Un nuevo cuatrimestre, los reclamos de siempre: en medio de becas congeladas y salarios de pobreza, el Gobierno se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

A días del inicio del primer cuatrimestre, las universidades refuerzan la lucha en todo el país. El reclamo es el mismo que sostienen desde hace dos años: aumento de las partidas presupuestarias y recomposición salarial. El Presupuesto 2026 no hace más que consolidar el ajuste y proyecta un recorte superior al 30%. Pese a las movilizaciones, el Gobierno se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo el repetido argumento de que representa una amenaza para el superávit fiscal. La comunidad universitaria exige mayor presupuesto para ciencia y técnica, actualización de los valores de los programas de bienestar estudiantil y apertura de la convocatoria a paritarias.

Un ajuste que se profundiza

Desde 2024, las universidades funcionan con poco más de la mitad del presupuesto necesario. Las partidas asignadas en los últimos tres años -que registran aumentos ínfimos- quedan muy lejos de los 7,2 billones que solicitó de manera reiterada el Consejo Interuniversitario Nacional. Desde 2023 se otorgan, en promedio, unos 4 billones de pesos que año a año se revelan insuficientes frente a la inflación acumulada.

En 2024 la inversión nacional en educación cayó un 42,7% y un 22,1% en Universidades Públicas, caídas que se profundizaron en 2025 con un descenso de casi 9 puntos adicionales en ambos casos. La prórroga del presupuesto del 2023 agravó el escenario y derivó en un fuerte ajuste que impactó sobre programas, becas, infraestructura y salarios.

El Presupuesto 2026 es el primero de la gestión de Javier Milei en ser aprobado en el Congreso. Sin embargo, no avizora un escenario favorable para las universidades. Al contrario, proyecta una clara continuidad del ajuste. El monto asignado a las universidades nacionales para este año es de $ 4.872 millones, lo que implica una caída del 7,2% respecto a 2025 y de 34% respecto a 2023.

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto presupuestario es la eliminación por ley del piso de 6% del PBI para financiamiento educativo y de 1% para ciencia. En este sentido, la inversión universitaria perfora mínimos históricos y se perfila como la más baja registrada en décadas, con apenas 0,47% del PBI.

Salarios de pobreza y sin paritarias

Tras el primer Plenario del año de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU el pasado 6 de febrero, se resolvió impulsar un plan de lucha que retome las exigencias que durante 2025 se hicieron visibles en manifestaciones y jornadas de paro. Desde el gremio exigen al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y el urgente restablecimiento de la paritaria para la recomposición salarial.

Entre las medidas votadas por el plenario, se destacan un paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral, un paro durante la semana del 16 al 21 de marzo a ser ratificado en asambleas y la profundización del plan de lucha con el objetivo de avanzar hacia una nueva Marcha Universitaria Federal.

Según la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier, la situación de la docencia universitaria a esta altura "es insostenible", con salarios básicos que no alcanzan la canasta básica y con aumentos ínfimos establecidos de manera unilateral por el Gobierno nacional.

En agosto el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento salarial del 7,5% junto a un bono extraordinario con sumas fijas que van desde $12.500 a $50.000 en función de la dedicación. En 2024 ya había ofrecido un aumento de 6,8%, rechazado por los gremios pero aplicado de todos modos. Es decir que la docencia universitaria registra durante la presidencia de Milei un aumento que no supera el 15%, quedando muy lejos de la inflación acumulada y registrando una pérdida salarial del 40% en los últimos tres años.

Desde inicios de la gestión, el Ejecutivo no convoca a discusiones paritarias y se limita a otorgar magros aumentos por decreto. En diciembre, los gremios denunciaron que el Gobierno, además de no establecer nuevos incrementos, no pagó el bono no remunerativo que se venía abonando desde mediados de año, lo que recrudece la situación económica de los trabajadores universitarios.

Los montos iniciales de la mayoría de las dedicaciones docentes no superan el millón de pesos, lo que implica que buena parte de los salarios permanecen por debajo de la canasta básica, que para diciembre se ubicaba en $1.257.329. En la Patagonia la cifra supera en más del 20% al promedio nacional publicado por el INDEC, ubicándose en casi $1.700.000.

La Ley de Financiamiento, judicializada y en espera

Tal y como sucedió en 2024, el año pasado el Presidente vetó la Ley de Financiamiento Universitario, nuevamente bajo el argumento de que aumentaba el gasto público y afectaba el superávit fiscal. La diferencia es que esta vez el Congreso reunió los dos tercios necesarios para rechazar el veto, por lo que la ley quedó firme.

Sin embargo, el Gobierno no dejó de poner palos en la rueda y suspendió su aplicación de manera indefinida. Mediante el Decreto 195/2025 frenó una vez más la ley, sosteniendo que la norma no autorizaba ni preveía de manera expresa los gastos necesarios para garantizar el financiamiento universitario.

El debate llegó a la Justicia con un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras entidades del sector. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, hizo lugar al recurso y frenó el decreto que suspendía la ley, ordenando al Gobierno de Javier Milei cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, previstas en la normativa.

A la fecha, el Gobierno no ha dado certezas de que garantizará la aplicación de la Ley, por lo que la comunidad universitaria se mantiene a la espera de una respuesta por parte de la Justicia.

Es en este marco de debilitamiento del sistema universitario y falta de previsión que los distintos gremios convocan a una nueva jornada de paro para este miércoles.

"La crisis salarial que atravesamos las y los docentes universitarios y preuniversitarios ha alcanzado una magnitud tal que ya no afecta solo las condiciones de trabajo -pluriempleo forzado, imposibilidad de sostener las carreras académicas- sino también las condiciones materiales de existencia: alquileres impagables, endeudamiento creciente, tratamientos de salud que se abandonan", remarcan desde CONADU Histórica.

"Cuando decíamos que no hay universidad pública sin docentes con salarios dignos nos adelantamos a la situación que ahora estamos atravesando. Por ello, se ratificó que el piso salarial establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, conquistado con lucha y hoy judicializado, constituye la base de nuestra acción gremial: el gobierno debe cumplir la Ley, convocar a paritarias y pagar los salarios que la normativa establece", agregan.

Durante el primer Plenario de Secretarios y Secretarias del año se abordaron otros reclamos que inciden directamente en la cuestión educativa, como el paquete de reformas laborales, educativas y previsionales que impulsa el Gobierno. Las distintas movilizaciones y acciones de lucha que se llevarán a cabo en todo el país tienen como objetivo expresar el rechazo unánime a estas medidas que, según las organizaciones, suponen un grave retroceso en los derechos laborales.

Advierten que, sin medidas concretas y con la Ley de Financiamiento paralizada, peligra el inicio del primer cuatrimestre. De esta manera, el 2026 promete estar marcado por intensas luchas y la comunidad universitaria otra vez en las calles.