la Lof Pulgar Huentuquidel.
Lo más llamativo es que, previo al allanamiento, Díaz Mayer había afirmado que la posibilidad de que las comunidades mapuches tuvieran responsabilidad en los incendios estaba "totalmente descartada": "Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos. Se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa", sostuvo, corriéndose de la acusación del Gobierno nacional. Los allanamientos, sin embargo, volvieron a poner el foco en los Pueblos Originarios que habitan las zonas afectadas.
Díaz Mayer aseguró que se están barajando diversas líneas de investigación -aunque no dio mayores precisiones sobre cuáles serían esas líneas- y por el momento la hipótesis más fuerte apunta a un conflicto interno de la comunidad Pulgar.
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Diversas comunidades de la región repudian la "respuesta monotemática" de los gobiernos, que pone al Pueblo Mapuche como chivo expiatorio y no da explicaciones sobre la falta de políticas de prevención ambiental: "¿Por qué se repite el fuego? Porque no están los recursos, porque no hay prevención y como siempre llegan tarde".
En la misma línea, un comunicado firmado por organizaciones sociales y de Derechos Humanos rechaza la postura de las autoridades que, sin pruebas, atribuyeron de manera inmediata la intencionalidad de los hechos a integrantes del pueblo mapuche. "Instala un discurso racista que desvía la atención de la falta de políticas y de decisiones que favorecen la concentración, extranjerización de tierras y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques", advierte el texto, firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación de Abogados Ambientalistas y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras entidades.
El pronunciamiento advierte que la maniobra de señalar culpables sin evidencia impide poner en el centro del debate el abandono del Estado en materia de prevención y manejo del fuego, así como la precarización de brigadistas y la promoción del monocultivo de pinos.
En este sentido, exigen "investigaciones serias, responsabilidades institucionales claras y políticas integrales de prevención, combate del fuego y restauración". "Acusar sin pruebas no apaga el fuego: sólo encubre la inacción y profundiza la injusticia", concluyen.
Las comunidades señaladas en cada incendio son las mismas que sufren la pérdida de viviendas, territorio, animales y herramientas de trabajo. A pesar de las acusaciones repetidas, no hay evidencias que vinculen a los Pueblos Originarios con los incendios forestales. Muy por el contrario, son quienes protegen los territorios y exigen políticas ambientales a la altura. No obstante, mientras la Patagonia arde se reactivan retóricas de odio, fundadas en el racismo y el despojo.
Los incendios forestales en la Patagonia llevan consumidas casi 30 mil hectáreas, en lo que se perfila como una de las peores catástrofes ambientales de los últimos años. El fuego continúa consumiendo viviendas y bosque nativo, mientras figuras de la política nacional y la Justicia buscan un chivo expiatorio. Con argumentos monotemáticos y sin evidencias concretas, crece el odio contra el pueblo mapuche, nuevamente acusado de incendiar su territorio. La otra cara de la moneda muestra la ausencia de políticas de prevención, el ajuste en ambiente y el posible avance de proyectos inmobiliarios. Las comunidades originarias denuncian una persecución sistemática que se reaviva en el marco de los incendios.
Sigue el combate contra el fuego
Los incendios que se iniciaron los primeros días de enero todavía no dan tregua. A pesar del despliegue de recurso humano y técnico, la falta de acciones de prevención y las condiciones climáticas dificultan el panorama.
El 5 de enero se inició el fuego en Puerto Patriada, en el margen norte del Lago Epuyén. Residentes y turistas fueron rápidamente evacuados y se dispuso el corte temporal del ingreso a ese sector sobre el Puente Salamín. El incendio se extendió hacia las laderas del Cerro Pirque, favorecido por condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, altas temperaturas y escasez de precipitaciones.
En el territorio se realizó trabajo conjunto entre combatientes y apoyo logístico, con el objetivo prioritario de proteger las viviendas. El avance del fuego, sin embargo, encendió las alertas en comunidades aledañas como El Coihue y La Angostura, en Epuyén, que se prepararon para posibles evacuaciones.
En los días siguientes, la situación se agravó para esta región debido a un cambio en la dirección del viento, lo que provocó que el fuego avanzara hacia el casco urbano de Epuyén. A partir del miércoles 7, el incendio comenzó a expandirse con rapidez en los alrededores. El 8 de enero se dispuso la evacuación preventiva de los vecinos de los sectores La Angostura y Coihue ante la evolución del incendio. Además, se resolvió el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo entre Epuyén y El Hoyo, debido a la cercanía del fuego y la presencia de humo en la zona.
El 9 se registró un nuevo incendio, esta vez afectando zonas emblemáticas del Parque Nacional Los Alerces, como la pasarela del Río Arrayanes, Lago Verde y Lago Rivadavia. El fuego habría iniciado por un rayo y se habría extendido rápidamente hacia el norte del Parque Nacional. A pesar de que las lluvias registradas los días 11 y 14 trajeron algo de alivio, las condiciones de peligro no cambiaron.
El viernes 16 el Gobierno provincial anunció que el incendio en Puerto Patriada fue contenido al 100%, aunque en los últimos días se reactivaron algunos focos que vuelven a poner en vilo a la población. Se contabilizaron 14.770 hectáreas afectadas, entre bosque implantado y nativo.
En Los Alerces, el incendio continúa activo y el escenario se volvió más complejo esta semana, afectando sobre todo a las zonas de Punta Mattos y Lago Rivadavia. Actualmente trabajan 500 brigadistas, con un importante despliegue aéreo y terrestre. A pesar del alivio de las precipitaciones, las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables y avizoran un escenario complejo para quienes trabajan en la zona.
Un chivo expiatorio
En paralelo a la labor en territorio afectado, la Justicia trabaja para determinar el origen del incidente en Puerto Patriada. Se confirmó que el incendio fue intencional, y aunque todavía no hay precisiones de los responsables, una parte del arco político vuelve a señalar a la comunidad mapuche.
El fiscal Carlos Díaz Mayer dio detalles de las evidencias aportadas por los peritajes. "Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable", expresó.
Díaz Mayer explicó que en ese momento en Puerto Patriada había unos 800 vehículos, por lo que el trabajo de descarte se vuelve una tarea ardua. Por otro lado, habló de la fotografía que se publicó en los últimos días y muestra el tronco del árbol donde se habría originado el fuego. El punto exacto, en una área sin cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo, sirve para descartar cualquier hipótesis de accidentes vinculados a fogones, colillas o descuidos humanos. El lugar del siniestro, a 300 metros de los senderos y en una zona poco transitada, refuerza la hipótesis de la acción planificada. Mientras tanto, los peritos analizan la composición de un líquido acelerante que habría sido utilizado para iniciar el fuego.
En línea con la posición del Gobierno provincial, Díaz Mayer opinó que "habría que agravar más las penas para que nadie más lo vuelva a hacer, pero como un resultado de política criminal a nivel general. Es sancionar para que la sociedad vea que cometer ese tipo de conductas llevaría a cumplir una pena de prisión alta".
A los pocos días de iniciado el incendio, el Ministerio de Seguridad de la Nación hizo referencia a la existencia de "grupos terroristas" identificados como comunidades mapuches "con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".
"En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego. Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad", publicó la cartera en su cuenta de X.
La postura de Alejandra Monteoliva, que hoy encabeza el Ministerio de Seguridad, sigue la línea de su antecesora, Patricia Bullrich, quien en medio de los incendios patagónicos del verano pasado declaró como "terroristas" a las comunidades mapuches.
Mientras se registraban múltiples focos en Río Negro y Chubut, el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial una resolución que declaraba a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como "grupo terrorista" que implica "una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público". Sin pruebas concretas, el Ejecutivo Nacional adjudicó a la organización autodefinida comandada por Facundo Jones Huala la responsabilidad de los incendios.
"Jones Huala reivindica los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén", expresó Bullrich en sintonía con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. De esta forma, Bullrich denunció a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, apoyándose en imágenes con declaraciones del líder de la RAM en las que, según el Gobierno, reivindica los atentados incendiarios en la Patagonia y convoca a la lucha armada.
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Allanamientos
Luego, la justicia dispuso varios allanamientos en la comunidad Pulgar Huentuquidel, que es, de hecho, una de las afectadas por los incendios. Parece repetirse la escena del último verano, cuando la Justicia ordenó 11 allanamientos a comunidades mapuches mientras en Chubut y Río Negro se multiplicaban los focos.
El 12 de enero el fiscal Carlos Díaz Mayer y el comisario general, Andrés García, realizaron una conferencia de prensa en la que acusaron a una mujer mapuche y su comunidad de iniciar los incendios en la zona de Puerto Patriada.
Se trata de Rocío Brizuela, una joven originaria de Pergamino y residente de Chubut, quien relató que su vivienda fue allanada en el marco de la investigación por los incendios. Fue sorprendida mientras dormía: contó que la Policía se llevó su celular, el de su madre y el de su pareja para someterlos a peritajes. Sin embargo, no encontraron nada en la vivienda que pudiera ligarla a los incidentes. De hecho, Brizuela relató las pérdidas que sufrió por el fuego: su vivienda quemada, dos caballos muertos y la desaparición de mascotas. Por el momento se realizaron tres allanamientos y se secuestraron cinco teléfonos.
La acusación se basó en el hecho de que vieron a Rocío y su familiar sacar en su camioneta sus pertenencias a horas de iniciarse el incendio. Según explicó García: "Se observó bajar desde Puerto Patriada a dos camionetas cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas. Esto nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no alcanzaron a sacar siquiera su documentación personal en la gran mayoría de los casos. Esto llamó la atención de los investigadores, repito, porque parecía una mudanza, eran dos camionetas cargadas con elementos personales de una vivienda, prácticamente todos los elementos que podemos encontrar dentro de una vivienda".
Además, aseguró que se presentaron dos testigos de identidad reservada a "informar" que esas camionetas pertenecen a la comunidad, que está ubicada a "escasos metros del lugar donde el perito detectó que se dio inicio al incendio". Se trata de conjeturas aisladas que para el comisario y el fiscal parecieron suficientes para expresar una acusación. Sin embargo, no hay elementos concretos para sostener detenciones ni imputados formales.
"Además de pasar por la angustia de haber perdido casi todo, la impotencia por la negativa de Bosques cuando reclamó por la limpieza de pinos y la habilitación de un tanque australiano cercano a la comunidad y en desuso, además de todo eso, al cumplirse una semana del incendio la Lof es allanada, junto a dos viviendas más de amigos que fueron ayudar esa noche del incendio; a raíz de una supuesta línea de investigación que sostiene Fiscalía, aunque, también según las propias palabras del fiscal Díaz Mayer no cuentan con los elementos suficientes para sostener una imputación", resume el comunicado de la Lof Pulgar Huentuquidel.
Lo más llamativo es que, previo al allanamiento, Díaz Mayer había afirmado que la posibilidad de que las comunidades mapuches tuvieran responsabilidad en los incendios estaba "totalmente descartada": "Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos. Se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa", sostuvo, corriéndose de la acusación del Gobierno nacional. Los allanamientos, sin embargo, volvieron a poner el foco en los Pueblos Originarios que habitan las zonas afectadas.
Díaz Mayer aseguró que se están barajando diversas líneas de investigación -aunque no dio mayores precisiones sobre cuáles serían esas líneas- y por el momento la hipótesis más fuerte apunta a un conflicto interno de la comunidad Pulgar.
Nota relacionada: Ataque incendiario contra comunidad mapuche: "Es un mecanismo para que nos vayamos y entreguemos esas tierras a las corporaciones"
Diversas comunidades de la región repudian la "respuesta monotemática" de los gobiernos, que pone al Pueblo Mapuche como chivo expiatorio y no da explicaciones sobre la falta de políticas de prevención ambiental: "¿Por qué se repite el fuego? Porque no están los recursos, porque no hay prevención y como siempre llegan tarde".
En la misma línea, un comunicado firmado por organizaciones sociales y de Derechos Humanos rechaza la postura de las autoridades que, sin pruebas, atribuyeron de manera inmediata la intencionalidad de los hechos a integrantes del pueblo mapuche. "Instala un discurso racista que desvía la atención de la falta de políticas y de decisiones que favorecen la concentración, extranjerización de tierras y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques", advierte el texto, firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación de Abogados Ambientalistas y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras entidades.
El pronunciamiento advierte que la maniobra de señalar culpables sin evidencia impide poner en el centro del debate el abandono del Estado en materia de prevención y manejo del fuego, así como la precarización de brigadistas y la promoción del monocultivo de pinos.
En este sentido, exigen "investigaciones serias, responsabilidades institucionales claras y políticas integrales de prevención, combate del fuego y restauración". "Acusar sin pruebas no apaga el fuego: sólo encubre la inacción y profundiza la injusticia", concluyen.
Las comunidades señaladas en cada incendio son las mismas que sufren la pérdida de viviendas, territorio, animales y herramientas de trabajo. A pesar de las acusaciones repetidas, no hay evidencias que vinculen a los Pueblos Originarios con los incendios forestales. Muy por el contrario, son quienes protegen los territorios y exigen políticas ambientales a la altura. No obstante, mientras la Patagonia arde se reactivan retóricas de odio, fundadas en el racismo y el despojo.
