Violencia de género en Comodoro: 500 casos activos, entre la crisis y el reclamo de justicia "El año del negacionismo de Estado". Así definen las organizaciones el rol del Gobierno nacional durante el 2025 en la lucha contra la violencia de género. Pese a los argumentos de la gestión libertaria en torno a la "inutilidad" de las áreas de género, la violencia persiste y las cifras no descienden. En Comodoro Rivadavia se registra un aumento de la demanda desde principios de año, en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de prevención a nivel nacional que pone el peso sobre municipios y provincias. Los datos de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad dan cuenta de un escenario caracterizado por el incremento de las consultas por violencia digital y laboral, así como una amplia demanda de ayuda económica para quienes denuncian.
Vaciamiento
Tras la asunción de Javier Milei en el Gobierno, el 2024 implicó un cimbronazo para las políticas de género, que habían logrado consolidarse en los últimos años. Se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y con ello se desarticularon programas y políticas federales.
En 2025, la situación estuvo marcada por la incertidumbre, con programas sin líneas presupuestarias asignadas y el interrogante sobre la continuidad de ciertas partidas. Este escenario dificulta medir de forma precisa el alcance del ajuste, pero lo que es cierto y han advertido organizaciones en todo el país es que cada vez hay menos recursos para las víctimas.
Paulatinamente se fue vaciando el proceso de institucionalización de las políticas de género que se había consolidado en los años anteriores para centrarse casi exclusivamente en la lucha contra la violencia, dejando de lado otros aspectos fundamentales como la capacitación y las acciones en pos de la equidad en distintos ámbitos de la sociedad.
E incluso el abordaje de la violencia se vio desarticulado, sobre todo cuando el Gobierno decidió eliminar, en julio de 2024, el único espacio formal que se había sostenido con este objetivo: la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Estas decisiones tienen un impacto directo en la capacidad de respuesta de provincias y municipios frente a la violencia, que cada vez cuentan con menos recursos. "Cada provincia tiene su responsabilidad y debe asumir el rol que le corresponde en reducir las brechas de género, pero es el Gobierno nacional quien debe guiar los esfuerzos para garantizar que, sin importar en qué lugar se encuentre la persona, su derecho a una vida digna y libre de violencia esté asegurado", asegura un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que evalúa el impacto del desmantelamiento de las políticas de género en Argentina.
El documento también afirma que la eliminación progresiva de estas políticas tiene un "impacto desjerarquizador" en todo el país, que se evidencia en la merma de espacios de género con rango ministerial o de secretaría. Antes de la última elección ejecutiva, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial, además de la cartera nacional. Salvo la provincia de Buenos Aires, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías.
"A pesar de los esfuerzos que muchas provincias están desplegando -y que vienen en muchos casos realizando desde hace tiempo-, cuando el Estado nacional abandona sus responsabilidades, el impacto negativo sobre los territorios provinciales es ineludible", explica el informe de ELA, y subraya que las políticas de ajuste fiscal por parte del Estado nacional y la incertidumbre sobre los fondos generó que muchos municipios y gobiernos locales "cerraran las áreas de género y/o redujeran significativamente sus recursos".
La situación en Comodoro
A pesar del escenario desfavorable, en Comodoro Rivadavia la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad mantuvo su rango y a la fecha continúa implementando políticas de asistencia y capacitación a nivel local. Según detalla el informe de gestión 2025, se evidencia una demanda que no ha dejado de aumentar, sobre todo en la intervención en situaciones judicializadas y en el incremento de consultas por modalidades de violencia digital y laboral.
Desde 2022 a 2025 se atendieron e intervinieron 3.600 situaciones de violencia por motivos de género de distintas modalidades y tipos. A noviembre de 2025 se registran 500 casos activos en los que se sostiene la intervención a lo largo del tiempo. De ese total, 176 están judicializados, por lo que la Secretaría trabaja de manera conjunta con la Dirección General Legal y Técnica y organismos del sistema de protección (Servicio de protección de derecho de niños niñas y adolescentes, Asesoría de familia, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público Fiscal, etc.)
El informe remarca que "se sostuvo la atención en intervención diaria" en los casos de violencia de género "sin dejar en lista de espera" frente a una demanda que desde el 1° de enero no ha dejado de aumentar.
Registran, además, un aumento de situaciones de violencia en edades tempranas (adolescentes y jóvenes) así como un aumento en solicitudes de asesoramiento y acompañamiento en situaciones de trata y violencia sexual. En línea con lo que muestran las estadísticas en todo el país, prevalece la violencia en el ámbito doméstico, siendo las parejas o exparejas los agresores en un 80% de las situaciones en las que se interviene, y se registran manifestaciones de violencia física extrema e intentos de femicidio.
En la misma línea, detallan que en la atención espontánea y por guardia se produjo un aumento de las consultas por violencia de género en el ámbito laboral y violencia de género digital. Esta última constituye una modalidad relativamente nueva pero que ha tomado relevancia en la última década, obligando a los poderes del Estado y a las organizaciones a desplegar un trabajo de protección de derechos en la esfera digital.
La situación a nivel nacional también marca un aumento de los casos, a la par del desfinanciamiento de políticas de prevención y protección.
Según el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez en 2025 se registraron 271 femicidios y transfemicidios, 243 tentativas de femicidios y 153 infancias huérfanas por femicidios. Esto significa que en Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas. El organismo calificó el 2025 como "el año del negacionismo de Estado" e hizo hincapié en la responsabilidad directa del Gobierno nacional en el aumento de la violencia.
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, por su parte, subrayó que "el segundo año del gobierno de Milei estuvo marcado por la profundización del ajuste y el desmantelamiento de las políticas públicas de género, a su vez la incitación a los discursos de odio por parte del presidente y su gabinete recrudecieron los ataques contra las personas LGTBI+".
De cara a este año, "el panorama es alarmante. El presupuesto 2026 presenta recortes significativos y una reconfiguración de las partidas de género que elimina programas clave de salud sexual y/o reproductiva, ESI, prevención de la violencia de género para mujeres y LGBTI+, lo que implica, junto con el avance de la ultraderecha, un retroceso en políticas de igualdad sin precedentes", advirtió.
Comodoro, por su parte, fue sacudido por el femicidio de Valeria Schwab a principios de enero, que puso en el centro del debate la falta de inversión en prevención y el abandono de los gobiernos en materia de seguridad.
Asistencia económica
En medio de las crisis económicas y sociales que atraviesa la ciudad, uno de los pilares de la asistencia a las víctimas es poder garantizar los recursos económicos. Desde la Secretaría de Comodoro destacan que "la intervención con personas en situación de violencia por razones de género, desde una mirada integral necesita contar con recursos y presupuesto para atender las urgencias y emergencias mediante la asistencia alimentaria y económica". Una de las medidas en este sentido es la implementación del programa Nutriendo Futuro, a partir de un convenio firmado entre el municipio y el Banco Patagónico de Alimentos, que busca asegurar la provisión mensual de alimentos no perecederos a mujeres y miembros de la comunidad LGBTYQ+, que se encuentren en situación vulnerabilidad social. Según datos de noviembre del 2025, se gestionan 250 módulos alimentarios cuyos cupos se encuentran completos.
La desarticulación de programas, el vaciamiento institucional y la reducción de recursos afectan directamente la capacidad de respuesta de las provincias y municipios, especialmente en un contexto de crisis económica que agrava todas las vulnerabilidades. De acuerdo al informe de ELA, este escenario se agudiza en provincias con grandes extensiones de territorio y mucha población rural, como Chubut.
Según datos nacionales, la población destinataria de las políticas de atención y protección contra la violencia frecuentemente enfrentan dificultades económicas que les impiden sostener su autonomía. Entre las personas asistidas registradas inicialmente en el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG), el 54% declararon ser beneficiarias de programas o planes sociales por parte de algún área gubernamental (AUH, Potenciar Trabajo, Ciudadanía porteña, entre otros). Y una amplia mayoría (95,7%) declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos; 7 de cada 10 de las personas asistidas tiene a cargo niños menores de 14 años y 4 de cada 10 habitan en viviendas provisorias.
El documento remarca que el mayor impacto en las estrategias de políticas locales y provinciales para hacer frente a la asistencia se produjo por la paralización del Programa Acompañar. Se trata de un programa nacional que tiene como objetivo brindar asistencia económica a quienes sufren violencia, para garantizarles independencia económica y posibilidades de inserción laboral. Las distintas modalidades de violencia tienden a estar acompañadas de violencia económica, sobre todo cuando existe algún tipo de vínculo con el agresor. Esta dependencia, sumada a la distribución desigual de las tareas domésticas y las brechas de género en el mercado laboral, obstaculizan la autonomía económica de las víctimas.
Si bien no fue eliminado, el Gobierno modificó el programa, limitando el número de beneficiarias y aumentando las condiciones para solicitarlo. En la actualidad, se reportan pagos adeudados e incertidumbre respecto a su continuidad. Más allá de las transferencias económicas, que en la mayoría de los casos no fueron suplidas por municipios y provincias, la relevancia del programa radicaba en que además "tenía un rol preventivo, al acercar a organismos de asistencia a mujeres y diversidades que se encontraban en riesgo por situaciones de violencia y también tenía un efecto simbólico de transmitirle a las víctimas que no están solas".
A pesar de la paralización de programas a nivel nacional, desde la Secretaría de Comodoro se coordinan asistencias económicas de urgencia para las víctimas: "Cuando intervenimos con personas en situación de violencia por razones de género es sumamente importante contar con apoyos económicos que permitan paliar las situaciones emergentes y de urgencia; se priorizan aquellas situaciones en las que existan medidas vigentes, estén en un nivel alto de riesgo de vida, no cuenten con redes familiares y que estén atravesando múltiples vulnerabilidades socioeconómicas".
Los destinatarios son evaluados por los equipos de promoción territorial de la Dirección de sensibilización y Promoción de Derechos y se otorgan por un período máximo de 3 meses -con posibilidad de renovación- con un tope de 300 mil pesos. El informe señala que en total son 43 las asistencias solicitadas al municipio y 21 al Gobierno provincial, en el marco del Decreto 932/2019 que creó el Programa "Fortalecimiento Integral a las Víctimas de Violencia de Género".
Los derechos como "caprichos ideológicos"
Pese al sostenimiento municipal y provincial, las políticas de género atraviesan un momento crítico. Más allá del recorte presupuestario, que limita los recursos con que cuentan las instituciones, con el cambio de la gestión nacional se produjo un giro simbólico caracterizado por la proliferación de discursos de odio.
La creencia de que las políticas de género representan un "capricho ideológico" -en palabras del ministro Mariano Cúneo Libarona- y un gasto al Estado rápidamente se evidenció en su corrimiento de la agenda: se eliminó el Ministerio de las Mujeres, luego la Subsecretaría de Protección contra la Violencia, se redujeron las partidas enviadas a las provincias y el abordaje de las violencias paulatinamente desapareció de las carteras nacionales. La desjerarquización y reestructuración de las áreas de género en las provincias, que fueron eliminadas, reducidas o subsumidas a otras áreas, llevan latente la idea de que estos espacios no son necesarios.
Según ELA, la negación de la violencia de género y el descreimiento de la palabra de las víctimas deriva en un efecto peligroso que promueve la duda respecto a las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres y diversidades. Otra prueba de ello es el proyecto impulsado por el propio Gobierno nacional para endurecer las penas frente a las denuncias falsas, centralmente orientado a denuncias por violencia y abuso sexual. En la misma línea, el Presidente y el Ministerio de Justicia propusieron la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal. En la cotidianeidad de las mujeres, sin embargo, la violencia no hace más que acrecentarse, agravada por la falta de respaldo institucional y una crisis económica que se profundiza en las mujeres.
El informe de ELA señala además que la implementación de las políticas de género se dificulta aún más si la reticencia se traslada a gobiernos locales y municipales y no hay compromiso político con los derechos de las mujeres. De hecho, en medio de las "figuras" que empiezan a perfilarse como candidatos para las elecciones ejecutivas del próximo año, el concejal Omar Lattanzio expresó su intención de postularse a la Intendencia de Comodoro y señaló que una de sus primeras medidas sería eliminar la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad.
El programa antiderechos del Gobierno nacional hace eco en los territorios y desdibuja paulatinamente la estructura federal e institucional de las políticas de género que se había conquistado hasta hace pocos años. Cada decisión tiene un impacto directo en los recursos con los que cuentan las víctimas a la hora de denunciar y solicitar asistencia.
El reclamo de los movimientos de mujeres y diversidades sigue siendo el aumento presupuestario y que la lucha contra la violencia de género tome un lugar prioritario en las agendas políticas. Mientras tanto, el trabajo recae sobre provincias, municipios y. muchas veces, organizaciones sociales que sostienen la tarea allí donde el Estado nacional se ausenta.
"El año del negacionismo de Estado". Así definen las organizaciones el rol del Gobierno nacional durante el 2025 en la lucha contra la violencia de género. Pese a los argumentos de la gestión libertaria en torno a la "inutilidad" de las áreas de género, la violencia persiste y las cifras no descienden. En Comodoro Rivadavia se registra un aumento de la demanda desde principios de año, en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de prevención a nivel nacional que pone el peso sobre municipios y provincias. Los datos de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad dan cuenta de un escenario caracterizado por el incremento de las consultas por violencia digital y laboral, así como una amplia demanda de ayuda económica para quienes denuncian.
Vaciamiento
Tras la asunción de Javier Milei en el Gobierno, el 2024 implicó un cimbronazo para las políticas de género, que habían logrado consolidarse en los últimos años. Se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y con ello se desarticularon programas y políticas federales.
En 2025, la situación estuvo marcada por la incertidumbre, con programas sin líneas presupuestarias asignadas y el interrogante sobre la continuidad de ciertas partidas. Este escenario dificulta medir de forma precisa el alcance del ajuste, pero lo que es cierto y han advertido organizaciones en todo el país es que cada vez hay menos recursos para las víctimas.
Paulatinamente se fue vaciando el proceso de institucionalización de las políticas de género que se había consolidado en los años anteriores para centrarse casi exclusivamente en la lucha contra la violencia, dejando de lado otros aspectos fundamentales como la capacitación y las acciones en pos de la equidad en distintos ámbitos de la sociedad.
E incluso el abordaje de la violencia se vio desarticulado, sobre todo cuando el Gobierno decidió eliminar, en julio de 2024, el único espacio formal que se había sostenido con este objetivo: la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Estas decisiones tienen un impacto directo en la capacidad de respuesta de provincias y municipios frente a la violencia, que cada vez cuentan con menos recursos. "Cada provincia tiene su responsabilidad y debe asumir el rol que le corresponde en reducir las brechas de género, pero es el Gobierno nacional quien debe guiar los esfuerzos para garantizar que, sin importar en qué lugar se encuentre la persona, su derecho a una vida digna y libre de violencia esté asegurado", asegura un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que evalúa el impacto del desmantelamiento de las políticas de género en Argentina.
El documento también afirma que la eliminación progresiva de estas políticas tiene un "impacto desjerarquizador" en todo el país, que se evidencia en la merma de espacios de género con rango ministerial o de secretaría. Antes de la última elección ejecutiva, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial, además de la cartera nacional. Salvo la provincia de Buenos Aires, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías.
"A pesar de los esfuerzos que muchas provincias están desplegando -y que vienen en muchos casos realizando desde hace tiempo-, cuando el Estado nacional abandona sus responsabilidades, el impacto negativo sobre los territorios provinciales es ineludible", explica el informe de ELA, y subraya que las políticas de ajuste fiscal por parte del Estado nacional y la incertidumbre sobre los fondos generó que muchos municipios y gobiernos locales "cerraran las áreas de género y/o redujeran significativamente sus recursos".
La situación en Comodoro
A pesar del escenario desfavorable, en Comodoro Rivadavia la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad mantuvo su rango y a la fecha continúa implementando políticas de asistencia y capacitación a nivel local. Según detalla el informe de gestión 2025, se evidencia una demanda que no ha dejado de aumentar, sobre todo en la intervención en situaciones judicializadas y en el incremento de consultas por modalidades de violencia digital y laboral.
Desde 2022 a 2025 se atendieron e intervinieron 3.600 situaciones de violencia por motivos de género de distintas modalidades y tipos. A noviembre de 2025 se registran 500 casos activos en los que se sostiene la intervención a lo largo del tiempo. De ese total, 176 están judicializados, por lo que la Secretaría trabaja de manera conjunta con la Dirección General Legal y Técnica y organismos del sistema de protección (Servicio de protección de derecho de niños niñas y adolescentes, Asesoría de familia, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público Fiscal, etc.)
El informe remarca que "se sostuvo la atención en intervención diaria" en los casos de violencia de género "sin dejar en lista de espera" frente a una demanda que desde el 1° de enero no ha dejado de aumentar.
Registran, además, un aumento de situaciones de violencia en edades tempranas (adolescentes y jóvenes) así como un aumento en solicitudes de asesoramiento y acompañamiento en situaciones de trata y violencia sexual. En línea con lo que muestran las estadísticas en todo el país, prevalece la violencia en el ámbito doméstico, siendo las parejas o exparejas los agresores en un 80% de las situaciones en las que se interviene, y se registran manifestaciones de violencia física extrema e intentos de femicidio.
En la misma línea, detallan que en la atención espontánea y por guardia se produjo un aumento de las consultas por violencia de género en el ámbito laboral y violencia de género digital. Esta última constituye una modalidad relativamente nueva pero que ha tomado relevancia en la última década, obligando a los poderes del Estado y a las organizaciones a desplegar un trabajo de protección de derechos en la esfera digital.
La situación a nivel nacional también marca un aumento de los casos, a la par del desfinanciamiento de políticas de prevención y protección.
Según el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez en 2025 se registraron 271 femicidios y transfemicidios, 243 tentativas de femicidios y 153 infancias huérfanas por femicidios. Esto significa que en Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas. El organismo calificó el 2025 como "el año del negacionismo de Estado" e hizo hincapié en la responsabilidad directa del Gobierno nacional en el aumento de la violencia.
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, por su parte, subrayó que "el segundo año del gobierno de Milei estuvo marcado por la profundización del ajuste y el desmantelamiento de las políticas públicas de género, a su vez la incitación a los discursos de odio por parte del presidente y su gabinete recrudecieron los ataques contra las personas LGTBI+".
De cara a este año, "el panorama es alarmante. El presupuesto 2026 presenta recortes significativos y una reconfiguración de las partidas de género que elimina programas clave de salud sexual y/o reproductiva, ESI, prevención de la violencia de género para mujeres y LGBTI+, lo que implica, junto con el avance de la ultraderecha, un retroceso en políticas de igualdad sin precedentes", advirtió.
Comodoro, por su parte, fue sacudido por el femicidio de Valeria Schwab a principios de enero, que puso en el centro del debate la falta de inversión en prevención y el abandono de los gobiernos en materia de seguridad.
Asistencia económica
En medio de las crisis económicas y sociales que atraviesa la ciudad, uno de los pilares de la asistencia a las víctimas es poder garantizar los recursos económicos. Desde la Secretaría de Comodoro destacan que "la intervención con personas en situación de violencia por razones de género, desde una mirada integral necesita contar con recursos y presupuesto para atender las urgencias y emergencias mediante la asistencia alimentaria y económica". Una de las medidas en este sentido es la implementación del programa Nutriendo Futuro, a partir de un convenio firmado entre el municipio y el Banco Patagónico de Alimentos, que busca asegurar la provisión mensual de alimentos no perecederos a mujeres y miembros de la comunidad LGBTYQ+, que se encuentren en situación vulnerabilidad social. Según datos de noviembre del 2025, se gestionan 250 módulos alimentarios cuyos cupos se encuentran completos.
La desarticulación de programas, el vaciamiento institucional y la reducción de recursos afectan directamente la capacidad de respuesta de las provincias y municipios, especialmente en un contexto de crisis económica que agrava todas las vulnerabilidades. De acuerdo al informe de ELA, este escenario se agudiza en provincias con grandes extensiones de territorio y mucha población rural, como Chubut.
Según datos nacionales, la población destinataria de las políticas de atención y protección contra la violencia frecuentemente enfrentan dificultades económicas que les impiden sostener su autonomía. Entre las personas asistidas registradas inicialmente en el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG), el 54% declararon ser beneficiarias de programas o planes sociales por parte de algún área gubernamental (AUH, Potenciar Trabajo, Ciudadanía porteña, entre otros). Y una amplia mayoría (95,7%) declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos; 7 de cada 10 de las personas asistidas tiene a cargo niños menores de 14 años y 4 de cada 10 habitan en viviendas provisorias.
El documento remarca que el mayor impacto en las estrategias de políticas locales y provinciales para hacer frente a la asistencia se produjo por la paralización del Programa Acompañar. Se trata de un programa nacional que tiene como objetivo brindar asistencia económica a quienes sufren violencia, para garantizarles independencia económica y posibilidades de inserción laboral. Las distintas modalidades de violencia tienden a estar acompañadas de violencia económica, sobre todo cuando existe algún tipo de vínculo con el agresor. Esta dependencia, sumada a la distribución desigual de las tareas domésticas y las brechas de género en el mercado laboral, obstaculizan la autonomía económica de las víctimas.
Si bien no fue eliminado, el Gobierno modificó el programa, limitando el número de beneficiarias y aumentando las condiciones para solicitarlo. En la actualidad, se reportan pagos adeudados e incertidumbre respecto a su continuidad. Más allá de las transferencias económicas, que en la mayoría de los casos no fueron suplidas por municipios y provincias, la relevancia del programa radicaba en que además "tenía un rol preventivo, al acercar a organismos de asistencia a mujeres y diversidades que se encontraban en riesgo por situaciones de violencia y también tenía un efecto simbólico de transmitirle a las víctimas que no están solas".
A pesar de la paralización de programas a nivel nacional, desde la Secretaría de Comodoro se coordinan asistencias económicas de urgencia para las víctimas: "Cuando intervenimos con personas en situación de violencia por razones de género es sumamente importante contar con apoyos económicos que permitan paliar las situaciones emergentes y de urgencia; se priorizan aquellas situaciones en las que existan medidas vigentes, estén en un nivel alto de riesgo de vida, no cuenten con redes familiares y que estén atravesando múltiples vulnerabilidades socioeconómicas".
Los destinatarios son evaluados por los equipos de promoción territorial de la Dirección de sensibilización y Promoción de Derechos y se otorgan por un período máximo de 3 meses -con posibilidad de renovación- con un tope de 300 mil pesos. El informe señala que en total son 43 las asistencias solicitadas al municipio y 21 al Gobierno provincial, en el marco del Decreto 932/2019 que creó el Programa "Fortalecimiento Integral a las Víctimas de Violencia de Género".
Los derechos como "caprichos ideológicos"
Pese al sostenimiento municipal y provincial, las políticas de género atraviesan un momento crítico. Más allá del recorte presupuestario, que limita los recursos con que cuentan las instituciones, con el cambio de la gestión nacional se produjo un giro simbólico caracterizado por la proliferación de discursos de odio.
La creencia de que las políticas de género representan un "capricho ideológico" -en palabras del ministro Mariano Cúneo Libarona- y un gasto al Estado rápidamente se evidenció en su corrimiento de la agenda: se eliminó el Ministerio de las Mujeres, luego la Subsecretaría de Protección contra la Violencia, se redujeron las partidas enviadas a las provincias y el abordaje de las violencias paulatinamente desapareció de las carteras nacionales. La desjerarquización y reestructuración de las áreas de género en las provincias, que fueron eliminadas, reducidas o subsumidas a otras áreas, llevan latente la idea de que estos espacios no son necesarios.
Según ELA, la negación de la violencia de género y el descreimiento de la palabra de las víctimas deriva en un efecto peligroso que promueve la duda respecto a las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres y diversidades. Otra prueba de ello es el proyecto impulsado por el propio Gobierno nacional para endurecer las penas frente a las denuncias falsas, centralmente orientado a denuncias por violencia y abuso sexual. En la misma línea, el Presidente y el Ministerio de Justicia propusieron la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal. En la cotidianeidad de las mujeres, sin embargo, la violencia no hace más que acrecentarse, agravada por la falta de respaldo institucional y una crisis económica que se profundiza en las mujeres.
El informe de ELA señala además que la implementación de las políticas de género se dificulta aún más si la reticencia se traslada a gobiernos locales y municipales y no hay compromiso político con los derechos de las mujeres. De hecho, en medio de las "figuras" que empiezan a perfilarse como candidatos para las elecciones ejecutivas del próximo año, el concejal Omar Lattanzio expresó su intención de postularse a la Intendencia de Comodoro y señaló que una de sus primeras medidas sería eliminar la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad.
El programa antiderechos del Gobierno nacional hace eco en los territorios y desdibuja paulatinamente la estructura federal e institucional de las políticas de género que se había conquistado hasta hace pocos años. Cada decisión tiene un impacto directo en los recursos con los que cuentan las víctimas a la hora de denunciar y solicitar asistencia.
El reclamo de los movimientos de mujeres y diversidades sigue siendo el aumento presupuestario y que la lucha contra la violencia de género tome un lugar prioritario en las agendas políticas. Mientras tanto, el trabajo recae sobre provincias, municipios y. muchas veces, organizaciones sociales que sostienen la tarea allí donde el Estado nacional se ausenta.
